El papel de la Oficina Distribuidora de Demandas en el sistema judicial.

La oficina Receptora y Distribuidora de Demandas, es un área esencial para dar inicio al aparataje jurisdiccional, por ser el primer escaño que los denunciantes o los litigantes en la práctica jurídica deben cruzar, he ahí la importancia, pues el primer paso dentro de un procedimiento, guía el rumbo que éste llevará.

Esta oficina es una dependencia de la Corte Suprema de Justicia, acordada como una medida para cumplir con una de las atribuciones que la Constitución de la República le confiere al Órgano Judicial, de vigilar porque se administre una pronta y cumplida justicia (Art.182 ordinal 5° CN), por ello la ley le otorga a estas dependencias la facultad de velar por una distribución equitativa de trabajo para los Tribunales.

Para que se cree una Oficina Receptora de Demandas es necesario que en la jurisdicción donde desarrolle sus funciones, bajo el criterio de competencia territorial, exista más de un juzgado de cualquiera de las materias, y debe ser liderada por un Secretario Distribuidor, quien deberá trabajar bajo los principios rectores de cada proceso según la materia, y de manera general por los principios de Economía Procesal, Celeridad, Abreviación, el de una Tutela Judicial Efectiva, y a fin de evitar dilaciones innecesarias en la tramitaciones.

La labor del Secretario Distribuidor es esencial, pues en su dirección recae no solo el reparto equitativo de trabajo, sino también ser un garante de transparencia para los usuarios del sistema judicial, en base a un trabajo independiente, brindando y propiciando los elementos necesarios para un acceso a la justicia de manera eficaz, donde los tiempos son importantes.

Para ser Secretario Distribuidor, la ley exige los mismos requisitos para ser Juez de Paz: ser salvadoreño, del estado seglar, mayor de veintiún años, de moralidad e instrucción notorias, estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano y no haberlos perdido en los tres años anteriores al nombramiento.

Sin embargo existen sentencias de la Corte Suprema de Justicia en pleno (ej. refs: 28-10-2010; 208-D-2011;199-D-2010)  en donde convierten la figura del Secretario Distribuidor en un mero “pasa-papeles”, al inhibirlo de realizar su función principal, y es la de distribuir de forma equitativa el trabajo, según estas sentencias cuando un Tribunal se declara incompetente, de conformidad al artículo 40 CPCM debe remitirlo al Tribunal que considere competente, por tanto para la Corte el juez debe de designar a un juzgado en específico, quitándole así a la Oficina Receptora de Demandas la facultad de distribuir el trabajo equitativamente, quien únicamente cumple una función administrativa, en ningún momento comparable con la función judicial, ya que no es él quien asigna competencia.

El artículo 15 de la Constitución establece como garantía del juez natural, que nadie puede ser juzgado sino por Tribunales previamente establecidos, por ello si un juez se declara incompetente y envía el expediente a determinada jurisdicción donde existe más de una sede judicial, son todos los jueces de esa jurisdicción los competentes (de no existir motivos de impedimentos por algún Juzgado) para conocer de determinada causa, por ello la función del Secretario Distribuidor se limita a distribuir equitativamente el trabajo pues él conoce a quien le corresponde llevar las cargas que se interponen, sin estar asignando en ningún momento competencia.

Según la Corte esto es para darle mayor celeridad a la tramitación, desconociendo la práctica forense, pues no obstante se designe a un juzgado específico siempre debe de remitirse la demanda por medio de la Oficina Receptora de Demandas, por ser el canal donde se remite trabajo a los Tribunales.

Ya el legislador en el artículo 153 de la Ley Orgánica Judicial, reguló estas situaciones al expresar que si las demandas fueron dirigidas a un Juez diferente de aquél a quien el Secretario Distribuidor se las enviare, se entenderá que a éste último han sido dirigidas y presentadas, determinando claramente la función de distribución equitativa por parte del Secretario Distribuidor.

Otro ejemplo claro es cuando se aplica el criterio de Competencia Funcional, que establece que el Juzgado competente para conocer de un asunto lo será también para conocer de las incidencias que surjan sobre él. En la práctica jurídica los litigantes cuando existen varios juzgados competentes, como requisito de admisibilidad no pueden consignar que un expediente vaya a determinado Juzgado en virtud de la Competencia Funcional, por ello aunque sepan que “x” Juzgado conoció sobre un asunto, y que es éste el Juzgado que debe conocer sobre sus incidencias, deben remitirlo a la Oficina Receptora de Demandas para que lo asigne al Juzgado que corresponde según el orden equitativo, y es hasta que conoce el Juzgado incompetente funcional que debe hacer la declaratoria para remitirlo al Juzgado competente funcional, no sin antes regresar el expediente a la Oficina Receptora de Demandas, para que extienda número de referencia y la boleta de remisión de demandas del Juzgado competente; evidentemente esto sí genera retraso en la tramitación, sin darle oportunidad al Secretario Distribuidor de darle una solución a este problema burocrático, teniendo nuevamente un rol de “pasa-papeles” desnaturalizando sus funciones.

Finalmente se ha conocido de casos en donde empleados de un Centro Judicial Integrado ubicado en San Salvador, manipularon el sistema de distribución a cambio de recibir dadivas económicas de litigantes que pedían se asignara su demanda o diligencia a un Juzgado específico, estos empleados judiciales fueron removidos por la Corte Suprema de Justicia; por ello la importancia de que se respeten las facultades del Secretario Distribuidor para que pueda ejercer un control de las funciones y atribuciones de la Oficina.