Algunas consideraciones sobre el interés superior de las niñas, niños y adolescentes.
Algunas consideraciones sobre el interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

Autora: Silvia Cristina Pérez Sánchez*

Probablemente el principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes sea uno de los términos más acuñados dentro de las demandas, contestaciones y alegatos de los abogados, así como también, en las resoluciones de los Juzgados de Familia y de Niñez y Adolescencia, como justificación de sus múltiples decisiones judiciales.

Empero, ¿Se conoce realmente a qué se hace referencia con este principio? ¿Se comprende realmente la inmanente consideración de este principio como salvaguarda de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia? ¿Realmente se cumple este principio o solo es un término utilizado eufemísticamente para garantizar que una resolución está “apegada a derecho”? 

De acuerdo al artículo 12 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia –en adelante LEPINA–, se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente toda situación que favorezca su desarrollo físico, espiritual, psicológico, moral y social para lograr el pleno y armonioso desenvolvimiento de su personalidad. El artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño retoma esta concepción.

Para Daniel D’Antonio, el interés superior del niño: se presenta como un estándar jurídico que aparece para obtener una armoniosa integración entre la regla de derecho y la decisión judicial. Más adelante, según Grosman[1], el concepto del interés superior del niño representa el reconocimiento del niño como persona, la aceptación de sus necesidades y la defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos por sí mismo.

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Siguiendo a Emilio García Méndez[2], el principio del interés superior del niño constituye la “piedra angular” de todo el sistema de protección integral de la niñez y adolescencia, así como la garantía de sus derechos, en cuanto goza de reconocimiento internacional universal y ha adquirido el carácter de norma de Derecho Internacional General. En este sentido, dentro de todo ordenamiento jurídico, este principio forma parte integrante del sistema jurídico de protección de derechos en materia de niñez, sobre todo en aquellos países que como El Salvador, son suscriptores de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Miguel Cillero Bruñol[3], en su artículo “Autonomía y derechos: una cuestión de principios”, define al interés superior del niño como: un criterio orientador para resolver conflictos de derechos en que puedan verse involucrados los niños y jóvenes, que rige y obliga expresamente al legislador, los tribunales, los órganos administrativos y los servicios de bienestar públicos y privados; en este sentido es un principio que pretende realizar la justicia y no es un mero lineamiento u objetivo social.

“Por consiguiente, el principio del interés superior del niño tiene la particularidad de una doble función, servir de regla de interpretación y como norma de resolución de conflictos, según se susciten entre derechos concernientes a la niñez. Es así como, pretende la protección y el privilegio de estos derechos, a través de la satisfacción de los mismos.”

Considero que entre tanta información, es difícil encontrar un verdadero parámetro para delimitar la verdadera connotación del interés superior del niño, de ahí que muchas veces no se le dé la correcta interpretación. Ahora bien, no obstante los esfuerzos por definirlo tal como anteriormente se ha dicho, tenemos que existen dos instrumentos jurídicos que nos pueden dar una pauta más certera, para poder tener parámetros de lo que debe entenderse como “interés superior del niño”. El primero, es la Observación general Nº 14 (2013) emitida por el Comité sobre Derechos del Niño, sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, y la segunda, es la Opinión Consultiva OC-17/2002, de 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño.

En ambos instrumentos, no obstante no son vinculantes para los Estados, se establecen parámetros para poder definir el interés superior del niño. El Comité en esta Observación General subraya que el interés superior del niño es un concepto que abarca tres dimensiones:

  1. Un derecho sustantivo: Establece una obligación intrínseca para los Estados, es de aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y puede invocarse ante los tribunales.
  2. Un principio jurídico interpretativo fundamental: Si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior el niño.
  3. Una norma de procedimiento: El proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados.

En la opinión consultiva, en igual sentido, en los párrafos 56 al 61, se estipuló que este principio se fundamenta en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades.

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Finalmente, cabe señalar que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, también se ha pronunciado sobre este principio en la sentencia de inconstitucionalidad con referencia 128-2012, pronunciada a las quince horas y cuarenta y cinco minutos del día veintiocho de septiembre de dos mil quince, donde definió al interés superior manifestando que:

“debe ser entendido como principio jurídico de aplicación preferente o rector en todas aquellas decisiones –particularmente de carácter discrecional– que puedan incidir o limitar el ejercicio de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. En otras palabras, con su aplicación se intenta potenciar cada uno de los derechos fundamentales que les asiste conforme el contenido y alcance del mismo en el caso concreto, sin poder afectar de ninguna manera su núcleo esencial.

En definitiva, tengo para mí, que la consideración del interés superior del niño no debe ser meramente nominal, sino que debe ser algo que se aplique en la práctica y si bien no tenemos una unívoca interpretación, tenemos multiplicidad de herramientas e instrumentos que se pueden retomar para darle una correcta interpretación. Existen muchos casos en los tribunales, que solo dicen defender el interés superior del niño pero en realidad lo vulneran, para evitar eso, hay que darle a este valioso principio un contenido acorde al Sistema de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia que debe imperar en estos casos. Ese esfuerzo nos corresponde a todos los que trabajamos por un mejor y garante Derecho de Familia.

Referencias:

[1] Grosman, Cecilia P. “Significado de la convención de los derechos del niño en las relaciones de familia” En: LL. T. 1993-B-Sec-Doctrina

[2] García Méndez, Emilio, “Legislaciones infanto juveniles en América Latina: modelos y tendencias”, disponible en: http://www2.convivencia.edu.uy/web/wp-content/uploads/2013/12/Legislaci%C3%B3n-infanto-juveniles.pdf, fecha de última consulta 10 de septiembre de 2016.

[3] CILLERO BRUÑOL, M.,  «El interés superior del niño en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño». UNICEF, en Revista Justicia y Derechos del Niño, Número 9. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Oficina de Área para Argentina, Chile y Uruguay, M. Beloff – A. Benavente- M. Cillero N. Espejo- F. Estrada – S. Falca – G Pinto, ed., Agosto 2007, 125-142.

*Sobre la autora: Maestra en Derecho Familiar (UEES), Licenciada en Ciencias Jurídicas (UCA), Actualmente abogada en el libre ejercicio, especializada en Derecho de Familia. Notario. Docente Universitaria en Derecho de Familia y Procesal de Familia.