Serie: sobre las reformas a la Ley de Extinción de Dominio. Entrega seis.

Sexta reforma.

Se reforma el Art. 14 literal A, en el sentido que el afectado, por medio de asistencia de abogado, tiene acceso al proceso desde la fase de investigación.

Esto implica claramente un derecho excesivo con respecto al afectado, supone un control del ciudadano al Estado, irrumpiendo el hermetismo que investigaciones complejas relacionadas a la corrupción y crimen organizado deben guardar.

Esto implicaría una desigualdad de armas, al momento de prepararlas, frente al juez y podría facilitar la destrucción y ocultamiento de bienes de origen ilícito o podría provocar su conversión, si se tratara de delitos de lavado de dinero, por lo que el principio de igualdad procesal podría verse claramente cuestionado con esta reforma.

Con ello puede recaer la agravante que por la posibilidad de ocultar bienes de origen ilícito, puede repercutir en el acceso a la justicia en delitos los cuales existen víctimas, sea cuando hay comisión de delitos que hay una generación económica como la extorsión y el secuestro. Esta disposición podría no sólo obstaculizar investigaciones, sino obstruir los derechos de acceso de justicia a las víctimas, derecho reconocido por la Sala de lo Constitucional.[1]

Séptima reforma.

Añadidura del inciso segundo al Art. 23 LEED: “Para decretar o ratificar las medidas cautelares deberá existir apariencia de buen derecho y peligro en la demora para los fines del proceso. En todo caso, las medidas cautelares deberán responder a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad”.

Esto implica el uso de la proporcionalidad en la aplicación de medidas cautelares. En este caso, resulta extraño que haya medios periodísticos los cuales digan que esto supone un retroceso a la persecución del delito y sea una apología a la corrupción.

De ser así, corrupción sería suponer que la sentencia Inc. 62-2012[2], en la cual enfatiza en su apartado decisorio que dice “…se emita una autorización judicial motivada, en la que se establezca la proporcionalidad, idoneidad y necesidad de su práctica, a fin de garantizar los derechos de dignidad humana, integridad física y salud de aquella.”

En las mismas motivaciones judiciales puede inferirse, vía interpretación el uso del principio de proporcionalidad en la aplicación de las medidas cautelares, no hay necesidad de apartados especiales en las normas, incluidas las de la jurisdicción de extinción de dominio, para denotar y utilizar el principio de proporcionalidad, por ser un principio general de las medidas cautelares.

Continuar leyendo análisis de la octava, novena y décima reforma de la LEED; se hablará respecto a la finalización de la fase de investigación, donde el archivo podría llegar a tener calidad de cosa juzgada.

Citas:

[1] Sala de lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia, sentencia del día 13 – VII – 2016, referencia Inc. 44-2013/145-2013.

[2] Sala de lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia, sentencia del día 17- VII – 2015.

Cita así:

LANGLOIS, RICARDO. “Sobre las reformas a la Ley de Extinción de Dominio. Entrega cuatro”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 23 de agosto de 2017 http://enfoquejuridico.org/2017/08/23/7069/