Naturalización de requisitos discriminatorios en ofertas de empleo
Art. 3 Constitución: Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión.

Resulta tan fácil el problema de la discriminación en temas laborales, mucho pasa por que somos una sociedad que de manera extensiva gira sus intereses alrededor del mercado, siendo el motor la Población Económicamente Activa, ya sea dentro de la formalidad o informalidad.

En efecto el humano es el recurso principal para todo negocio o actividad productiva, sin embargo el mecanismo mercantil ha situado al humano en un plano último, y los humanos salvadoreños frente al bombardeo al que somos sometidos, no nos queda más que aceptar “nuestra realidad”, haciendo referencia a la violación de nuestros derechos laborales… una y otra y otra vez.

La reciente publicación del “Informe de Derechos Humanos 2016” realizado por el IDHUCA – IUDOP, pone en la mesa del debate el tema de las pensiones, refiriendo que para los salvadoreños se ha vuelto un tema tabú tener acceso a una pensión, donde solo el 18% de la población puede recibirlo.

Lo mismo sucede para esta Revista en el tema del empleo, se ha vuelto un tabú acceder a un empleo donde te respeten tus derechos a trabajo digno, donde valoren tu esfuerzo, donde se te brinde las herramientas necesarias para desempeñarte, donde se cumpla el derecho a la seguridad laboral y a una remuneración justa, es algo que lastimosamente para los patronos no existe y para los trabajadores es una utopía.

Más profundo se vuelve la problemática cuando se trata de ofertas de empleo, donde la discriminación laboral juega un rol más protagónico, según el “Informe de Derechos Humanos 2016” de IDHUCA-IUDOP, no se advierten avances en la formalización del trabajo informal. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo de 2014 calculaba que el empleo informal urbano afectaba al 65.6% de la Población Económicamente Activa.

Las ofertas de empleo están manchadas por estereotipos indignantes, estadísticamente hablando es la mujer quien tiene mayores obstáculos para acceder a un empleo, según datos de la OIT en el 2013 de todas las mujeres en edad de trabajar solamente laboran menos del 50%, y de ese porcentaje 3 de cada 4 tenían un empleo informal, por otro lado las mujeres que reciben un salario se les paga un 22% menos que el salario de los hombres, sin embargo se sigue pensando de manera generalizada que la mujer es contratada fácilmente por su apariencia y atributos físicos, no por su capacidad.

En las hojas de vida, casi de manera religiosa, se establecen datos con alto grado de discriminación, esto por los requisitos exigidos por los empleadores para poder ofertar, ejemplo de ello:

“Edad de 25-40 años”, “mujer con buena apariencia”

O incluso algunos requisitos con sesgos de esclavismo, por ejemplo:

“Con disponibilidad de tiempo después de la jornada laboral”

Entendemos que es el Estado a quien le corresponde velar y garantizar el cumplimiento de acceder a un trabajo digno y con mecanismos dignos, pero ¿qué sucede cuando son las mismas instituciones del estado quienes pisotean este derecho?

Recientemente la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia lanzó una convocatoria pública para el proceso de selección de colaboradores jurídicos de dicha Sala, en la cual se pueden advertir requisitos discriminatorios que en definitiva violentan el derecho humano al trabajo, pues si bien un cargo necesita ciertos requisitos especiales, como por ejemplo si es una plaza de colaborador jurídico, tener estudios profesionales en Derecho, sin embargo la edad, el promedio de cum, promedio de notas en la materia de derecho constitucional, conocimientos básicos de idiomas extranjeros, dos referencias personales, atentan contra un porcentaje de la población que de ante mano queda fuera de toda posibilidad para enviar su hoja de vida y aspirar a entrar al proceso de selección, en donde puedan realizar pruebas adecuadas que midan sus conocimientos y es ahí donde las pruebas se vuelven requisitos especiales.

Otro ejemplo reciente es la convocatoria de concurso público para la plaza de jefatura del Centro de Desarrollo Infantil de San Miguel, de la Corte Suprema de Justicia, en donde se advierten de igual manera requisitos discriminatorios por parte de una Institución del estado, y que es llamada a impartir Justicia, al exigir: Mayor de 30 años y menor de 60 años, Residir en la zona geográfica donde trabaja, Disposición al trabajo fuera de la jornada laboral.

Es inaudito que la Unidad Técnica de la Corte Suprema de Justicia, para poder ingresar a la base de datos para aspirar a ser considerado como un candidato para evaluar al cargo de colaborador jurídico, soliciten carta de recomendación extendido por una jueza o juez, una condición a todas luces discriminatoria, que atenta al derecho de acceder a un trabajo.

Otro ejemplo, esta vez en la empresa privada, se advierten dos ofertas laborales una para mujer y otra para hombre, sin embargo establecen como requisito diferente: “excelente presentación y deseos de superación”. Este requisito está sujeto a muchas interpretaciones, sin embargo sabemos de manera general que hace referencia a la apariencia de la mujer y lo que es capaz de hacer por “superarse”, lo que abona a la cultura de objetivizar a las mujeres sexualmente. Por otro lado el requisito “sin problemas de horario” es un claro rostro de la explotación laboral que sufren los trabadores, que solo puede venir de un pensamiento inmoral, esclavista, que sitúa a la persona en el último plano de su empresa.

En definitiva existe una naturalización de la discriminación en las ofertas de empleo, un espejo de lo que se puede esperar en el ejercicio de las funciones laborales, esta concepción equivocada debe de cambiar; la Universidad de Harvard frente a la pregunta: ¿Qué criterios utiliza Harvard en su proceso de admisión? sostiene que “No hay una fórmula para ser admitido en Harvard.”

Las hojas de vida deben ser como la portada de un libro, el cual se debe leer, esa lectura debe ser los mecanismos de selección adecuados al cargo,  donde se podrá evaluar de una manera más integral a las personas, ciertamente puede exigir mayores esfuerzos de selección pero estará más cercano a la justicia, que es lo que exige nuestra constitución.