El significado de la inconstitucionalidad de la amnistía: el centro son las víctimas.
El significado de la inconstitucionalidad de la amnistía: el centro son las víctimas.
El significado de la inconstitucionalidad de la amnistía: el centro son las víctimas.
El significado de la inconstitucionalidad de la amnistía: el centro son las víctimas.

*Por Manuel Escalante

La inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General “para la Consolidación de la Paz” marca un antes y un después en la historia salvadoreña. Sin duda, el valor de esta sentencia consiste en haber puesto a las víctimas en el lugar que les corresponde, como  personas dignas de poseer derechos fundamentales en todo momento. En la guerra no todo se vale. Los Estados tienen la obligación constitucional de conservar y proteger la vida de la sociedad civil en toda circunstancia, incluso en los conflictos armados. En suma, los Estados soberanamente se han autoimpuesto una serie de obligaciones internacionales para evitar la limitación injustificada de los derechos de aquellas personas que no son combatientes. Es el no cumplimiento de esas obligaciones constitucionales e internacionales lo que da pie a los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

En ese sentido, ante las transgresiones sistemáticas contra esas obligaciones, durante el conflicto armado, la Sala de lo Constitucional enfatiza la conveniencia de adaptar nuestro sistema legal y jurisdiccional para la reparación de las graves violaciones de derechos humanos cometidas. Como sociedad conviene que reflexionemos sobre el significado, el alcance y las formas para hacer realidad los mandatos de la sentencia. Ante una circunstancia tan trascendental, las salidas fáciles, sin reflexión y apresuradas sólo nos meterán en nuevos atolladeros en el futuro. Si luego del informe de la Comisión de la Verdad se hubiese pensado y consultado socialmente la conveniencia de decretar una amnistía en los términos en que se hizo, se hubiese ahorrado la incertidumbre en la que hoy nos encontramos.

Entre otras cosas, quizá necesitemos un sistema judicial distinto. En la justicia transicional, por ejemplo, el centro del proceso judicial es la dignidad vulnerada de la víctima y sus familiares. En pocas palabras, uno de los retos que nos abre la sentencia es trasladar el centro del proceso judicial del castigo del victimario a la dignificación de las víctimas. El actual sistema penal prioriza la sanción y no la reparación de los derechos ni el restablecimiento del tejido social. Una muestra que nuestro sistema penal actual no cumpliría con lo esperado a partir de la sentencia, es el uso excesivo de la figura del testigo criteriado. Con el afán de aumentar el porcentaje de efectividad, en relación a las condenas obtenidas, no es extraño que la fiscalía utilice mayoritariamente  este tipo de testigos, que no es más que un miembro del grupo criminal que participó en el delito. El uso del testigo criteriado es una decisión que el fiscal toma para darle beneficios a este delincuente por su ayuda, sin siquiera consultarle su parecer a la víctima o sus familiares.

Así como la Sala nos muestra la importancia de incorporar el derecho y la jurisprudencia internacional, porque refuerza nuestro contenido constitucional, es oportuno que se produzcan cambios de mentalidad en relación a la importancia del ser humano frente a la acción estatal, en cualquier circunstancia. Por ejemplo, muchos analistas jurídicos hablan que esta sentencia que reconoce los delitos contra la humanidad (delitos de lesa humanidad) constituye en sí misma un delito contra la patria (delito de lesa patria), anteponiendo un concepto abstracto frente a personas concretas. Sin entrar a valorar la existencia o no del delito de lesa patria, lo cierto es que dichos análisis olvidan que el origen y el fin de nuestro Estado, nuestra patria, es la persona humana (art. 1 Constitución).

En otras palabras, un crimen contra la humanidad en El Salvador es un crimen contra los seres humanos, contra las personas salvadoreñas, es decir, contra el elemento que justifica la existencia del Estado mismo. Aún más, si consideramos que las víctimas también eran ciudadanos, eran del pueblo, los crímenes en su contra fueron crímenes contra el soberano, pues no hay que olvidar que la soberanía de nuestra patria reside en el pueblo (art. 83 Constitución).

En fin, nos encontramos ante un escenario que exige discusiones de alto nivel sin que ello signifique la participación exclusiva de las élites políticas; dentro de las cuales aún continúan algunos mencionados en el informe de la Comisión de la Verdad. Contrario a lo ocurrido en 1993, es oportuno que el alto nivel signifique la inclusión y participación activa de las víctimas. Después de todo ellas tienen mucho que decirnos y sus aportes sobre lo que haremos, también puede tener un efecto reparador. Por otro lado, la Sala nos recuerda que el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, así como la reparación de sus derechos, no se traduce en su derecho a la venganza, más bien es una obligación estatal que debe cumplirse para equilibrar la defensa y conservación de los derechos vulnerados.

Ahora bien, es llamativo que en la fundamentación de la sentencia la Sala haya recurrido a los informes de la Comisión Interamericana Derechos Humanos relativo al caso salvadoreño sobre el asesinato de Monseñor Romero, pero en nada haya retomado el informe sobre la Masacre de la UCA, en el cual claramente la Comisión le recomendó al Estado salvadoreño, en 1999, derogar la ley de amnistía  que ahora se declaró inconstitucional, por estar en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos.

*El Autor es Catedrático del departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA)