La Asamblea Legislativa el día jueves 17 de diciembre de 2015, cumplió con el requisito de promulgación que establece el artículo 6 del Código Civil para que el decreto n° 196, sea de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la República. El decreto incorpora 14 reformas y adiciona un artículo a la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las Personas (LRSIHCP).

La primera reforma gira entorno la definición de Dato, contemplada en el artículo 3 de la LRSIHCP que incorpora lo siguiente: “Dato: Información sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes, que es propiedad de éstos y que conste en una base de datos”. La novedad sobre la definición es que el legislador eleva a una categoría constitucional la disposición, uso, goce y posesión de los datos crediticios, reconocen la importancia que debe conllevar el tratamiento de los datos crediticios de las personas consumidoras. Es más, la Sala de lo Constitucional mediante proceso de amparo identificado bajo referencia 142-2012, desarrolla ampliamente la razón por la cual se vuelve trascendente la propiedad de estos datos desde el punto de vista del derecho a la  autodeterminación informativa de las personas.

 Según la Sala, este derecho posee dos facetas: la dimensión material e instrumental. En cuanto a su dimensión material, pretende “satisfacer la necesidad de las personas de preservar su identidad ante la revelación y uso de los datos que les conciernen y los protege frente a la ilimitada capacidad de archivarlos, relacionarlos y transmitirlos”.

En este sentido, agrega que permite definir la intensidad con que desea que se conozcan y circulen tanto su identidad como otras circunstancias y datos personales.  La dimensión instrumental consiste en la defensa de cualquier  utilización abusiva o ilegal que pretenda hacerse de esos datos. Por estos motivos es relevante la anunciación de propiedad sobre los datos de los consumidores debido a que acoraza la esfera del derecho de la autodeterminación informativa.

Las siguientes dos reformas generan cambios en las facultades del ente regulador y supervisor, por un lado, le quita la facultad a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) de dictar las normas técnicas para la organización, funcionamiento, control y demás aspectos relacionados con las agencias de información de datos sobre el historial de crédito y se lo adjudica al Banco Central de Reserva. ¿Cuál será el fin de esta reforma? ¿Será porque la Superintendencia realizaba la función de regular cuando esto le correspondía al Banco Central de Reserva?  Lo cierto es que el Órgano Legislativo devuelve al Banco Central completamente la facultad para dictar las normas que estime conveniente sobre esta materia, según lo plasmado en el artículo 3 literal j) de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador. De hecho, el artículo 16 del decreto 196 establece que el Banco Central “contará con un plazo de noventa días para la emisión de las normas técnicas correspondientes” a partir de la entrada en vigencia de este decreto.

En cuanto a la Defensoría del Consumidor, el legislador empodera a esta entidad para realizar cualquier investigación administrativa relacionada a las denuncias presentadas por los consumidores. Esta entidad podrá realizar requerimientos de información a los agentes económicos y a las agencias de información de datos, sean regulados o no por la SSF, para velar por la protección de los derechos de los consumidores. De esta manera lo establece la reforma al inciso tercero del artículo 6 de la LRSIHCP: “También, cuando existan los intereses antes mencionados, tendrá facultades para solicitar informes e investigar las prácticas de los agentes económicos no supervisados por la Superintendencia del Sistema Financiero”.

El artículo 8 de la Ley incorpora tres incisos que a mi juicio se quedan cortos, sobre todo en relación al segundo que establece que “queda expresamente prohibido, a estas agencias de información de datos, utilizar la información recopilada del historial de crédito de los clientes o consumidores para otros fines distintos a los establecidos en la presente ley”. Sobre este punto tendrían que haber reformado la parte que regula la infracción  contenida en el artículo 28 literal b) debido a que esta se encuentra como una infracción grave y tendría que ser considerada muy grave.

La razón es porque las agencias se encuentran en una posición de supra-subordinación en el sentido que sus actos u omisiones pueden causar daño a esferas constitucionales de los particulares. Un ejemplo claro es que al no tener las debidas autorizaciones por parte de los consumidores puede llegar a provocar que los agentes de información mal utilicen los datos para generar un criterio de contratación y llegar a limitar derechos laborales. Ya he escuchado a personas decir que han sido limitados al acceso de un empleo debido a que la empresa evaluó su record crediticio y no se encontraba dentro de los “parámetros” establecidos por la empresa para contratar. Así de importante debe ser el cuido y manejo de los datos, por ello, considero que esa infracción debería ser muy grave.

Recordaremos el inicio del artículo publicado por este servidor en fecha 26 de enero del presente año llamado Aspectos Relevantes sobre Agentes de Información de Datos donde decíamos que muchos agentes económicos típicamente solicitan que firmes una autorización para compartir datos como requisito para la contratación; les comento que el artículo 15 incorporó un inciso tercero estableciendo claramente lo siguiente: “cuando el consumidor o cliente no autorice el uso o consulta de la información por terceras personas, no será causal para que el agente económico niegue proveerle el servicio o venderle el producto en cuestión”. Con esta reforma quedamos claros que ya no debemos sentirnos obligados a firmar por una autorización que no es de carácter inherente a la decisión del proveedor para brindar un servicio o producto.

El punto clave dentro de las reformas desarrolladas en la LRSIHCP se manifiesta en haber agregado el literal j) al artículo 17 debido a que establece que no deben permanecer los datos negativos por más de un año de aquella persona que haya cancelado totalmente su crédito. Antes, si te habías atrasado por más de noventa días, arriba de un monto promedio de US$25.00 dólares, aunque cancelaras el total de la deuda, tus datos por ley se mantendrían reportados hasta por 3 años. Además, el inciso segundo del literal antes mencionado establece si el monto de la deuda cancelada no excede la mitad de un salario mínimo, no podrá permanecer más de 6 meses reportado en la base de datos. Esta reforma viene a apaciguar un poco el castigo desproporcional que la anterior regulación exigía en cuanto a la permanencia de los datos negativos por tres años. Un castigo que afecta de forma directa a los consumidores debido a que las entidades financieras se basan enormemente en estos reportes para conceder sus productos financieros.

Con respecto a la defensa de los derechos que los clientes o consumidores pueden ejercer, el artículo 20 LRSIHCP establece que pueden realizar el reclamo para rectificar sus datos también por medios tecnológicos, pudiéndose entender por medio de correo electrónico, ventanilla web o cualquier otro medio electrónico que permita siempre la incorporación de la prueba documental.

El nuevo artículo 32-A tiene como título Resguardo y decomiso de base de datos, su finalidad es proteger los datos que ha manejado un AID cuando ésta obtenga la notificación de cancelación o suspensión de las operaciones. La SSF hará un requerimiento de información a la agencia que se encuentre en ese procedimiento para recibir los datos y por ninguna circunstancia podrá hacer uso o reproducir la misma. Aquí es donde entra en juego el artículo 16 del decreto 196 debido a que será el BCR quien debe dictar la norma técnica para efectuar el mencionado procedimiento.

Considero que las reformas carecen de fuerza en aspectos puntuales como la estandarización de los plazos para considerar a un cliente en mora.  Nuestra legislación actual brinda un margen de discrecionalidad al Agente Económico en cuanto a los criterios que se tomarán en cuenta para considerar el retraso en el cumplimiento de obligación crediticia lo cual no es adecuado. Sin embargo, habrá que esperar la emisión de las normas técnicas que emita el Banco Central para seguir el análisis y ver de qué manera la normativa ayuda a solventar algunos detalles en la materia.

Si quieres citar este artículo hazlo así:

ALAS, GUSTAVO “REFORMAS A LA LEY DE REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN SOBRE EL HISTORIAL DE CRÉDITO DE LAS PERSONAS”, publicado en la Revista Jurídica Digital Enfoque Jurídico, el día 14 de marzo de 2016 en http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/4749