Serie: sobre las reformas a la Ley de Extinción de Dominio. Entrega ocho,

Décimo primera reforma.

Se reforma el Art. 36 LEED, en el sentido que ya no serán las partes en el proceso que presentarán la prueba, sino que será la Fiscalía General de la República la encargada de probar el origen o destinación ilícita de los bienes sujetos a extinción de dominio.

Este es uno de los puntos más cruciales de la reforma, pues desde el punto de vista del constitucionalismo colombiano, se puede verificar un claro golpe a la extinción de dominio tal como se conoce en El Salvador, la cual tiene fuerte y total influencia colombiana.

El Art. 36 LEED previo a la reforma, seguía uno de los preceptos esbozados en la sentencia C-740/03 de la CC colombiana: que el afectado no sólo debe manifestar que son erróneos los planteamientos del Ministerio Público, y por ende no se le exime del deber de probar en contrario, ya que “el que está en mejores condiciones de probar un hecho debe de aportar la prueba”, pues el titular es el que debería conocer sobre la licitud de sus bienes.[1]

Por lo tanto, desde que la Corte Constitucional de Colombia le dio carácter constitucional a la carga dinámica de la prueba, se podría entender que esta reforma es inconstitucional.

Ahora bien, la Sala de lo Constitucional nunca se pronunció sobre asuntos relacionados a la Extinción de Dominio, y es ahí que entra el garantismo penal a verificar sobre este precepto.

La carga probatoria al ser impuesta al particular implica una estipulación desmedida en contra de la presunción de inocencia y respecto a procesos de naturaleza sancionatoria, ya que tanto como en el derecho procesal penal, el derecho administrativo sancionatorio y la extinción de dominio, el Estado actúa con poder de imperio[2], es de recordar también que tanto el derecho penal como el derecho sancionatorio administrativo tienen límites constitucionales al Ius Puniendi, por lo que el traslado de la actividad probatoria no es válida al reconocerse la naturaleza sancionatoria de la extinción de dominio; al menos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha enfatizado esos límites constitucionales al Ius Puniendi si se trata de derecho administrativo sancionatorio o derecho penal, así como asegurar las garantías mínimas fundamentales en un proceso ya que se trata de un derecho humano,  tal como queda en la sentencia Baena Ricardo y otros Vs Panamá.[3]

Sin embargo, ese traslado de la prueba tenía como margen también que si no había justificación alguna, siempre se corría el riesgo de extinción de dominio, tal como ocurría en el caso del Art. 6 Lit C LEED, por lo que la no justificación implicaba también una materialización de la carga dinámica de la prueba en detrimento del afectado.

Para entender mejor la lógica del traslado de la prueba hacia el afectado, se tiene que remitir a la historia constitucional de los Estados Unidos de América en materia de extinción de dominio (Civil Asset Forfeiture) en el cual se desarrolla la figura de la Ficción de Propiedad Culpable (Guilty Property Fiction) en el cual la persona debe de probar que el bien no ha sido utilizado para fines ilegales. Estos razonamientos fueron porque no se podía determinar la conducta delictiva de la persona en los casos de extinción de dominio americanos, por lo que la “ilegalidad” recaía en las cosas, por ser usadas para fines contrarios al ordenamiento jurídico.

Esto tal como consta en los criterios jurisprudenciales del siglo XIX de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en los casos de Palmyra 25 U.S, Harmony v United Stated y Dobbin’s Distillery v United States. En este caso, la figura de la ficción de propiedad culpable ha sido duramente criticada desde el espectro académico estadounidense, por lo que al usarse los criterios jurisprudenciales de esas tres sentencias del siglo XIX, se materializó una desproporción sin precedentes en el caso de Bennis v Michigan en el cual se aplica extinción de dominio sobre un carro debido a que un hombre había estado con una prostituta dentro de dicho vehículo, a pesar que el carro era de uso familiar. Esto implicó, desde la academia americana, un uso desproporcionado con naturaleza confiscatoria, la cual vulnera la presunción de inocencia y el derecho de defensa de los afectados.[4]

Aparte de ello, tiene que revisarse el denominado principio de inversión de la carga de la prueba, que implica trasladar la responsabilidad probatoria al imputado en un proceso penal. La Inversión de la carga de la prueba como la carga dinámica de la prueba tienen algo en común: trasladar el quehacer probatorio, como obligación, al imputado/afectado.

Debe destacarse que la Sala de lo Constitucional, a través de la sentencia Inc. 54-2005, en el cual se determina que la inversión de la carga de la prueba implica una vulneración a la presunción de inocencia ya que presumiría como culpable a la persona y ella tendría que desvirtuar dicha presunción con la actividad probatoria pertinente.[5]

Por lo tanto admitir la carga dinámica de la prueba por un lado, y rechazar la inversión de la carga en el proceso penal, implicaría no solo una desigualdad procesal y menos garantías en un proceso y en el otro las garantías normalizadas, sino que implicaría una doble moral penal-científica sin precedentes, lo cual podría generar inseguridad jurídica con los procesos normativizados en El Salvador.

Por lo tanto, esta reforma se verifica como necesaria.

Décimo segunda reforma.

Se reforma el Art. 39 literal E de la LEED, en el sentido que se debe añadir el principio de proporcionalidad en las motivaciones judiciales de procedencia o improcedencia de la extinción de dominio.

Es la misma lógica interpuesta en la séptima reforma de este artículo, si se tiene una asistencia letrada adecuada, se puede verificar si el principio de proporcionalidad ha sido materializado, sin que necesariamente existan apartados específicos en la sentencia que hagan referencia a él.

Está de más decir que esta reforma es innecesaria, y hasta repetitiva por el uso del principio de proporcionalidad. Es clara la falta de técnica legislativa en esta reforma, como en la séptima reforma con la Ley Especial de Extinción de Dominio.

Continuar leyendo análisis donde se reconoce el recurso de casación en materia de extinción de dominio, suponiendo un atentado a la seguridad jurídica. 

Citas:

[1] Se cita la sentencia C-740/03: “No obstante, este derecho de oposición a la procedencia de la declaratoria de extinción implica un comportamiento dinámico del afectado, pues es claro que no puede oponerse con sus solas manifestaciones. Es decir, las negaciones indefinidas, en el sentido que no es ilícita la procedencia de los bienes, no lo eximen del deber de aportar elementos de convicción que desvirtúan la inferencia, probatoriamente fundada, del Estado en cuanto a esa ilícita procedencia.  De allí que al afectado con el ejercicio de la acción de extinción de dominio, le sea aplicable la teoría de la carga dinámica de la prueba, de acuerdo con la cual quien está en mejores condiciones de probar un hecho, es quien debe aportar la prueba al proceso.  Así, en el caso de la acción de extinción de dominio, ya que el titular del dominio sobre los bienes es el que está en mejores condiciones de probar su origen lícito, es él quien debe aportar las pruebas que acrediten ese hecho y que desvirtúen el alcance de las pruebas practicadas por las autoridades estatales en relación con la ilícita procedencia de esos bienes”.

Citas:

[2] Patricia Vargas González. Op.Cit. Pp. 9-10.

[3] Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del día 2 – II – 2001, caso Baena Ricardo y otros Vs Panamá. Ver apartados 126, 127 y 129.

[4] Jami Brodey. (Año 1997). Supreme Court Rejects Fifth and Fourteenth Amendment Protection Against the Forfeiture of an Innocent Owner ‘s Property. Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 87, Pp- 692-718.

[5] Sala de lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia, sentencia del día 5 – X – 2011, referencia Inc. 54-2005.

Cita así:

LANGLOIS, RICARDO. “Sobre las reformas a la Ley de Extinción de Dominio. Entrega ocho”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 28 de agosto de 2017