El asilo político: de una figura humanitaria a una estructura de impunidad
El asilo político: de una figura humanitaria a una estructura de impunidad

Ricardo Alberto Langlois Calderón*

Recientemente en los medios de comunicación, se ha puesto de relieve la aprobación de asilo político al ex-Presidente Carlos Mauricio Funes Cartagena en Nicaragua, noticia conocida el día 6 de septiembre de los corrientes. Dicho anuncio ha dado de qué hablar, por lo se debe hacer una aproximación académica a la situación surgida.

Según doctrina salvadoreña[1], la institución del asilo viene de la palabra “ASLUM”, del griego “sin violencia”, que constituye una facultad y privilegio que disfruta una persona, al ser perseguido o condenado por un delito político, a una protección cuando existe inminente peligro.

El asilo puede ser de dos tipos, según la doctrina salvadoreña[2]:

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  • Asilo diplomático: es el concedido por parte de las misiones diplomáticas cuando el solicitante reúne ciertos requisitos, siendo estos convencionales o consuetudinarios, y pide protección en la misión diplomática por razones de persecución política, racial o religiosa.
  • Asilo político o territorial: Es el otorgado por un Estado determinado hacia una persona que es perseguida por razones políticas, raciales o religiosas; es por tiempo indefinido, y no da razón de extradición.

Así también, la jurisprudencia constitucional costarricense[3] ha considerado que el asilo es “un principio de rango constitucional, de índole humanitaria[4] solidaria, con la mira de hacer que el territorio nacional se convierta en un lugar inviolable para proteger individuos de otros países, cuando estos son perseguidos por sus preferencias políticas o ideológicas”.

Con ambos conceptos, se puede dar a entender que el asilo es un mecanismo de protección concedido por el Estado receptor hacia el solicitante con el fin de protegerlo de persecuciones políticas; estas persecuciones políticas son en base al aspecto de preferencias ideológicas, o también, la realización de delitos políticos.

Delito común vs delito político.

Para que una persona pueda solicitar asilo, debe tener en cuenta las razones por las que es perseguida; ya que, usualmente, pueden darse casos en que la persona solicitante es perseguida penalmente por la comisión de uno o más delitos, por lo tanto, saber qué tipo de delito es el realizado es imperativo para determinar si el solicitante es merecedor de un asilo, o mejor dicho, de qué tipo de asilo.

Autores internacionales[5] y doctrina nacional[6][7]están en común acuerdo sobre el concepto de delito político: Es aquella conducta humana, típica, antijurídica, culpable y punible que busca cambiar un sistema de gobierno u ordenamientos preestablecidos. Mientras que el delito común es aquel como conocemos como delito, que es aquella conducta típica, antijurídica, culpable y punible que realiza un sujeto llamado autor.

La jurisprudencia nacional constitucional[8] se manifestó similarmente en el año 2000 como el concepto antes mencionado de delito político; sin embargo, debe añadirse de otros autores internacionales[9] agregan  un elemento extra: que  el delito político busca sustituir un ordenamiento establecido con fines altruistas.

Por lo que cabe a destacar que el delito común es aquel delito que no busca cambiar un sistema u ordenamiento preestablecido por razones político-ideológicas o fines altruistas. Simplemente, es toda conducta que ha buscado vulnerar bienes jurídicos particulares como públicos.

Sin embargo, al momento de otorgar un asilo, debe de saberse cuales son los requisitos para calificar si un delito es político o común.

Calificación del delito político por Estado receptor.

Cuando una persona solicita asilo, la misión diplomática o el Estado que otorga el asilo debe de realizar un ejercicio de calificación de delito, y poder determinar si se trata de una persona perseguida por razones políticas o una persona perseguida penalmente por delitos comunes.

En 1941, en Santiago de Chile, se celebró El Segundo Congreso Latinoamericano de Criminología[10], en el  cual se habló de la conceptualización de los delitos políticos y delitos económicos. Dicho Congreso se acordó que para determinar la calificación de un delito en un delito político se tenía que ver desde una perspectiva de un criterio subjetivo.

Con un criterio subjetivo se hace referencia[11] a los fines de la realización de dicho delito, es decir, los móviles por los cuales se realiza el delito político, proviniendo estos móviles por sentimientos altruistas y convicciones ideológicas; mientras que por otro lado, el criterio objetivo hace referencia al bien jurídico tutelado ante los delitos políticos, que vienen siendo usualmente el ordenamiento jurídico que se quiere cambiar.

Entendiendo las nociones de los criterios, el Estado otorgante debe de determinar si dicho criterio subjetivo es acorde a la acusación o persecución que hace el Estado de donde el solicitante es originario. Es decir, que los móviles o causas, por las que una persona es perseguida por un Estado, deben de estar establecidas en la acusación o persecución que sufre el solicitante.

Delitos contra la corrupción y asilos a la centroamericana.

Ahora bien, entendidas las nociones anteriores, con el caso ocurrido con el ex-Presidente Funes Cartagena, se debe determinar  si se trata o no de un delito político o de un delito común.

“Actualmente al ex Mandatario se le acusan cinco delitos diferentes: peculado, enriquecimiento ilícito, negociaciones ilícitas, malversación de fondos y tráfico de influencias. Ninguno de ellos atentatorio contra el ordenamiento jurídico preestablecido en el Estado de El Salvador.”

Se puede considerar fácilmente que los cinco delitos antes mencionados no vulneran ni el bien jurídico protegido ante los delitos políticos, sino que, son delitos que atentan contra la Administración Pública. Entre los bienes jurídicos vulnerados nos encontramos el patrimonio del Estado, caso de peculado; el deber de confianza depositado en un funcionario y, enriquecerse mediante esa confianza, en caso de negociaciones ilícitas; la normal y regular aplicación de los bienes públicos, en caso de malversación; la honradez y probidad de los funcionarios públicos y, aprovecharse de ello para provecho económico personal, en caso de enriquecimiento ilícito; y finalmente, la imparcialidad e independencia de actuaciones de la administración pública, en caso de tráfico de influencias.[12]

Viendo los posibles bienes jurídicos vulnerados, con los móviles por los cuales se puede determinar o establecer el criterio subjetivo para otorgar un asilo, no son en lo absoluto compatibles con respecto a los delitos políticos, ya que la vulneración de los bines jurídicos antes mencionados son motivados por razones de lucro personal y abuso de autoridad, no de preferencias ideológicas ni mucho menos sentimientos altruistas.

Fuera de ello, el Estado de Nicaragua concedió asilo al ex-Presidente Funes Cartagena por razones de “lucha por la paz, justicia, derechos humanos y filiación política en El Salvador”[13]. Con dicha motivación, Nicaragua vulneró los art. 1 de la Convención de Asilo Político de La Habana de 1928; art. 3 Inc 1° del Tratado sobre Asilo y Refugio Político de Montevideo de 1939; art. 4 de la Convención de Asilo de Caracas de 1954; y art 14 Inc. 2° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

“A pesar de las violaciones a esos tratados por parte de Nicaragua,  al concederle asilo al ex-Presidente Funes, y dar una escueta motivación de otorgamiento, Nicaragua olvidó  que ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el día 13  de octubre del año 2005.[14]

Dicho Convenio deja claramente en el  art. 44 numeral 4, que no se tomará como delito político ninguno de los delitos tipificados en la presente convención, entre ellos se encuentran los delitos de  peculado  y malversación (Art.17), Tráfico de influencias (Art.18), y enriquecimiento Ilícito (Art. 20). El numeral 2 del art. 44 de dicha convención establece que aunque sea uno de los delitos tipificados en dicha convención, procederá la extradición.

El asilo como estructura de impunidad.

Ya con estas nociones jurídicas sobre  la institución del asilo, así también de su medio de otorgamiento y las obligaciones internacionales que existen con respecto al mismo y a la persecución de los delitos de corrupción,  nos encontramos que el asilo, en el caso del ex-Presidente  Funes Cartagena, es razón de una estructura o medio de impunidad, es decir, que el ex Presidente Funes Cartagena pueda sustraerse de la justicia salvadoreña.

A pesar de ser de materia de derecho penal internacional, y que no aplica en lo absoluto en persecución de delitos contra la corrupción; se puede demostrar, a manera de explicación, que se ha dado una sustracción de la responsabilidad penal[15] que consiste en medio fraudulento para que los tribunales ordinarios no conozcan de los delitos que conoce la Corte Penal Internacional, y así, pueda conocer finalmente la CPI por medio del principio de complementariedad.

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El otorgamiento del asilo por parte de Nicaragua puede constituir un medio fraudulento para que el ex-Presidente Funes Cartagena pueda sustraerse y evadir una posible responsabilidad penal; eso en caso de procesársele y ser condenado en vista pública.

Es por ello que este tipo de asilo, a la centroamericana, cuenta con las siguientes características:

  • No se utiliza en lo más mínimo el criterio subjetivo para motivar un asilo.
  • Se otorga un asilo, aunque el solicitante sea una persona que trata de sustraerse de un proceso penal y, es además, imputado de delitos comunes de los que ya existen obligaciones internacionales de cooperación y extradición.
  • Se olvida toda la noción del asilo, y en lugar de ser una figura con tintes humanitarios, se muta en una institución que facilita la impunidad.
  • Este tipo de circunstancias no solo muestran una grave situación de las democracias en la región, sino que supone también la incapacidad plena y máxima del Sistema de Integración Centroamericana para dirimir sobre este problema.

Es por ello, que si los políticos y sus funcionarios hacen lo que quieren con instituciones de derecho, es el deber de nosotros, los abogados, en pronunciarnos con doctrina, jurisprudencia y leyes en mano, sobre los vaivenes a los que la profesión es sometida inescrupulosamente, no solo a nivel nacional, sino también a nivel centroamericano.

Falta aún mucho, para combatir la corrupción, y más aún todavía, para ser la Centroamérica que siempre hemos querido ser: sola región próspera, satisfecha, fuerte y respetada.

Referencias:

[1]René Alberto Langlois. (2009). Curso de Derecho Diplomático, Teoría y Práctica de la Diplomacia. Corte Suprema de Justicia: Editorial de la Corte Suprema de Justicia.

[2]  René Alberto Langlois. (2009). Curso de Derecho Diplomático, Teoría y Práctica de la Diplomacia. Corte Suprema de Justicia: Editorial de la Corte Suprema de Justicia. Página 175.

[3] Costa Rica. Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia de Hábeas Corpus 06441-98, publicada el día cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

[4] En este caso, la base del aspecto humanitario del asilo es cuestionada por la doctrina salvadoreña en materia de derecho diplomático, ya que esto puede implicar protección a delincuentes comunes. Ver Curso de Derecho Diplomático. Teoría y Práctica de la Diplomacia. Página 184.

[5]Norma Beatriz Martínez. (2001). Asilo, Refugio y Exilio. Recuperado el 6 de septiembre de 2016, de Universidad Nacional de la Pampa, Argentina. Sitio web: www.eco.unlpam.edu.ar/objetos/_area.academica/asilocorregido.doc

[6]René Alberto Langlois. (2009). Curso de Derecho Diplomático, Teoría y Práctica de la Diplomacia. Corte Suprema de Justicia: Editorial de la Corte Suprema de Justicia. Página 176.

[7]Orlando Alfaro Carrera. (1967). El Asilo Político. Fecha de recuperación: 6 de septiembre de 2016, de Corte Suprema de Justicia. Sitio web: http://www.csj.gob.sv/bvirtual.nsf/1004b9f7434d5ff106256b3e006d8a6f/a0ca82f8e9ff687c0625735c0076e87a?OpenDocument

[8] El Salvador. Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador. Sentencia Inc. 24-97/21-98. Publicada el veintiséis de septiembre del año dos mil.

[9]William Javier Salazar Medina, Heriberto Sierra Andrade y Richard Mauricio Gil Ruiz. (2012). Delito Político: Tratamiento Dogmático y Jurisprudencial en Colombia a partir de la Constitución Política de 1991. Universidad Libre de Colombia: Publicado por: Instituto de Posgrados de Derecho.

[10]Orlando Alfaro Carrera. (1967). El Asilo Político. Fecha de recuperación: 6 de septiembre de 2016, de Corte Suprema de Justicia. Sitio web: http://www.csj.gob.sv/bvirtual.nsf/1004b9f7434d5ff106256b3e006d8a6f/a0ca82f8e9ff687c0625735c0076e87a?OpenDocument

[11]William Javier Salazar Medina, Heriberto Sierra Andrade y Richard Mauricio Gil Ruiz. (2012). Delito Político: Tratamiento Dogmático y Jurisprudencial en Colombia a partir de la Constitución Política de 1991. Universidad Libre de Colombia: Publicado por: Instituto de Posgrados de Derecho.

[12]Francisco Moreno Carrasco y Luis Rueda García . (2004). Código Penal Comentado. Tomo II. Consejo Nacional de la Judicatura: Ed. CNJ.

[13] Nicaragua. Resolución 073-2016 del ramo del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Gaceta Diario Oficial #168, de fecha seis de septiembre del año dos mil dieciséis.

[14] Nicaragua. Decreto Legislativo #4374,  del día trece de octubre del año dos mil cinco, donde se ratifica dicho convenio por el Estado de Nicaragua.

[15]Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-578/02 del día treinta de julio de dos mil dos.

Hace referencia al principio de jurisdicción universal el cual consiste en que todos los Estados tienen el interés de sancionar los delitos de trascendencia internacional o sancionar hechos punibles que beneficien a la comunidad internacional.

* Esta guía virtual fue realizada con colaboración de Ricardo Alberto Langlois Calderón, egresado de Ciencias Jurídicas de la Universidad Doctor Matías Delgado.-