Serie: sobre las reformas a la Ley de Extinción de Dominio. Entrega séptima.

Octava reforma.

Se reforma el inciso final del Art. 27 LEED, en el sentido que el proceso de extinción de dominio no tendrá reserva.

Paradójicamente esta es una de las reformas no aplaudidas por los medios de información, ya que no implicaría consecuencia legal alguna el saber información de un proceso que ha sido declarado en reserva.

Esto en consonancia con el principio de publicidad, para ejercer control ciudadano razonable sobre el Órgano Judicial, sin embargo, esta reforma no tiene aplicación en la práctica, ya que en el diario quehacer judicial, tanto los colaboradores como los secretarios de los Juzgados tienen la costumbre de no prestar los expedientes si una persona no está autorizada como abogado.

Novena reforma.

Se reforma el Art. 28 de la LEED respecto a la finalización de la fase de investigación, que es cuando el fiscal manda a archivo la investigación por no fundamentar ninguno de los supuestos de la ley, pudiendo reactivar el expediente solo en un plazo de doce meses de encontrar nuevos elementos, de no ser así y cumplido el plazo el archivo tendrá calidad de cosa juzgada.

Antes de la reforma no había plazo alguno para la investigación, esto siempre bajo la misma lógica que la acción de extinción de dominio no prescribe, por lo que desde la óptica del constitucionalismo colombiano, esto sería inadmisible.

Esto tiene lógica con lo desarrollado por la jurisprudencia en Perú, en el cual a las resoluciones archivadas por parte de Fiscalía se les llama Cosa Decidida, esto en el sentido que puede equipararse a la cosa juzgada y tiene como fundamentos la seguridad jurídica.[1]

El problema radica en algo más operativo: ¿Tiene la capacidad la Fiscalía General de la República de realizar investigaciones complejas en 12 meses improrrogables? Este cuestionamiento deviene en razonable, ya que comparativamente en el Código Procesal Penal la FGR tiene hasta por 48 meses (incluida la prórroga), tal como lo establece el Art. 17 Incº 5 CPP.

Por esta perspectiva, debe inferirse que existe una desigualdad en facultades, sobre todo para limitar el ámbito de accionar investigativo de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio frente a sus similares unidades especializadas. Puede inferirse desigualdad, tal como está en el Código Procesal Penal, pero debe hacerse un debate aún más profundo para verificar si los plazos establecidos en la LEED y en el CPP son razonables, todo eso, desde una óptica del derecho comparado; sin embargo vuelve a quedar en evidencia una intención de blindar las comisiones delictivas desde la asamblea legislativa, en ciertos supuestos.

Decima reforma.

Se adiciona el literal D  y el inciso tercero del Art. 33 de la LEED, por lo que en esta reforma hay dos puntos:

  • Revisión de las medidas cautelares en audiencia preparatoria.
  • El planteamiento incidental de un posible tercero exento de culpa, del cual se le considerará como previo y especial pronunciamiento.

Respecto al primer punto está demás: se habla del Art. 33, que es la audiencia preparatoria del proceso de extinción de dominio. Luego de esa audiencia, se fija audiencia de sentencia quince días después, tal como establece el Art. 34 inciso final LEED. Por lo que si la prueba presentada es impertinente y se sobresee, cesan las medidas cautelares, y si se sigue a la siguiente fase, se ratifican. Esta reforma no tiene lógica procesal.

Con el segundo punto, cabe destacar que el legislador quiso disfrazar este supuesto como una cuestión incidental, tal como se puede ver con el término previo y especial pronunciamiento.

Ese término era utilizado en el Art. 277 del Código Procesal Penal derogado (el de 1996) que hacía referencia a las excepciones perentorias, que son aquellas que hacen terminar el proceso.

Al verse que es una excepción, que se plantea mediante un incidente en audiencia, éste puede conocerse como tal en la misma audiencia preparatoria y dirimir si se trata definitivamente de un tercero de buena fe exento de culpa.

Cabe destacar que por ser una excepción perentoria, la parte interesada debe proponer prueba que alegue tal pretensión, tal como se puede inferir de la lectura del Art. 268 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), que es el cuerpo legal al que hace remisión la LEED según en su Art. 101.

Por lo tanto, está demás esta reforma porque la misma regla de remisión permite el conocimiento de incidentes y el tercero exento de culpa tiene derechos en un proceso de extinción de dominio. Esta reforma es completamente innecesaria, ya que la misma lógica procesal puede permitir este tipo de actuaciones.

Continuar leyendo análisis de la décimo primera y la décimo segunda reforma, sobre los Arts. 36 y 39 literal E LEED

[1] Corte Superior de Justicia de Lima, Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres, sentencia del día 14 de agosto de 2015, referencia 01936-2015-HC/PJ. Conocido también como “Habeas Corpus de Nadine Heredia”.

Cita así:

LANGLOIS, RICARDO. “Sobre las reformas a la Ley de Extinción de Dominio. Entrega siete”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 24 de agosto de 2017 http://enfoquejuridico.org/2017/08/24/serie-sobre-las-reformas-la-ley-de-extincion-de-dominio-entrega-siete/