¿Por qué es necesario regular legamente el uso de los drones?

El uso de la tecnología ha abierto nuevos caminos de estudio y conocimiento para las y los abogados, un abogado que está desconectado del mundo tecnológico a la vez lo está del mundo real, se calcula que en dos mil quince se enviaban diariamente más de treinta mil millones de mensajes por WhatsApp, que sin duda a la fecha esa cantidad ha sido superada. Dentro de este mundo uno de los aparatos tecnológicos que se ha ganado popularidad son los drones, usados por medios noticiosos, profesionales en fotografía, agencias de seguridad, uso comercial e incluso para recreación, pues un dron lo encuentras en cualquier almacén de la región y cada vez a precios más accesibles.

Pero, ¿qué es un dron? Según el diccionario de la Real Academia Española (AESA), un dron es una aeronave no tripulada; en el mismo sentido la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de España, lo define como una aeronave pilotada por control remoto, abarcando bajo este nombre a todas las aeronaves pilotadas por control remoto, tanto civiles como militares.

La AESA en abril del dos mil catorce publicó una normativa que regulaba el uso de los drones en España, restringiendo su utilización para fines comerciales o profesionales. Este tema fue tan trascendental en el ámbito jurídico que en poco tiempo se crearon dos leyes más: “El Real Decreto Ley 8/2014”, en el mes de julio y “La Ley 18/2014”, en el mes de octubre.

¿Qué regulaban las normativas referentes a los drones?

Ordenaban la inscripción en un Registro, además de la exigencia de un certificado de aeronavegabilidad para las aeronaves que pesaran un máximo de veinticinco kilos.

También permitían la navegación de los drones en lugares fuera de donde existiese concentración de personas,  o aglomeración de edificios. Respecto a los drones de peso inferior a dos kilos, se permitía la navegación a una altura máxima de ciento veinte metros, siendo necesaria una solicitud a los Servicios de Aeronáutica, con cinco días de anticipación, con la finalidad de que este comunicara a otros usuarios y así evitar un accidente.

Por el incumplimiento de estas normas existen sanciones de carácter administrativo, como el caso de multas que van desde sesenta euros hasta cuarenta y cinco mil euros las leves, y las muy graves de noventa mil un euros a doscientos veinticinco mil euros, por citar algunas.

Cuando son de uso recreativo se aplican las mismas normas, a excepción de la solicitud a la AESA, y se le agrega la prohibición de ser utilizados por la noche, ni cerca de aeropuertos.

Si trasladamos esta normativa para nuestro país, muchos medios de comunicación se verían vetados de utilizar los drones por ejemplo en hechos como el caso del incendio del Ministerio de Hacienda, en San Salvador, que priorizando la portada o la mejor foto olvidan que ponen en riesgo el trabajo de rescatistas o incluso la integridad de las personas.

Es evidente la ausencia de legislación en estos temas, que jurídicamente gozan de gran importancia pues con ellos al menos se violentan derechos como el de la intimidad personal y familiar, por ello es pertinente que se tomen medidas para regular el uso adecuado de los drones, pues de aquí a unos años tener un dron será tan normal como tener un teléfono móvil.

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