La razonabilidad del plazo: ¿Cuándo existe retardación de justicia?

De cara al saturado sistema judicial es necesario que los litigantes sean diligentes al momento de proteger los intereses de sus clientes, pues ante la falta de respuesta de los jueces a las solicitudes o demandas presentadas, debemos saber si la dilación está justificada o si existe retardación de justicia. 

En primer lugar debemos tener claro que el derecho de petición está regulado en el Artículo 18 de la Constitución de la República (CN), el cual faculta a toda persona natural o jurídica (nacional o extranjera) a dirigir sus peticiones a las autoridades por escrito y de forma decorosa. En virtud del ejercicio de este derecho nace la obligación de los funcionarios (judiciales y/o administrativos) de responder a las solicitudes planteadas e informar de lo resuelto a los solicitantes o interesados.

El derecho de petición goza de protección internacional. Así, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su Artículo 8.1 establece: Garantías Judiciales: 1.- Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter” (resaltados no pertenecen al texto original).

La referida Convención en su Artículo 25.1 dispone: “Protección Judicial: 1.- Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.

El derecho a obtener respuesta es parte del debido proceso. La parte en la que el juez debe responder dentro de un plazo razonable puede denominarse garantía del plazo razonable y consiste en que los justiciables obtengan una pronta resolución a sus peticiones procesales. Ahora bien, ¿cómo determinar si estamos o no ante una dilación indebida?

La honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha retomado lo establecido en la legislación internacional y considera como parámetros para determinar la razonabilidad del plazo de respuesta los siguiente: 1. la complejidad fáctica o jurídica del asunto; 2. la actitud de las partes en el proceso o procedimiento respectivo; y 3. la actitud de la autoridad requerida.

i) Complejidad del caso: el derecho a obtener una pronta respuesta está íntimamente relacionado con el derecho a obtener una sentencia justa. Tan inútil es una sentencia expedita si la misma no está apegada a derecho, como una sentencia apegada a derecho dictada de forma extemporánea. Es lógico que al estar ante un caso complejo el juez actué de forma prudente; sin embargo, el juez está obligado a desempeñarse con la celeridad debida. Por tanto, si al analizar el caso se advierte la dificultad del mismo, entonces deberá tomar las medidas necesarias para procurar cumplir con los plazos procesales.

 ii) Actividad procesal del interesado: este punto puede verse desde dos ángulos, uno referido a que la parte interesada actúe con la debida diligencia dentro del proceso y ante los requerimientos de la autoridad en lo que le corresponda, y el otro a que las partes actúen de forma omisiva o realizando actos incompatibles con los fines de la justicia. Estas últimas, en materia civil y mercantil, están prohibidas por el principio de veracidad, lealtad, buena fe y probidad procesal, de manera que el juez deberá realizar las acciones pertinentes a fin de evitar las mismas.

iii) Comportamiento de la autoridad judicial: ante la obligación que impone el Artículo 13 Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), surge el deber de los jueces de realizar los actos procesales con la mayor diligencia posible y con la oportuna brevedad, según la complejidad del caso lo permita; es decir, debe actuar con reflexión y cautela, pero esto no debe confundirse con lentitud y pasividad. Los Artículos 14 y 15 CPCM establecen que el juez impulsará la tramitación del proceso, disponiendo las actuaciones oportunas y adecuadas para evitar su paralización; adelantando su trámite con la mayor celeridad posible, pues no podrá, bajo ningún pretexto, dejar de resolver, ni aplazar, dilatar o negar la decisión de las cuestiones debatidas en el proceso, haciéndolo responsable por cualquier demora injustificada.

En consecuencia, debe establecerse si la dilación es producto de la inactividad por haber dejado transcurrir el tiempo para emitir respuesta, por haber omitido adoptar medidas adecuadas para responder a lo solicitado o, si a pesar de tomar las medidas necesarias y oportunas, no es posible emitir un pronunciamiento dentro del plazo establecido por la ley.

Si la falta de respuesta tiene incidencia en la libertad de las personas que están siendo procesadas penalmente, la herramienta para corregir tal situación es el hábeas corpus de pronto despacho; ya que a través del referido proceso constitucional se logra que la autoridad demandada brinde una respuesta a la petición realizada; y si bien es cierto es irrelevante si la misma es favorable o no a los intereses del solicitante, deberá estar debidamente fundamentada. Cuando la falta de respuesta no tiene relación con la libertad de las personas puede incoarse el proceso constitucional de amparo.

En términos procesales el único requisito para combatir la falta de respuesta es que la parte afectada por la omisión no tenga conocimiento de lo decidido por la respectiva autoridad, a pesar de haber transcurrido un plazo razonable.

¿Qué hacer si después de interpuesta la demanda no obtengo la respuesta del Juez de lo Civil y Mercantil?

Si hablamos de retardación de justicia en materia Procesal Civil y Mercantil, obligatoriamente tenemos que recordar lo establecido en el derogado Código de Procedimientos Civiles (CPr.). Este cuerpo normativo permitía a las partes afectadas por la omisión de respuesta, interponer una queja por retardación de justicia, siendo, como ya se dijo, el único requisito de procedencia el desconocimiento de la respuesta a la petición realizada (por no existir respuesta o por su falta de notificación).

Los Artículos 1111 y 1112 CPr. habilitaban el reclamo y el procedimiento para hacerlo efectivo. Por su parte los Artículos 423, 424 y 434 CPr. regulaban los plazos en los que los decretos de sustanciación, las sentencias interlocutorias y las sentencias definitivas debían ser pronunciados. Dicha regulación no significaba que no existiera retardación de justicia, pues muchos litigantes hicieron uso de ese recurso para obtener una respuesta a más de una petición olvidada por los juzgadores.

Muchos piensan que después de presentada la demanda (demanda común, especial, diligencia preliminar, entre otras) sólo queda esperar a que el juez tenga tiempo para resolverla. Esta percepción no sólo es equívoca, sino que también perjudica los intereses de los justiciables, quienes son los verdaderos interesados en que su situación jurídica se resuelva.

El actual Código Procesal Civil y Mercantil entró en vigencia el uno de julio de dos mil diez, pero no regula de forma expresa la mencionada herramienta legal; esto es así ya que dentro de su génesis está el dar pronta y cumplida justicia a las partes intervinientes. Esta afirmación se comprueba al revisar sus considerandos en los cuales se resalta dicha necesidad. Asimismo, al revisar los principios contenidos en los Artículos 1, 2, 11, 13, 14, 15 CPCM se advierte que su finalidad es proporcionar, al menos en teoría, una pronta y cumplida justicia.

Existen Artículos que establecen los plazos y las sanciones por incumplirlos, como los Artículos 417 y 515 CPCM. Pero no todo es tan sencillo; debemos recordar que en los procesos judiciales no sólo existen sentencias sino también decretos y autos (simples y definitivos), a los cuáles en muchos casos no les fue asignado un plazo específico para ser resueltos. Ante esta situación debemos analizar y valorar los criterios mencionados. En el caso de los decretos y autos en ningún caso pueden exceder los plazos máximos previstos para las sentencias. Esto es así porque si el fondo del asunto debe resolverse en 15 días (1° instancia) o en 20 días (2° instancia), cualquier incidente que no esté enfocado en resolver el fondo del asunto no puede exceder dichos plazos.

Por eso al encontrarse en una situación de retardación de justicia el abogado debe utilizar la herramienta establecida en el Artículo 701 CPCM, pues ésta permite que las partes afectadas por un funcionario se dirijan al tribunal superior en grado, a efecto de que previos los tramites de ley, se les imponga la multa que corresponde por retardación de justicia.

En conclusión, si bien es dable afirmar que nuestros tribunales tienen una gran carga laboral, también es correcto decir que tienen la carga de brindar pronta y cumplida justicia. Los justiciables no tienen por qué cargar con la mala organización de los administradores de justicia. Mientras los afectados no exijan su derecho constitucional a una pronta y cumplida justicia, o no demanden explicaciones ante dichos retrasos, no se le dará a este problema la importancia que merece.

Referencias:

  1. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay del 31 de agosto de 2004.
  2. Amparos: (i) 312-2013 del 18/2015; y, (ii) 149-2015 del 20/04/2016.
  3. Constitución Política de El Salvador de 1983.
  4. Convención Americana Sobre Derechos Humanos (PACTO DE SAN JOSE). Con comentarios.
  5. Código Procesal Civil y Mercantil comentado.

Cita así:

CHÁVEZ, CESAR. “La razonabilidad del plazo: ¿Cuándo existe retardación de justicia?”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 06 de septiembre de 2017