1. Planteamiento.

En el devenir histórico de la teoría del delito la persona humana ha sido tomada como referencia para definir sus elementos –acción, culpabilidad y consecuencias jurídicas- casi siempre en sentido natural. Por ejemplo, el concepto de acción, que los causalistas definen como movimiento corporal voluntario, los finalistas como actuación dirigida hacia una finalidad penalmente relevante y, por último, como comportamiento con relevancia externa (concepto social); pero que, en cualquier caso, se parte dicho concepto como algo tangible, en contraposición con la omisión cuya naturaleza ontológica ha sido mayoritariamente negada[1].

Lo mismo con la culpabilidad que se concibió en sentido psicológico (vinculación mental entre el autor y el hecho) y que evolucionó hacia concepciones más normativas, pero que al fin y al cabo se trata de un reproche al sujeto por el hecho antijurídico cometido, sin poder desligarse de las circunstancias psicológicas del sujeto[2].

Igual suerte han tenido las consecuencias jurídicas del delito, ya que pena se entiende como un mal que se impone a quien ha cometido un delito, operando la prevención de futuros comportamientos delictivos a través de la intimidación (prevención general) y la resocialización del delincuente (prevención especial) tal y como establece el artículo 27 de la Constitución[3].

No obstante, las nuevas formas de delincuencia organizada llevadas a cabo en el seno de empresas o sociedades, revelan la insuficiencia de la teoría del delito hasta el momento desarrollada para dar respuesta penal a los hechos delictivos cometidos en el seno de tales entidades. Ello ha ocasionado que el Derecho Penal evolucione, proyectándose no solo sobre la conducta de la persona individual, sino con la actuación colectiva (criminalidad económica, blanqueo de capitales, atentados al medio ambiente)[4].

Reacia ha sido la respuesta de los doctrinarios penalistas respecto a la admisión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y ello sobre el conocido principio “societas delinquere non potest”, argumentándose la incapacidad de acción y de culpabilidad de las mismas, así como la ineficacia de las penas en estos casos, subsistiendo únicamente una responsabilidad civil subsidiaria especial por los hechos delictivos cometidos por sus representantes, gestores o empleados (artículo 121 CP). De hecho, nuestra legislación no contempla aun este modelo de responsabilidad[5].

Sin embargo, abundante normativa internacional compromete al Estado Salvadoreño a garantizar que las personas jurídicas puedan ser consideradas penalmente responsables, y que tengan una sanción proporcional y disuasoria de tipo patrimonial y económico, tal es el caso de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que en su artículo 10 indica expresamente que, con sujeción a los principios jurídicos del correspondiente Estado parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa, consistiendo en sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias, sin excluir la responsabilidad penal de las personas físicas que hayan cometido el delito. Las mismas exigencias se encuentran en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, en su artículo 26.

En definitiva, puede constatarse cómo en el panorama internacional la orientación legislativa apuesta decididamente por someter a responsabilidad penal a las personas jurídicas, que ha llevado a El Salvador iniciar el debate, ya que tarde o temprano, nuestra legislación penal tendrá que adecuarse a dicha realidad. A continuación detallamos las principales posiciones doctrinales que existen sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

2. Posiciones doctrinales.

Doctrinariamente se ha discutido de sobra la posibilidad de que las personas jurídicas puedan ser responsables en el ámbito penal, centrándose el debate entre quienes afirman la incompatibilidad de la aplicación de la teoría del delito a las personas jurídicas y los que consideran que la dogmática penal puede y debe adaptarse a las nuevas formas de delincuencia.

No obstante ello, se advierte que la comisión de hechos delictivos en el ámbito de las personas jurídicas puede revestir dos modalidades: primero, cuando el ente colectivo se crea exclusivamente para la comisión de un hecho delictivo, en cuyo caso la respuesta penal frente a tales supuestos no requeriría de una especial regulación, bastando con acudir a los tradicionales mecanismos de imputación jurídico-penal a título individual para depurar la responsabilidad de quienes ostenten la representación de la entidad así organizada, dejando la suerte de la persona jurídica a las consecuencias accesorias del delito.

En segundo lugar, cuando la entidad se encuentra legalmente constituida con fines lícitos y desarrolla su actividad para el logro de los mismos, pero en ese iter comete un hecho delictivo. En otras palabras la actividad delictiva se ha realizado en el seno de un ente con actividades normalmente lícitas, caso en el cual los tradicionales instrumentos jurídico-penales de imputación pudieran resultar insuficientes para el castigo de los culpables, siempre y cuando los actores materiales sean subordinados y hasta desconocedoras de la antijuricidad de la acción, mientras los que se encuentran en los puestos jerárquicamente superiores no reúnen todos los requisitos para hacerse merecedores de la sanción penal.

Para estos casos es que tiene sentido la discusión doctrinaria sobre la posibilidad de admitir o no la responsabilidad penal de entes colectivos.

  1. Posición en contra.

Se argumenta la imposibilidad de que una persona jurídica pueda realizar una acción de forma culpable (arículo 4 CP), y que por lo tanto, constituyendo el principio de culpabilidad un mandato constitucional (Art. 12 Cn.), dicha regulación resultaría inviable en nuestro orden jurídico sin una reforma integral de la Magna Carta.

Por otro lado, el concepto de acción supone necesariamente un actuar humano, lo que resulta inadmisible en la persona jurídica por ser una ficción jurídica que, si bien actúa a través de personas físicas, es a ellos a los que hay que sancionar. De igual manera, la culpabilidad sólo es aplicable a la persona física, única que está en condiciones de cometer una acción mediante dolo (conociendo y queriendo) y por último, las penas no tienen ningún efecto reeducativo o resocializador en un ente colectivo.

Por ello, los doctrinarios que están en desacuerdo proponen solucionar los casos con los instrumentos de imputación tradicionales, argumentando que los mismos no quedaran impunes.

Así, la autoría mediata (artículo 34 CP) cobra especial importancia para hechos delictivos que se cometen involucrando a diversos individuos cuyas conductas, individualmente consideradas, carecen de relevancia penal (instrumentos), siendo los artífices del proyecto delictivo quienes más lejos se encuentran del momento consumativo del hecho típico sobre la base del dominio del hecho derivado de los aparatos organizados de poder.

Lo mismo suceden con el ámbito de la omisión en supuestos en que la actividad de las personas jurídicas genera riesgos, en cuyo caso podría hacerse responsable a los superiores o directores cuando tengan un específico deber de actuar, y que posean el dominio de la actividad peligrosa con conocimiento del proceso causal concreto que lleva al resultado lesivo y la posibilidad de interferir en el mismo.

El hecho de que la posición del director o gerente este en posición lejana jerárquicamente sobre el proceso causal, no significa que “lege ferenda” se habilite una reforma como la de incluir la responsabilidad de la persona jurídica en nuestro orden jurídico salvadoreño, bastando la creación de un tipo de omisión propia consistente en la pura infracción del deber de vigilancia del órgano directivo en el seno de la empresa, todo ello independientemente de la responsabilidad por los hechos que haya cometido el subordinado que materialmente hayan llevado a cabo la ejecución.

Por último, la figura de “Actuar por Otro” (artículo 38 Pn.) depura la responsabilidad de las personas físicas que han intervenido en el seno de la entidad colectiva, pudiéndose castigar a la persona individual que comete el delito bajo la cobertura del ente grupal, siempre que haya realizado en sentido físico-causal y dolosa o imprudentemente, la conducta típica, abarcando no sólo a quienes representan a la entidad en virtud de un nombramiento legal, sino también a los que lo hacen de modo meramente fáctico.

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  1. Posiciones favorables.

Parten del supuesto de que la actual teoría del delito permite la impunidad de ciertos sujetos que actúan al interior de entes colectivos, por lo que al ser insuficiente, la construcción de una responsabilidad penal para dichos entes se vuelve necesario, toda vez que la dogmática penal, no obstante su nombre, “no es un dogma de fe, sino que se corresponde con un concreto sistema normativo, de modo que si se modifica éste, también tendría que alterarse aquélla”[6].

Así los partidarios de dicha tesis, señalan que los conceptos dogmáticos de acción y culpabilidad no constituyen realidades naturales de carácter tangible, sino que son de carácter normativo, tomando en cuenta que las realidades sociales evolucionan, por lo que la dogmática jurídica debe adaptarse, sin renunciar a las categorías tradicionales del Derecho Penal.

Parten de señalar que el ordenamiento jurídico reconoce a la persona jurídica la posibilidad de contratar o adoptar acuerdos, por lo tanto tiene capacidad de acción, incluso de modo ilícito; por lo que cuando coopera en la comisión de un hecho delictivo ejecutado en su propio interés y provecho, tal contribución se puede entender como expresión de un auténtico y específico obrar corporativo.

Por otro lado, la persona jurídica puede ser penalmente culpable, no entendida en sentido bio-psicológico, sino, teniendo como fundamento un defecto de organización en su interior y para su beneficio, lo que propicia que se toman acuerdos delictivos. En ese sentido, el desarrollo deficiente de la empresa no es, en muchas ocasiones, atribuible a una persona en concreto sino a una falta de previsión constante sobre los riesgos de explotación[7].

Además, toda organización empresarial supone la creación de riesgos, de donde surge un deber de controlarlos, por lo que la materialización de los mismos, dan lugar a un dominio (del hecho) funcional-sistemático de la organización[8].

En cuanto al problema de admitir dolo o imprudencia en la estructura de la persona jurídica, es de advertir que las modernas teorías actuales sobre los citados elementos subjetivos del tipo se encuentran altamente normativizados, sin olvidar que algunas decisiones del ente grupal surgen del encuentro de varias voluntades individuales, por lo que el elemento psicológico de la infracción no es del todo ajeno a la persona jurídica.

Finalmente, la pena a imponer a la persona jurídica tiene efectos de intimidación y prevención. Así, tendría cabida un componente retributivo al ser impuesta como consecuencia jurídica del delito; con mayor énfasis en prevención general, en cuanto que los miembros de las entidades resultarán intimidados, y algún grado en la prevención especial, en tanto los miembros de la empresa condenada recibirán la intimidación necesaria para no delinquir en lo sucesivo[9].

  1. Posiciones intermedias

Considera que la persona jurídica no puede ser hecha penalmente responsable, sin embargo es posible adoptar respecto de ella medidas que puedan resultar eficaces para la prevención de futuras actuaciones delictivas cometidas en su seno.

La solución que se ofrece es la de imponer a la persona jurídica medidas preventivas, que no responderían al reproche penal propio de las penas aun cuando se acuerden por un órgano jurisdiccional penal dentro de un proceso penal, de la misma manera que se contemplan medidas de seguridad para personas físicas que no son culpables, es posible establecer medidas preventivas para entes colectivos que por naturaleza, no pueden ser penalmente culpables, pero que desde el punto de vista objetivo, revelan una peligrosidad manifestada a través de la comisión de un hecho delictivo que, de alguna manera, pueda imputarse al ente grupal.

3. Corolario.

Hasta aquí hemos resumido las principales posiciones respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, corresponde a la comunidad jurídica salvadoreña tomar postura. De aceptar la viabilidad de la aplicación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, el siguiente paso es determinar cuál modelo se adoptaría, cuestión que será tratada en un futuro en esta revista.

Referencia:

[1] Ver MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCIA ARAN, Mercedes, Derecho Penal, Parte General, Editorial Tirant Lo Blach, 2 Edición, Valencia, 1996, Págs. 216 al 220.

[2] Ver ROXIN, Claus, Culpabilidad y Prevención en el Derecho Penal, Reus S.A., Madrid, 1981, Págs. 41 al 56.

[3] Ver WOLF, Paul, Esplendor y miseria de las teorías preventivas de la pena, en A.A. V.V.  Prevención y Teoría de la Pena, Editorial Jurídica ConoSur Ltda, Santiago de Chile, 1995, Págs. 59 al 72.

[4] Ver BAIGUN, David, La Responsabilidad  Penal de las Personas Jurídicas, Depalma, Buenos Aires, 2000, Págs. 4 al 22.

[5] Ver GOMEZ TOMILLO, Manuel, Los distintos modelos de imputación de responsabilidad a las personas jurídicas: sistema español. Antecedentes, en A.A. V.V.  Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas Jurídicas, Lefebvre-El Derecho, S.A., Madrid, 2015, Págs. 39 al 58.

[6] Ver TERUELO, Javier Fernández, La responsabilidad penal de los dirigentes, representantes de la persona jurídica o de quienes ostentan facultades de organización y control dentro de la misma, en A.A. V.V.  Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas Jurídicas, Lefebvre-El Derecho, S.A., Madrid, 2015, Págs. 239 a 259.

[7] Ver GOMEZ TOMILLO, Manuel, Los distintos modelos de imputación de responsabilidad a las personas jurídicas: sistema español. Antecedentes, en A.A. V.V.  Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas Jurídicas, Lefebvre-El Derecho, S.A., Madrid, 2015, Págs. 39 al 58.

[8] Ver DE LA MATA BARRANCO, Norberto, La exclusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Protocolos de prevención de delitos, en A.A. V.V.  Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas Jurídicas, Lefebvre-El Derecho, S.A., Madrid, 2015, Págs. 87 al 102.

[9] Ver FERALDO CABANA, Patricia, Las Penas, en A.A. V.V.  Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas Jurídicas, Lefebvre-El Derecho, S.A., Madrid, 2015, Págs. 113 al 164.

Si deseas citar este artículo hazlo así:

LANDAVERDE, MORIS. “LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 08 de abril de 2016. http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/4856