“Cristian” y las consecuencias de las medidas extraordinarias

Las Medidas Extraordinarias, con fachas de muy ordinarias, han sido una política estatal contra la criminalidad que tanto daño hace a nuestra sociedad, muy escasas de neuronas, y llenas de mucha intención política, no importando las consecuencias que estas traen contra el tejido social de nuestro país, pues son medidas que violentan los derechos humanos de los privados de libertad, de sus familias, de sus representantes, incluso de la población en general como es el caso de “Cristian”, además van contra el fin resocializador, la misma Constitución, y los compromisos internacionales como: Declaración Universal de Derechos Humanos, Principios sobre la detención o prisión, Principios sobre ejecuciones sumarias, Declaración sobre las desapariciones forzadas, Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, por mencionar.

El ejecutivo debe de estar consciente que las medidas extraordinarias han sido tomadas como una autorización por parte de algunos elementos de la policía y militares del ejército, para cometer abusos en contra de la población; ejemplos han habido en cantidad, sin embargo los medios de comunicación solo han retomados unos pocos casos, por ser impopular, pero es una obligación para con los Derechos Humanos denunciar las ilegalidades de las fuerzas conjuntas, y que el sistema judicial haga justicia, respetando las garantías y principios procesales, con el fin que no aumenten estos casos, pues en definitiva la seguridad pública es una garantía de vida para toda la población.

Este caso se retoma del “Informe de Derechos Humanos 2016” realizado por el IDHUCA-IUDOP, un caso que pone al descubierto la fragilidad del sistema judicial y la desgracia a la que puede ser sometida una vida, a causa de políticas equivocadas.

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Cristian Alexis Hernández Beltrán (en adelante, “Cristian”) es un joven salvadoreño de diecinueve años de edad. Desde hace cuatro años trabaja como electricista automotriz en un taller de reparación de coches. Además, cuando regresa a su casa de habitación en la noche, repara los automóviles de los y las vecinas que le piden su colaboración. Las condiciones de vulnerabilidad en las que vive él y su familia, no le han permitido poder tener una formación y desde temprana edad tuvo que empezar a trabajar.

El 16 de enero de 2016, alrededor de las siete de la noche, estaba en su pueblo, San Miguel Tepezontes, y vio que en dirección contraria iba un coche patrulla de la policía con tres policías de la delegación de San Miguel Tepezontes y dos soldados del Destacamento Militar número 9 de Zacatecoluca, La Paz (en adelante, “los presuntos victimarios”). La patrulla se detuvo a pocos metros de donde estaban ellos y bajaron los dos soldados que tenían sus rostros cubiertos por gorros navarones e iban armados con arma larga.

En este momento, uno de los policías que estaba en el coche patrulla dijo a los soldados que Cristian y el otro joven formaban parte de una pandilla. De inmediato los soldados empezaron a golpearlos fuertemente.

Seguidamente, los privaron de libertad de forma arbitraria lanzándoles en la cama del pick-up y se los llevaron afuera del pueblo. Durante el recorrido, los soldados que iban a la parte trasera del pickup golpeaban a las víctimas y les amenazaban de muerte. Llegaron a un lugar aislado, ubicado en el Cantón la Loma, Finca el Cedro, jurisdicción de San Francisco Chinameca, y obligaron a bajar a los dos jóvenes y los tiraron de boca abajo. Comenzó entonces la golpiza que incluyó incluso golpes con piedras en la cabeza, dejando a uno de los jóvenes abandonado sin conocimiento. A Cristian lo subieron de nuevo a la cama del pick-up y a pocos kilómetros del sitio donde había sido supuestamente torturado lo lanzaron a una quebrada. Desde que le subieron de nuevo al coche, Cristian ya no recuerda nada más porque estuvo durante algunos días en estado de coma.

Alertada por el ladrido de los perros, una vecina llamó a la policía. Policías de un nuevo carro patrulla recogieron a Cristian, no sin antes obligar a los vecinos a cambiarle la ropa, manchada de sangre.

Como consecuencia del actuar de los supuestos victimarios, Cristian estuvo unos días en estado de coma y al cabo de diez días, esto es el 27 de enero de 2016 le dieron el alta. Las principales lesiones que le causaron a Cristian fueron: severos hematomas; fractura frontal izquierda con hundimiento óseo del 100%; múltiples fracturas parieto-occipitales sin hundimiento óseo y edema cerebral difuso. Asimismo, se le comprobó una disminución de agudeza visual del ojo izquierdo e hipoacusia de oído derecho. En la actualidad Cristian manifiesta que prácticamente ha perdido toda la visión del ojo izquierdo.

Denuncia de los hechos y eventos posteriores.

El 7 de enero de 2016 la madre de Cristian estando en el Hospital Nacional Rosales de San Salvador puso en conocimiento de los hechos a las autoridades. Asimismo, el 19 de enero de 2016 la madre de Cristian denunció los hechos antes descritos ante la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional Civil; así como también se presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República.

El 29 de enero de 2016, esto es dos días después de haberle dado el alta a Cristian, los supuestos victimarios llegaron a la casa donde vive Cristian con su familia y le manifestaron a la madre del joven que ya sabían que les había denunciado y que querían llegar a un acuerdo. Sin embargo, a la madre de Cristian le pareció una ofensa que unas personas que habían dejado en coma a su hijo y en aquel entonces aún en silla de ruedas, quisieran llegar a algún tipo de conciliación.

Desde ese día, la familia de Cristian y de forma especial él, se han visto sometidos a una persecución policial. Cristian ha sido golpeado cinco veces más por miembros de la Policía Nacional Civil, según manifiesta. La última vez fue el 5 de septiembre de 2016. En esta ocasión Cristian regresaba de su trabajo y lo bajaron del bus, lo golpearon hasta que el joven empezó a vomitar sangre y le dijeron que si no se iba en quince segundos lo matarían.

El 13 de septiembre de 2016 Cristian fue detenido por miembros de la Policía Nacional Civil por orden de la Fiscalía, imputándole el delito de Organizaciones Terroristas Agravadas. La imputación nace por la declaración de un policía de la delegación de San Miguel Tepezontes, con régimen de protección de testigos y de quien, por tanto, se desconoce su identidad.

Según se señala en las diligencias judiciales, la investigación de la estructura criminal con la que se vincula a Cristian comenzó con posterioridad a los actos de tortura cometidos por los supuestos victimarios, así como con posterioridad a la denuncia presentada en la Fiscalía por la madre de Cristian. La Fiscalía, a pesar de que los hechos de tortura sufridos por Cristian ocurrieron en enero de 2016, suspendió la investigación.

El proceso se reactivó hasta que la familia buscó el apoyo del Idhuca ya en el segundo semestre  el año 2016. Cristian quedó desprotegido y continúa siendo juzgado en detención mientas los policías acusados de delitos más graves permanecen en libertad, aun estando imputados de delitos más graves.

El juez que presidió la audiencia inicial en el caso que implica a Cristian no tuvo para nada en cuenta las circunstancias. Es más, aunque esta historia fue detallada con pruebas en dicha audiencia, el juez traía ya escrita la sentencia para las 58 personas acusadas en el mismo caso. Si bien algunos de los acusados tenían abogado propio, en torno a 40 de esas personas tuvieron un sólo defensor de oficio para todas ellas.

Finalmente es importante mencionar, que a Cristian se le ha fabricado otro caso. Un caso donde solo con las diligencias presentadas por la Fiscalía, se denota con meridiana claridad que Cristian no tiene ningún tipo de vinculación con el delito que se le acusa, pudiéndose advertir claras contradicciones entre la prueba científica y la declaración de la víctima.