¿Juzgar niños como adultos?
¿Juzgar niños como adultos? "Me parece inadecuado, populista y retrograda" Magistrado Alex Marroquín

En un contexto social altamente convulsionado, todo apuntaría a que el Estado pondría sus energías en fortalecer el desarrollo de la institucionalidad del sistema de Protección Integral, pues es la Niñez tierra fértil para buscar la construcción de una mejor sociedad o, de caer en malas manos, para la reproducción de conductas fuera de la ley, por la facilidad de manipulación a tan corta edad, por ello Enfoque Jurídico entrevistó a una de las personas con más conocimiento en materia de Niñez en nuestro país y a nivel latinoamericano, nos referimos a Alex David Marroquín, Magistrado de la Cámara Especializada de Niñez y Adolescencia, quien nos comentó sobre los avances y las deudas existentes desde la implementación de la Ley de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia, además nos expuso su análisis crítico en cuanto a la recién aprobada Ley Especial de Adopciones y nos compartió su opinión en cuanto a la propuesta en materia de seguridad de juzgar a los niños como adultos.

¿Juzgar niños como adultos? "Me parece inadecuado, populista y retrograda" Magistrado Alex Marroquín
¿Juzgar niños como adultos? “Me parece inadecuado, populista y retrograda” Magistrado Alex Marroquín

Enfoque Jurídico (EJ): A 7 años de la entrada en vigencia del nuevo sistema de protección integral, que más que una ley es una nueva forma de hacer sociedad ¿Cuáles son los avances más significativos en materia de Niñez y cuáles son las deudas que aún se tienen?

Alex David Marroquín (ADM): En realidad son sobre 6 años que vamos de la entrada en vigencia de la Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), porque entró en vigencia en enero de 2011, lo que pasa es que el proceso se aprueba en el 2009 y se le da una vacación de ley de un año y después se decide entre en vigencia hasta en enero. Es importante decir que con la LEPINA El Salvador como Estado ha hecho su mejor esfuerzo en orden a adecuarse a los requerimientos, a las obligaciones, que adquirió al suscribir y ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño (la Convención).

Sobre 26 años de tener la Convención sobre los Derechos del Niño como Ley de la República, El Salvador ha mostrado muchas dificultades, muchos obstáculos para transformar su entorno normativo, sociocultural, institucional, a adecuarse al nuevo modelo. En el nuevo modelo de la protección integral lo realmente sustancial es la concepción del niño, de la niña del adolescente como titulares de derechos, eso es lo fundamental porque en oposición a los anteriores modelos, de los cuales nuestra legislación todavía tiene resabios, es que se les consideraba incapaces, objetos de protección, no tenían derechos, no se les reconocía los que le reconoce la Convención.

Antes de esta época de 2009 (de la aprobación de la LEPINA) los esfuerzos habían sido así eufemísticos, una cosa muy tibia, muy sin incidencia y es con la LEPINA donde se asume la idea que tiene la Convención, se pone la primera piedra, hay que destacar que la sola entrada en vigencia de la LEPINA es un aspecto muy importante porque refleja el mejor esfuerzo del Estado salvadoreño, en orden a adaptarse, adecuarse a los términos de la Convención.

También implica un cambio significativo desde el punto de vista normativo en orden al tratamiento jurídico de la niñez y adolescencia, y eso pasa por la visivilización de los distintos grupos que hay en la niñez y adolescencia; pasa por darle contenido al interés superior el artículo 12 (LEPINA), ahora se establece claramente que significa interés superior ya no es una norma indeterminada discrecional sino que tiene contenido concreto; se establece la idea de la autonomía progresiva que es otro concepto fundamental en esto, entonces hay un cambio institucional importante, se crea nueva institucionalidad, se crea el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA), al menos desde la ley se crean las juntas de protección y los comités locales de protección de derechos, la creación de esa nueva institucionalidad también es uno de los grandes aportes.

Ahora, en los obstáculos seguimos teniendo problemas, porque a pesar de que la LEPINA establece por ejemplo, que en cada municipio va haber un comité local de protección a la fecha no creo que haya más de 16, después de casi 6 años, o sea que quiere decir esto, que no ha habido voluntad política, que no ha habido apoyo presupuestario, que no ha habido un enfoque de Estado para entrarle a este tema; pareciera ser que en El Salvador hay como pequeños países, los municipios no quieren asumir la tarea de implementar la ley, el CONNA como ente rectora ha tenido un papel muy tibio en este tema de la promoción de los comités locales, y la poca divulgación de la LEPINA, los problemas interpretativos ha coadyuvado a que este escenario se configure, no hay comités locales en la idea que dice la ley, debería de haber desde el 2011, 262 y hay apenas creo yo un poco más de 16, si no mal recuerdo.

Junta de protección, si hay una por departamento y dos en San Salvador, pero la práctica el trabajo demuestra que necesitamos más apoyo, en todas aquellas zonas con más personas, entonces esta es una falla.

Otro de los elementos que es muy complicado en este momento es la falta de coordinación y articulación de los distintos entes del sistema, y en eso el CONNA no ha tenido el punto, el equilibrio, lo atinado de establecer esos mecanismos, entonces el sistema todavía no funciona como sistema, a pesar de que hay un ente rector y que hay algunos esfuerzos todavía el tema de la coordinación de la articulación de los miembros del sistema es una deuda pendiente; así mismo un proceso masivo de divulgación de la LEPINA, la gente no conoce la LEPINA y a partir de que no conoce la LEPINA se van creando ideas equivocadas de la LEPINA, mucha gente dice “ahora ya no se puede tocar a los niños, ahora ya no se puede hacer nada, ahora es abrirle el “zagúan”, ahora es abrirles la puerta, hoy pueden hacer lo que quieran”… nada más alejado de la realidad.

La LEPINA establece criterios para analizar las personas, los niños, niñas, adolescentes en su contexto socio familiar, cultural, institucional, por supuesto que era necesario una LEPINA, por supuesto que en un régimen autoritario de la familia los que sufren, los que pagan la cuenta son los niños, niñas y adolescentes, en un régimen democrático de la familia pasa por respetar la individualidad, los derechos de esa niña, de ese niño, de esa persona adolescente en concreto.

También a nivel institucional todavía hace falta mucho para asumir el nuevo modelo, las instituciones no parecen estar en la misma sintonía, le pongo un ejemplo: nosotros aquí en la Cámara hemos dicho que sacar pasaporte, no implica pedir autorización y sin embargo siguen pidiendo, y a raíz de eso en algunas sentencias hemos dicho que es un documento de identidad, es un derecho fundamental de cualquier persona, sacar pasaporte no implica salir del país, mandamos la sentencia, le notificamos a la Dirección General de Migración para que girara la información, pero seguimos viendo que siguen pidiendo autorización para entregar ese documento, si llega un adolescente de 16 o 17 años a Migración a querer que le otorguen el pasaporte, no se lo dan porque tiene que ir el papá y la mamá, mire una cosa ridícula porque es un documento de identidad; y así con las juntas de protección habían estado a nuestro juicio interpretando mal la ley, aplicando mal los procedimientos, nosotros hemos notificado al CONNA para que se estandarice, empezamos a ver los resultados de eso, pero a nivel institucional no hay una apropiación del concepto de protección integral, no hay una apropiación del concepto de la LEPINA, no se está desarrollando como dice la LEPINA la institucionalidad no está girando alrededor de la finalidad del sistema, que es garantizar que los niños, niñas y adolescentes ejerzan efectivamente sus derechos.

Una deuda pendiente desde que asumimos el compromiso de suscribir y ratificar la Convención, fue informar periódicamente al Comité de los Derechos del Niño sobre la situación de la Niñez y la Adolescencia en El Salvador, y de los cuatro informes que hemos presentado, las cuatro observaciones que nos ha hecho Naciones Unidas, van en la misma línea, son parecidas, o sea El Salvador no ha adecuado su ordenamiento Jurídico, no lo ha hecho coherente con la Convención sobre los Derechos del Niño y ahora con la LEPINA, entonces usted tiene normas dispersas en el Código Civil, que hablan todavía de incapacidad por minoría de edad, cuando la LEPINA ya es un concepto que ha abandonado; todavía tenemos un sistema penal que invisiviliza el consentimiento del adolescente, entonces todas estas cosas a mi juicio lo que implica es que no hemos tenido capacidad como Estado de adecuar el sistema normativo de los requerimientos de la LEPINA, necesitamos hacer eso.

El Código de Familia es un Código todavía con marcado acento tutelar, necesitamos transformarlo, eliminar el matrimonio adolescente, eliminar la corrección moderada y adecuada porque son temas que ya el comité nos ha dicho: violan la Convención, entonces tenemos mucha tarea, cumplir las observaciones del Comité creo yo que es otra de las tareas, no lo hemos podido hacer, entonces quiere decir que en algunos puntos hemos avanzado muy lentamente y en otros seguimos muy rezagados, esa es la situación así a groso modo del modelo.

"(en) la problemática de la delincuencia, las soluciones no se pueden construir a partir de la ineficiencia institucional, de la ineficiencia normativa, de la inexistencia de presupuesto..."
“(en) la problemática de la delincuencia, las soluciones no se pueden construir a partir de la ineficiencia institucional, de la ineficiencia normativa, de la inexistencia de presupuesto…”

(EJ) Recientemente fue aprobada la nueva ley de adopciones, que era una deuda que tenían los legisladores en materia de Niñez. En virtud de su análisis hecho a dicha ley ¿Cuáles son las consideraciones positivas y negativas sobre la ley?

(ADM) Aquí hay que hilar fino, dicen los voceros de esta ley que es una deuda de la legislatura desde el año 55 a la fecha, no es tan cierto, esa es una media verdad, porque ley tenemos para adopción desde el año 94, el Código de Familia a partir del articulo 165 regula expresamente los aspectos sustantivos de la adopción como los aspectos procedimentales en la ley procesal de familia a partir del artículo 191. No es cierto que no tengamos ley, lo que es cierto es que lo que tenemos no se adecua a los requerimientos de la Convención sobre los Derechos del Niño, a los requerimientos del modelo de la protección integral, a los requerimientos de la Convención de la Haya en materia de adopción internacional, tenemos un Código de Familia que ha regulado la adopción desde el año 94 para acá, y tenemos ahora un procedimiento, es más a partir del año 2000 se hizo modificaciones a la ley, se reformo y se puso plazo, por ejemplo dice en el Código de Familia que el trámite administrativo para autorizar la adopción no va a durar más de 60 días, ley tenemos lo que está pasando es que el funcionamiento institucional está fallando, las instituciones encargadas de verificar el proceso administrativo, son las que están fallando porque si la ley le dice a usted que tiene 60 días para que se produzca en ese lapso tanto la adoptabilidad como la aptitud de la familia que va adoptar, que es lo que está pasando que duran dos, tres, cuatro, cinco años, que la gente se queja de que aquí es muy difícil adoptar, que es muy engorroso, que es muy burocrático, pero ese no es un problema de la ley, ni del órgano judicial, ese es un problema del funcionamiento institucional en el ámbito administrativo, porque si revisamos la ley claramente los plazos son muy cortos, y en sede judicial mucho más corto porque de acuerdo al modelo que tenemos es el procedimiento de las diligencias de jurisdicción voluntaria el que decide, no es un problema de la ley en el sentido de que no existe, ni es un problema del órgano judicial, es un problema del funcionamiento institucional de la Procuraduría General de la República (PGR)en concreto, y del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA).

Ahora bien esa ley que tenemos, esas normas que regulan la adopción, por supuesto que necesitan ser reformadas en muchos aspectos, ¿Por qué? Porque no se adecuan a lo que exige la Convención, no se adecuan a lo que exige el Convenio de la Haya, no se adecuan a lo que hoy exige la LEPINA, por lo tanto si es cierto que necesitamos reformar, necesitamos una nueva ley, por eso digo que nosotros en un pronunciamiento que hicimos como jurisdicción con el apoyo de UNICEF, ISNA, CONNA, dijimos que aplaudíamos la idea de pensar en una nueva Ley de Adopciones, pero no bajo el supuesto que no tenemos nada, porque esa es una media verdad, es más lo que tenemos ahora de acuerdo a lo que le pusieron a la ley, al contenido de la ley, es mucho mejor porque, si bien aplaudimos el esfuerzo legislativo y que por lo menos pidieron la opinión de las entidades que formamos parte del sistema, lo que criticamos es que de nada sirvió pedir la opinión porque no fueron tomadas en cuenta, no fueron incorporadas en la ley, entonces es como que yo la escuche pero al final en realidad no tiene relevancia lo que usted dice.

Hasta la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ha hecho observaciones y casi todos coincidimos en lo mismo, hay como algunos puntos troncales en los que coincidimos que esa nueva ley aprobada viola la Convención sobre los Derechos del Niño, viola la Convención de la Haya en materia de adopción, viola la LEPINA, y viola la Constitución, por ejemplo: declarar la adoptabilidad, la declaratoria de adoptabilidad que le ha sido conferida según la ley a los Jueces de Niñez, eso elimina la subsidiaridad, que es un elemento esencial en la adopción, eso desnaturaliza las funciones y competencias que ya la LEPINA en el sistema le da a los Jueces de Niñez, y además viola la Convención de la Haya en materia de adopción, porque esta habla que tanto la declaratoria de adoptabilidad como la aptitud para adoptar forman parte del trámite administrativo, y viola el artículo 172 de la Constitución porque la decisión del juez prácticamente la supedita a lo administrativo, le da la función de declarar la adoptabilidad, luego pasa al ámbito administrativo, donde se autoriza la adopción y luego vuelve para que el mismo juez decrete la adopción, mire eso creo que desnaturaliza la función judicial de los juzgados que establece el artículo 172 de la Constitución, ese es un elemento central.

Otro de los elementos centrales que hemos identificado son las “guardas pre adoptivas” que establece esta ley, en la LEPINA le pusieron “familia sustituta”, lo mismo en el fondo, es favorecer a una familia con una medida de protección darle el niño durante dura el proceso, y eso está prohibido expresamente por el Convenio de la Haya, no se puede entregar al niño, mientras no haya sido decretada la adopción, por supuesto que eso conlleva un montón de elementos: protección del niño, de la niña, del adolescente, su interés, su integridad. Impide que se produzca una especie de fraude de ley, porque si yo le doy a usted el niño mientras dure el proceso por supuesto que ese niño va a crear vínculos, va crear afectos, difícilmente usted no va hacer la elegida en el proceso y eso elimina la posibilidad de que veamos otras alternativas, a lo mejor mucho mejores para este niño, niña o adolescente, entonces favorece eso, y no solo eso, estamos directamente chocando con una observación del Comité, el Comité nos ha dicho le preocupa que la “guarda pre adoptiva” este en la ley, y viene la Asamblea Legislativa ignorando lo que nos ha dicho el Comité que es una obligación que tenemos, y vuelve a meter el tema de la guarde pre adoptiva… yo siempre pregunto ¿para que aprobamos y formamos parte de un Tratado si no lo vamos a cumplir?.

Otro de los aspectos que choca digamos directamente con la Constitución es atribuirle funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la República, dice que la Procuraduría es la que va a determinar  quién es de domicilio ignorado o no a través de las publicaciones por edicto, eso no puede ser; en primer lugar, porque decir que una persona es de domicilio ignorado para favorecer adopción es una modalidad de desplazar la titularidad en la función parental, eso no se puede hacer por un procedimiento de edicto, eso según la ley debe hacerse a través del proceso de pérdida de autoridad parental, y en cambio aquí fácilmente la Procuraduría lo va hacer, además de eso, es hay que decir que el procedimiento por edicto es altamente vulnerable, y lo ha demostrado la práctica histórica en los Tribunales de Familia.

Usted para quitarse el problema dice que todo es de domicilio ignorado, esconde fraude, falsedades, entonces y que se le atribuya esa función a un ente administrativo que no la tiene, viola la Constitución, y eso está en la ley, de igual manera esta ley establece un régimen de sanciones económicas que esta Cámara va implementar contra los jueces por no cumplir los plazos y entonces decimos nosotros, mire eso choca directamente con la Constitución porque la única facultada para aplicar régimen disciplinario e imponer sanciones es la Corte Suprema de Justicia en pleno, para eso existe la ley de la carrera judicial y están los supuestos, entonces no entendemos cual es la lógica pero está en la Ley y así ve usted hay otro montón de factores en los que hemos coincidido, y hay temas en los que a lo mejor no hemos coincidido pero violan la Constitución a mi juicio

Por ejemplo la norma que prohíbe la adopción o que permite la adopción solo entre hombre y mujer así nacidos, este es un tema recurrente que siempre aparece en época electoral, de establecer hombre y mujer así nacido porque según sus promotores con eso evitamos la posibilidad del reconocimiento de uniones igualitarias por matrimonio, por unión no matrimonial, sería prohibido una adopción entre personas que tienen parejas igualitarias, eso viola directamente el principio de igualdad y no discriminación, se opone a jurisprudencia que de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde establece que la orientación sexual no puede ser un mecanismo para restringir Derechos, porque eso forma parte de la autonomía personal, entonces eso está; lo quisieron meter allá en la Constitución en la reforma, no pudieron, hoy lo meten en la ley, entonces a mí me parece que eso viola el principio de igualdad y no discriminación, estamos estableciendo una diferencia irrazonable a partir de una condición de la persona: su orientación sexual, y definitivamente de mantenerse esa regulación estamos condenados en instancias internacionales porque ¿Cómo defendemos eso? no existe posibilidad de hacerlo.

De igual manera la nueva ley de adopciones dice que exige procuración obligatoria solo para la adopción internacional, pero para la adopción nacional no, o sea y entonces, usted tiene un artículo seis en la LEPINA que dice que la ley es para todos los niños, niñas y adolescentes independientemente de su condición, lo mismo dice la Convención, o sea ¿Cuál es la razonabilidad de decir aquí va necesitar abogado y aquí no? si al final en el proceso de adopción, sea nacional o sea internacional, estamos discutiendo el derecho de un niño a formar parte de una familia, y eso necesita conocimiento técnico, eso necesita respeto de derechos, debido proceso, legalidad, constitucionalidad, convencionalidad, ¿Cómo es posible que no se permita el abogado?, entonces esos puntos así a groso modo violan la Constitución, la Convención de la Haya, la Convención sobre los Derechos del Niño y la misma LEPINA que ellos crearon, desde esa perspectiva esas situaciones que le he narrado forman parte de la columna vertebral de esa ley, por lo tanto de mantenerse, a nuestro juicio, tornarían inoperante la eficacia de la ley porque al establecer tantas vulneraciones a normas de rango superior como son la Constitución y los Tratados va tener mucho problema de aplicación.

(EJ) ¿Pareciera que desconoce la Asamblea todas estas Leyes y Tratados?

(ADM) Es importante lo que usted dice porque la última vez insistimos: a ver señores de la Asamblea Legislativa, son todos los entes del sistema los que les están diciendo: eso tiene error, y ¿cómo es posible que la gente que trabaje en niñez, la gente que vive en el día a día, la gente que aplica la ley, no tenga eco en la Asamblea Legislativa? y la Asamblea insiste en un proyecto que violenta esas normas, no tiene sentido, la Asamblea al igual que los jueces, al igual que el ente administrativo tiene obligación de respetar la Constitución y los Tratados, no pueden legislar de cualquier manera, no es la idea de un diputado, de una diputada la que va a prevalecer, es lo que establece la Constitución y los Tratados.

(EJ) Respecto a la competencia que les otorga la ley de adopciones a los juzgados de niñez, ¿Considera que estos tienen las condiciones adecuadas o suficientes para ejecutarla?

Sí, es más estamos de acuerdo, nosotros creemos que el decreto de la adopción debe estar en sede de Niñez, y no solo eso, deberíamos de pensar en una reforma integral para traernos de familia: suspensión, pérdida de autoridad parental, tutela, todo lo que concierne a la situación de un niño, niña o adolescente, y le aseguro que sería mucho más expedito, porque digamos si por especialidad tomo a bien el Estado, separar las funciones y competencias, pues todo lo que deja el régimen jurídico de Niñez y Adolescencia está en la LEPINA, y por lo tanto nosotros creemos que no solo la adopción, sino perdida, suspensión, tutela, debería de estar en sede de jueces de niñez y el trámite es extremadamente sencillo, es decir no hay ninguna complicación, entonces nosotros creemos que es correcta esa percepción de que sean los jueces los que la decreten, que es distinto a declarar la adoptabilidad por supuesto, debería de estar aquí y deberíamos de ir más allá, deberíamos traer otras competencias respecto de niñez y adolescencia para niñez y adolescencia.

(EJ) ¿Cuáles serían sus propuestas para mejorar el procedimiento de adopción de niñas, niños y adolescentes?

(ADM) Hoy por hoy acentuar el principio de subsidiaridad, que en las normas del Código de Familia, en la Ley Procesal de Familia actual no está muy claro, entonces en la nueva ley debería de acentuarse eso, que quede claro que a la adopción vamos a llegar siempre y cuando se hayan agotado todas las posibilidades de colocación familiar, otro tipo de alternativa familiares, porque la adopción es la última razón y si llegamos al convencimiento de que para este niño no tenemos ninguna opción familiar distinta de la adopción, que primero sea la adopción nacional y por último la adopción internacional.

Además debe quedar claro, la idea del interés superior, que también es bastante difuso en esa nueva ley, debe quedar claro que es importante la participación y la opinión del niño, niña o adolescente, debe de alguna manera clarificarse y generar certidumbre en las funciones de la Oficina para Adopciones (OPA) y en este sentido estamos de acuerdo en separar al ISNA de todo este procedimiento, porque hoy por hoy ese es un factor que genera mucho roce, mucha confusión, mucha burocratización, entonces creemos nosotros que un rediseño, un redimensionamiento de las funciones de la OPA, ayudará a crear más certidumbre, más claridad en los procedimientos.

Hay que reiterar la necesidad y la obligatoriedad de estas instituciones de cumplir los plazos, porque hoy por hoy no es que desde la ley se propicie un problema con los plazos, si 60 días no es un plazo para que usted se muera, es un plazo breve, entonces ¿por qué es que dura tanto?, ahí seguramente en la práctica institucional, tanto PGR como ISNA, hay mucho duplicidad de roles, hay mucha confusión, hay poca claridad y poca certidumbre, eso es preciso arreglarlo y en ese sentido con esos aspectos de la ley estamos de acuerdo, que quede claro que la autoridad central es la Procuraduría General de la República, pero en esto creo que también el ejecutivo debe hacer su parte, porque la Asamblea Legislativa no puede legislar sobre quien será la autoridad central, esa es función del ejecutivo, entonces el señor Presidente de la República (Profesor Salvador Sánchez Cerén) debería de crear un nuevo decreto ejecutivo, en el que establezca que la autoridad central para el tema de adopción en El Salvador es la Procuraduría, depositarlo en la Haya y ya con eso estaríamos claros de que solo hay un ente como autoridad central y es en esta autoridad central, delegada en la OPA, la que va a seguir tanto el procedimiento declaratoria de adaptabilidad como la aptitud de la adopción.

Ahora un régimen disciplinario de sanciones también es necesario pero de acuerdo con la Constitución, porque no es posible que aunque la ley diga que los plazos son breves, sigamos incumpliendo los plazos, no tiene sentido, no nos explicamos porque. Debe eliminarse cualquier posibilidad de guarda pre adoptiva, debe clarificarse que hasta que el proceso termine y un juez decreta la adopción, es que el niño pasará a formar parte de esa familia, antes está en procedimiento en trámite. Entonces en ese sentido creo yo que debe quedar claro en la ley tanto lo que corresponde al ente administrativo como lo que corresponde al ente judicial, hay algunas normas que favorecen eso en la ley especial, pero el problema es que hay normas que nos arruinan todo el pastel porque atacan como lo esencial de la ley de adopción.

El proceso de adopción debe estar rodeado de una serie de garantías, que eviten cualquier comercio ilegal de niños, niñas y adolescentes, como ha sucedido en este país por muchos años, el que se rodee de garantías a la adopción que después del decreto hay un seguimiento, eso es un requisito necesario para determinar que efectivamente el niño está bien, su interés superior sea satisfecho y se esté cumpliendo su derecho, para eso sirve la autoridad central también.

"deberíamos de pensar en una reforma integral para traernos de familia: suspensión, pérdida de autoridad parental, tutela, todo lo que concierne a la situación de un niño..."
“deberíamos de pensar en una reforma integral para traernos de familia: suspensión, pérdida de autoridad parental, tutela, todo lo que concierne a la situación de un niño, niña y adolescente…”

(EJ) Una de las propuestas en materia de seguridad es que los niños sean juzgados como adultos, ¿Cuál es su opinión sobre esto? Y ¿Cómo queda el sistema de protección frente a esta propuesta?

(ADM) En realidad la Convención sobre los Derechos del Niño tiene dos grandes ámbitos, tiene el ámbito de responsabilidades y tiene el ámbito de protección. Nosotros como Jueces de Niñez aplicamos el ámbito de protección, el ámbito de responsabilidades esta en Materia Penal Juvenil, pero hay un punto en común que nos une y es el enfoque, la visión de los derechos de niños, niñas y adolescentes y en este sentido me parece a mí totalmente inadecuado, populista el pensar en la posibilidad de protestar o denunciar la Convención sobre los Derechos del Niño para bajar la edad y criminalizar como adultos a todos los que cometan delito, eso me parece totalmente inadecuado, populista y una visión retrograda en el reconocimiento de los Derechos Humanos.

El tema es el siguiente: debemos apostarle a soluciones integrales a la problemática de la delincuencia, la situación está bien complicada hay que reconocerlo, pero las soluciones no se pueden construir a partir de la ineficiencia institucional, de la ineficiencia normativa, de la inexistencia de presupuesto, de la inexistencia de acciones de prevención, de la inexistencia de una política estructurada para atacar las causas de desintegración familiar, de pobreza, etc. Las soluciones deben construirse a la base de la Constitución y los Tratados, eso es el piso mínimo, porque decir que vamos a denunciar la Convención o un Tratado, es como decir: “bueno en El Salvador reconocemos los Derechos de la Niñez y Adolescencia, pero hoy ya no los vamos a reconocer ¿Por qué? Porque ahora los vamos a desconocer, vamos a decir que vamos a aplicar el régimen penal de adultos”… por eso es que Estados Unidos no es parte de la Convención, ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene un sistema penal que no distingue entre menores y adultos, pero es el único país, bueno dos…

Hablar de protestar la Convención, de denunciarla para bajar la edad y juzgarlos como adultos es totalmente un retroceso histórico en materia de reconocimiento de Derecho, diríamos en El Salvador estamos en la época de las cavernas, no somos capaces de respetar Derechos, imagínese que grave es esto, esto tiene incidencia en la cooperación internacional, en los programas de apoyo, somos un país que dependemos de la ayuda internacional, y con estos temas lo que seguramente va a pasar es que se van a encender las alarmas en los organismos de cooperación, porque estamos diciendo que nos vale el reconocimiento de Derecho y toda la cooperación internacional, todo esto tiene como base el respeto a la Ley  de los Tratados Internacionales.

A mí me parece que en un régimen tan difícil como el que tenemos, en una situación tan difícil, necesitamos buscar soluciones pero esas soluciones no se pueden construir a partir del no reconocimiento de Derecho, esas soluciones deben construirse a partir del respeto a la Constitución y los Tratados, y a partir de eso empezar a pensar que es lo mejor y además esas soluciones deben ser integrales y no chubascos, y no tormentas temporales, porque nos vamos a equivocar, necesitamos atacar las causas, en este tema de la violencia juvenil seguramente hay un tema de desintegración familiar, de situación económica social de las familias, del no ejercicio a la función parental, de no asunción de parte del Estado de las condiciones mínimas para que las familias ejerzan su rol, eso se debe atacar.

Dicen un niño de 10 años es un sicario, mire nadie se pone a pensar  si está condicionado, si la familia está amenazada, está haciendo extorsionados, si los papás las mamás son mareros, y si nos vamos a la psicología de un niños de 10 años, ¿cuál es su desarrollo, tiene la capacidad suficiente para entender lo que está haciendo, lo que está pasando, o solo es un instrumento y lo están utilizando, aprovechándose de su inimputabilidad? estos aspectos no se analizan, aquí somos cortoplacistas, aquí trabajamos como decimos en buen salvadoreño “trabajamos para las gradas para la afición para que la gente se divierta” pero en realidad no trabajamos para solventar definitivamente la problemática en esta sede, entonces es fácil ser populista y amenazar, y a la gente le gusta porque la gente está agobiada, la gente necesita respuesta, pero esas respuestas hay que construirlas y sobre todo cuando la institucionalidad salvadoreña está bien comprometida con esta situación.

Por todo lo que sabemos de las noticias, uno dice: bueno esto es una hipocresía, una institucionalidad endeble, involucrada en la situación de violencia, ahora queriendo responder con medidas que implican un retroceso que lo que hemos avanzado en materia de Derechos Humanos va a retroceder, esto no puede ser, desde mi punto de vista no puede ser.

Las medidas son estructurales, por ejemplo esa medida  que se quite la señal de los penales, ¿por qué hasta hoy?, se acuerda de la noticia de alguien que tenía su celular como con 20 mil dólares de saldo, ¿y quién permite eso, quien lo permite? la infraestructura institucional encargada… ¿cuál otra explicación dígame?, tiene que estar involucrada la institucionalidad y los que trabajan, no hay otra manera.

Cómo vamos a atacar el problema si no logramos funcionar como dice la ley, y entonces buscamos pretextos, limitemos garantías, limitemos  derechos, mire ¡no!, ataquemos el problema de raíz, ese es un problema estructural, por su puesto que necesitamos soluciones estructurales, pero el piso mínimo es el respeto a la Constitución y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, no hay otro, de lo contrario significaría que El Salvador está abstraído de todo ese reconocimiento universal de los Derechos, y aquí le vamos a decir “bueno aquí ya no lo aplicamos Derecho, ya no lo reconocemos, aquí lo vamos a restringir,  los vamos a violar” eso es lo que quiere decir, yo diría tienen que pensárselo, hoy por hoy yo lo veo populista, es para ganar votos porque me costaría entender que en serio estén hablando de esto sabiendo que los ojos de la comunidad internacional los tenemos bien fijos acá, y que dependemos de la comunidad internacional.