Serie: sobre las reformas a la Ley de Extinción de Dominio. Entrega nueve.

Décimo tercera reforma.

Se agrega un inciso segundo (intercala) en el Art. 44 LEED, en el cual se reconoce el recurso de casación en materia de extinción de dominio.

En este caso desde las ópticas desde el constitucionalismo colombiano y el garantismo penal, supone esta reforma, como un atentado a la seguridad jurídica

Desde el constitucionalismo colombiano, existen para esos las Salas especializadas, las cuales sirven para conocer en segunda instancia sobre las decisiones emitidas en primera instancia en razón de extinción de dominio. Ejemplos de ello nos encontramos a la Sala de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio de Guatemala, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de  Extinción de Dominio, y la Cámara Primera de lo penal de la Primera Sección del Centro en El Salvador.

La extinción de dominio, no fue diseñada para ser conocida en casación.

Sin embargo, desde el garantismo penal hay otros problemas con la reforma, estos son:

  1. La regla de remisión es vaga, se viola el principio de legalidad procesal: no se deja claro cómo debe proseguirse la casación, ya que esto puede implicar una manipulación arbitraria de los procesos judiciales con la implementación de estar reforma al ser completamente vaga. Si quiera, hace mención del código procesal penal, sino “conforme al derecho procesal penal”. Derecho procesal penal, ¿De qué país? ¿Bajo qué reglas? Claramente se mira trasgredido el principio de legalidad procesal, tal como lo dio a conocer la Sala de lo Constitucional en la sentencia Inc. 1-2014.
  2. En un hipotético muy de suposición, digamos que la regla de remisión es clara, ¿qué reglas aplicarían respecto a la casación en extinción de dominio? ¿Aplicarían las reglas del derecho penal mínimo, que ha sido constitucionalmente reconocido por la Sala de lo Constitucional? O ¿Aplicarían los preceptos jurídicos de la extinción de dominio?, ya que al ser traducidos en ciencia penal, se estaría hablando de un derecho penal máximo o derecho penal del enemigo, constitucionalmente inadmisibles desde la óptica de garantías fundamentales.

Por lo que esta reforma vino a poner peor las cosas en aspecto de situación jurídica y puede implicar un serio atentado a la seguridad jurídica, porque le daría mucho poder discrecional a la Sala de lo Penal, dejando la posibilidad de producir criterios jurisprudenciales contradictorios de derecho penal mínimo y derecho penal máximo, pudiendo convertir a El Salvador en un Estado Policial formalizado.

Esta es de hecho, una de las peores reformas, entre todas, a la ley de extinción de dominio. La trasgresión a la seguridad jurídica tiene que verse a futuro, y devendría completamente en inconstitucional por trasgresión a la seguridad jurídica y al principio de igualdad ante la ley por la posibilidad de imponer criterios jurisprudenciales contradictorios de derecho.

Décimo cuarta reforma.

Se reforma el Art. 47 LEED, al agregarse un literal D y reformarse el inciso tercero.

Supuestamente lo más novedoso a esta reforma es que puede incurrirse en una nulidad si se trasgreden los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución y derecho internacional vigente.

Esta reforma está demás, ya que el literal B del Art. 47 LEED establece la nulidad por violación al debido proceso. Cabe destacar que la Sala de lo Constitucional, a través de la sentencia Inc. 102-2007 enfatizó los componentes del debido proceso, conocido también por proceso constitucionalmente configurado:

  1. En relación al Juez: exclusividad, independencia, imparcialidad y carácter natural (juez natural).
  2. En relación a las partes:derecho de audiencia, defensa e igualdad.
  3. En relación al proceso:legalidad, celeridad, publicidad, única persecución.

Todos los elementos que construyen el proceso constitucionalmente configurado son derechos fundamentales y reconocidos por los tratados internacionales de derechos humanos.

Por lo tanto, la reforma al inciso tercero del Art. 47 LEED está demás, porque es el mismo efecto jurídico procesal el que queda en caso de trasgresión del debido proceso.

Cita así:

LANGLOIS, RICARDO. “Sobre las reformas a la Ley de Extinción de Dominio. Entrega nueve”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 31 de agosto de 2017