Amenazas a periodistas por actuar ilegítimo del gobierno.
Art. 86 inc 1 y 3 Constitución.- El poder público emana del pueblo. Los órganos del Gobierno lo ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establecen esta Constitución y las leyes. Las atribuciones de los órganos del Gobierno son indelegables, pero éstos colaborarán entre sí en el ejercicio de las funciones públicas.
Los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley.

La publicación “En la intimidad del escuadrón de la muerte de la policía”, del pasado veintidós de agosto, hecha por un medio digital, es una de las primeras investigaciones que se atreven a destapar hechos inverosímiles para un gran sector de la población, pero son reales, cosechados por políticas públicas mal diseñadas como es el caso de las “medidas extraordinarias”, que ha empoderado a los elementos policiales a tal grado de realizar actuaciones en el ejercicio de su profesión totalmente fuera de la ley, y poco a poco liberándose de la clandestinidad al ejecutarlas al ser publicadas a todo color en seudos medios “informativos”, que alimentan el morbo de una sociedad sedienta de venganza y de individualismo.

La valentía de estos periodistas deja al descubierto la frágil seguridad con la que la mayoría de salvadoreños vive al desarrollar sus profesiones, ya sea elaborando una nota periodística o saliendo a las calles para hacer un informe social, una notificación, etc., pues han sido amenazados bajo el silencio del presidente Sánchez Cerén, quien pareciera sólo tiene discursos contra la Sala de lo Constitucional, para acusarlos de lo mal que el país se conduce.

No es nuevo pensar que los grupos de seguridad pública deben ser limitados en sus actuaciones, al momento de usar la coercibilidad para el control social, este país tendría que conocer esa lección, pues hace solo treinta años atrás el poder desbordado de los militares era la mayor causa de injusticia e impunidad contra la población, y más aún cuando quienes gobiernan perdieron a muchos de sus cercanos en la lucha por la defensa de los derechos de los siempre vulnerables, ellos conocen la lección pero sólo ellos saben que es más importante para dar rienda suelta a una policía que carecer de ser civil y tiene mucho de ser autoritaria.

Pero dónde dejamos la doble moral de los funcionarios públicos, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, quien constantemente busca salir en portada, denuncia públicamente las amenazas que han recibido periodistas por hacer investigaciones contra políticos, policías, personajes públicos, pero nunca condenó las medidas extraordinarias ejecutadas por el gobierno, más bien las respaldó sin importarle sus consecuencias: el daño a los derechos humanos de los privados de libertad, y la licencia para matar a los elementos de seguridad pública.

Recientemente el ministro de seguridad Mauricio Ramírez Landaverde, en cuentas oficiales del gobierno, haciendo uso abusivo de su cargo, salió amenazando a los pandilleros con lo que les tocará vivir si siguen asesinando a elementos policiales, ¿Dónde está el respeto de las leyes?, ¿Quiénes son los delincuentes en este país?, ¿Qué ha sido de los valores que una sociedad civilizada, y respetuosa del estado de derecho debiera seguir?

O qué dicen de que el ex ministro de seguridad Benito Lara, que al compincharse con los pandilleros para ganar elecciones presidenciales a cambio de cientos de miles de dólares, traicionó a los elementos de la policía, aquellos que salen de sus casas exponiendo sus vidas por actuar conforme a la ley, y ponen en evidente peligro a sus padres, hijos, por quienes se levantan para darles condiciones de vida dignas y que no sean víctimas de los grupos delincuenciales.

Pensar que el director de la policía, Howard Coto, desconoce estos grupos de “escuadroneros” es iluso, y al menos debería mostrar un gramo de decencia renunciando a su cargo, por ser evidente la poca capacidad de limitar y controlar el accionar de los agentes policiales, pero no se necesita ser vidente en este país para saber que no pasará, pues qué podemos esperar de un gobierno que ha pactado con criminales.

Hablar de lo legítimo es hablar de leyes, es realizar un acto bajo el estricto respeto de lo establecido en la ley, que habilita el reconocimiento de las personas a que ese acto es justo. Hablar de legítima defensa es hablar de la justificación de una situación o estado hecho por defenderse. Legitimidad es ley y justificación.  La legitimidad le da sentido a la ley.

Vivimos bajo el poder de un gobierno ilegítimo, traicionero, que vendió sus principios por dinero que vale igual que aquel que lo gana con sacrificio, pero que no abunda, y que poco o nada hará por la protección de los periodistas, de los notificadores, de los trabajadores sociales. Vivimos bajo la guía de un sector político que desconoce la realidad del país, pues suman sus horas de vida disfrutando de placeres capitalistas, con la idea que las personas únicamente sirve para votar en las elecciones, y que no importa si son muchos o pocos, lo que importa es perpetuarse en el poder.

Esta Revista ha denunciado el trato, las condiciones, el salario paupérrimo de los policías, de los elementos de la fuerza armada, así como la violación de derechos que han sufrido muchos pandilleros, pues todas y todos somos personas, víctimas de un sistema que desvaloriza a la familia, a la niñez, a la adolescencia, a los adultos mayores, a las madres, a las mujeres, tierra siempre fértil para cimentar una nueva sociedad.

Art. 159 inc 2 y 3 Constitución: La defensa nacional y la seguridad publica estarán adscritas a ministerios diferentes. La seguridad publica estará a cargo de la policía nacional civil, que será un cuerpo profesional, independiente de la fuerza armada y ajeno a toda actividad partidista.
La policía nacional civil tendrá a su cargo las funciones de policía urbana y policía rural que garanticen el orden, la seguridad y la tranquilidad pública, así como la colaboración en el procedimiento de investigación del delito, y todo ello con apego a la ley y estricto respeto a los derechos humanos.