Extinción de dominio vrs Vivienda familiar.

Por: Ricardo Langlois y Cristian Palacios.

Antecedentes y conceptos.

La extinción de dominio, tal como se conoce, alcanzó la luz en El Salvador a través de la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de Bienes de Origen o Destinación Ilícita. Dicha ley habilita a la Fiscalía General de la República a poder obtener los bienes de actividades ilícitas[1], ya que es considerada como una herramienta fundamental para combatir el crimen organizado. Siendo así que el Ministerio Público puede extinguir, a favor del Estado, bienes provenientes o destinados de la ilegalidad.

La Extinción de Dominio versa como un proceso constitucionalmente configurado con la finalidad de privar del dominio a todos los bienes de origen o destinación ilícita; esa privación es a nombre del Estado por ser la figura que representa a la sociedad civil bajo la lógica jurisprudencial extranjera[2], por lo que pasa a ser administrado por una entidad autónoma denominada como Comisión Nacional de Administración de Bienes, abreviado CONAB, bajo el artículo 60 Inc 3° de la Ley Especial de Extinción de Dominio.

Por su parte, la vivienda familiar es el espacio típico donde conviven regularmente las personas que se adhieren entre si por el parentesco o la alianza, tales como los cónyuges o los convivientes, los padres y los hijos y, en ocasiones, otros allegados. La vivienda familiar es un objeto y como objeto puede interpretarse en tres sentidos. Primero, como el espacio geográfico donde se localizan regular e intencionalmente los miembros que integran las unidades familiares. Segundo, como el destino moral típico que les brinda a los miembros de la familia la conciencia de resguardo y cohesión material, por cuando representa no sólo un espacio físico, sino un espacio lógico e identitario que consolida la unidad que les caracteriza. Tercero, como un centro de socialización primordial, donde se destaca un espacio compartido en el que se hace posible la interacción afectiva y sexual reciproca, pues la moral occidental ha reservado para el regazo familiar los asuntos relacionados con la sexualidad, la desnudez presumida, el descanso ocioso, el amor desvergonzado y a la insolencia admitida.

La vivienda familiar es un presupuesto de arraigo personal, tanto de orden espacial como temporal, pues las condiciones de vida del mundo actual hacen que los individuos se acostumbren a situarse en un espacio y en un tiempo determinado, y junto a ello, a desarrollar sentimientos por el estilo de vida adquirido sobre el medio en el que viven. La sentimentalizacion del objeto condena al individuo a mantener una actitud reflexiva por aquello que naturalmente desborda su realidad personal y que ordinariamente no le merecería afecto sino fuera por su relación con él, pero que en su desarrollo histórico lo hace en virtud de la identidad y conformidad desarrollada.

No es extraño que las personas se sientan más cómodas en sus viviendas que en las casas de sus amigos o conocidos y que esta sensación de confort participe en la definición de la interacción de los individuos entre sí y frente al entorno social en el que viven. Este arraigo espacial alcanza otros niveles de expresión en el caso de los extranjeros que extrañan sus países, pues en el fondo, la “patria”, “la gente”, “la nación”, la “tierra” o cualquier otro concepto que denote pertenencia, no es otra cosa que una construcción del espíritu moral del individuo que busca una comunidad que lo adhiera. Que el individuo siendo individuo busque ser incluido no es extraño, porque el ser humano es naturalmente un ser social. Lo extraño es que siendo un ser social el individuo se aísle en su propio orgullo y egoísmo.

La vivienda familiar es una herramienta de inclusión y cohesión social de orden privilegiado, pues al tener una función asistencial (y multiplicadora del orbe social e industrial) cuenta con una protección legal reforzada que se opone a poderes externos a su naturaleza, al punto que el interés de sobrevivencia y dignidad del grupo familiar se sobrepone al interés patrimonial del propietario de la vivienda.

En las sociedades modernas no existen unidades familiares que operen al margen de un espacio de cohabitación compartido, ya que la solidaridad asistencial, la inmediatez relacional y la pertenencia de grupo son notas distintivas de esta institución social. Incluso, a pesar del régimen ideológico del sistema capitalista, que es por excelencia privativo y celular, la individualidad no es un rasgo esencial de la familia, de modo que nadie que resida en la soledad de su regazo habla con total serenidad de vivienda familiar, porque esta se constituye en la cohabitación más o menos regular de aquellos que dicen adherirse por el sexo, el afecto o la alianza. Se insiste, el ser humano es un ser social por naturaleza, de ahí que la tendencia a “vivir sin hijos” o “al margen del matrimonio” no altera en nada el carácter social de la especie humana, pues estos fenómenos son un simple reflejo de las condiciones actuales del mundo.

La protección reforzada de la vivienda familiar viene dada por el carácter asistencial de esta y por las necesidades históricas-sociales que la justifican. Dentro de la gamma de prestaciones asistenciales legalmente reconocidas se destacan los alimentos y, como parte de estos, la protección de la vivienda familiar. Lo asistencial tiene un componente privilegiado en las sociedades modernas, por cuanto confirman el carácter humanitario de la convivencia social.

Los servicios públicos también son servicios asistenciales, como la educación, la salud, la seguridad, la administración de justicia y, aunque no tenga eficacia concreta en el ámbito material, la protección del medio ambiente; pero estos servicios no gozan del privilegio reforzado que se la asigna a la asistencia alimenticia. Esto es así por la perspectiva individual que ordena las sociedades modernas, perspectiva que mira al Estado como un garante pasivo de los derechos de sus ciudadanos, en contraste a los individuos unidos por el parentesco, a quines se les asigna una participación activa en la protección de sus allegados. En términos morales, el deber del padre de prestar alimentos al hijo esta muy por encima del deber del Estado de brindar educación a sus ciudadanos. Esto obedece a la escala de valores que la sociedad institucionaliza y que los individuos interiorizan, porque en el devenir cultural de los pueblos y en el desarrollo material de los mismos, la responsabilidad de los parientes es una responsabilidad moral que no se expresa en la responsabilidad estatal.

El derecho de habitación familiar (véase el artículo “Protección de la vivienda familiar”) cuenta con una protección especial de parte del legislador, por cuanto una vez constituida esta medida de protección sobre el inmueble que sirve de vivienda a la familia, los poderes constituidos sobre la misma, si bien no son anulados, si son limitados en razón del intereses superior de ella. Por ejemplo, el propietario no puede vender el inmueble sobre el cual se ha constituido el derecho de habitación familiar, sino hasta que dicha medida de protección ha quedado sin efecto.

Tampoco es posible embargar el inmueble ni realizarlo judicialmente si la medida de ejecución ha sido adoptada con posterioridad a la constitución de la vivienda familiar, sino hasta que se deja sin efecto la protección de la vivienda familiar o su uso. Mucho menos puede, el propietario, prohibirles el ingreso, desalojarlos u ocasionarles injerencias abusivas a quienes les favorece el derecho constituido. Incluso, para modificar o cesar el derecho de habitación familiar a través de un proceso, el interesado debe demandar en litisconsorcio necesario pasivo a los titulares del derecho, así como también estos deben demandar en litisconsorcio necesario activo cualquier pretensión que se ampare en ese derecho.

Tanto la protección de la vivienda familiar (artículo 46 CF) como el uso de la misma (artículo 111 inciso 3º CF) son medidas de protección de orden preferente, porque al final de cuentas son otra expresión de los alimentos que se deben los parientes y los cónyuges entre sí, los cuales, como ya se ha dicho, son de orden público y cuentan con un carácter asistencial. La función asistencial de los alimentos despliega efectos vitales para el organismo del individuo y efectos morales para su integridad y dignidad. Los alimentos confirman la esencia humanitaria del ser humano, el sentido solidario y utilitario de la convivencia social. De ahí que la vivienda familiar, como una extensión especializada de los alimentos, cuenta con un refuerzo especial de parte del orden legal. Hace mucho se dijo que el ser humano tiene derecho a una vivienda – digna –, por cuanto le protege del ambiente que le es hostil (enfermedades, delincuencia e indigencia) y le confiere un margen de seguridad e identidad contra la angustia, la soledad y el abandono (esto último es anti-natural al ser social).

Planteamiento del problema.

Bien del diputado Reynaldo Cardoza en proceso de extinción de dominio.

Dalton ha sido condenado por enriquecimiento ilícito por parte de un Tribunal de la República y ha sido sometido a un proceso de extinción de dominio en contra de todos sus bienes entre los que se encuentra una vivienda sobre la que se ha constituido la protección de la vivienda familiar (artículo 46 CF), a favor de su ex–esposa y sus dos hijos, quienes carecen de recursos económicos para adquirir una nueva vivienda.

¿Debe el juez extinguir el dominio de la vivienda a pesar que sirve como vivienda familiar o debe excluir esa vivienda de la masa de bienes objeto de la extinción?

Como se comprende, es el poder de la asepsia estatal, con todo su cálculo y represión, y el poder asistencial de la especie humana, con todo su sentimentalismo y utilitarismo, los que entrechocan en función de la lógica jurídica. Debe analizarse si la ilicitud de la fuente justifica la extinción del dominio del inmueble sobre el cual se ha constituido la vivienda familiar, o, si por el contrario, si el carácter asistencial de ésta refrena el poder liquidador de la extinción del dominio. O si se quiere llevar a otros términos, se trata del derecho individual y familiar a una vivienda digna (artículos 1 y 119 CN) versus la potestad del Estado de sancionar los comportamientos no deseados (artículo 172 CN); el deber del Estado de integrar la familia (artículo 32 CN) versus el principio de los individuos de no aprovecharse de la ilicitud de sus actos; la garantía de un juicio previo a favor de la ex–esposa y los hijos de Dalton (artículo 11 CN) versus la inexistencia de derechos adquiridos sobre objetos que adolecen de vicios de ilicitud; entre otros.

Sobre el problema planteado no se dice nada en la Ley de Extinción de Dominio salvadoreña, de modo que resulta necesario definir si la garantía de ponderación se inclina a favor de la vivienda familiar o de la extinción de dominio. Este problema fue discutido en la Sentencia C-374/97 de la Corte Constitucional de Colombia en 1997. En ese entonces se discutía la exequibilidad (es decir, la constitucionalidad) de la Ley 333 de 1996, que era entonces la primera ley de extinción de dominio en Colombia. En su artículo 32[3] dicha ley establecía que la vivienda familiar tenía garantía frente a la acción de extinción de dominio, siempre y cuando fuera “el único inmueble en cabeza de su titular” y que el valor de dicho inmueble no excediera de 500 salarios mínimos legales mensuales. Cuando dicha ley fue promulgada, y se inició proceso de inconstitucionalidad, se determinó que el artículo 32 de la Ley 333 de 1996 era contrario al artículo 34 inciso 2° de la Constitución de Colombia[4]; así fue declarado por la sentencia C-374/97 de la Corte Constitucional de Colombia.

Dicha sentencia menciona, que la vivienda familiar, en caso que provenga de origen ilícito, no puede constituir derechos, por lo que el artículo 32 de la Ley 333 de 1996 colombiana fue declarado inconstitucional, por lo que la garantía de la vivienda familiar no abarcaba la acción de extinción de dominio. El hecho que la vivienda familiar no constituya derechos se remonta a otra perspectiva que fue tomada en la misma sentencia y en la sentencia C-740/03 de la misma Corte Constitucional de Colombia. Tal es por ejemplo la privación del reconocimiento del derecho de propiedad, siendo éste una de las limitantes del derecho de propiedad que se encuentra en la Constitución de Colombia, siendo éste fundamentado en que la propiedad no puede obtenerse a través de otros medios que contraríen la organización social establecida en la Constitución colombiana, siendo uno de los puntos primordiales de dicha organización social, el trabajo.

Sin ahondar en los preceptos que fundamentan la extinción de dominio, la jurisprudencia constitucional colombiana ha estipulado que al no poder obtenerse bienes a través de hechos punibles o los que considere aplicables de extinción de dominio[5], esto se convierte, al menos en Colombia, no solo en una limitante al derecho de propiedad, sino también a la constitución de vivienda familiar. Es de considerar que los límites de la extinción de dominio, referente a la aplicación sobre la vivienda familiar, como lo es la buena fe cualificada[6], pueden presentarse sin ningún problema. La buena fe cualificada es aquella figura jurídica, en materia de extinción de dominio, que da el fundamento al tercero exento de culpa, el cual es aquella persona que obró de leal y honesta forma (sentido subjetivo de la buena fe cualificada) y dio aportes adicionales verificables como documentos o constancias que perfeccionan dicha buena fe (sentido objetivo de la buena fe cualificada).

Ejemplo de buena fe cualificada es cuando una persona llamada Juan, que tiene una casa, celebra un contrato de arrendamiento con Ernesto, quien es el arrendatario de esa casa. Al celebrar el contrato de arrendamiento Juan tiene conciencia de cómo le ha entregado el bien inmueble a Ernesto, y sin saber Juan, Ernesto utiliza la casa para almacenar drogas y armas de guerra y abre canaletas especiales en los cuartos y los pisos. El Estado al investigar debidamente a Ernesto, se entera que la casa que él arrienda se usa para ese tipo de almacenaje, lo cual es causal para extinguir el dominio sobre tal, sin embargo, la casa le pertenece a Juan y él no sabía que Ernesto se dedicaba a tales actividades y por más que hubiera sabido de Ernesto de forma humanamente posible desde su posición, no se hubiera prevenido que la casa arrendada se utilizara para almacenar drogas y armas de guerra. Por ese motivo, el Estado no puede extinguir el dominio del bien inmueble de Juan, porque versa sobre la buena fe cualificada de Juan.

Conclusión.

La extinción de dominio puede afectar la vivienda familiar, independientemente de sus garantías y prerrogativas, siempre y cuando se determine a través de la investigación pertinente que el bien constituido como vivienda familiar fue obtenido a través de actividades ilícitas o fue destinado para tales. La Ley de Extinción de Dominio en El Salvador tiene muchos preceptos que desarrollaron las sentencias C-374/97 y C-740/03 de la Corte Constitucional de Colombia, por lo que, siguiendo esa lógica, la extinción de dominio puede afectar la vivienda familiar en El Salvador. Ahora bien, existen otras razones que justifican el hecho que la extinción de dominio es una consecuencia jurídica que no se atenúa ni anula por la constitución del derecho de vivienda familiar sobre los bienes que afecta, a saber:

1. El sistema jurídico es una masa de valores, principios, normas, razonamientos y hábitos institucionalizados dentro de la organización de un grupo que existe en un lugar y momento determinado. Es una densa masa de aspiraciones conductuales cuyo contenido material no se niega a si mismo, de modo que ante el poder simétrico de un valor y otro valor, de un principio y otro principio, de un derecho y otro derecho, es la razón lógica del sistema jurídico la que decide. Esta lógica viene dada por la coherencia y amplitud normativa del sistema jurídico, por cuanto siempre existe por lo menos una solución posible para la controversia normativa, solución que se aproxima mejor a la totalidad funcional del sistema. Es esta funcionalidad la que se conserva a si misma cada vez que se resuelve una controversia normativa, manteniéndose la integridad de los valores que lo sustentan, de modo que el sistema no se reduce en su aceptación y aplicación. Por ello, pretender legalizar una situación fáctica que adolece de una causa ilegal es como presionar al sistema para que explote desde adentro. Seria negar más la negación del sistema que la reafirmación de valores si se opone como defensa a la extinción de dominio la constitución de la vivienda familiar. Se juzga la procedencia, no el uso. El sistema jurídico no es al anti-héroe de sí mismo, no juega para perder, mucho menos arriesga para suprimirse. Pensar lo contrario sería dejar abierta la frontera que divide los fines reprochables y los medios plausibles, pues se crearía la posibilidad de refrenar la sanción de las conductas indeseadas bajo pretextos asistenciales. Si el sistema jurídico entiende que la vivienda familiar es un freno contra la acción de extinción de dominio, debería entenderse que el sistema se ha debilitado y que está en el camino a su deformación incomprensible. Cualquiera podría pretender destinar sus bienes ilícitamente obtenidos bajo formas asistenciales, ya sea destinándolos como vivienda familiar o como alimentos propiamente dichos, para evadir las consecuencias que amerita.

2. La ilicitud consentida es la mejor expresión de la pobreza operativa del sistema. Ampararse en la idea de que la extinción del dominio deja sin vivienda a una familia que necesita estar integrada, es ignorar que el sistema mismo debe articularse para suplir esa deficiencia. El Estado tiene la obligación de facilitar el goce de una vida digna a las personas, lo que indefectiblemente implica permitirles el acceso a una vivienda – digna –. No se trata de despojar a las personas de una vivienda familiar, sino de despojar al propietario de un bien cuando éste procede de activos ilícitos. El Estado debe tomar las medidas oportunas para liquidar la ilicitud del acto y sustentar la asistencia familiar. A pesar de lo complejo que esto pueda ser es los países pobres, la complejidad viene dada relativamente, porque lo complejo, lógicamente, se expresa por la inoperatividad efectiva del Estado en la protección de sus ciudadanos. Un Estado que ofrece eficaces garantías de vida y supervivencia a sus ciudadanos no tiene la necesidad de reflexionar sobre estos puntos, porque entiende que esta en la obligación de intervenir a favor de quienes lo requieren. Significa, entonces, que la necesidad concreta del grupo familiar de gozar de una vivienda no es una excusa para echar a perder la acción de extinción de dominio, sobre todo porque existe una entidad oficial que tiene la carga legal de amortiguar el efecto colateral. Fuera de esto, el sistema se debilita y las sociedades no progresan.

3. Se ha conocido de casos en los cuales la Comisión Nacional de Administración de Bienes ha podido salvaguardar el derecho de las niñas, niños y adolescentes, al tomar parte de los bienes administrados y suministrárselos, por ejemplo, a los hijos de las partes afectadas en el proceso de extinción de dominio, pero no existe una estipulación legal o siquiera jurisprudencial en la cual se dirima claramente sobre la situación de protección de los hijos menor es de edad y los bienes relacionados a un proceso de extinción de dominio, así también y sobre todo, la vivienda familiar.

4. Que este es el mejor ejemplo para demostrar que la configuración de la extinción de dominio en un país tiene que adaptarse a la realidad y necesidades específicas de cada país. No se puede adaptar la realidad de El Salvador a una configuración legal de extinción de dominio como lo es la de Colombia, Estados Unidos o México. Se debe de invitar a un debate profundo, al menos para temas como el de la afectación de la vivienda familiar, para ver hasta qué punto puede ser afectado una vivienda familiar, si debe ser protegida en absoluto por tener tal calidad jurídica, o si debe de existir ciertas asistencias por parte del CONAB para salvaguardar el interés supremo de los hijos menores de edad y la familia. Lo que ha funcionado y ha sido juzgado en Colombia no puede exactamente funcionar y hacerse juzgar como en El Salvador. Nuevamente, este es un ejemplo claro en el cual El Salvador puede construir sus propias consideraciones, legislativas y jurisprudenciales, respecto a la extinción de dominio.

Referencias:

[1] Ricardo Langlois. (Junio de 2016). “Breves Nociones de la Autonomía de la Extinción de Dominio y Diferencias con el Derecho Civil, Derecho Penal y Derecho Administrativo”. X Certamen de Investigación Jurídica, pp. 179-261.

[2] Sentencia C-374/97 de la Corte Constitucional de Colombia. Recuperado el día 25-04-2017. Para ver la sentencia, verificar el siguiente enlace:  http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/c-374-97.htm

[3] Dicho artículo estaba redactado de la siguiente manera: “Artículo 32. Protección a la vivienda familiar. Sin perjuicio de disposición legal en contrario, la acción de extinción de dominio no procederá respecto del bien inmueble amparado por el régimen de patrimonio de familia inembargable, o sobre bien afectado a vivienda familiar, siempre y cuando dicho bien sea el único inmueble en cabeza de su titular y su valor no exceda de quinientos salarios mínimos legales mensuales al momento de la declaración de extinción”.

[4] Dicho artículo, en el inciso segundo, dice así: “No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social.”

[5] Tal como establece la sentencia C-374/97, no sólo lo que es hecho punible puede ser susceptible de extinción de dominio, sino también, lo que “contraríe la moral social”. Tal es que dicha sentencia reza así: Era necesario que el legislador determinara, indicando las respectivas conductas, cuál es el contenido de las razones excepcionales que en nuestro sistema, a la luz de la mencionada norma constitucional, dan lugar a esa extraordinaria medida. Es el legislador el llamado a concretar en qué consisten las aludidas causales constitucionales de la extinción del dominio, y evidentemente puede él considerar que tengan carácter de delictivas, pero sin que por definirlo así en una determinada ley -la presente-, se agote su facultad de prever en el futuro otros comportamientos, no necesariamente calificados como delitos, que por causar daño al Tesoro Público o por afectar la moral colectiva, ocasionen el proceso judicial de carácter patrimonial del que se trata. El legislador no ha regulado todavía el trámite de extinción del dominio en aquellos casos que, según la Constitución, ameritan la aplicación de esa figura, pero que no implican necesariamente la comisión de un hecho punible.”

[6] Sentencia C-740/03, Corte Constitucional de Colombia, emitida el día veintiocho de agosto del año dos mil tres. Dicha figura se aplica como límite del accionar de la extinción de dominio, recuperado el día 15 de enero de dos mil diecisiete. Para más información y acceso a la sentencia, ver el siguiente enlace: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2003/C-740-03.htm

Si quieres citar este artículo, hazlo así:

LANGLOIS, RICARDO y PALACIOS, CRISTIAN. “EXTINCIÓN DE DOMINIO VRS VIVIENDA FAMILIAR”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 29 de abril 2017