El Derecho de Acceso a la Información

El derecho a ser informado surge como defensa del individuo frente a los poderes de quienes detentan la representación de la comunidad[1].

El Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP) se presenta como uno de los mecanismos clave para una auténtica contraloría y participación social en la gestión pública, constituye uno de los pilares trascendentales del funcionamiento de la democracia, ya que expresa la plena vigencia del principio republicano de publicidad de los actos de gobierno[2].

Según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD):

El acceso a la información pública es una de las dimensiones que indican el nivel de transparencia u opacidad en la gestión pública, junto con la rendición de cuentas y la participación ciudadana. En este sentido, transparencia y acceso a la información no deben entenderse como sinónimos, sino más bien como términos complementarios[3]”.

El primer antecedente formal del DAIP, se da en Suecia en el año de 1766, cuando el partido de oposición de dicho país ganó la mayoría en el Parlamento y se dedicó a buscar información sobre las actividades del régimen anterior[4]. Ese mismo año, se aprobó la Real Ordenanza sobre Libertad de Prensa, con carácter constitucional, que en su art. 1° establecía: “En interés de un libre intercambio de opiniones y de una información clara sobre los diferentes aspectos de la realidad, todo ciudadano sueco tendrá libre acceso a los documentos oficiales”[5].

El DAIP en El Salvador no se encuentra de manera explícita en la Constitución de la República, por lo que su base legal emana de la jurisprudencia que ha emitido al respecto la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a través de dos sentencias: Una de amparo (432-98) y otra de inconstitucionalidad (13-2012), ha fundamentado el derecho de acceso a la información pública en los artículos 6[6], 18[7] y 85 de la Constitución.

Como primer antecedente a nivel de regulación secundaria del DAIP, tenemos la Ordenanza para la Transparencia en la Gestión Municipal y Participación Ciudadana[8], que fue decretada por el Consejo Municipal de la Alcaldía de San Salvador presidida por el alcalde Dr. Héctor Ricardo Silva Arguello, la finalidad de la ordenanza fue promover, establecer y regular los mecanismos que permitan la organización y el ejercicio de la participación ciudadana y la transparencia en la gestión de la alcaldía de San Salvador, en el entendido de que éstos son componentes fundamentales del desarrollo local. La innovación de dicha ordenanza es que sin haber entrado en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), la ordenanza ya contemplaba el derecho de acceso a la información[9].

La LAIP, nace de un esfuerzo colectivo desde la sociedad civil salvadoreña, a fin de garantizar un derecho humano fundamental: el derecho de todos los ciudadanos a tener acceso a la información en poder de las instituciones públicas, de manera oportuna, completa y veraz. La LAIP entró finalmente en vigencia plena el 8 de mayo de 2012, constituyendo un avance significativo en materia de acceso a la información y transparencia.

Según el art. 7 de la LAIP los sujetos pasivos son:

“…. los órganos del Estado, sus dependencias las instituciones autónomas, las municipalidades o cualquier otra entidad u organismo que administre recursos públicos, bienes del Estado o ejecute actos de la administración pública en general. Se incluye dentro de los recursos públicos aquellos fondos provenientes de Convenios o Tratados que celebre el Estado con otros Estados o con Organismos Internacionales, a menos que el Convenio o Tratado determine otro régimen de acceso a la información pública”. 

El análisis del cumplimiento de la LAIP es muy amplio, por lo se delimitará al avance que han tenido los sujetos pasivos, y es que El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) presentó en el mes de diciembre de 2016, los resultados del 2º. Informe de Transparencia Institucional[10] relacionado con la publicación de información oficiosa, y por primera ocasión, avances sobre la gestión documental y archivos por parte de 75 instituciones obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.

La muestra abarcó a 75 instituciones públicas, sin incluir a las municipalidades. De acuerdo con los resultados, la nota máxima obtenida fue de 8.79 y la mínima 1.60. La nota promedio fue de 5.63, con una disminución sustancial del proceso anterior.

Es importante mencionar que en los resultados de la fiscalización en los tres Órganos del Estado no alcanzaron la nota de 7, la institución mejor evaluada fue la Presidencia de la República (6.28), que se ubicó en el puesto número 30 de 75 evaluadas. Por otra parte, la institución con menor calificación fue la Asamblea Legislativa (3.61) ocupando la posición número 65.

El informe revela datos preocupantes en materia del Acceso a la Información que afectan el acceso de los ciudadanos a la información pública que generan en especial los tres órganos del estado, y más preocupante aún el incumplimiento de la LAIP en repetidas ocasiones por parte de la Asamblea Legislativa.

Es de recordar la Sentencia 25-A-2013, en la cual el Instituto impuso a los servidores públicos miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa la multa correspondiente a cuarenta salarios mínimos mensuales para el sector comercio y servicios, equivalente a NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $9,324.00), monto que se dividió en partes iguales entre sus miembros[11], el motivo de la multa fue la comisión de la infracción muy grave a la Ley de Acceso a la Información Pública, que consistió en no proporcionar la información requerida en la medida cautelar ordenada por este Instituto mediante auto de las quince horas del veintidós de agosto de dos mil trece.

Junta Directiva de la Asamblea Legislativa

Othon Sigfrido Reyes Morales (Presidente) $621,60
Alberto Armando Romero Rodríguez (Primer vicepresidente) $621,60
Guillermo Antonio Gallegos Navarrete (Segundo vicepresidente) $621,60
José Francisco Merino López (Tercer vicepresidente) $621,60
Francisco Roberto Lorenzana Durán (Cuarto vicepresidente) $621,60
Roberto José D´abuisson Munguía (Quinto vicepresidente) $621,60
Lorena Guadalupe Peña Mendoza (Primera secretaria) $621,60
Carmen Elena Calderón Sol de Escalón (Segunda secretaria) $621,60
Sandra Marlene Salgado García (Tercera secretaria) $621,60
José Rafael Machuca Zelaya (Cuarto secretario) $621,60
Lourdes Palacios (Quinta secretaria) $621,60
Margarita Escobar (Sexta secretaria) $621,60
Francisco José Zablah Safie (Séptimo secretario) $621,60
Reynaldo Antonio López Cardoza (Octavo secretario) $621,60

 

La LAIP es un instrumento muy importante para la ciudadanía y es una llave para acceder a la información que tienen todas las entidades que administran fondos públicos, pero es evidente que son también muchos los retos que se tienen para avanzar hacia una verdadera trasparencia en nuestras instituciones, solo la presión social podrá hacer que la clase política de El Salvador sea más trasparente, y al lograr eso tendremos menos corrupción y más progreso en el país.

Referencias:

[1]BENEYTO PEREZ, Juan, “Los Orígenes del Derecho a ser Informado, Persona y Derecho”, en Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos HumanosNo. 5, Madrid, 1978,  pp. 11-28.

[2]ELIADES, Analía y Jorge Luis BASTONS, “Panorama del derecho al acceso a la información pública en el Derecho Comparado”, en Revista Información Pública, junio 2006, Santiago de Chile, pp. 103-123.

[3] ANZORA, Mario, Acceso a la Información Pública: Manual para Periodistas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), El Salvador, 2013, p. 19.

[4]BLANTON, Thomas S., “La experiencia de Estados Unidos con respecto a la Ley de Libertad de Información: activismo del Congreso, liderazgo de los medios de comunicación y política burocrática”, en Revista Derecho Comparado de la Información, No. 2, 2003, Estados Unidos, p. 12.

[5]BRUNO DOS SANTOS, Marcelo A. citado por DIAZ CAFERRATA, Santiago, “El derecho de acceso a la información pública: Situación actual y propuestas para una nueva ley”, en Lecciones y Ensayos, No. 8, 2009, Córdoba, p. 165.

[6]CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, D.C. N° 38, del 15 de diciembre de 1983, D.O. N°. 234, del 16 de diciembre de 1983. Art. 6: “Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. El ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución (…)”.

[7]CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, D.C. N° 38, del 15 de diciembre de 1983, D.O. N°. 234, del 16 de diciembre de 1983. Art. 18: “Toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito de manera decorosa, a las autoridades legalmente establecidas; a que se le resuelvan, y a que se le haga saber lo resuelto”.

[8] ORDENANZA PARA LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, D.M. Nº. 11, del 16 de marzo de 2012, D.O. No: 92, Tomo 355, del 22 de mayo de 2002.

[9]ORDENANZA PARA LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Art. 6 Derechos de la ciudadanía.

[10] INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Segundo Informe sobre transparencia institucional 2016, San Salvador, Disponible en: http://www.iaip.gob.sv/sites/default/files/informacion-oficiosa/informe%20Fiscalizaci%C3%B3n%20DIC2016%20-%20VG.pdf, Sitio Web visitado el 14 de febrero de 2017.

[11]  Según información brindada por el IAIP el día viernes 5 de junio de 2015, la multa quedó dividida de la siguiente manera:

Si quieres citar este artículo, hazlo así:

HERNÁNDEZ, RAFAEL. “EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL SALVADOR”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 20 de febrero de 2017 http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/6352