Chile avanza, El Salvador se queda: sobre la legislación en materia de aborto
Chile avanza, El Salvador se queda: sobre la legislación en materia de aborto

En materia aborto, El Salvador cada vez se queda más solo, apenas el jueves 17 de marzo del presente año, en medio de un fuerte debate la Cámara de Diputados Chilena anunciaba la aprobación del proyecto de ley para despenalizar el aborto en tres circunstancias: a) Peligro para la vida de la madre, b) Cuando el embarazo es producto de una violación, y, c) Cuando exista inviabilidad del feto.

Aunque el proceso aún no termina pues ahora la decisión pasa a manos del Senado, con lo ocurrido el jueves 17 se ve más cerca la caída del sistema de prohibición absoluta impuesto en 1989 por el dictador Augusto Pinochet, mismo que comienza a tambalearse en mayo del 2014 cuando la presidenta Michelle Bachelet anunciaba el envió del proyecto. Las palabras de la mandataria fueron contundentes:

“Amamos la vida y nadie quisiera interrumpirla, pero cuando está en riesgo la vida de la madre, o cuando la vida que se gesta es inviable o fruto de la violencia sexual (…) hay que tomar una decisión, y no podemos evitarlo obligando a las mujeres a que carguen solas con las pesadas consecuencias de no poder decidir por causas de una ley, porque atropellamos su dignidad, prolongamos su sufrimiento, arriesgamos su vida”[1]

Así pues, El Salvador se queda cada vez más solo, acompañado en el ámbito latinoamericano por un puñado de países pequeños como Honduras, República Dominicana, Haití y Nicaragua, parados frente a una comunidad internacional en la que el 97% de sus miembros regulan al menos la causal terapéutica en materia de aborto[2], o en otros términos, una causal disponible para el 99% de la población mundial[3], pero no para la que vive en El Salvador.

Una legislación de verdades simples.

A chile le tomo 27 años entrar en razón, en cuánto esto pasará en nuestro país es un verdadero misterio. Se trata sin duda de un dilema complicado, aunque no necesariamente porque se trate de realidades complicadas. De hecho, nuestro sistema de prohibición absoluta en materia de aborto está lleno de verdades bastante simples. 

En primer lugar, todos sabemos que se trata de una legislación que es, ante todo, ineficaz en extremo, virtualmente inútil, para darse cuenta de esto apenas hay que saber aritmética, entre el quinquenio del 2008-2015 los tribunales de nuestro país reportaron 75 casos que involucraban el delito de aborto, de estos ni siquiera diez llegaron a etapa de sentencia[4]. Se trata en todo caso de una cantidad ridícula frente a los 1,07 millones de abortos inseguros que la Organización Mundial de la Salud estimaba en el 2008 para la región de México y Centroamérica (incluyendo Panamá y Belice), es decir, una tasa de 29 abortos inseguros por cada mil mujeres en edad reproductiva (15 a 44 años de edad)[5].

En segundo lugar, todos sabemos que esta ridícula cantidad de casos se aplicará a las mismas personas en las mismas circunstancias: Mujeres pobres, sin mayor educación o recursos[6], denunciadas por el personal médico que las trata en el hospital o clínica pública en donde son atendidas (nunca he conocido un caso de denuncia en clínicas privadas), condenadas ocasionalmente a cumplir de 30 años de prisión, teniendo algunas la suerte de ser indultadas por la Asamblea Legislativa o liberadas por un recurso de Revisión, luego de determinarse que su condena no cumplía estándares mínimos que exige la Constitución, tal fue el caso de Sonia Tabora, Karina Clímaco y Guadalupe Vásquez Aldana, liberadas luego de purgar hasta siete años de prisión por un delito que no merecía condena.

En tercer lugar, es conocido que esta legislación altamente ineficaz y discriminatoria tiene una finalidad secundaria, que cumple con más eficiencia que su finalidad declarada. Se trata de una sistema legal óptimo para dejar sin opciones a mujeres pobres cuando legítimamente quieren salvar su vida frente a un embarazo de alto riesgo (decimos pobres porque las de clase media o alta acudirán a un doctor privado). Sencillamente no hay más que dos opciones: aguantarse, si no es tan insoportable la idea de morir, o acudir al abortero de la esquina.

Se trata de una dificultad que ya existía hace más de dieciséis años, cuando en 1999 miembros de la Asociación de Ginecología de El Salvador hablaban de situaciones especiales que se quedan sin respuesta, como cuando “cuando el feto crece fuera del útero”, o también “cuando una madre tiene un cáncer invasivo y recibe cobalto. El mismo cobalto causa la muerte del niño”[7]. De manera similar se expresaba Jorge Morán Colato, para ese entonces coordinador de Atención a la Mujer del Ministerio de Salud, para quien “los abortos provocados deben ser permitidos cuando el embarazo pone en peligro la vida de la madre o cuando el mismo es anormal y el bebé no tiene probabilidades de sobrevivir”[8]. Exactamente el mismo problema que en el 2012 evidenciaba el director del Hospital de Maternidad (centro médico que conoce mayor cantidad de abortos naturales en el país), cuando hablaba de apenas uno de los casos problemáticos que se pueden presentar, los embarazos ectópicos[9]:

El otro problema que tenemos es el embarazo ectópico (…) el problema se nos convierte cuando es un momento que empieza a crecer el embrión y ya tiene frecuencia cardiaca, le hacen ultrasonografía y nos dicen, mire está vivo, ¿Qué hacemos? Hace tiempo nosotros lo que hacíamos era cortar un pedazo de la trompa de Falopio, quitarla, ya destruir el embrión y punto, pero hoy si está vivo, nos limita, tenemos que esperar hasta que el feto se muera, o la madre comience a deteriorar para entonces entrar corriendo como que es una paciente normal[10] (las negritas son nuestras)

Según estimaciones del Ministerio de Salud, solo en el sector público entre los años 2005 al 2009 se presentaron 1,567 embarazos ectópicos y 46 abdominales, por supuesto, la incertidumbre e inseguridad que se cernió sobre todos estos casos aparentemente “estaría justificada” porque diez procesos de aborto (atribuido a mujeres de escasos recursos) llegaron a etapa de sentencia entre el 2008 al 2015. La ecuación simplemente no cuadra.

La inseguridad “constitucionalizada”

Pero no solo sectores médicos han advertido la inseguridad y peligro que promueve nuestra actual legislación en materia de aborto, se trata de rasgos tan evidentes que incluso la misma Sala de lo Constitucional se vio obligada a reconocerlos en su timorata y tristemente célebre resolución 18-98 de noviembre del 2007[11].

En esta inconstitucionalidad, el máximo Tribunal expresó que dejar los conflictos entre derechos de la gestante y nasciturus (ej.: un embarazo de riesgo) en manos del  genérico artículo 27 del código penal (eximentes de responsabilidad), tal como sucede en nuestro sistema de prohibición absoluta en materia de aborto, era una protección “insuficiente” por el simple hecho que “El art. 27 del C. Pn. sólo operaría frente a una conducta consumada, de manera que de forma preventiva la posible controversia no podría ser objeto de análisis y de decisión por un juez u otro ente del Estado, a efecto de autorizar o no la procedencia de la indicación del aborto”[12]

En palabras llanas, lo que la Sala quiso decir es lo siguiente: Si una mujer con un embarazo de alto riesgo para su vida no desea exponerse a morir, y consecuentemente interrumpir su embarazo, un médico no puede ofrecerle una respuesta de manera “preventiva” (previo a un proceso) por mucho que medicamente recomiende la interrupción del embarazo, claro, hay una salida ex post que “dispone” nuestro sistema para la afligida embarazada (y que recibió la bendición constitucional): El médico realiza la interrupción del embarazo sabiendo que será procesado por el delito de aborto, y durante la audiencia inicial, si es que demuestra la existencia de una eximente de responsabilidad (probablemente Estado de Necesidad), nuestro médico será sobreseído de todo cargo.

Por supuesto, esta solución legal solo funciona bien en la cabeza de unos cuantos diputados o magistrados, en el mundo real no es una solución, sino un absurdo que raya en la burla, ningún médico en su sano juicio quiere ser sometido a un proceso penal para averiguar a posteriori si será sobreseído. Decir que esta es LA SOLUCIóN, es decir que NO TENEMOS SOLUCIÓN, es cerrar las puertas de manera absoluta a esta señora afligida y acongojada cuyo único “pecado” es querer permanecer con vida y no flagelarse en nombre de una vida que está por nacer, puertas que abrirá de par en par el mercado negro, por el justo precio y con todos los riesgos que el mismo supone.

Quizás por lo anterior, la misma Sala de lo Constitucional terminaría sentenciando que: el legislador debería emitir la normativa jurídica correspondiente en la cual legisle sobre las circunstancias que extraproceso penal deben concurrir en las indicaciones del aborto (las negritas son nuestras), un “debería” que fue expresado hace casi diez años y que los legisladores no se han molestado en cumplir ni la Sala en exigir (como si lo han hecho en otras materias, como las pensiones[13]).

Verdades simples contra poderosas inercias.

Sigo creyendo que nuestro sistema de prohibición absoluta en materia de aborto es una realidad complicada, aunque llena de simples verdades. Todos sabemos lo que es, es un sistema exageradamente ineficiente, discriminatorio y un verdadero atentado contra la vida y salud de miles de mujeres de escasos recursos, pero esto no interesa, lo que le interesa al político de turno es decir ante la prensa que “está a favor de la vida”, eso da muchos votos, lo que interesa al magistrado de turno es decir “pero es que ahí están las opciones, depende de la Asamblea”, esto es tranquilizador y libera de responsabilidad, y finalmente, lo que interesa al “clase-mediero” que defiende este sistema es tener la consciencia serena, colgar la foto de un fetito en su muro cuando se habla del tema, gritar fuerte que esta a “favor de la vida”, y olvidarse de las simples verdades, después de todo, una consciencia tranquila vale más que la vida y salud de miles de mujeres pobres, esa es una ecuación que tampoco pega.

Felicidades a nuestros hermanos chilenos porque avanzan, nosotros seguimos estancados.

Referencias:

[1] http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/01/31/701722/bachelet-presenta-proyecto-sobre-despenalizacion-del-aborto-la-normativa-vigente-no-responde-al-trato-digno-que-el-estado-debe-otorgar-a-sus-ciudadanas.html

[2]http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/policy/WorldAbortionPolicies2013/WorldAbortionPolicies2013_WallChart.pdf

[3]http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/policy/AbortionPoliciesReproductiveHealth.pdf

[4] O. Feusier, Exclusión, maternidad y cárcel: Apuntes sobre el delito de aborto, en “Violencia en tiempos de paz”, Secretaria de Cultura (San Salvador), 2015,

[5] Organización Mundial de la Salud, «Unsafe abortion: Global and regional estimates of the incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2008», 2.

[6] En el estudio “Del Hospital a la Cárcel” realizado por la Agrupación ciudadana para la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico, se hace el análisis de procesos en juzgados de instrucción y sentencia, del periodo de 2000 -2011, ubicándose 129 casos de mujeres procesadas por el delito de aborto y homicidio en recién nacido en más de diez años, de estas mujeres, el 68.22% oscilaban entre  los 18 a los 25 años, el 73.64% eran solteras, en el 46.34% eran analfabetas o tenían como nivel de estudio máximo el segundo ciclo de primaria (solo el 25.61% tenía estudios de bachillerato, técnico o universitario), y el 64.3% de los casos se trataba de mujeres con ocupaciones tales como oficios domésticos, empleadas domésticas o bien obreras, meseras o empleadas de comercio (Cfr. Agrupación ciudadana para la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico. Del hospital a la cárcel. (San Salvador), 2013, 10-25)

[7] La Prensa Gráfica, 4 de febrero de 1999, p. 5

[8] La Prensa Gráfica, 4 de febrero de 1999, p. 5

[9] Etimológicamente, «ectópico» significa «fuera de lugar», término que describe bastante bien lo que sucede en un embarazo ectópico, que en esencia consiste en la implantación de un ovocito (huevo fertilizado) en cualquier sitio fuera de la cavidad endometrial, como por ejemplo en las trompas de Falopio. Según datos obtenidos de la Junta de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud, en la red de hospitales del sector público se presentaron un total de 1567 abortos por embarazo ectópico entre los años 2005 a 2009, lo que vendría a representar un estimado del 5% de todos los abortos practicados en esos cinco años, con un promedio para ese lustro de 313.4 abortos ectópicos anuales.

[10] La ponencia se desarrolló dentro del foro denominado Implicaciones de la penalización absoluta del aborto en El Salvador, organizado por la Comisión Nacional de Bioética de El Salvador (CNBES), con fecha 19 de julio del 2012.

[11] http://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/D/1/2000-2009/2007/11/2EF3.PDF

[12] Exped. inconstitucionalidad 18-98, Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, veinte de noviembre de dos mil siete

[13] http://www.laprensagrafica.com/2015/06/05/csj-pide-informe-a-al-por-no-reajustar-tasa-de-interes-de-pension

Si deseas citar este artículo hazlo así:

FEUSIER, OSWALDO. “CHILE AVANZA, EL SALVADOR SE QUEDA: SOBRE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE ABORTO”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 04 de abril de 2016. http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/4815