Delito de conducción peligrosa de vehículos automotores
Delito de conducción peligrosa de vehículos automotores

1.- Introducción.

La actual regulación del delito de Conducción Peligrosa de Vehículos Automotores, es producto de la reciente reforma realizada al artículo 147-E del Código Penal –en adelante Pn.-, llevada a cabo mediante decreto legislativo No. 371, del nueve de mayo de dos trece, publicado en el diario oficial No. 102, tomo 399, de fecha cinco de junio de dos mil trece.  Su antecesor derogado era el delito de Conducción Temeraria de Vehículo Automotor, regulado en el mismo artículo, que entró en vigencia por Decreto Legislativo Nº 393 de fecha veintiocho de julio de dos mil cuatro, publicado en el Diario Oficial Nº 143, tomo 374, de fecha treinta de Julio de dos mil cuatro.

La reciente reforma legislativa pretendió mejorar la regulación legal modificando el tipo penal, a fin de optimizar la persecución penal de las conductas prohibidas, pero parece ser que el legislador únicamente cambió el concepto de conducción temeraria de vehículo automotor por el de conducción peligrosa de vehículos automotores, dejando prácticamente los mismos problemas normativos del tipo o incluso agravándolos.

A continuación propongo un análisis crítico del tipo penal referido, con el ánimo de fomentar el debate.

2.- El supuesto de hecho.

El legislador en el inciso primero de art. 147- E Pn., regula el delito en estudio de la siguiente manera: “el que mediante conducción peligrosa de vehículo de motor transgrediere las normas de seguridad vial, poniendo en peligro la vida o la integridad física de las personas, será sancionado con pena de prisión de uno a tres años”.

En ese sentido, el supuesto de hecho está configurado básicamente por los siguientes elementos: 1) la conducción peligrosa de vehículo de motor, 2) la transgresión de las normas de seguridad vial; y 3) la puesta en peligro de la vida o la integridad física de las personas. En consecuencia, una persona resulta sancionable con prisión de uno a tres años, si se dan esos tres elementos de los que está conformado el supuesto de hecho en estudio.

Empero el legislador, a fin de evitarse interpretaciones judiciales discrecionales sobre el concepto de conducción peligrosa de vehículos automotores, prefirió hacer su propia interpretación auténtica en el inciso 2° del Art. 147-E Pn., definiéndola de la siguiente manera:

“para los efectos del inciso anterior, constituye conducción peligrosa, el disputar la vía entre vehículos o realizar competencias de velocidad en la vía pública, sin previo permiso de la autoridad competente. También constituye conducción peligrosa, el manejar vehículo de motor en estado de ebriedad según el límite fijado reglamentariamente o bajo los efectos de las drogas”.

Básicamente define como peligrosa la conducción de vehículos de motor, cuando se dispute la vía pública, se realicen competencias en aquella sin estar autorizado, en estado de ebriedad según límite fijado en los reglamentos o bajo los efectos de las drogas. Sin duda esta definición deja fuera muchas otras conductas peligrosas que ocasionan más accidentes automovilísticos que las que engloba el tipo penal, como por ejemplo invadir el carril contrario en zonas no permitidas o distracción al volante, que actualmente únicamente son reprochables administrativamente.

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Por otra parte, no basta la comprobación de estas cuatro situaciones que son las que el legislador ha definidito como conducción peligrosa, es necesario que se transgredan las normas de seguridad vial y que se ponga en peligro la vida o la integridad física de las personas. A continuación analizaremos uno a uno estos elementos. 

3.- La conducción peligrosa de vehículos automotores. 

  • Disputar la vía publica entre vehículos.

En primer lugar, es importante señalar que según el Reglamento General de Transito y Seguridad Vial –en adelante RGTSV-, en su art. 4 No. 51, la vía pública es todo camino, calle o avenida, destinada para el tránsito de personas, vehículos y animales. 

En ese sentido la disputa vehicular de un camino, calle o avenida destinada para el tránsito es conducción peligrosa de vehículos automotores. Es de tomar en cuenta además, que la Ley de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial –en adelante LTTTSV- establece, en su art. 88,  como obligación para todo conductor de vehículo de motor, el manejo a la defensiva en toda la red vial del país. Por lo que se prohíbe lo contrario, es decir la conducción a la ofensiva de vehículos de motor, que incluye la disputa de vías.  En síntesis, la disputa de vía la constituyen todas las maniobras a la ofensiva realizadas por dos o más conductores de vehículos de motor, que busquen el ingreso o tránsito en algún camino, calle o avenida, en defecto de ceder el paso.

Esa última legislación, ya establece como sanción administrativa grave, la disputa de vía, a tenor de lo dispuesto en los arts. 117 infracción 70.

  • Realizar competencias de velocidad en la vía pública, sin previo permiso de la autoridad competente.

El uso de vehículos de motor en competencias de velocidad es un deporte, algunas veces calificado hasta de extremo, pero que debe realizarse bajo ciertos parámetros de supervisión, ya que si bien es cierto es un riesgo permitido, debe garantizarse el menor riesgo a las personas.

En el caso en particular, es conducción peligrosa, cuando se hace en vías públicas y sin el permiso de la autoridad administrativa competente. En consecuencia, si se cuenta con el respectivo permiso, que implicaría obviamente el cierre de la vía publica, la conducta no encajaría en el tipo penal objeto de estudio. 

  • Manejar vehículo de motor en estado de ebriedad, según el límite fijado reglamentariamente.

Ya en una ocasión, nos referimos al concepto de embriaguez en general, en el artículo denominado “la responsabilidad penal del ebrio”, publicado en esta misma revista, (http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/687), en donde dijimos que la intoxicación etílica, ebriedad o embriaguez es un estado fisiológico inducido por el consumo excesivo de alcohol. Implica una perturbación más o menos extensa del sistema nervioso superior y una fugacidad en la alteración del sensorio, pudiendo causar trastornos mentales de mayor o menor intensidad, o incluso incapacidad de comprender y determinarse. Por ello, bajo su influencia, el sujeto puede realizar una serie de acciones de las cuales no se guardan recuerdo alguno, afectándose la conciencia y voluntad, partes esenciales de la conducta dolosa.

En ese sentido, para concluir que existe conducción peligrosa, hay que establecer en primer lugar, que el sujeto activo conduce en estado de ebriedad; y luego, hay que verificar si ese estado de ebriedad esta fuera del límite permitido reglamentariamente.

Con respecto al primer punto, el primer problema que se plantea, con respecto a determinar si una persona conduce el vehículo bajo el estado de ebriedad, es probatorio. La mejor muestra para cuantificar el alcohol ingerido es la alcoholemia[1], que no es más que el análisis en sangre para determinar los niveles de alcohol en el cuerpo[2]; empero en nuestro país, es prácticamente la menos utilizada, ya que resultan más prácticas las pruebas como el alcohotest, realizadas a través del aliento, y la prueba en orina, pero que son descalificadas en los tribunales por ser poco confiables.

La situación se complica, si tomamos en cuenta la disposición establecida en la LTTTSV, que en su Art. 66, establece:

Todo conductor de vehículos automotores está obligado, cuando la autoridad competente lo requiera, a someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol, drogas, estimulantes o estupefacientes u otras sustancias análogas. La autoridad competente estará facultada para ordenar la realización de las pruebas para detectar dichas sustancias. La negativa al sometimiento de las mismas, es una presunción de intoxicación. 

Dicha disposición establece una presunción de culpabilidad, la cual a tenor del Art. 12 de la Cn. está prohibida, por lo que corresponde al Estado, a través de sus órganos competentes, probar los hechos que quiera someter a un proceso penal, por lo que la referida norma, es a todas luces inconstitucional, y su aplicación, ya sea de parte de los entes administrativos judiciales, debe dar lugar a la nulidad de pleno derecho.

En segundo lugar, la interpretación auténtica del legislador contiene una norma penal en blanco que remite a un reglamento, que establece un límite para afirmar si una persona conduce peligrosamente o no un vehículo, en estado de ebriedad. Así la norma nos refiere, que  es conducción peligrosa “manejar vehículo de motor en estado de ebriedad”, pero en seguida lo restringe al “límite fijado reglamentariamente”. Es decir que, existen casos en que una persona maneja en estado de ebriedad, pero al no restringir ese límite, no es conducción peligrosa. 

La norma extrapenal a la que dicha disposición nos reenvía, es al Reglamento General de Transito y Seguridad Vial, el cual en su art. 171 establece:

Art. 171.- Para determinar si una persona conduce bajo los efectos del alcohol se presume lo siguiente:

  1. Si la concentración de alcohol en la sangre es mayor que cien milígramos de alcohol por cada cien mililitros de sangre (0.10%), se está en presencia de un estado de haber ingerido licor o ebriedad.

Esta norma refiere que se encuentra en estado de ebriedad, quien posea una concentración de alcohol en la sangre mayor a 100 mg de alcohol por 100 ml de sangre; por lo que todo lo que sea inferior, es sobriedad o pre-ebridad, la cual no es punible.

Respecto al uso de la norma penal en blanco que hace el legislador, valga decir que en base a la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, quien ha dicho que:

“el legislador puede recurrir a la complementación de un precepto penal por otro de diversa naturaleza jurídica siempre y cuando la materia a regular lo exija —v. gr. tráfico, medicamentos, alimentos, medio ambiente, actividad financiera, etc.— y se cumplan ciertos presupuestos de admisibilidad constitucional, tales como : (a) que la disposición penal contenga claramente el núcleo de la prohibición —v. gr. sujeto activo, conducta, modalidades de comisión, tipicidad subjetiva, etc.— ; (b) el precepto extra-penal tenga una modesta función complementaria, y (c) se satisfaga plenamente la exigencia de certeza que debe regir en la aplicación del Derecho Penal[3]”.

Existe sobriedad o pre-ebridad no punible
Existe sobriedad o pre-ebridad no punible

En el presente caso estamos en presencia de un adecuado uso de una norma penal en blanco, ya que la materia a regular lo exige, como lo es la regulación del tráfico vehicular, y se cumplen los presupuestos de admisibilidad constitucional, como el hecho de que el núcleo de prohibición está regulado claramente en el Art. 147-E, ya que se establece el sujeto activo, la conducta, la modalidad de comisión y la tipicidad subjetiva, relegando al precepto extrapenal el límite cuantitativo que establece en que momento estamos en presencia de ebriedad, siendo una modesta función complementaria, satisfaciéndose de esa manera la certeza exigible en derecho penal.

Por último, la LTTTSV, en su art. 127 no. 100, ya estipula como infracción administrativa grave, la de conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

  • Bajo los efectos de las drogas.

La conducción peligrosa de vehículos de motor, según la definición del legislador, puede ser cometida también por un conductor de vehículo de motor, que se encuentre bajo los efectos de la ingesta de sustancias conocidas como drogas. Empero, la norma no establece a qué tipo de drogas se refiere. En virtud de ello, pueden ser aquellas sustancias a las que se refiere la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, así como aquellas sustancias permitidas, pero que en definitiva menoscaben la capacidad física y mental para conducir vehículos automotores.

La diferencia con respecto al caso de la ebriedad, es que la norma no establece un límite cuantitativo para establecer en que caso estamos en presencia de conducción peligrosa, por lo que una interpretación literal del tipo, llevaría a la conclusión de que cualquier cantidad en la sangre de este tipo de sustancias, ocasionaría la conducción temeraria, lo cual debe ser ponderado por el juez en el caso concreto, de conformidad al principio de antijurídicad material, insignificancia y proporcionalidad.

En sentido probatorio, nos remitimos a los comentarios expuestos con respecto la conducción peligrosa por embriaguez. Por último, la LTTTSV, en su art. 127 no. 100, ya estipula como infracción administrativa grave, la de conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes o enervantes.

4) La transgresión de las normas de seguridad vial.

Hemos visto como la norma no solo requiere que exista conducción peligrosa de vehículo de motor, ya como se advirtió, ello es un medio mediante el cual el sujeto activo puede transgredir las normas de seguridad vial. En ese sentido, es importante establecer cuáles son las normas de seguridad vial. 

La seguridad vial es el conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el buen funcionamiento de la circulación del tránsito, mediante la utilización de conocimientos y normas de conductas, bien sean para el peatón, pasajero o conductor, a fin de usar correctamente la vía pública, previniendo accidentes. Al efecto tenemos la referida LTTTSV y su RGTSV, que establecen normas de seguridad vial.

Empero, tal y como hemos advertido, por lo menos tres conductas que pertenecen a la definición de conducción peligrosa creada por el legislador, como lo es la disputa de la vía publica, la conducción de vehículos de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes y drogas, ya constituyen por si, infracciones administrativas de seguridad vial, no así la de realizar competencias de velocidad, en la vía publica sin autorización administrativa.  Ello es un claro ejemplo de la expansión del derecho penal, en el sentido punitivista, que toma normas de derecho administrativo sancionador y las convierte en sanciones penales.

Es necesario que con la conducción peligrosa de vehículo automotor se violenten otras normas de seguridad vial, adicionalmente a las contenidas en el concepto y que como advertimos ya eran parte del derecho administrativo sancionador como infracciones administrativas. A esta conclusión se llega, en la manifestación expresa del legislador, porque si no lo hubiera querido así, simplemente hubiera castigado la conducción peligrosa de vehículo poniendo en peligro la vida e integridad personal, pero se vio tentado y agrego un elemento más, cual es el de violentar normas de seguridad vial.

En ese sentido, es necesario que el conductor peligroso (según la definición estudiada) cometa una “transgresión” de las normas de seguridad vial, que puede ser cualquiera de las establecidas en el LTTTSV y RGTSV.

5.- La puesta en peligro de la vida o la integridad física de las personas.

Se trata de un delito de mera actividad, que no requiere un resultado (de lo contrario sería homicidio, lesiones, daños, etc), pero cuya conducta es eminentemente dolosa, ya que no puede existir conducción temeraria por culpa. Diferente son los problemas de inimputabilidad que puede ocasionar el grado de embriaguez del sujeto activo (nos remitimos al mencionado artículo titulado la Responsabilidad Penal del Ebrio).

Empero al no ser de resultado, significa que no se sanciona la lesión de los bienes jurídicos protegidos, sino su puesta en peligro.  En ese sentido, es de traer a colación la clasificación doctrinal de los delitos de peligro, la cual puede ser concreto o abstracta. Para la puesta en peligro concreto, se requiere que la acción ponga en peligro un bien jurídico en concreto, como lo sería una persona o personas, en particular. De no ser así, no se cumplen los elementos objetivos del tipo, lo que devendría en atipicidad. No pueden ser objetos materiales los que están en peligro, ya que el tipo se encuentra regulado en el capítulo de delitos que protegen la vida e integridad personal. De igual manera, no es suficiente la autopuesta en peligro del propio conductor peligroso, debe de tratarse de terceras personas. 

Para que el mismo fuera de peligro abstracto, el legislador hubiera sancionado únicamente la conducción peligrosa, pero decidió hacerlo de peligro en concreto, al exigir la puesta en peligro de la vida e integridad personal de las personas.  En ese sentido, si no ha existido un peligro concreto, la acción no sería sancionable.

Hasta aquí algunas reflexiones en torno a este tipo penal, quedándonos en el tintero la problemática de los concursos de delitos y normas que pueden darse con los delitos de lesiones y homicidios cometidos en virtud de accidentes de tránsito, cuya responsabilidad se atribuye al conductor peligroso, lo cual será tema para un próximo artículo.

 Citas:

[1] Análisis químico para determinar la presencia del alcohol en la sangre y su cantidad. Art. 4 No. 3 del Reglamento General de Transito y Seguridad Vial.

[2] No obstante, constituir la prueba idónea al efecto, según el Art. 200 del Código Procesal Penal, constituye una “intervención corporal”, la cual requiere en primer lugar, que sea realizado por un profesional debidamente acreditado, como lo sería un perito adscrito a Medicina Legal, y por supuesto la intervención judicial, ante la negativa del intervenido a su realización. Sin ahondar en los problemas prácticos de este acto urgente de comprobación, solo referiré que en la mayoría de los casos en que se necesita, como lo sería la investigación del delito de Conducción Peligrosa de Vehículos Automotores, el cual es cometido en altas horas de la noche o en la madrugada, la Policía Nacional Civil, se encuentra sola en el afán de su obtención, ya que ante la detención de una persona en estado de ebriedad, tendría que ser la Fiscalía General de la República quien solicite al Juez de turno, la autorización para que Medicina Legal realice la prueba en sangre; situación que no ha sido tomada en serio por los jueces, quienes entienden que el turno laboral es de ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, por lo que los agentes policiales tienen que valerse de pruebas menos invasivas, como lo sería el alcohotest y la prueba en orina, para su comprobación.

[3] Sala de lo Constitucional de la CSJ, Sentencia de Inconstitucionalidad Ref. 45-2010, 11 de Octubre de 2013.

Si quieres citar este artículo, hazlo así:

LANDAVERDE, MORIS. “EL DELITO DE CONDUCCIÓN PELIGROSA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico el 17 de noviembre del año 2015. http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/4246