Las exigencias punitivistas de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.
Las exigencias punitivistas de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.

1.- El fenómeno de la Corrupción.

Un índice de percepción de corrupción nos posiciona como país para el año 2013, con una puntuación de 38 puntos, en una lista de 175 países, posicionándonos en la casilla número 83, a la par de países como Burkina Faso y Jamaica. Recientes casos cuya acción penal se ha promovido lo demuestran[1].

La consecuencia más gravosa de dicho fenómeno es que influye sobre los niveles de desarrollo de nuestro país, concretamente en el gasto efectivo en bienes públicos y de capital social. Entre más corrupción, como lo sería el aprovechamiento privado de las decisiones colectivas, se reduce el gasto en bienes y servicios de los que disfrutan la mayoría de los ciudadanos[2]. A su vez, a mayor corrupción menos eficiencia y un uso de prácticas como soborno que generan desconfianza social.

La corrupción opera a través de relaciones jerárquicas de padrinazgo, clientelismo o amiguismo, que inhiben la creación de redes horizontales de confianza mutua o capital social[3].

Lo que nos interesa, no es tanto cómo la corrupción pone trabas a los mecanismos políticos institucionales o cómo interfiere en el correcto desempeño de la burocracia; sino más bien, cómo se relaciona con el poder, de qué modo se dispone, cómo se practica y de qué manera interviene en estos juegos. La corrupción se convierte así, en un fenómeno generador de prácticas y en un punto de referencia de un modo diferente de entender, plantear y pensar la política, el poder y la autoridad[4].

Como se expresa en la parte considerativa de la decisión 668 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores: “…la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra los derechos humanos, la justicia social y el desarrollo integral de los pueblos e impide el eficaz aprovechamiento, en condiciones de equidad, de los beneficios, reales y potenciales, de la integración política, económica, social y cultural de los países miembros de la Comunidad Andina”[5].

En síntesis, la corrupción constituye un obstáculo al desarrollo, por lo que es necesario combatirle integralmente con políticas preventivas y represivas. De estas últimas, pasaremos a exponer una de ellas a continuación. 

VER: LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN COMO PROPUESTA POLÍTICO CRIMINAL REPRESIVA

2.- Noción.

A efectos de este artículo, el esfuerzo de conceptualizar el fenómeno de la corrupción, no solo sobrepasa los objetivos trazados, sino también nos encontramos con la dificultad de la abundancia y pluralidad de definiciones que hace imposible adoptar un único concepto[6].

Basta con decir que al ser muchas las definiciones, las mismas se han clasificado en base a conceptos fundamentales de las mismas[7]; así tenemos aquellas que se centran en el concepto de oficio público[8], para las cuales, corrupción es aquella acción en las que un funcionario público desvía sus obligaciones normales en busca de beneficios (monetaria o no), a su favor o de terceros. De igual manera, tenemos las definiciones que se centran en el mercado, según las cuales corrupción es aquella conducta que hace énfasis en la decisión entre ofertante y cliente de involucrarse en dichas prácticas, maximizando su utilidad. Existen también las definiciones en las que el concepto de interés público es el determinante, definiendo corrupción como aquella actividad que favorece el interés privado, en detrimento del público. Por último, están las definiciones basadas en las actitudes y opiniones del público en general, para las cuales es necesario indagar que es lo que una sociedad determinada entiende por corrupción.

En ese sentido, es necesario advertir que, el esfuerzo a fin de establecer si todas las conductas reprochables penalmente, y por lo tanto, sancionables en nuestra legislación, abarcan todos los fenómenos que podrían englobarse en el concepto de corrupción, en esta ocasión estará limitado a las propuestas y recomendaciones dadas por la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (en adelante CNUCC), las cuales han sido ratificadas por nuestro país y por lo tanto, ley de la República.

Desde el ámbito puramente punitivo, es decir política-criminal encaminada, no a prevenir delitos, sino a reprimirlos, la Convención Interamericana Contra la Corrupción, en su artículo 5 número 1 establece la obligación de cada Estado Parte de “adoptar las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando el delito se cometa en su territorio”.  En ese sentido, a partir del Art. 6 al 9 de dicha Convención, se nos exige tipificar las conductas ahí señaladas.

3.- La exigencia punitivista de la CNUCC.

El Salvador es signatario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, desde el diez de diciembre de dos mil tres, fecha en que fue adoptada como instrumento contra la corrupción universal, jurídicamente vinculante. Empero una década después el Estado salvadoreño no a adecuado su derecho interno acorde a sus peculiares exigencias. 

La CNUCC se encuentra estructurado con un capítulo primero referente a generalidades, en el segundo se establecen normas preventivas, en el tercero, se trata de la penalización de conductas reprochables según las Naciones Unidas, el cuarto, sobre cooperación internacional y el último, sobre recuperación de activos.

Recientes casos cuya acción penal se ha promovido lo demuestran/ Juan Miguel Bolaños Torres, ex ministro de Gobernación en 2014 fue condenado a cumplir 3 años de prisión, por cohecho impropio y actos arbitrarios.
Recientes casos cuya acción penal se ha promovido lo demuestran/ Juan Miguel Bolaños Torres, ex ministro de Gobernación en 2014 fue condenado a cumplir 3 años de prisión, por cohecho impropio y actos arbitrarios.

A efecto de este artículo, nos referiremos únicamente al capítulo III, en el que se encuentran las exigencias de penalización de delitos. En ese sentido, la CNUCC a partir del artículo 15 al 28, establece una serie de conductas constitutivas de corrupción, cuyo contenido se espera que sea regulado por el Estado Salvadoreño como delitos[9].

Concretamente, contiene tres tipos de exigencias o requisitos principales que el Estado miembro debe adoptar para dar por cumplida su obligación internacional; a saber: requisitos obligatorios, facultativos y medidas facultativas.

Las redacciones de los requisitos obligatorios en la Convención no permiten duda alguna al referir la frase “cada Estado parte adoptará”. En ese sentido, al no adoptarse la medida exigida, el Estado salvadoreño estará en deuda internacionalmente.

Por otro lado, los requisitos facultativos, únicamente exigen al Estado parte a considerar que se adopten las medidas ahí contempladas. Empero se trata de hacer un esfuerzo real para determinar si dicha medida sería compatible con su propio ordenamiento jurídico.

Por último, las medidas facultativas, constituyen disposiciones que los Estados parte tal vez deseen aplicar, al referir la redacción “cada Estado parte podrá adoptar”.

En ese sentido, la CNUCC exige como requisitos obligatorios, normar en los términos en los que se encuentra redactada la convención, cinco actos de corrupción, a saber:

  • Soborno de funcionarios públicos nacionales (Art. 15).
  • Soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas (Art. 16).
  • Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público (Art. 17).
  • Blanqueo del producto del delito (Art. 23).
  • Obstrucción de justicia (Art. 25).

Como requisitos facultativos, la Convención obliga al Estado salvadoreño a considerar normar seis actos de corrupción, a saber:

  • Soborno pasivo de funcionario público extranjero (Art. 16).
  • Tráfico de influencias (Art. 18).
  • Abuso de Funciones (Art. 19).
  • Enriquecimiento Ilícito (Art. 20).
  • Soborno en el sector privado (Art. 21).
  • Malversación o peculado en el sector privado (Art. 22).

En consecuencia, de lo anterior, es necesario realizar un esfuerzo teórico comparativo entre la normativa interna con las exigencias de la CNUCC, con la finalidad de verificar si, en efecto, el Estado Salvadoreño las ha cumplido, tomándole la palabra a la mayoría de políticos salvadoreños que dicen hacer esfuerzos tendientes a erradicar la corrupción en nuestro país. Dicho esfuerzo, lo proponemos hacer para los próximos artículos en esta Revista.

 Referencias:

 [1] Índice de Percepción de la Corrupción 2013 de “Transparency International”. La Puntuación del IPC correspondiente a un país o territorio indica el grado de corrupción en el sector público según la percepción de empresarios y analistas de país, entre 100 (percepción de ausencia de corrupción) y 0 (percepción de muy corrupto).

[2] Ver PRATS CABRERA, Joan Oriol, “Causas políticas y consecuencias sociales de la corrupción”. http://www.raco.cat/index.php/papers/article/viewFile/119870/159755.

[3] Ibidem.

[4] Ver MUJICA, Jaris. Estrategias de Corrupción. Poder, autoridad y redes de Corrupción en espacios Locales. En: Vicios Públicos. Poder y Corrupción. Fondo de Cultura Económica, Lima, 2005, Pág. 133.

[5] CA. Decisión 668, Plan Andino de Lucha contra la Corrupción. Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. 2007. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D668.htm

[6] De la Mata Barranco resalta la dificultad de mantener un único concepto de corrupción para definir conductas que pueden afectar a bienes jurídicos muy diversos. Ver DE LA MATA BARRANCO, Norberto, «El delito de cohecho activo», en Revista de Derecho y Proceso Penal, núm. 12, 2004, Pág. 30.

[7] Ver CARUSO FONTAN, María Viviana, “El concepto de corrupción. Su evolución hacia un nuevo delito de fraude en el deporte como forma de corrupción en el sector privado”. Foro Nueva Época, No. 9, 2009. http://revistas.ucm.es/index.php/FORO/article/viewFile/FORO0909120145A/13481

[8] Ver ROWLAND, Michael, “Visión contemporánea de la corrupción”, en A.A.V.V. La hora de la transparencia en América Latina, El manual de anticorrupción en la función pública. Buenos Aires, Argentina. Granica/Ciedla, 1998. Págs. 31-42.

[9] Ver CANCIO MELIA, Manuel, De nuevo: ¿”Derecho Penal” del enemigo?, en A.A.V.V. Derecho Penal del Enemigo. El Discurso penal de la exclusión, Edisofer S.L y B de F Ltda. España y Montevideo, Vol. 1, Págs. 349-360. Lo anterior, si bien es cierto, no es más que una propuesta o exigencia de expandir el derecho penal en nuestro país a las conductas por ellas descritas, punitivizando acciones que a la fecha no son delitos, resulta más que necesario, considerando el grave daño que con anterioridad ocasiona el fenómeno de la corrupción en el desarrollo de nuestro país.

 

Si deseas citar este artículo hazlo así:

LANDAVERDE, MORIS. “EXIGENCIAS PUNITIVISTAS DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 23 de febrero de 2016. http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/4331