Aspectos relevantes sobre los agentes de información de datos o mejor conocidos como “burós de crédito”
Aspectos relevantes sobre los agentes de información de datos o mejor conocidos como “burós de crédito”

Si alguna vez has firmado un contrato de servicio de telefonía o de crédito con un banco, habrás notado que solicitan autorización para divulgar tu comportamiento crediticio. Siendo el caso que hayas brindado la autorización para que compartan tu información crediticia o no, pueden surgirnos muchas preguntas como: ¿Quiénes son considerados agentes de información de datos? ¿Cuál es la finalidad de su actividad? ¿Qué implicaciones tiene si autorizamos a las empresas que divulguen nuestro comportamiento crediticio? ¿Quién estaría encargado de compartir la información y quiénes tendrían acceso a ella? Si existe información errónea o reportes indebidos en tu perjuicio, ¿cómo puedes reclamar y qué instituciones estarán involucradas para gestionar el procedimiento? A todas estas preguntas desarrollaremos sus respuestas y te daremos las mejores recomendaciones del caso.

¿Quiénes son considerados agentes de información de datos y cuál es la finalidad de su actividad?

La Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las Personas establece en su artículo 3 que se entenderá por Agencia de Información de Datos: “Toda persona jurídica, pública o privada, exceptuando a la Superintendencia del Sistema Financiero, que se dedica a recopilar, almacenar, conservar, organizar, comunicar, transferir o transmitir los datos sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes”.

Sobre esta afirmación podemos inferir que la ley no contempla la posibilidad que personas naturales operen esta actividad. Así mismo lo confirma el artículo 5 de la Norma Técnica 01/2012[1], cuando establece que “Las agencias de información de datos se constituirán como personas jurídicas, las cuales pueden ser públicas o privadas”. Además, excluye a la Superintendencia de ser considerada como un agente de información de datos. ¿Por qué? Sencillo, es el ente supervisor[2].

En síntesis podemos decir que los Agentes de Información de Datos (AID) o Burós de Créditos, son aquellas entidades autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero para desarrollar la prestación de servicios de recopilar, almacenar, conservar, organizar, comunicar y transmitir los datos sobre el historial de crédito de los consumidores”.

La finalidad que deberían buscar las Agencias de Información de Datos (además de buscar lucro) es conservar y transmitir a los agentes económicos[3] información crediticia veraz, oportuna y actualizada de los consumidores, debido a que cualquier información crediticia errónea o desactualizada, puede afectar el acceso directo de los servicios o productos financieros que los consumidores aspiran en obtener. Lo anterior también es importante debido a que los agentes económicos toman esta información muy en serio para realizar la evaluación de riesgos sobre los clientes que solicitan sus servicios financieros. Manejar información errónea o desactualizada es una actividad indebida, tanto la SSF como el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor podrían imponer sanciones a las Agencias de Información de Datos y a los Agentes Económicos.

¿Qué implicaciones tiene si autorizamos a las empresas que divulguen nuestro comportamiento crediticio?

Si has autorizado a un agente económico como banco, seguro o comercializadora para compartir tu comportamiento crediticio, estarás expuesto a que estos compartan con las AID tu información personal (nombres, apellidos, número de Documento Único de Identidad, Número de Identificación Tributaria, entre otros) e información crediticia. Sobre este último punto es importante señalar algunos aspectos que las AID pueden compartir con los Agentes Económicos y viceversa, por ejemplo:

  • Las obligaciones que reportan: Tarjeta de crédito bancaria, crédito hipotecario, crédito personal, etc.
  • Monto o límite del crédito
  • Sado total
  • Días en mora del cliente
  • Saldo en mora
  • Fecha de último pago
  • Calificación del deudor o categoría de riesgo
  • Entre otros.

Si nos fijamos, son datos muy personales que pueden afectar el honor o imagen de la persona en cuanto a su confiabilidad financiera, sobre todo cuando un agente económico ha realizado un reporte con datos negativos.

¿Qué se consideran datos negativos?

“Es la información relativa a la morosidad o el retraso en el cumplimiento de las obligaciones crediticias de los consumidores o clientes que constan en una base de datos”[4]. La afirmación anterior nos invita a recordar qué se considera un retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o en simples palabras, ¿qué es la mora? El código civil en su artículo 1422 establece en su numeral 1°  que el deudor está en mora “cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado”[5]. Es decir, si yo tengo una fecha límite de pago el 20 de febrero de 2016 y emito el pago un día después, eso ya se considera mora.

Establecer lo anterior es importante porque nos genera la duda en cuanto al criterio que aplican los agentes económicos para reportar a un cliente que ha incurrido en mora, ¿será a partir del primer día de mora, segundo, tercero?  ¿Qué sucede si un consumidor por A o B motivo se le escapó por primera vez el pago de forma puntual, será reportado inmediatamente? O viéndolo desde otro punto de vista, ¿qué pasaría si una financiera aplica mal el pago de un cliente? Nuestra legislación actual brinda un margen de discrecionalidad al Agente Económico en cuanto a los criterios que se tomarán en cuenta para considerar el retraso en el cumplimiento de obligación crediticia[6] lo cual no es adecuado.

Estoy convencido que la discrecionalidad que poseen los Agentes Económicos es el punto débil que deben buscar fortalecer las instituciones interesadas. No es posible que exista diversidad de criterios implementados para considerar qué se entiende por mora, debido a que eso genera inseguridad jurídica en perjuicio de los clientes, usuarios o consumidores. Lo mejor sería incorporar un término de gracia o cortesía en la LEY DE REGULACION DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION SOBRE EL HISTORIAL DE CREDITO DE LAS PERSONAS, para estandarizar los criterios que los Agentes Económicos deben utilizar para reportar datos negativos a las AID. ¿En qué ayudaría esto? Bueno, ayudaría a proteger más a los consumidores, brindaría mayor seguridad jurídica en cuanto a la protección del mismo sistema financiero y eliminaría la discrecionalidad que tienen los agentes económicos para mejorar la vigilancia del manejo de la información crediticia de las personas. 

¿Durante cuánto tiempo permanecerán los datos negativos en la base de datos de las agencias de información?

Si eres reportado con datos negativos, ese historial crediticio será reflejado en la base de datos por tres años. Así lo establece nuestra legislación vigente y su norma técnica indica que solamente al haber cumplido ese tiempo, podrán ser eliminados los datos negativos de la base de datos[7].  Actualmente instituciones como la Superintendencia del Sistema Financiero y la Defensoría del Consumidor se encuentran en un análisis sobre este punto, y podrán brindar las mejores recomendaciones a la Asamblea Legislativa para lograr una reforma integral de los cuerpos normativos.

A mi parecer, la permanencia del historial crediticio con datos negativos por tres años es un castigo desproporcional que ha limitado derechos constitucionales como el honor y propia imagen que nuestra Carta Magna exige garantizar. La asamblea legislativa debe buscar reformar el artículo 5, inciso 3, de la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial Crediticio de las Personas debido a que es este el enunciado que establece los tres años como tiempo máximo de permanencia de los datos negativos de los clientes.

La única vía para que la ley en materia perciba el efecto erga omnes de los postulados constitucionales anteriormente mencionados, es que el Órgano Legislativo disminuya el tiempo que puedan ser reflejados los datos negativos en el historial de crédito. Esto, no sin antes evaluar los aspectos técnicos financieros que ayuden a fijar un tiempo prudencial que busque fomentar un orden económico basado en el principio de justicia social que enuncia el artículo 101 de nuestra Constitución.

Procedimiento para rectificar, modificar y cancelar datos

Con las explicaciones que se han brindado hasta el momento, hemos entendido quiénes se encargan de manejar la información, qué tipo de información se comparte y qué entidades están involucradas en su transmisión.

En una era como la actual donde la tecnología nos ayuda a obtener cualquier tipo de información, es importante que aprendamos a descifrar que la fuente de la misma sea veraz. En caso no lo sea, deben existir mecanismos que ayuden a sanear este aspecto para tutelar cualquier derecho vulnerado. Es por ello que desarrollaremos algunos aspectos que pueden ayudarnos a tutelar nuestros derechos financieros, basándonos en lo siguiente: ¿Qué derechos tenemos? ¿Cómo podemos reclamar y qué instituciones estarán involucradas para gestionar el procedimiento?

Los burós de credito no podrán compartir mi historial crediticio sin una autorización por escrito
Los burós de credito no podrán compartir mi historial crediticio sin una autorización por escrito

¿Qué derechos tenemos? Uno de los principales derechos que poseemos los consumidores es el respeto al consentimiento o no de recopilar y transmitir la información crediticia por parte de las entidades financieras dedicadas a ello. Esto significa que no podrán compartir mi historial crediticio sin una autorización por escrito. En caso realicen su actividad sin la debida autorización, podrían ser sancionados por el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, con base en el artículo 18 literal g) y 44 literal e) de la Ley de Protección al Consumidor. Otro derecho básico es la fidelidad de la información. Este derecho busca proteger la veracidad actual y real del estado crediticio de los consumidores. El postulado de fidelidad de la información pone en tela de juicio el castigo desproporcionado del que hablábamos anteriormente en cuanto al tiempo de permanencia de los datos negativos.

Así podríamos ir nombrando otros derechos que están sujetos de ser protegidos pero, ¿cómo podremos reclamar en caso sean vulnerados y ante qué instituciones podremos interponer denuncia?

Hay dos opciones: 1) podrás acudir, vía trato directo, ante el agente económico y agencia de información de datos y 2) podrás acudir a la Defensoría del Consumidor o Superintendencia del Sistema Financiero. Sobre cualquiera de las dos opciones que elijas, debes tener en cuenta que la queja o denuncia debe ser presentada mediante solicitud escrita. La solicitud debe contener lo siguiente:

  • Identificación completa, indicación del domicilio, teléfono y cualquier otro dato que sirva para que te notifiquen.
  • Pretensión de la solicitud ¿qué solicitas?
  • Fotocopia de DUI o documento que acredite tu identidad
  • Documento que respalde la razón de la queja (puede ser la copia certificada del historial de crédito que has pedido a una AID)
  • Identificación del proveedor

En caso elijas la opción 1), debes tener en cuenta llevar una copia del escrito para que te den por recibido el documento, expresando el día y hora en que hayas presentado tu denuncia. Sobre esta solicitud deberán responderte dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles. En caso no te respondan o la respuesta sea insatisfactoria, podrás acudir a la Defensoría del Consumidor para presentar tu solicitud desatendida y así esta entidad podrá iniciar con la investigación correspondiente.

La opción 2) es la más ventajosa, sobre todo si acudes directamente a la Defensoría del Consumidor. En primer lugar te ahorras el escrito al presentar tu denuncia de forma presencial[8]. En segundo lugar, esta entidad tiene la facultad de requerir información de los proveedores con base en el artículo 58 literal f) de la Ley de Protección al Consumidor. Esta facultada es de vital importancia porque ayuda en obtener documentación o información trascendente que favorecerá la resolución de tu caso. Si acudes a la Superintendencia, se aplicarán los requisitos que establecimos anteriormente y todos aquellos aspectos que sean de su competencia legal[9].

El producto que deberíamos obtener finalizada la investigación, si se determina que efectivamente se ha vulnerado un derecho del consumidor y dependiendo de qué tipo de queja sea, es una orden de rectificación o actualización de datos. A partir de la fecha de notificación de la resolución emitida por la autoridad competente,   las AID y AE  deberán “cumplir con la corrección de datos en un término no mayor a tres días hábiles”[10].

Es de suma importancia que podamos exhortar el cumplimiento de nuestros derechos financieros, sobre todo cuando los particulares nos encontramos en desventaja en cuanto al desequilibrio económico e informativo que tenemos versus las entidades financieras.  El acceso a diversos productos financieros, como préstamos personales o préstamos hipotecarios por mencionar algunos, ayuda a impulsar mejores condiciones económicas y sociales que favorecen a las familias salvadoreñas.

Estar restringido de acceder a los servicios financieros por un reporte indebido, error, o por cualquier otra práctica abusiva que provenga de un proveedor es inaceptable. Por lo anterior debemos mejorar los mecanismos jurídicos que ayudan a tutelar los derechos financieros, y así seguir la construcción de un Estado de Derecho que proteja a los más desfavorecidos de un orden económico que en la actualidad, no cumple con el principio de justicia social que exige la constitución.

 Referencias:

[1] La NT 01/2012 son las Normas Técnicas emitidas por la SSF para regular los servicios de información sobre el historial de crédito de las personas. Este cuerpo normativo desarrolla aspectos como: autorización y registro de una AID, los datos de los consumidores que pueden ser compartidos a los agentes económicos, procedimiento de acceso, rectificación, modificación y cancelación de datos, entre otros.

[2] Si bien es cierto la Superintendencia del Sistema Financiero maneja información del comportamiento crediticio de los usuarios de las instituciones financieras, el objetivo que pretende desarrollar el ente supervisor con este manejo de información es facilitar la evaluación de riesgos de las operaciones que desarrollan los integrantes del sistema financiero; esto, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Bancos.  A este sistema de información se le conoce como “Central de Riesgo”, esta información no es proporcionada a personas particulares.

[3] Los agentes económicos pueden ser las instituciones financieras, proveedores de productos o servicios, que registran, suministran y obtienen información personal y crediticia de los consumidores mediante autorización por escrito.

[4] Artículo 3, literal c) de las NT 01/2012.

[5] Debido a que el Código de Comercio no desarrolla una definición de mora, debemos remitirnos al Código Civil para aplicar el principio de supletoriedad. El artículo 945 del código de comercio establece lo siguiente: “Las obligaciones, actos y contratos mercantiles en general, se sujetarán a lo prescrito en el Código Civil, salvo las disposiciones del presente Título”.

[6] Artículo 18 literal a) inciso segundo de la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial Crediticio de las Personas: “Los agentes económicos tienen la obligación de comunicar a los consumidores y clientes qué tipo de información se ingresa en la base de datos de la agencia de información de datos y cuál es el criterio utilizado para la mora o retraso en el cumplimiento de la obligación crediticia.”

[7] Artículo 13  de la NT01/2012 establece lo siguiente: “Los datos negativos serán eliminados del historial crediticio después de tres años de haber sido reflejados en la base de datos de las AID, en virtud de los datos mensuales enviados por el AE”.

[8] Es de aclarar que los consumidores siempre deben cumplir con los requisitos que se establecen en el artículo 21 de la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial Crediticio de las Personas.

[9] Aplicación de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.

[10] Artículo 19 inciso segundo de las NORMAS TÉCNICAS PARA LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN SOBRE EL HISTORIAL DE CRÉDITO DE LAS PERSONAS.

Si quieres citar este artículo hazlo así:

ALAS, GUSTAVO “ASPECTOS RELEVANTES SOBRE AGENTES DE INFORMACIÓN DE DATOS. LOS “BURÓS DE CRÉDITO”, publicado en la Revista Jurídica Digital Enfoque Jurídico, el día 26 de enero de 2016 en http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/4523