*Msc. Héctor Solís

No sería extraño que hayamos escuchado de algún ciudadano y hasta de un profesión del derecho, clamar expresiones, que popularmente se denominan “comentarios de corredor”, de los cuales manifiesten, que en algunos casos tuvieron que suplicar que su causa se tramite en uno u otro determinado juzgado, oficina o Tribunal, ya sea porque ese es más diligente y su actuación es apegada a derecho;  O de aquel ciudadano, que describe lo tedioso que le ha sido, la simple presentación de un documento, contrato o instrumento legal, en un registro, una oficina o dependencia pública, no se diga el retardo de su gestión o resolución del caso, tanto para su admisión o recepción hasta su conclusión.

De eso, no se puede negar, que en algún momento de nuestro cotidiano vivir, hemos escuchado frases como: “tenía que ser empleado público”, “que burocracia en esta oficina”, “no hay que pelear con la cocinera, porque si no, no sale la resolución de mi caso”.

Es en esos momentos, cuando nace la reflexión si la adecuada administración de las entidades públicas, es un reto para los burócratas o si cada ciudadano es responsable de que la administración en los servicios públicos sea adecuada y eficiente.

Si bien es cierto, a través de la historia se ha hecho referencia, a la organización y funcionamiento de las administraciones públicas, bajo aquellos aspectos planteados por Mostesquieu, Hans Kelsen y Rousseau, sobre la división de poderes y el sometimiento a la ley, estableciéndose para ello mecanismos de control de las diversas actuaciones públicas.

Unas de las garantías para la protección de los derechos, es la eficiente prestación del servicio público, el cual ya es un reto, y no solo del administrador (llámese Estado), sino de los ciudadanos

De hecho, no solo debemos saber “¿Qué es administración pública?” sino el “¿Cómo es esta administración?”, la respuesta a la primer interrogante, puede ser abordada de diversos aspectos, de los cuales encontraremos:

Doctrinariamente COUTURE define en general a la administración pública, como una acción y efecto de cuidar un bien o realizar la gerencia de un patrimonio, público o privado, con el fin de asegurar la normal productividad de los mismos.

Por otra parte, para el historiador Henry Brook Adams, nos dice que la administración es:

La capacidad de coordinar hábilmente muchas energías sociales con frecuencias conflictivas en un solo organismo, para que aquellas puedan operar como una sola unidad“.

Así como también encontramos que el Ingeniero y Administrador de empresas Henry Fayol[1] refiere que “administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar“.

Desde cualquier perspectiva que se defina, sea esta jurídica, social, o administrativa, encontraremos un aspecto común “la efectividad de los recursos en beneficio de la unidad”.

Ahora bien, partiendo de la idea, de que el Estado es la creación del ser humano, el cual a su vez, su funcionamiento está estructurado en determinados Órganos y competencias con el objeto de satisfacer el interés general;  es de orden considerar que esta administración, se encuentra sujeta al principio de legalidad y de interdicción de la arbitrariedad, y que los entes que le conforman no poseen más atribuciones que aquellas que expresamente les reconoce la Constitución y la ley, por tanto el funcionario o servidor público que desempeña determinada función, está revestido de legitimidad y obligado a ejercerla en función del bien común.

Con lo anterior, esta administración, debe ser organizada para ser eficiente, y así alcanzar los fines de la misma; menciono esto, porque en diversas ocasiones encontraremos, actos que se consideran arbitrariedades, ignorancia o desconocimiento de la ley, por parte de los servidores, empleados o funcionarios públicos, al momento de realizar una gestión ante la administración pública de cualquier índole.

Podría darse el caso, a manera de ejemplo, que en el ámbito jurisdiccional, en “rara” ocasión, a un colaborar jurídico se le atribuya por parte del Juez, la responsabilidad de hacer la resolución, analizar el caso e interpreta la ley y elaborar la resolución y el juez únicamente firme la resolución, y ante una situación de inconformidad del justiciable, manifestada ya sea en audiencia o cuando llega a 2ª instancia, evidenciara el Juez que firmó la resolución, las consecuencias generadas por la forma de como administra las atribuciones y funciones de su juzgado o tribunal, afectando con ello hasta el justiciable.

También puede darse, que en el ámbito administrativo, ya sea un registro público o ministerio, establezcan procedimientos o requisitos, que más que generar un orden en la administración, generen una ineficaz burocracia, al grado de obviar hasta la misma ley, y es que, en algún momento habremos encontrado en una dependencia pública, que un empleado o servidor público, nos requiera requisitos de fondo o forma, ya sea para la admisibilidad o en la presentación de un trámite, sea este registral, documental o de servicio, cuando el administrado ha cumplido con los requerimientos del ordenamiento jurídico, el cual es el límite y cauce de la administración pública.

En todos los escenarios posibles, en los cuales se administren recursos públicos o Estatales, ya sean estos personales, logísticos, económicos, puede haber deficiencia en su conformación, pero no en su administración.

De ahí la respuesta a la segunda interrogante, y es que se debe tener presente, que la deficiencia de un elemento, no debe ser causal para eludir el marco legal y reglamentario;  ya que con ello se está incurriendo en una meramente arbitrariedad, la cual no solo es atribuible al titular, sino que al mismo empleado o servidor público.

Por ende es esencial, que las actividades administrativas gocen de confiabilidad por parte del administrado, lo cual es posible partiendo desde el hecho de garantizarle un buen servicio, hasta la pronta y eficaz respuesta, bajo el amparo de la legalidad, por medio de la realización y correcta práctica de todos los principios constitucionales, ya que con ello se genera una certeza y seguridad jurídica en el sistema público.

La administración pública, es compleja y se rige por principios como el de eficacia, trasparencia, coordinación, eficiencia y legalidad entre otros, y es obvia la necesidad de establecer mecanismos de control de la Administración pública, y que no solo controlen la legalidad de su actuación, sino garanticen la legitimidad y eficiencia de la misma frente al ciudadano, y que sea de interés general.

Para cumplir con este fin, es imperante en primer lugar:

“Que el sentido firme del funcionario sea práctico y devenga primordialmente de la supremacía de la ley, como expresión de la voluntad general, bajo la óptica de la doctrina del pensamiento político-cultural” y en segundo lugar, bajo esa administración responsable, “la iniciativa del trabajador” sea prácticamente con absoluta regularidad y eficiencia, ya que de no ser así, el Estado que está conformado por todos y cada uno de nosotros es el principal afectado, y lógicamente uno de sus elementos que le conforman, dígase la población, padecerá de dichas consecuencias.

Al reflexionar al respecto, es de considerar que no solo se debe exigir al Estado, al funcionario o servidor público, que cumpla con su función y realice una adecuada administración pública, sino que, esa exigibilidad parta del plano personal, en el cual el respeto al derecho ajeno y el adecuado uso de los mecanismos conlleve a la satisfacción de los interés personales y sociales.

Por lo cual, es de cada salvadoreño, desarrollar aquella actitud que permita construir una mejor sociedad y así poder genera aquellas aptitudes en los funcionarios y servidores públicos, que les permita solventar la deficiencia en las actividades administrativas.

Entonces la respuesta a esta interrogante le corresponderá a cada uno de nosotros,  ¿ES UN DESAFÍO O UNA EXIGENCIA PARA SU EFICIENCIA?

Referencia:

[1] El modelo administrativo de Fayol (considerado como el verdadero padre de la moderna Administración) se basa en tres aspectos fundamentales: la división del trabajo, la aplicación de un proceso administrativo y la formulación de los criterios técnicos que deben orientar la función administrativa.

Sobre el autor: *Msc. Héctor Antonio Solís Guardado, Abogado y Notario.