Sobre las reformas extraordinarias al Código Penal: Vino nuevo en odres viejos.
Sobre las reformas extraordinarias al Código Penal: Vino nuevo en odres viejos.

Apenas el pasado jueves 21 de abril del presente año, en el seno de la Asamblea Legislativa se aprobaba con bombos y platillos el tercer paquete de medidas extraordinarias para frenar la alarmante situación de delincuencia que atraviesa nuestro país. Este paquete de medidas son inicialmente presentadas a la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad por el Fiscal General de la República, Douglas Arquímedes Meléndez, el día siete de abril del presente año[1]. A estas medidas de carácter legal, se suman a otras medidas también extraordinarias en el ámbito penitenciario y en materia de seguridad implementadas en las semanas anteriores.

Específicamente, en el ámbito penitenciario, desde el primero de abril del presente año se implementan mecanismos tales como: 1) Habilitar centros temporales de reclusión, 2) El traslado de reos de centros penales, 3) El aislamiento de reos mediante encierros, incluso en celdas especiales, 4) La restricción de visitas a reos, cuando sea necesario, y, 5) la participación obligatoria en actividades reeducativas.

Por su parte, en materia de seguridad pública se conforman las “Fuerzas Especiales de Reacción de El Salvador” (FES) y las “Fuerzas de Intervención y Recuperación de Territorios” (FIRT), el FES es conformado por 600 efectivos de la Fuerza Armada (comando “Trueno”), 400 agentes de la PNC y 31 fiscales auxiliares, teniendo como finalidad la neutralización de estructuras delictivas, la captura de cabecillas de pandillas, y la detención de quienes cometen homicidios[2], mientras que las FIRT se conforman por 600 efectivos de la Fuerza Armada y 200 agentes de la Policía Nacional Civil teniendo como finalidad declarada el apoyo a las FES y la recuperación de 81 zonas de 10 municipios de alta peligrosidad (37 de estas zonas pertenecen al área metropolitana de San Salvador)[3].

Apenas el pasado 26 de abril, los medios de comunicación servían como caja de resonancia al primero de los despliegues  de la FIST en una de las zonas de más alta peligrosidad de la ciudad de Soyapango, la colonia “La Campanera”, misma que apenas destaca en cualquier conversación por dos razones fundamentales: la primera, por encontrarse dentro del mapa de pobreza urbana presentado  por las Naciones Unidas, y en segundo lugar por considerarse uno de los principales hervideros de violencia pandilleril en nuestro país, una colonia que básicamente se formó con la presencia de la mara 18 teniendo por cabecilla durante mucho tiempo uno de los rostros más identificables de las maras: “El viejo Lin”[4].

Volviendo con las medidas legales, la asamblea legislativa esencialmente aprobó dos tipos de modificaciones en materia penal:

1) Reformas al código penal que incluían la modificación de delitos existentes (para agravarlos aumentando su pena o creando modalidades agravadas  típicas con mayor pena) o la creación de nuevas especies delictivas, y,

2) Modificaciones a otras leyes distintas al código penal, como lo son la ley especial contra actos de terrorismo, la ley penal juvenil, el código procesal penal, y la ley especial de extinción de dominio.

Entre las modificaciones al código penal encontramos cambios en los delitos de: Homicidio Simple (Art. 128), la Agravación Especial del delito de Coacción y Amenazas (Art. 155), la del Allanamiento de Morada (Art. 188), el Allanamiento de Lugar de Trabajo o Establecimiento Abierto al Público (Art. 189), la Inducción al Abandono (Art. 203), etc.

Estas modificaciones pueden representar una de dos cosas: Un simple y llano  aumento de la sanción, como sucede en el homicidio simple, cuya pena de prisión aumenta de 15 a 20 años (en la legislación actual tiene una pena de 10 a 20 años), o bien la adaptación de una figura delictiva pre-existente a particulares modalidades delictivas que el legislador desea castigar, modalidades sui generis (de su propio género) preferentemente vinculadas con ciertos ámbito delincuenciales destacando el pandilleril, como sucede en la “Agravación especial” del delito de coacción y amenazas que ahora podrá ser realizado “mediante la utilización de cualquier forma de lenguaje no verbal, tales como grafitis, señas, inscripciones, símbolos, dibujos u otros”.

Pero además, por si estas modificaciones a especies delictivas ya existentes no fuesen suficiente, las reformas que se hacen al código penal también crearon nuevos delitos o tipos penales, entre los cuales se puede citar la “Limitación ilegal a la libertad de circulación” (152 “A”), la “Resistencia agresiva” (337-“A”), una variedad nada despreciable de delitos relacionados con los vehículos de motor empeñados en llegar a la mitad del alfabeto (castigándose el hurto -214 “D”-, la apropiación indebida -214 “E”-, el robo -214 “F”-, el desarme del vehículo -214 “G”-, la receptación -214 “H”-, la modificación de placas -214 “J”, y por si lo anterior no bastase, la mera tenencia y posesión ilícita de la placa -214 “K”), y más allá de lo anterior, se adiciona un curioso tipo penal de “Prenda sobre armas de fuego” (447 “C”), mismo que aparentemente castiga prestar dinero utilizando como prenda un arma de fuego, no importando que el arma tenga matricula o licencia de portación a nombre de otra persona, en otras palabras, una “Tenencia, portación o conducción  ilegal o irresponsable de arma de fuego” (346 “B”) de quien tiene un arma como garantía prendaria (La pregunta es inevitable: ¿Qué tanto se presenta esta modalidad delictiva en nuestro país como para tener que regularla separadamente?).

VINO NUEVO EN ODRES VIEJOS.

Aunque este “frenesí” legislativo se inserta dentro de las “medidas extraordinarias” contra la criminalidad, no hay duda que todas ellas comparten tendencias ya conocidas en nuestra política criminal desde hace mucho tiempo, es decir, se trata de medidas sumamente regulares u ordinarias en el tipo de política criminal a la que estamos acostumbrados, en realidad lo de “extraordinarias” solo se cumple en el nombre.

En cuanto al aumento de penas a especies delictivas existentes, como en el “Homicidio Simple”, se trata de una vieja tendencia que arranca prácticamente desde la promulgación del código penal vigente, tal como lo atestiguan los delitos que atentan contra la vida, específicamente el “Homicidio Agravado”, un tipo penal que ya ha sufrido ocho procesos de reforma, y posee actualmente una pena que llega hasta los sesenta años de prisión, una virtual cadena perpetua para quien reciba dicha condena, sobra decir que el aumento de esta pena jamás se materializó en una disminución sensible, o siquiera perceptible de los homicidios en nuestro país. Pero el Homicidio Agravado no fue el único tipo penal modificado en el proceso de contra reforma al código penal, a este se pueden sumar delitos relacionados a la libertad e indemnidad sexual, el robo, la extorsión, la receptación, la conducción de mercaderías de dudosa procedencia, las agrupaciones ilícitas, la privación de libertad, el secuestro y otros muchos que es imposible citar por razones de espacio, y que ya habían sufrido modificaciones legales aumentando su pena, o admitiendo nuevas modalidades típicas.

"...mientras las comunidades de alto riesgo solo conozcan del Estado a sus militares, armas de ráfaga y las requisas, no importa cuántas leyes y nuevos delitos surjan, no importa que tan repetitivos o tautológicos sean , de nada servirá, o sencillamente servirá muy poco..."
“…mientras las comunidades de alto riesgo solo conozcan del Estado a sus militares, armas de ráfaga y las requisas, no importa cuántas leyes y nuevos delitos surjan, no importa que tan repetitivos o tautológicos sean , de nada servirá, o sencillamente servirá muy poco…”

La creación de tipos penales sui generis (de su propio género), o a la medida para coincidir con muy específicas conductas que solo pueden entenderse en el contexto salvadoreño, también es una práctica reiterada, ya la tristemente célebre “ley antimaras” de octubre del 2003 poseía tipos penales tan peculiares como pernoctar en cementerios, estar en centros de videojuegos, o transitar por la calle sin documento de identidad; por su parte el código penal también se han visto invadido por modificaciones sui generis (de su propio género), el delito de extorsión por ejemplo, hace mucho tiempo se vio obligado a abandonar su redacción original, en el sentido de “obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico”, sencillamente en el término “acto o negocio jurídico” no podía cobijarse la “renta” que imponen los pandilleros, lo mismo sucede con algunas de las modalidades agravadas de este delito, como el empleo de menores de edad o incapaces para cometerlo, o planearlo u ordenarlo desde un centro penal, se trata de supuestos incomprensibles para cualquier extranjero que viva fuera de nuestro país, un contexto en el cual la “renta” es algo de todos los días, que se suele solicitar utilizando menores de edad para evitar la aplicación de la legislación de adultos, y sistemáticamente ordenados por centros penales con poco o nulo control sobre su espacio.

Por supuesto, sobra decir que todos estos cambios de pena y modificaciones “a la carta” ni sirvieron para disminuir los hechos de homicidios ni tampoco para reducir los casos de extorsión, de hecho en este último delito pasó curiosamente lo contrario y luego que fue reformado en el año 2006 para aumentar su pena y adicionar siete modalidades agravadas, se reportaba en el 2008 que los casos de extorsión habían aumentado, y en el año 2010 casi duplicado.

Con lo anterior no afirmamos que sucederá lo mismo con las presentes reformas legales “extraordinarias” al código penal, sin embargo, es perfectamente válido debatir sobre la eficacia de las mismas mientras en estas no se resuelva la dificultad fundamental que impidió la eficacia de las anteriores reformas similares, nos referimos a la ausencia de un trabajo de investigación realizado descoordinadamente sin contar con las condiciones materiales y salariales  adecuadas, además de la ausencia de verdaderas garantías y mecanismos de protección para víctimas y testigos.

Mientras que las instituciones encargadas de la investigación del delito continúen con su trabajo en condiciones precarias y lógicas distantes, tal como se ha venido evidenciado desde hace más de 10 años en otros trabajos de investigación[5], mientras no se pueda ofrecer a víctimas y testigos un verdadero régimen de protección que asegure seguridad durante la realización del proceso y una vez sea finalizado el mismo[6], mientras  las comunidades de alto riesgo solo conozcan del Estado a sus militares, armas de ráfaga y las requisas, no importa cuántas leyes y nuevos delitos surjan, no importa que tan repetitivos o tautológicos sean[7], de nada servirá, o sencillamente servirá muy poco, pues este es un tema que no puede resolverse simplemente metiendo humvees y helicópteros artillados en las colonias populosas.

Referencias:

[1] http://www.fiscalia.gob.sv/fiscal-general-presenta-propuesta-nuevos-delitos-ante-asamblea-legislativa/

[2] http://diario1.com/zona-multimedia/2016/04/gobierno-presenta-fuerzas-especializadas-para-contrarrestar-pandillas/

[3]

[4] http://www.elfaro.net/es/201006/especiales/1969/Vivir-en-La-Campanera.htm

[5] http://seguridadyjusticia.blogspot.com/2005/10/resumen-ejecutivo-de-investigacin.html

[6] http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/1391

http://www.salanegra.elfaro.net/es/201307/cronicas/12600/

[7] De hecho, el nuevo delito de “Prenda sobre armas de fuego”, no es más que una tenencia ilegal de arma de fuego de una persona que se hace del arma como garantía prendaria, las siete modalidades de delitos relacionados con automotores, no son más que estadios de agotamiento del delito de hurto, o distintas formas de receptación, algo similar a lo que sucede con la “Limitación ilegal a la libertad de circulación” (152 “A”), que no es más que una forma de coacción, o en su caso de privación de libertad.

Si deseas citar este artículo hazlo así:

FEUSIER, OSWALDO. “SOBRE LAS REFORMAS EXTRAORDINARIAS AL CÓDIGO PENAL: Vino nuevo en odres viejos”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 09 de mayo de 2016 http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/5047