Propuesta de 50 años de prisión por aborto es misógina, en su máximo esplendor.
Propuesta de 50 años de prisión por aborto es misógina, en su máximo esplendor.

El partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), solicitó en el mes de julio del presente año a la Asamblea Legislativa ampliar hasta 50 años de cárcel las penas para el delito de aborto “consentido y propio”, es decir la pena máxima de cárcel que un juez puede imponer según las leyes salvadoreñas por cualquier delito.

La solicitud anterior, además de inhumana, injusta, descabellada y degradante, es misógina, ya que deja entre ver ese desprecio del partido ARENA contra las mujeres más pobres de este país, quienes son vulnerables y sufren en carne propia las envestidas de la criminalización absoluta del aborto.

La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para Las Mujeres, en el artículo 8 literal “d” define la Misoginia como “las conductas de odio, implícitas o explícitas, contra todo lo relacionado con lo femenino tales como rechazo, aversión y desprecio contra las mujeres”. Es por ello que considero la solicitud del partido ARENA como misógina, ya que su arremetida es únicamente contra las mujeres, aunque para procrear a un hijo se necesita también de un hombre. Sin embargo, a la hora de castigar a hombres por delitos graves, aberrantes y monstruosos, como las violaciones sexuales y genocidios, no son tan severos, es más los defienden, los protegen y ayudan, tal como lo han hecho a lo largo de los años en el caso de los militares que están siendo solicitados por la justicia Española para ser juzgados por el asesinato de los seis padres jesuitas, y dos mujeres salvadoreñas que fueron brutalmente asesinados en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, por quienes han abogado para que no sean extraditados, al grado que en el mes de junio del corriente año presionaron y utilizaron a la Asamblea Legislativa, para que emitiera un pronunciamiento público contra la extradición de los referidos militares.

En el caso de las violaciones sexuales, si un hombre viola vía vaginal y/o anal a una mujer, la pena que se le impondrá por ese hecho oscila entre los SEIS y DIEZ años de prisión. Evidentemente, la mujer quedará afectada, física y psicológicamente para toda la vida, es decir el violador le arruinará en gran manera la vida a la mujer, pero para el partido ARENA eso no es importante y con una condena de entre 6 y 10 años, en el remoto caso que se llegara a condenar, es suficiente. Pero si la mujer queda embrazada producto de esa violación, y debido al trauma que le genera, la mala alimentación, las condiciones de insalubridad en las que vive producto de la pobreza, el feto se le “viene” por causas naturales, en el primer, segundo o tercer mes, es decir se muere, o si por voluntad propia decide interrumpir el embarazo, en estos casos si amerita una condena de 50 años de prisión, según el partido ARENA.

En el caso que la mujer embarazada producto de la violación, tenga un embarazo anencefálico, es decir un feto sin cerebro y por tanto incompatible con la vida extrauterina por lo que morirá inmediatamente después de haber nacido, o tiene un embarazo de alto riesgo que pone en peligro su vida, es obligada por el Estado a llevar a término ese embarazo, es decir a tenerlo en su vientre los nueve meses, aunque sea producto de una violación y aunque sepa que morirá a las pocas horas de nacido, de lo contrario, a petición del partido ARENA, recibirá una condena de hasta 50 años de prisión. Los mismo ocurrirá si no arriesga su vida y pierde al bebe en un embarazo de alto riesgo.

La condena más grave que puede recibir un hombre por violar y embrazar a una niña de 9 o 10 años de edad es de entre 14 y 20 años de prisión. A la niña se le obligará a que tenga a ese niño, no importa si no está preparada ni física ni psicológicamente para ser madre, cortándole sus aspiraciones y proyecciones futuras. Pero al parecer esos daños, el arruinarle la vida a una mujer, generarle severos traumas e imponerle la maternidad, no es relevante para el partido ARENA por lo que este tipo de delincuente no merecen penas de 50 años.

Los ejemplos antes citados parecieran de la época medieval, y que por lo tanto no ocurren, ni han ocurrido en El Salvador, sin embargo, existen casos documentados que demuestran que lo anterior es una realidad cotidiana en nuestro país.

En esta Revista hemos documentado casos de mujeres que han sido condenadas en procesos expeditos, en juicios donde no les han garantizado los derechos y garantías mínimas, donde les han violentado el debido proceso, con procesos en los cuales han sido acusadas inicialmente por el delito de aborto pero que finalmente resultan condenadas por homicidio agravado con penas de hasta cuarenta años de prisión.

Hemos documentado casos de mujeres que luego de pasar doce años en prisión la justicia salvadoreña ha aceptado que se equivocó  y que las condenó erróneamente, a muchas de ellas con criterios misóginos de los operadores y colaboradores de justicia, llámese fiscales, jueces, magistrados, médicos forenses, investigadores, policías, colaboradores judiciales, personal de salud, etc., quienes en su mayoría han mostrado y documentado ese desprecio hacia la mujer por no haber hecho lo imposible por salvar la vida de sus hijos, cuando ellas fueron sobrevivientes de esas emergencias obstétricas que pudieran causarles la muerte, como lo es María Teresa quien fue condenada a 40 años de prisión por un embarazo de 11 meses, de los cuales cumplió 5, ya que salió debido a que un juez reconoció que hubieron errores judiciales al momento de condenarla; o el caso de Carmen Guadalupe, quien fue condenada a 30 años de prisión por la muerte indeterminada de su hijo, y que después de 7 años de prisión recobró su libertad debido a que la Corte Suprema de Justicia reconoció que el juez se equivocó al condenarla; también tenemos el caso de Mirna, la mujer que fue declarada inocente al concluir su condena de 12 años de prisión; así mismo está el caso de Maritza, quien fue condenada a 30 años de prisión en un juicio en el cual se ocultó prueba y se inventó un testigo protegido para condenarla, quien aún sigue cumpliendo su condena.

Además hemos escrito sobre el caso de Rosita una niña de 9 años que quedó embaraza producto de una violación y que tuvo que enfrentar a la sociedad y a la iglesia salvadoreña, quienes le ganaron el enfrentamiento y la obligaron a ser madre a su corta edad, centrando toda la discusión y la atención en la decisión de la niña de querer interrumpir el embarazo, a quien muchos trataron de “mala” por el hecho de negarse a ser madre a tan corta edad, al final el violador no tomo relevancia.

El caso de las niñas violadas y embarazadas, muchas veces por sus familiares, también es una realidad en El Salvador, quienes son obligadas a ser madres, sin entender, sin querer, sin estar preparadas en ningún aspecto.

Con relación a lo anterior, en el año 2013, la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, publicó una investigación que llevó a cabo en el período comprendido entre enero de 2000 y el primer trimestre de 2011,
realizada en todos los Juzgados de Instrucción y Tribunales de Sentencia de El Salvador, mediante el cual analizó los expedientes de mujeres procesadas por aborto o delitos conexos, logrando identificar a 129 mujeres que fueron procesadas por aborto o por homicidio agravado, de este total, 49 fueron condenadas: 23 por aborto y 26 por homicidio en distintos grados.

La investigación cuantitativa, denominada “Del Hospital a la Cárcel. Consecuencias para las mujeres por la penalización sin excepciones, de la interrupción del embarazo en El Salvador”, muestra que las mujeres más afectadas por la criminalización absoluta del aborto son las mujeres jóvenes y de bajo nivel socioeconómico, “El 68.22% de las mujeres se encuentran entre los 18 y 25 años. De las mujeres procesadas, 6.98% eran analfabetas, 40.31% tenían algún tipo de educación primaria, 11.63% tenían estudios de bachiller y 4.65% tenían educación superior (estudios técnicos o universitarios). El 73.64% de las mujeres son solteras y sin pareja. El 51.16% de las mujeres no recibían remuneración económica por su trabajo y 31.78% contaban con empleos de remuneraciones muy bajas.”

Un dato importante es que “El 57.36% de las denuncias surge de los profesionales de la salud que atienden a las mujeres y el 22.48% de las denuncias proviene de los familiares y vecinos”.

Así mismo, el Centro de Derechos Reproductivos de Nueva York y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, en julio de 2013, publicaron el informe  “Excluidas, Perseguidas, Encarceladas. El Impacto de la Criminalización Absoluta del Aborto en El Salvador”,  en el cual se encuentran las historias de cinco mujeres que fueron procesadas injustamente por los delitos de aborto u homicidio agravado por el parentesco, tras sufrir emergencias obstétricas sin haber recibido atención médica. “Sus experiencias son evidencia de cómo el Estado salvadoreño traspasa el límite del irrespeto a los derechos humanos y a la dignidad de sus mujeres mediante el ejercicio de su poder sancionatorio y las consecuencias que ello genera en el sistema de salud, judicial y penitenciario, con consecuencias tan graves como condenas infundadas de hasta
35 años de cárcel”.

También, el informe revela cómo los profesionales de la salud que atienden a las mujeres por complicaciones derivadas de abortos inseguros o por emergencias obstétricas que nada tienen que ver con abortos provocados, denuncian a las mujeres ante la policía, al considerar que han cometido un hecho delictivo, por lo que inmediatamente son tratadas como sospechosas y se les vulnera el derecho a la salud, terminando muchas en los centros penitenciarios con condenas de 30, 35 y 40 años de prisión.

Sin duda este tipo de iniciativas violan los derechos más básicos de cada mujer salvadoreña: la libertad personal y el debido proceso. Además resulta inapropiado e incomprensible si tomamos en cuenta que el virus del Zika está golpeando a la región, donde las mujeres embarazadas que están infectadas están expuestas a la enfermedad y a tener bebés que desarrollen microcefalia.

De ser aprobada la anterior iniciativa, no es difícil prever que serán las mujeres pobres las sospechosas y condenadas a pasar media vida presas, por no atender oportunamente las clínicas y hospitales, o serán obligadas a arriesgar su vida o a perderla en el intento de llevar a término un embarazo.

La Socióloga e investigadora de la Universidad de Harvard, Jocelyn Viterna considera que en El Salvador el dinero compra el derecho a decidir sobre la reproducción. Para las mujeres sin medios económicos, las decisiones sobre su vida reproductiva siguen en las manos del Estado.”

El tema del aborto siempre ha sido un tema electoral, un tema discutido por políticos demagogos, que manejan dobles discursos, quienes opinan sin el conocimiento académico ni científico sobre el tema. Para las mujeres con posiciones económicas altas siempre ha existido los abortos clandestinos, seguros y sin ningún riesgo de ser procesadas.

Por lo tanto, la mejor forma de evitar los abortos es a través de la educación sexual en casa, escuela, iglesia etc. Todo lo demás solo es una doble moral, un doble discurso y una conducta misógina.

Si deseas citar este artículo, hazlo así:

GUARDADO, SANTOS. “PROPUESTA DE 50 AÑOS DE PRISIÓN POR ABORTO ES MISÓGINA EN SU MÁXIMO ESPLENDOR”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 24 de agosto de 2016. http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/5627