La Corte Penal Internacional.
La Corte Penal Internacional.

A partir del uno de junio del corriente año, el Estado salvadoreño se volvió parte de los países a los cuales le es aplicable el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) (Estatuto de Roma), lo cual implica que a partir de dicha fecha, nos encontramos sometidos a la jurisdicción de dicho Tribunal Internacional.

La finalidad de la CPI es juzgar a los autores de crímenes de guerra en países en los que, a consecuencia del conflicto, no existe capacidad de procesarlos con garantías mínimas de efectividad. Su fundamento es el principio de justicia universal como valor supremo, que se complementan con los principios del derecho penal internacional, que tienen a su base dos fenómenos jurídicos, a saber: la autoprotección del Estado (de ahí los principios real o de defensa y pasivo de la nacionalidad) y la solidaridad entre los Estados (principios de la distribución de competencias, activo de la nacionalidad o personalidad, y de protección de bienes comunitarios).

Características.

La CPI es una institución de carácter permanente, subsidiario de las jurisdicciones penales nacionales, dotada de personalidad jurídica internacional y vinculada a Naciones Unidas.

1.-Carácter permanente.

La CPI busca ser más justa y equitativa con relación a la creación los cuatro tribunales internacionales ad hoc que se han establecido hasta la fecha, cuyo originen responde a una decisión política del Consejo de Seguridad, en donde existe la posibilidad de que, al no existir voluntad política de crearlos, determinados crímenes internacionales podrían quedar impunes.

2.-Subsidiariedad

Tal y como indica el artículo uno del Estatuto, la Corte será complementaria a las jurisdicciones penales nacionales. En ese sentido, los Estados tendrán preferencia para investigar y enjuiciar los crímenes sometidos a la jurisdicción de la Corte, por lo que la competencia de la Corte es subsidiaria; a no ser que el Estado de que se trate reconozca su incompetencia para ello, caso en el cual puede ser adoptada directamente; o incluso, la CPI puede actuar de oficio, vía la fiscalía, o bien por el Consejo de Seguridad en caso de Estado fallido finalizado dicho conflicto.

3.-Estatuto internacional

La Corte gozará de personalidad jurídica internacional y tendrá capacidad jurídica para el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus propósitos (artículo 4 ECPI). Esta institución estará relacionada con Naciones Unidas a través de un acuerdo establecido por la Asamblea de Estados Partes en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y concluido por el presidente de la Corte en su representación (artículo 2 ECPI).

Estructura y organización de la corte penal internacional.

  • La CPI.

Con sede en la Haya, Holanda, está compuesta por dieciocho magistrados nombrados para un periodo de nueve años, designados en razón de sus atributos personales, profesionales y morales, por su experiencia y relación con actividades judiciales, representando a los principales sistemas jurídicos del mundo, bajo una correcta distribución geográfica equitativa y en representación equilibrada de magistrados mujeres y hombres.

Son designados por la Asamblea de Estados Partes y cumplen un régimen de dedicación exclusiva respecto de desempeñar otros cargos. Tiene una Presidencia y dos vicepresidentes.

Cuenta con tres secciones, a saber:

a) Sala de Cuestiones Preliminares: Formada por tres jueces, con la finalidad de realizar el control jurisdiccional durante la etapa instructora, con una suerte de compromiso entre el esquema adversarial del derecho anglosajón, en el que el fiscal lleva adelante la investigación, y la figura continental del juez de instrucción.

b) Sala de Juicio: Formada por tres jueces, con la función de la sustanciación del juicio.

c) Sala de Apelaciones: Formada por seis jueces, con la función sustanciar los recursos de apelación y de revisión previstos en el artículo 80 del Estatuto. También tendrá la facultad de revisar las decisiones respecto de jurisdicción o admisibilidad o respecto de la libertad del imputado, dispuestas por la Sala de Cuestiones Preliminares (artículo 81).

  • El fiscal.

La fiscalía es un órgano separado e independiente de la Corte, integrada por un fiscal y sus adjuntos, cuyo nombramiento es a título personal, por los miembros de la Asamblea de los Estados Partes. Ocupa igualmente su cargo por nueve años y se le exige extensa experiencia práctica en el ejercicio de la acción penal o la sustanciación de causas penales, con un excelente conocimiento y dominio del inglés o el francés. Le compete la realización de las investigaciones a través de una compleja red institucional que involucra a la Corte, particularmente la Sección de Cuestiones Preliminares y aun a la Asamblea de Estados Partes.

  • La Secretaría.

Está encargada de llevar los aspectos no judiciales de la administración de la CPI. Se encuentra integrada por un secretario y un secretario adjunto. A diferencia de la designación de los magistrados que proviene de la Asamblea de Estados Partes, ésta ocurre por los magistrados en votación secreta por mayoría absoluta. Cumplen un periodo de cinco años con una posible reelección.

  • La Asamblea.

El estatuto prevé la instauración de una Asamblea de los Estados Partes. Cada Estado parte tendrá un representante en la Asamblea y tendrá un solo voto; las decisiones se toman por consenso, a excepción de cuestiones de fondo que se requiere el voto de dos tercios de los miembros presentes y votantes, con la obligación de celebrar una sesión ordinaria al año y con la posibilidad varias sesiones extraordinarias.

Jurisdicción.

Para llevar a cabo una correcta función, la CPI ha dividido la jurisdicción en varias ramas, las cuales son las siguientes:

1.- Jurisdicción rationae loci.

La CPI es competente para juzgar los crímenes cometidos en el territorio de un Estado Parte y los cometidos en cualquier lugar por nacionales de un Estado Parte. Sin embargo, existe la posibilidad de que pueda juzgar crímenes cometidos en el territorio de estados que no son parte de su Estatuto o por nacionales del Estado en cuestión en dos supuestos previstos en el artículo 14, que son:

a) cuando los presuntos crímenes son sometidos a la fiscalía por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, esto es, cuando califica una situación como una agresión, una amenaza a la paz y la seguridad internacionales o un quebrantamiento de la paz y la seguridad internacionales; y

b) cuando el Estado afectado, mediante una declaración ad hoc, acepta la jurisdicción de la Corte respecto a presuntos crímenes cometidos en su territorio o por nacionales suyos.

2.- Jurisdicción rationae personae.

Con relación a las personas que pueden ser enjuiciadas por la Corte, éstas deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser persona física. Las personas jurídicas no pueden ser juzgadas por la CPI.

b) Ser mayor de dieciocho años.

c) No haber sido juzgado anteriormente por el mismo delito (non bis in ídem), salvo que el juicio en cuestión tuviera la finalidad de proteger a la persona de responsabilidad criminal por crímenes sometidos a la jurisdicción de la Corte o que el juicio no se hubiera desarrollado de forma independiente e imparcial con arreglo a las normas del derecho internacional.

d) Por otra parte, el Estatuto se aplica a toda persona con independencia de su cargo, sin posibilidad de alegar inmunidades.

3.- Jurisdicción rationae temporis.

La CPI sólo tiene jurisdicción respecto a los crímenes cometidos con posterioridad a la entrada en vigor del Estatuto o con posterioridad a la fecha en que el Estatuto entra en vigor para un Estado.

4.- Jurisdicción rationae materiae.

La CPI es competente para juzgar una serie de crímenes que su estatuto estipula. Al ratificarlo, los Estados aceptan ipso facto la jurisdicción de la Corte sobre todos los crímenes previstos en el mismo, sin que los Estados puedan introducir reserva alguna o declarar que sólo aceptan la jurisdicción de la Corte respecto a determinados crímenes. La única excepción a esta regla general es la cláusula de exclusión prevista en el artículo ciento veinticuatro.

Crímenes sometidos a la jurisdicción de la CPI.

El artículo 5 del Estatuto afirma que la Corte extenderá su jurisdicción sobre “los más graves crímenes que conciernen a la comunidad internacional en su conjunto”, entendiendo por tales el crimen de genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, así como la agresión.

En relación con estos crímenes son responsables criminalmente los autores, quienes ordenan, solicitan o inducen a cometerlos; quienes facilitan o colaboran en su ejecución y, en el caso del genocidio, quienes incitan directa y públicamente a otros a cometerlo. Por otra parte, existe responsabilidad criminal por la consumación del crimen y por la tentativa de cometerlo, salvo que quien intente cometer un crimen abandone completamente y voluntariamente su intento.

1.- Genocidio.

La definición de genocidio que ofrece el Estatuto es la misma contenida en la Convención para la prevención y la represión del crimen de genocidio del nueve de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, que define este crimen como un conjunto de actos cometidos con la intención de destruir en todo o en parte un grupo nacional, étnico, racial o religioso, dejando de lado otros grupos como los sociales o los ideológicos.

El crimen de genocidio se caracteriza por dos elementos: uno subjetivo, consistente en la voluntad de destruir total o parcialmente uno de los grupos humanos enumerados y, otro objetivo, consistente en la comisión de alguno de estos actos, tanto en tiempo de paz como de guerra: a) matar miembros del grupo; b) atentar gravemente a la integridad física o mental de miembros del grupo; c) someter intencionalmente al grupo a condiciones de existencia que ocasionen su destrucción física total o parcial; d) medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) transferencia forzosa de niños de un grupo a otro.

2.- Los crímenes contra la humanidad.

Para que los actos en cuestión sean considerados crímenes contra la humanidad deben haber sido cometidos de conformidad con un ataque “generalizado o sistemático” que incluya “la comisión múltiple de actos” y que éstos se lleven a cabo “de conformidad con la política de un Estado o de una organización”.

Los actos que constituyen crímenes contra la humanidad, si se dan las condiciones que acabamos de mencionar, son los siguientes: a) homicidio o asesinato; b) exterminio; c) esclavitud; d) deportación o transferencia forzosa de población; e) encarcelamiento u otra privación severa de la libertad en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) tortura; g) violación, esclavitud sexual, prostitución, embarazo o esterilización forzosa u otra forma de violencia sexual de comparable gravedad; h) persecución contra un grupo o colectividad identificable fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos en conexión con alguno de los crímenes sometidos a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional; i) desaparición forzada de personas; j) el apartheid, consistente en la comisión de actos inhumanos de naturaleza similar a los anteriores cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de sistemática opresión y dominación por un grupo racial sobre otro grupo o grupos raciales y cometidos con la intención de mantener ese régimen; k) otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos a la salud mental o física.

3.- Los crímenes de guerra.

El artículo ocho del Estatuto concede jurisdicción a la Corte sobre una lista exhaustiva de crímenes de guerra, de los cuales, treinta y cuatro corresponden a conflictos armados internacionales y dieciséis a conflictos armados internos. La jurisdicción de la Corte se extenderá “en particular” cuando los crímenes de guerra sean cometidos como parte de un plan o política o como parte de la comisión a gran escala de tales crímenes. Aunque esta redacción no impone una nueva limitación a la Corte, deja claro que el objetivo es dar prioridad a los actos más graves.

La gran mayoría de los crímenes incluidos se han tomado directamente o se derivan de las disposiciones de los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 sobre la protección de las víctimas de los conflictos armados y de los dos Protocolos de Nueva York del 8 de junio de 1977, que aumentan la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo nº 1) e internos (Protocolo nº 2).

Penas.

El Estatuto permite que la Corte imponga penas de reclusión a perpetuidad o por un número determinado de años no superior a treinta y, como penas accesorias, también puede imponer multas u órdenes de decomiso. La pena de muerte está prohibida.

Las sentencias dictadas por la Corte tienen el valor de cosa juzgada y, en consecuencia, ninguna persona puede ser juzgada por un tribunal estatal por un hecho por el cual haya sido condenada o absuelta por la Corte Penal Internacional.

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LANDAVERDE, MORIS. “LA CORTE PENAL INTERNACIONAL”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 07 de mayo de 2016. http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/5183