Criminalización del consumo de drogas, una política fracasada

Desde hace varios años en los diferentes medios de comunicación del país se ha rumorado sobre posibles grupos político-empresariales vinculados al narcotráfico. También se nos bombardea diariamente con una serie de noticias sobre capturas de pandilleros y población civil por los delitos de tráfico ilícito y posesión y tenencia de droga, pero hay una cara oculta que la mayoría de medios de comunicación y el Estado no nos quieren hablar, esta puede ser resumida en una pregunta ¿Ha dado resultado la política represiva en el tema de consumo de drogas?

La política tradicional y represiva actual.

A pesar de que muchos países de América Latina contemplan la despenalización del consumo de drogas, en la práctica las autoridades estigmatizan y persiguen frecuentemente a los consumidores, clasificándolos como micro traficantes y procesándolos dentro del sistema penal.

En El Salvador actualmente no se cuenta con una política de drogas, no obstante se desarrolla una política tradicional-represiva de forma implícita, y es que la LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS[1] contiene penas que castigan con cárcel a pequeños consumidores, es decir, no se ha abordado la problemática como un tema de Salud Pública, sino como un mero castigo punitivo por parte del Estado.

Además, en muchos casos los imputados por el delito de posesión y tenencia quedan en libertad en la etapa de sentencia, pero eso no les exime que el juez ordene la detención provisional mientras se desarrolla el proceso penal en su contra. En el Estudio Nacional sobre Consumo de Drogas en Población General de El Salvador, desarrollado en el año 2014, se dice: El mayor consumo reciente de cualquier sustancia ilícita, se presenta a una edad entre los 18 y 24 años, con una prevalencia del 4.6%, seguido por el grupo de 45 a 65 años, con 2.6%; entre ambos grupos de edad se encuentra un total de 57,366 de consumidores (alrededor del 68%)[2]. Es decir que la mayoría de consumidores de drogas ilícitas son jóvenes, por lo tanto la política represiva va dirigida a ese sector de la sociedad.

Las nociones y políticas prevalecientes en el régimen internacional contra las drogas han tenido impactos sociales perversos. Un ejemplo claro de ello es el hacinamiento carcelario en muchos países de América Latina, al que contribuye de modo significativo la gran cantidad de personas presas por delitos no violentos vinculados con las drogas[3].

Esto en vez de solucionar el problema lo complica, ya que ingresan a los Centros Penitenciaros jóvenes consumidores junto a delincuentes castigados con penas por delitos violentos como violación, secuestro, robo agravado, agrupaciones ilícitas entro otros, es decir no estamos rehabilitando a los consumidores, sino más bien los estamos castigando como si hubieran cometido un delito violento.

¿Por qué cambiar la política tradicional represiva?

En el año 2009, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, creada en 2008 con el liderazgo de tres ex presidentes de la región, publicó un informe en el que hablaba de la necesidad imperiosa de rectificar la estrategia, teniendo en cuenta que esta no ha dado los resultados buscados. La Comisión propuso tratar el consumo de drogas como un asunto de salud pública que debe manejarse mediante la información y la prevención, y enfocar la represión en los actores del crimen organizado.

La Comisión Latinoamericana, ha sido enfática en cuanto a que “el foco de la represión debe ser el crimen organizado violento y no los consumidores, los vendedores al por menor o los campesinos que cultivan sustancias hoy prohibidas. Además, el informe sostiene que hay que descriminalizar el consumo no problemático de drogas, ofrecer tratamiento en vez de cárcel a los consumidores problemáticos…..”[4].

En base a una serie de críticas a la política tradicional represiva, es que muchos países han creado nuevos cuerpos normativos relativos a una regulación más integral en el tema de drogas, por ejemplo Portugal aprobó la Ley 30 de 2000, que descriminaliza esas drogas, entró en vigor el 1 de julio de 2001 y fue en parte reacción al aumento significativo de enfermedades como el VIH y el SIDA y de las muertes correspondientes al consumo de drogas ilegales en el país en los años noventa. El cambio legal consistió en que la compra, la posesión y el consumo de drogas ilegales dejaron de ser delitos criminales pasando a ser administrativos. En todo caso, la posesión para la venta sigue siendo un delito criminal.

En América Latina, el 10 de diciembre de 2013 el Poder Legislativo uruguayo aprobó una ley que coloca en manos del Estado la producción, el acopio y la distribución del cannabis[5]. Se trata de una norma entre otras 15 propuestas como parte de una «Estrategia por la vida y la convivencia». Esas propuestas contienen lo que el gobierno considera  modificaciones legales imprescindibles para enfrentar los fenómenos de la violencia y la inseguridad. Y así son muchos los países en el ámbito internacional que han adoptado otra visión en cuanto al consumo de drogas en sus países.

Para contar con una política de drogas integral y efectiva necesitamos mayor calidad de información y más debate de este tema en las Universidades y que la discusión sea abierta y honesta, basada en estudios objetivos e investigaciones. Sin embargo, el debate permanece politizado y dominado por intereses y prejuicios morales.

Referencias:

[1] Decreto Legislativo No. 728 de fecha 5 de marzo de 1991, publicado en el Diario Oficial No. 52, Tomo 310 del 15 del mismo mes y año, se emitió Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas.

[2] DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL ANTIDROGAS (CNA), Estudio Nacional sobre Consumo de Drogas en Población General de El Salvador, San Salvador, 2014.

[3] FRIEDRICH EBERT STIFTUNG (FES), Programa de Cooperación en Seguridad Regional, De la represión a la regulación: propuestas para reformar las políticas contra las drogas, Bogotá, mayo de 2013, Pág. 27.

[4] FRIEDRICH EBERT STIFTUNG (FES), Programa de Cooperación en Seguridad Regional, De la represión a la regulación: propuestas para reformar las políticas contra las drogas, Bogotá, mayo de 2013, Pág. 22.

[5] GUILLERMO GARAT, Implicancias de la regulación del cannabis en Uruguay, en revista Análisis N° 6, Uruguay, Diciembre 2013.

Si quieres citar este artículo, hazlo así:

HERNÁNDEZ, RAFAEL. “CRIMINALIZACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS, UNA POLÍTICA FRACASADA”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 31 de marzo de 2017 http://www.enfoquejuridico.info/wp/biblioteca/publico/derecho-penal/criminalizacion-del-consumo-de-drogas-una-politica-fracasada/