Integración regional como mecanismo para asegurar la paz y la democracia
Integración regional como mecanismo para asegurar la paz y la democracia
Integración regional como mecanismo para asegurar la paz y la democracia
Integración regional como mecanismo para asegurar la paz y la democracia

Para el desarrollo del presente artículo, se pretende realizar el abordaje del tema de la integración regional como mecanismo para asegurar la paz y la democracia a partir de la siguiente estructura: en primer lugar se realizará una aproximación, desde la teoría, a las potencialidades de los procesos de integración regional como facilitadores de la paz y la democracia entre sus miembros; en segundo lugar se realizará ese mismo estudio, pero a la luz de dos hitos en la historia reciente centroamericana; la crisis institucional suscitada en Honduras con el Golpe de Estado que llevó al exilio al presidente hondureño en el año 2009, y el conflicto limítrofe entre Nicaragua y Costa Rica que actualmente está en la fase final de discusión en la Corte Internacional de Justicia, en la Haya, Holanda.

En ese orden de ideas, en primer lugar es necesario tomar en consideración que todo sistema de integración se encuentra sustentado en la proyección de los ideales, aspiraciones, anhelos y ambiciones de los actores locales, de cara al ámbito regional y mundial; en tal sentido, es posible sostener que una de las finalidades principales del integracionismo es el proveer a los actores locales de las herramientas necesarias para enfrentar de manera satisfactoria aquellos desafíos que, aunque tienen repercusiones locales, trascienden las fronteras nacionales, y que consecuentemente requieren de un abordaje internacional.

De tal forma todo proceso de integración regional, debe hacer frente y superar una serie de desafíos que se le plantean a partir de las diferentes coyunturas y de los actores locales.

En ese sentido, el primer desafío radica en la capacidad que debe tener el sistema para adquirir credibilidad de cara a los actores intrarregionales; es decir, en la medida que el sistema de integración se convierta en una entidad creíble, en esa forma se volverá más fácil que los actores locales se muestren propensos a acatar las resoluciones que se adopten en sede regional.

Ahora bien, este es un proceso que el sistema regional consigue a partir de varios factores; el primero es la claridad y factibilidad del camino propuesto para profundizar la integración regional, ya que eso genera la certeza necesaria que permitirá a los entes locales identificarse con el proceso e involucrarse en las diferentes etapas del mismo de una manera proactiva, y no simplemente como espectadores pasivos.

El segundo consiste en que el sistema de integración debe mostrar resultados que sean palpables y que permitan generar la convicción de la conveniencia y la necesidad de impulsar el proceso de integración en general, y los compromisos que se plantean como parte del mismo. Para ello, demostrar la funcionalidad de las instituciones regionales resulta crucial, se vuelve necesario que la burocracia regional, se presente a sí misma, como un conjunto de entes que tienen un propósito útil y necesario en el desarrollo del proceso de integración, y no como una especie de “elefante blanco” que es onerosa y que carece de utilidad práctica.

El tercero consiste en desarrollar la capacidad de conciliar los intereses locales dentro del proceso regional, de manera que el sistema regional sea percibido como la entidad capaz de dirimir este tipo de controversias de manera objetiva sin que ponga en riesgo la integración misma.

En consecuencia, en la medida que el sistema regional logre superar los desafíos antes expuestos, así se encontrará preparado para hacer frente a cualquier contingencia o crisis que se suscite dentro de la comunidad, así como los que puedan ser planteados al interior del sistema por los actores locales de acuerdo al tema a impulsar.

De manera que, en cuanto a la difusión de la democracia en el marco de la integración regional, es necesario considerar, parafraseando a Grugel (2007), que la democratización consiste en la implementación de un modelo sustentado en la igualdad de todos los ciudadanos y que sean estos quienes ejerzan el control de la sociedad y el Estado. Para el caso centroamericano, debe entenderse como democratización en conjunto con la consecución de sociedades inclusivas, basadas en el respeto y promoción de la dignidad humana y los derechos fundamentales. 

No obstante en el marco comunitario, la democratización enfrenta el desafío que suponen las élites existentes al interior de los Estados miembros, sobre todo cuando éstas proceden de contextos autoritarios, que como reconoce el precitado autor cuentan con la capacidad de oponerse de manera efectiva, por lo que solo en el marco de un sistema de integración consolidado y fuerte podría ser posible hacer frente de manera exitosa a su oposición. Significando ese conflicto, en cualquier caso, una prueba sobre la solidez del mismo sistema.

Por otra parte, en cuanto a la pacificación es menester considerar que, en el caso centroamericano, este es un anhelo que ha estado presente desde el mismo inicio del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), ya que mientras en sus orígenes, uno de los propósitos de la integración europea era la pacificación del continente luego de la devastación de las dos guerras mundiales; en esta región el SICA fue el resultado de los esfuerzos de pacificación de la región que, durante la década de los 80, se encontraba inmersa en diferentes guerras civiles.

Sin embargo, en la actualidad, la paz, no debe ser entendida únicamente como la ausencia de guerra entre los miembros del sistema de integración o entre un Estado nacional y un ente beligerante interno, claramente delimitado, tales como los movimientos guerrilleros; sino que debe ser abordado a partir del enfoque de seguridad ciudadana. Para la actualidad, reflejado en el marco del combate al crimen organizado, la trata de personas, el narcotráfico y demás amenazas a la seguridad que por su complejidad trascienden las fronteras de los estados nacionales.

En ese sentido, la consecución de los objetivos regionales, depende en gran medida de la fortaleza institucional con que el sistema regional se encuentre dotado; de manera que un proceso integracionista débil, será visto como un actor irrelevante, y a pesar de ofrecer soluciones adecuadas y racionales, no será tomado en consideración.

Crisis Hondureña en 2009. 

El 28 de junio de 2009 se produjo en Honduras el derrocamiento del Presidente democráticamente electo y la ruptura del orden democrático y constitucional. A las 5 de la mañana, efectivos del Ejército hondureño, actuando bajo instrucción del Jefe del Estado Mayor Conjunto y del Vice Ministro de Defensa, ingresaron a la residencia presidencial, privaron de libertad al Presidente José Manuel Zelaya Rosales y lo trasladaron en un avión militar a Costa Rica. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2009, pp.1)

Lo que inició como una controversia entre las élites hondureñas, y el ex Presidente Manuel Zelaya, por la realización de una consulta popular, decantó en la concreción de un Golpe de Estado que acabó con la larga trayectoria de gobiernos electos democráticamente en Honduras, y la concreción de una crisis social que puso a prueba la capacidad de respuesta del SICA. 

En ese sentido, en el marco de la XXXIV Reunión Ordinaria del SICA, los Jefes de Estado y Gobierno emitieron una declaración sobre “las medidas políticas inmediatas a ser tomadas ante la situación en Honduras”, que contemplaba entre otros, la suspensión de préstamos y desembolsos a ese país, la suspensión de toda reunión con el “gobierno golpista”,  la petición de la reinstalación del presidente Zelaya, así como la expulsión de los representantes hondureños no nombrados por el Presidente Constitucional, ante las instancias regionales.

Al final, el Gobierno de facto logró sus objetivos, al impedir el retorno de Manuel Zelaya a la presidencia hondureña y sostenerse en el poder hasta entregar las riendas del Estado al gobierno del presidente Porfirio Lobo, quién fue electo en un proceso que no estuvo exento de polémica, pero que fue aceptado por la comunidad internacional en un aparente intento de dar vuelta a la página y cerrar este capítulo en la historia.

Al realizar un balance de la forma en que se desarrolló la crisis hondureña, es de considerar que el SICA se mostró como un actor irrelevante, constituyéndose como un simple espectador del desarrollo de los sucesos que iban desde iniciativas individuales, como la del Presidente costarricense Óscar Arias, hasta las iniciativas intentadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), con sus propias contradicciones.

Análisis del conflicto limítrofe entre Nicaragua y Costa Rica. 

El Río San Juan, ha sido motivo recurrente para desavenencias entre Costa Rica y Nicaragua, debido a su importancia estratégica y más recientemente por el proyecto de la construcción de un canal interoceánico que ha anunciado el gobierno nicaragüense.

Si bien, se trata de un litigio que se remonta hasta la independencia de ambos países centroamericanos, ha sido recientemente en 2005 que Costa Rica recurrió a la Corte Internacional de Justicia, para dirimir el caso, no obstante, en 2011 el caso volvió a ser llevado ante el referido Tribunal en la Haya; instancia en la cual actualmente se encuentra en su etapa final.

Es preciso que el SICA trabaje en conseguir la legitimidad necesaria de cara a la sociedad centroamericana
Es preciso que el SICA trabaje en conseguir la legitimidad necesaria de cara a la sociedad centroamericana

Sobre esta situación Arévalo Garméndez (2011), recoge que la postura del Sistema de Integración, en palabras de su entonces Director Ejecutivo Edgar Chamorro Marín, es que el SICA sigue este caso de cerca, debido que compromete a dos estados miembros del sistema que están enfrascados en una polémica; que afecta el proceso de integración regional, debido que esta clase de litigios tienden a ponerle trabas al trabajo institucional.

En ese mismo sentido, sostiene que el SICA no se encuentra facultado para resolver esta situación, debido que el “Sistema no fue hecho para dirimir este tipo de asuntos.” 

En ese punto, es una referencia casi obligada el revisar el hito que significó la resolución proveída por la Corte Centroamericana de Justicia en 1916, sobre la invalidez del Tratado Bryan Chamorro, con el que se pretendía la instalación de una base militar estadounidense en la parte nicaragüense del Golfo de Fonseca.

Conclusión.

Resulta evidente que los desafíos que enfrenta el proceso de integración centroamericano solo podrán ser resueltos en la medida que exista la plena convicción por parte de los socios regionales sobre la necesidad y la conveniencia de profundizar la integración; hoy más que nunca resulta ingenuo pensar en el abordaje de los diferentes problemas, sobre todos aquellos referidos a la pacificación y la seguridad ciudadana, a partir de visiones nacionalistas decimonónicas, cuando los problemas y retos con cada vez más frecuencia rebasan las fronteras nacionales.

Por una parte la democratización de la región es una tarea pendiente, y que aún está lejos de concluir, tal como el demuestra el caso de Honduras; por otra parte, aunque los países centroamericanos compartimos muchas más cosas que la Europa al inicio de su proceso de integración, existen fricciones y diferencias entre los actores regionales, que han puesto en entredicho la institucionalidad y la vigencia del sistema de integración.

Por lo tanto, es responsabilidad de los actores regionales dar su voto de confianza y apoyar el fortalecimiento del sistema de integración, ya que al final los logros que se alcancen en el marco de la integración traerán muchos más y mejores beneficios a cada actor, que los que podrían conseguir por sí solos.

Y por parte del SICA, es preciso que trabaje en torno a conseguir la legitimidad necesaria de cara a la sociedad centroamericana para continuar sobre el sendero de la integración regional. 

Referencias: