Serie: sobre las reformas a la Ley de Extinción de Dominio. Entrega cuarta.

Cuarta reforma.

Se implicó una reforma al Art. 10 de la LEED, con mención a dos puntos:

  • La acción de extinción de dominio no puede ejercerse hasta que se agote el proceso de enriquecimiento ilícito contra funcionarios públicos, y solo cuando se emita sentencia condenatoria por la Cámara de lo Civil respectiva.
  • Las resoluciones adoptadas en un proceso de diferente naturaleza no afectan el ejercicio de la acción.

Sobre el primer punto, es bastante cuestionable que se haya convertido en una cuestión prejudicial el ejercicio de la acción de extinción de dominio contra los funcionarios públicos, en especial cuando tienen que enfrentar un proceso de enriquecimiento ilícito y hasta tener una sentencia condenatoria.

Cabe destacar que la figura del enriquecimiento ilícito, al menos tal como está regulada en El Salvador, deviene en una ley arcaica, que data desde el año 1959. Tal que se ha llegado al punto que la misma jurisprudencia civil en materia de enriquecimiento ilícito no logra determinarla fehacientemente, denominándola, al menos para efectos de una sentencia de la Cámara Segunda de lo Civil, como enriquecimiento injustificado, ya que la misma Cámara Civil citada admite la falta de tecnicismo de la ley, enfatiza que no puede hacer valoraciones de actos típicos y antijurídicos[1].

Sin embargo, el carácter de la Ley de Enriquecimiento Ilícito no deja de ser sancionatoria, ya que los postulados del enriquecimiento sin causa o injustificado deviene de obligaciones civiles entre particulares, debiéndose probar el enriquecimiento patrimonial de uno a costa de otro, siempre entre particulares.[2] En caso que se tratara de un “enriquecimiento a costa de una institución”, entendido a los postulados del enriquecimiento injustificado, ya tiene nombre y lo tiene en el derecho penal: delito de peculado.

Ver: La confiscación y la ley especial de extinción de dominio.

Sin ahondar en el grado de tecnicismo de la ley de enriquecimiento ilícito, se debe entrever lo respectivo a la cuestión prejudicial, que ésta tiene como parámetro determinar el fondo de un asunto en un proceso aparte, para que luego pueda conocerse en el propio proceso de interés.[3]

Este tipo de cuestión incidental instalada en la reforma, implica una cuestión incidental no devolutiva, en el sentido que le corresponde conocer a otro órgano jurisdiccional sobre un asunto en razón de la materia, por lo que no tiene efectos de cosa juzgada y tiene carácter de una vía puramente incidental (Incidenter Tantum), tal como lo ha desarrollado la Sala de lo Constitucional.[4]

Dejando atrás los conceptos respecto a esta reforma, se puede determinar que aún desde el punto de vista del constitucionalismo colombiano, como el garantismo penal, esta reforma carece de lógica científica.

Para el constitucionalismo colombiano es obvio, y tal como se mencionó anteriormente: la extinción de dominio es autónoma y no es ni derecho penal, ni derecho civil, ni derecho administrativo, es extinción de dominio, tal como se entendió por parte del autor en un momento del pasado[5], siguiendo la lógica de las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia.

Aun así, desde un punto de vista del garantismo penal, ante la falta de tecnicismo de la Ley de Enriquecimiento Ilícito, la naturaleza sancionatoria de la ley de extinción de dominio y los diferentes Juzgados que conocen sobre el proceder contra funcionarios públicos, se vulnera la garantía del juez natural en razón de competencia material[6], por lo que esta reforma se puede prever como inconstitucional. Eso porque a las Cámaras de lo Civil no les incumbe determinar la existencia de actividades ilícitas en el incremento del patrimonio, peor aún con la falta de tecnicismo en estos tiempos modernos.

Por la falta de técnica legislativa, falta de discusión y porque un mismo diputado que lleva un proceso de extinción de dominio y fue absuelto en el proceso de enriquecimiento ilícito que votó por las reformas[7] y se enfatizó que el proceso de extinción de dominio no es persecución política[8]; se puede perfectamente inferir que esta reforma pretendió blindar la corrupción al hacer más lento el proceso de extinción de dominio contra funcionarios, confundiendo al juez natural en razón de la materia e incluso trato desigual y preferencial para los funcionarios públicos sobre los particulares.

Con el segundo punto, la reforma cambió extrañamente, a la voluntad del fortalecimiento de garantías fundamentales, pues el hecho de que no importa qué resolución se dicte en procesos de cualquier naturaleza –no sólo en el penal–, siempre se puede proceder a la extinción de dominio. Esto en clara consonancia con el precepto de autonomía entendido de los conceptos desarrollados por el constitucionalismo colombiano.

Desde un punto de vista de garantismo penal, se debe evaluar profundamente sobre la naturaleza sancionatoria de la extinción de dominio, tal como lo ha hecho valientemente la Universidad de Costa Rica (UCR) al analizar, desde un ámbito estrictamente académico, sobre el proyecto de ley de extinción de dominio en dicho país, concluyendo la UCR que para efecto de materializar las garantías procesales, solo debe hacerse una reforma del comiso como lo ha hecho España y Alemania.[9]

Continuar leyendo análisis de quinta reforma referente a la creación de la prescripción, Art. 12-A LEED

Citas:

[1] Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro. Sentencia del día 23 – XII – 2016, referencia 2-PCEIF-15. Pp. 68-69. Se cita: “A nuestro criterio, resulta evidente la falta de tecnicismo jurídico por parte de los legisladores que decretaron dicha ley, ya que confunde los términos “ilícito” y “sin causa”. (…) en este proceso no se puede declarar la antijuridicidad de actos penales, sino, únicamente determinar la justificación de los bienes adquiridos. (…) En este caso los términos que mejor se acoplan para el objeto de este proceso son: “enriquecimiento injustificado” o “enriquecimiento sin causa”, ya que ambos suponen la falta de justificación en el enriquecimiento.”

[2] Laura Zamaquero Gil (2017) El enriquecimiento injustificado en el Derecho Privado Europe, en InDret, enlace: http://www.indret.com/pdf/1302.pdf Pp. 3-19. Como también Marcelo J. López Mesa. (Año 2009). EL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA EN EL DERECHO ACTUAL. (LAS POSIBILIDADES Y LOS LÍMITES DE UN INSTITUTO CONTROVERSIAL). Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, Vol. XIII, Pp. 363-398.

[3] Mónica Elizabeth Amaquiña Masabanda . ((Año 2014)). La prejudicialidad en la instauración del sumario administrativo en el delito de peculado . Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador): Universidad Andina Simón Bolívar (TESIS). Pp. 12-13.

[4] Sala de lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia. Sentencia del día 9 – XII – 2008, referencia Amp. 447-2008.

[5] Ricardo Langlois. (Año 2016). Breves Nociones de la Autonomía de la Extinción de Dominio y Diferencias con el Derecho Civil, Derecho Penal y Derecho Administrativo. Certamen de Investigación Jurídica organizado por la Unidad Técnica Ejecutiva, Vol. X, Imprenta Ricaldone. Pp. 229-250.

[6] Sala de lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia, sentencia del día 21 – V- 2002, referencia Amp. 237-2001 y sentencia del día 7 – II- 2014, referencia Inc. 71-2010.

[7] Revista Enfoque Jurídico, publicación del día 19 de julio de 2017, en red social Facebook. Enlace https://www.facebook.com/revistaenfoqueju/photos/rpp.510037402466084/1023059321163887/?type=3&theater

[8] LANGLOIS, RICARDO. “Caso Reynaldo Cardoza: ¿persecución política a través de la extinción de dominio?”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 14 de marzo de 2017. http://www.enfoquejuridico.info/wp/biblioteca/publico/derecho-penal/caso-reynaldo-cardoza-persecucion-politica-a-traves-de-la-extincion-de-dominio/

[9] Patricia Vargas González. Op.Cit. Pp.- 15-16.

Cita así:

LANGLOIS, RICARDO. “Sobre las reformas a la Ley de Extinción de Dominio. Entrega cuatro”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 21 de agosto de 2017 http://enfoquejuridico.org/2017/08/21/serie-sobre-las-reformas-la-ley-de-extincion-de-dominio-entrega-cuatro/