Sancionan a jueza por regañar públicamente a empleados, con 12 años de inhabilitación.

¿Te parece conocido que una jueza o juez regañe públicamente de forma grosera a colaboradores, notificadores, ordenanzas, por errores cometidos en su trabajo, sin que les den la oportunidad de justificar el error o de escuchar su versión de lo que ha ocurrido, y además deje constancia de dicho error en autos o  memorándum agregados en los expedientes, poniéndolos a disposición de las partes en el proceso?

Estas acciones descritas anteriormente fueron realizadas por una jueza del Juzgado promiscuo de Villamaría, Caldas, Colombia, costándole una sanción por parte del Consejo Superior de la Judicatura, que es aún el organismo encargado de ejercer actos disciplinarios sobre faltas cometidas por los funcionarios judiciales o abogados.

Dicha sanción consiste en su destitución e inhabilitación por doce años, al cometer la falta de no dar un tratamiento cortés a sus compañeros y subordinados.

En el proceso que se llevó por parte del Consejo Superior de la Judicatura se determinó que la jueza ejercía conductas constitutivas de acoso laboral contra: un citador y dos secretarias de un juzgado promiscuo de Villamaría.

La juzgadora argumentó que los empleados que temen eventuales retiros del servicio, son los que acuden a quejas por acoso laboral, pues desean que no se les exija y que se les pida más allá de lo que sus debilidades y deficiencias les den.

Sobre esto los magistrados del Consejo determinaron que son apreciaciones personales, y que los hechos probados en el procedimiento fueron contrarios a lo que manifestaba la juzgadora.

Hechos como estos muestran la pasividad con que la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y el Consejo Nacional de la Judicatura enfrentan los tratos denigrantes de jueces contra los empleados públicos, pues no existen mecanismos eficaces que permitan a los empleados combatir o denunciar conductas como estas, dejando únicamente como vía el apoyo de hecho que pueden ofrecer los sindicatos judiciales, que no gozan de confianza entre los empleados públicos del sector justicia.

Existe una opinión extensiva entre los abogados, de jueces que no solo ridiculizan a los empleados de los Tribunales en las actuaciones que ellos presencian sino que también su ansia de dominio llega a afectar su desempeño como abogados, pero no denuncian por temor a que existan represalias al no existir mecanismos eficientes disciplinarios que generen confianza.

Incluso se conocen casos en donde algunos juzgadores violentan el principio de Acceso a la Justicia contra Instituciones del Ministerio Público, al denegar o retrasar información solicitada en procesos que han sido conocidos en su jurisdicción, por causas ritualistas o arbitrarias.

Tomada de la referencia: Sentencia  17001110200020120001601, Nov. 2/16, Consejo Superior de la Sentencia.