Requisitos de admisibilidad de la demanda en el proceso de Familia.

Conforme al artículo 42 de la Ley Procesal de Familia (LPF), la demanda debe constar siempre por escrito, con el fin organizar el expediente judicial. En la República de El Salvador, hasta el día de ahora, los tribunales no trabajan con respaldos digitales de los expedientes, pues la confianza se deposita en la materialización documental de los procesos. Es verdad que algunos tribunales cuentan con equipos de grabación de audio y video y que la organización jurisdiccional comienza a realizar actos de comunicación procesal por medios electrónicos, pero esto no significa la sustitución del papel. Además, según la disposición legal citada, la demanda debe cumplir con los requisitos siguientes:

a) La designación del juez a quien se dirige, en los lugares en donde no hubiere oficina receptora de demandas.

La demanda debe presentarse ante el tribunal competente, pues los jueces sólo pueden juzgar los asuntos que se promueven dentro del radio de sus competencias – objetiva, territorial y funcional –. Para identificar al juez ante quien debe presentarse la demanda debe valorarse principalmente el criterio de competencia territorial (artículo 4 inciso 1º LPF), según el domicilio del demandado (articulo 34 LPF); pues los juzgados de familia conocen de las demandas que se entablan contra las personas que tienen su domicilio dentro de sus límites territoriales.

Lo que interesa destacar es que la demanda debe designar al juzgado a quien se dirige, como decir: Juzgado Primero de Familia de San Salvador, Juzgado de Familia de Soyapango o Juzgado de Familia de San Marcos.  Ahora bien, si el lugar en el cual debe presentarse la demanda existe una Oficina Receptora de Demandas y Documentos Judiciales (ORDJ), entonces no es necesario identificar al tribunal al cual se dirige la misma, pues la función de dicha oficina es hacer una distribución equitativa de las demandas presentadas. Esto significa que el justiciable no tiene certeza de qué tribunal será el designado por el sistema de distribución de documentos para darle tramite a su demanda, y por tanto no tiene la obligación de identificarlo.

b) El nombre, calidad de mayor o menor de edad y domicilio del demandante y del apoderado; y en su caso, los mismos datos del representante legal.

En la demanda se deben aportar los datos que permitan identificar e individualizar al demandante y su abogado. En el caso del demandante se consigna el nombre, la edad, la ocupación, el domicilio y el número del documento de identificación personal. Lo mismo sucede con los representantes legales de los niños, adolescentes, incapaces declarados o personas jurídicas en estricto sentido. Por efectos prácticos, también se puede agregar el lugar de residencia de la parte demandante, en virtud que los equipos multidisciplinarios necesitan conocer su lugar de residencia para efectuar las investigaciones de campo. Los equipos multidisciplinarios están conformados por psicólogos, educadores y trabajadores sociales. En el caso del abogado se consigna el nombre, la edad, el domicilio y el número de tarjeta de abogado.

c) El nombre, calidad de mayor o menor de edad y domicilio del demandado; en su caso, los mismos datos del representante legal o apoderado. Si se ignorare su paradero, se manifestará esta circunstancia y se solicitará su emplazamiento por edicto.

En la demanda se deben consignar los datos que permitan identificar e  individualizar al demandado, como el nombre, la edad, la ocupación y el domicilio. El número de identificación personal no es necesario consignarlo, pero si se conoce es recomendable hacerlo. Esto tiene efectos prácticos, pues la edad permite identificar si la parte demandada tiene capacidad de goce o de ejercicio, ya sea mayores de catorce años según LEPINA o mayor de dieciocho según la legislación común, y en consecuencia, si tiene capacidad procesal para actuar por sí mismo o bajo la representación legal de otra persona. Si el demandado es un incapaz, debe relacionar el nombre, la edad, la ocupación y el domicilio de su representante legal.

El domicilio sirve para determinar la competencia territorial del tribunal ante quien se presenta la demanda. Así, por ejemplo, los juzgados de familia de San Salvador conocen de los litigios familiares suscitados contra las personas que tienen su domicilio en los municipios de San Salvador, Mejicanos, Cuscatancingo, Delgado o Ayutuxtepeque. Lo anterior de conformidad a los artículos 20 inciso 2º y 146 de la Ley Orgánica Judicial. Conforme al artículo 57 del Código Civil – CC –, el domicilio es la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella. Significa, entonces, que el elemento esencial para identificar el domicilio es el ánimo de permanecer en determinado espacio geográfico, es decir, el arraigo territorial.

Algunos abogados y jueces de familia tienen ciertas dificultades para calificar la competencia territorial cuando no tienen claridad en cuál es el domicilio del demandado. Generalmente adoptan las siguientes posturas:

  1. Si existen elementos para considerar que el domicilio del demandado no es el indicado en la demanda, el juez puede declararse incompetente o prevenirle al actor que se pronuncie al respecto. Este tipo de casos se producen cuando el juez, al calificar de oficio su competencia (artículo 6 letra “a” LPF), advierte que en la copia de los documentos de identificación personal, en las certificaciones de partidas, en los informes migratorios o en la certificación de emisión de su documento de identificación personal – extendida por la Oficina de Identificación Ciudadana del Registro Nacional de las Personas Naturales –, que el domicilio del demandado no es el mismo que el indicado en la demanda, en cuyo caso descarta lo consignado en ella.
  2. Mientras no existe un principio de prueba en contrario, y con fundamento en los principios de aportación (artículo 7 CPCM) y de veracidad y buena fe (artículo 13 CPCM), el juez debe aceptar que el domicilio del demandado es el que se consigna en la demanda. Si esto no es así, la parte demandada podrá denunciar la falta de competencia territorial o prorrogarla (artículos 42 y 43 CPCM).

No obstante lo anterior, lo que debe valorarse para determinar el domicilio del demandado no es lo enunciado por la parte actora ni lo descubierto inquisitivamente por el juzgador, sino el conjunto de datos que se enuncian en la demanda y que ilustran el ánimo del demandado de permanecer en determinado lugar. Para tales efectos puede tomarse en consideración lo establecido en los artículos 62 y 63 Código Civil. Si no se logra advertir donde se encuentra su ánimo de residir, entonces la segunda postura resulta correcta, aunque se trate de una simple manifestación. La primera postura adquiere un valor especial cuando se alega que el demandado es de paradero ignorado, pues debe agotarse hasta la última posibilidad para emplazársele personalmente.

Además, debe advertirse que existen reglas especiales para determinar el domicilio del demandado. Por ejemplo, si la parte demandada es un empleado público, su domicilio también lo tiene en el lugar donde desempeñan sus funciones, y si se trata de personas jurídicas y asociaciones reconocidas por la ley, en el lugar donde esté situada su dirección o administración, salvo lo que dispongan sus estatutos o leyes especiales. Lo anterior de conformidad con el artículo 64 CC. En este tipo de casos la ley presume que el ánimo de residir del empleado público se encuentra en el lugar en el que desempeña sus ocupaciones. Por igual, el condenado a cumplir una pena de prisión no cambia su domicilio al lugar donde se encuentra el centro de reclusión, pues se presume que su ánimo de residir no se encuentra en ese lugar, según lo establece el artículo 63 inciso 2º CC.

Si el demandado no tiene domicilio en el territorio nacional, puede tomarse en cuenta su lugar de residencia (articulo 33 inciso 2º CPCM), pues el artículo 66 CC establece que la mera residencia hará las veces de domicilio civil respecto de las personas que no tuvieren domicilio civil en otra parte. Además, no existe prohibición para establecer la competencia territorial de forma convencional (artículo 67 CC), pero en la práctica esto no se manifiesta por el simple hecho que las causas de pedir no se prestan a dicha situación. En materia de familia la determinación de la competencia territorial no toma en cuenta la ubicación del objeto en litigio, la cuantía de lo reclamado, el lugar donde se desarrollan las actividades y el lugar en el que producirá sus efectos la sentencia (artículos 34 y 35 CPCM); pues la naturaleza de las pretensiones no lo requiere.

d) La narración precisa de los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones.

Los acontecimientos que engendran el conflicto de intereses deben describirse en la demanda. La descripción de los hechos no consiste en un retrato realista pormenorizado, sino en una descripción precisa que circunscribe al juzgador en tiempo, lugar y modo en que ocurrieron los mismos. La parte demandante debe ser ordenada y lógica en sus alegaciones iniciales, de manera que el juez y la parte demandada tengan claridad de los fundamentos de la pretensión. La descripción circunstancial del tiempo, lugar, modo y personas que intervinieron en los hechos permite que el juez traslade la realidad extraprocesal a la realidad jurídica-procesal y que la parte demandada prepare su defensa. Con fundamento en el artículo 218 inciso 3º CPCM, el juez puede suplir el derecho, pero no los hechos, por lo cual la parte actora debe incorporar toda la carga fáctica que sustenta la teoría de su caso. En este punto la parte actora también debe invocar los argumentos y normas jurídicas que sustentan su pretensión. El fundamento legal de la pretensión tiene que corresponderse con los hechos alegados, pues en virtud de los hechos se impone el Derecho.

e) La pretensión, expresada con precisión y claridad. Cuando se acumulen varias pretensiones, estás se formularan con la debida separación.

La pretensión es la prestación que se le reclama al demandado o al Estado. La prestación puede consistir en una actividad de dar o hacer, o en la actitud de no hacer, o en el reconocimiento de una situación jurídica concreta. En la demanda debe indicarse con claridad el tiempo, lugar y modo de cumplir con la prestación, o los términos en que se debe reconocer la situación jurídica. Como requisito de la demanda, pretensión se traduce en petición concreta. La precisión y claridad de la pretensión trasciende de cualquier formalidad de la demanda, puesto que, en virtud del principio de congruencia – artículo 218 inciso 1º CPCM –, el juez no puede otorgar cosa diferente a la solicitada por las partes o que no hubiera sido solicitada por ellas, salvo que se trate de asuntos acerca de los cuales debe pronunciarse de oficio. Asimismo, la parte demandada no puede resistirse a cumplir con una prestación que no se le reclama, ni organizar su defensa sobre asuntos que están fuera del debate. Incluso, no puede reconvenir en relación a una pretensión que no es compatible con la del demandante. Por ello, la pretensión contenida en la demanda debe expresarse con precisión y claridad.

f) El ofrecimiento y determinación de los medios de prueba que el demandante pretenda hacer valer.

En la demanda se debe ofrecer la prueba con la cual se acreditarán los hechos alegados en la demanda. Este ofrecimiento implica singularizar, especificar y expresar la finalidad del medio de prueba (artículo 310 CPCM). Singularizar es identificar el medio de prueba (testimonial, pericial, documental, entre otras). Especificar es identificar la fuente y contenido del medio de prueba (el dicho del testigo, la información del documento, la conclusión pericial, entre otras). Expresar la finalidad se traduce en exponer al juez qué se intentará probar con cada medio de prueba propuesto. Aunado a lo anterior, los medios de prueba deben ser útiles, pertinentes, lícitos e idóneos para que puedan ser admitidos. Sólo los medios de prueba legalmente propuestos serán admitidos en la audiencia preliminar (artículos 6 letra b) y 109 LPF), mientras aquellos que han sido defectuosamente propuestos o que resultan inútiles, impertinentes e ilícitos serán rechazados.

g) La designación del lugar que señale el apoderado para recibir notificaciones; así como el lugar donde se pueda emplazar al demandado o citar a la parte demandante, cuando deba comparecer personalmente.

Todos los abogados deben designar en la demanda un lugar para recibir notificaciones y citas. De acuerdo al artículo 33 inciso 2º LPF,  este lugar deber encontrarse dentro del municipio en el cual se encuentra ubicada la sede judicial, bajo pena de prevención. También puede indicarse un medio electrónico para recibir notificaciones y citas, pues el artículo 33 inciso 5º lo permite. El medio electrónico debe estar dentro de las posibilidades de la organización jurisdiccional de los Estados y conferir un margen de seguridad de que el acto de comunicación ha sido realizado de manera perfecta. Es importante aclarar que los tribunales salvadoreños no admiten la notificación de las resoluciones judiciales por medio de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, entre otras), teléfonos móviles o correos electrónicos gratuitos (Outlook, Yahoo, Gmail, entre otros), de modo que la idea de medio electrónico está reservado, hasta el día de ahora, al telefax. Sin embargo, la organización jurisdiccional está trabajando en un plan piloto para efectuar notificaciones por medio de correos electrónicos institucionales.

En la demanda debe indicarse el modo de emplazar al demandado. Indicar el modo implica solicitar su emplazamiento de manera personal, a través de su representante legal o por medio de edictos. Solicitar el emplazamiento del demandado a través de su apoderado debidamente facultado es un ejemplo de ello, así como solicitar que dicho acto procesal se efectúe con auxilio de notario debidamente autorizado por el juez (artículos 184 y 185 CPCM). Si el emplazamiento se efectúa de forma personal o a través de un tercero, debe consignarse la dirección exacta del correspondiente lugar.

Es posible emplazar al demandado en su lugar de trabajo, en su vivienda o en cualquier otro lugar en el que pueda ser hallado. No existe ningún problema en que el domicilio del demandado no coincida con su lugar de trabajo, más bien el problema es confundir ambas ideas y decir que el domicilio del demandado se define por el lugar donde trabaja, sin que éste tenga el ánimo de permanecer en él. Ahora bien, si el demandado es de paradero ignorado, entonces se le emplaza a través de edictos (artículo 34 inciso 4º LPF)

h) La solicitud de medidas cautelares, cuando fuere procedente.

La petición de medidades cautelares es opcional, pues ésta se puede realizar en cualquier etapa del proceso si existiesen razones para ello. En todo caso, si la parte actora desea hacerlo en su demanda, debe fundamentar la apariencia del buen derecho (fumus boni iuris) y el peligro en la demora (periculum in mora) para que su pretensión cautelar sea acogida. Sobre las medidades cautelares ya se ha hablado en otra oportunidad.

i) Los demás requisitos y datos que por la naturaleza de la pretensión exija la ley o sea indispensable expresar.

Determinadas demandas requirieren cumplir con requisitos especiales para su admisibilidad. Por ejemplo: a) La demanda de alimentos, debe incorporar en sus anexos la declaración jurada de ingresos, egresos y bienes de los últimos cinco años de la parte actora (artículo 42 inciso 2º LPF). A pesar de la diversidad de criterios, los cinco años de la declaración jurada deben computarse de forma retroactiva a la presentación de la demanda. Esta declaración jurada generalmente se presenta con firma legalizada ante notario; y b) La solicitud de adopción también debe incorporar la documentación que la ley exige (artículo 192 LPF).

Asimismo, la ley establece que los escritos, incluida la demanda, deben ser legibles y evitar expresiones ofensivas (artículo 160 CPCM). Incluso, el poder judicial con el cual actúa el abogado es un requisito indispensable, pues en materia de familia no se acepta la gestión oficiosa de la procuración (artículo inciso 5º LPF). Por otra parte, el juez puede exigir que determinadas demandas cumplan con requisitos que no han sido previstos en las leyes, siempre que la pretensión que incorporan desborda los límites de la pura legalidad, como sucede con las pretensiones de cambio de sexo a causa de transexualismo. La práctica forense revela que en este tipo de casos el juez de familia impone ciertos requisitos que le permiten conducir adecuadamente el proceso, evitar sentencias inhibitorias y dictar fallos correctos (artículos 2, 3 letras b) y g y 7 letra a), b), d), e) y g).

j) El lugar, fecha y firma del peticionario.

En la demanda se consigna el lugar y fecha de su suscripción. Quien firma la demanda es el abogado que representa al peticionante (artículo 160 CPCM).

Por último, debe aclararse que de la demanda y sus anexos deben presentarse al juzgado tantas copias como demandados haya, y una copia adicional para el archivo del juzgado, pues esto permite conformar el expediente copia (artículo 42 inciso 3º LPF).

Cita así:

PALACIOS, CRISTIAN. “Requisitos de admisibilidad de la demanda en el proceso de Familia”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 28 de agosto del 2017 http://enfoquejuridico.org/2017/08/28/requisitos-de-admisibilidad-de-la-demanda-en-el-proceso-de-familia/