Pedro Arieta Iglesias socio de la Firma Arieta Iglesias
Pedro Arieta Iglesias socio de la Firma Arieta Iglesias

*Pedro Arieta Iglesias

En general, las firmas cumplen la función de identificar a una determina persona, en el sentido de hacer valer los derechos y obligaciones del suscrito. Por eso, hay quienes consideran que la firma exterioriza la declaración de voluntad de una persona, es decir, es la materialización del consentimiento; o dicho de otra forma, es la aceptación o reconocimiento de un derecho y obligación.

La firma ha adoptado varias formas, como nombres completos, iniciales, abreviaturas y hasta palabras ilegibles que pueden estamparse a puño y letra o mediante sellos, y en casos hasta con huellas digitales para quienes no saben escribir.

Pero en la actualidad, es necesario hacer uso de medios tecnológicos que nos garanticen la fiabilidad y autenticidad de la suscripción de derechos y obligaciones mediante los diferentes tipos de contratos del comercio electrónico y en general para poder competir en el comercio exterior; me refiero a la firma digital y firma electrónica.

Al hablar de Firma Digital, no nos referimos a una imagen escaneada o digitalizada como forma rápida para suscribir cartas, correos electrónicos, autorizar compras en línea, entre otras actividades de intercambio de bienes y servicios que se ofrecen en internet.

La Firma Digital, es el resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La tecnología para producir este resultado, se conoce como cifrado asimétrico o cifrado de llave pública (Public Key Encryption).

Por tanto, es una herramienta importante para garantizar seguridad, confiabilidad y autenticidad entre partes que no necesariamente se conocen o que por varias razones nunca podrían encontrarse presencialmente; constituyendo de esta forma un elemento imprescindible para el desarrollo del comercio electrónico o e- commerce.

Así, la FIRMA DIGITAL es un método criptográfico que se asocia a la identidad de la persona y asegura además, la integridad del documento.

La FIRMA ELECTRÓNICA, en cambio, es un concepto eminentemente legal y mucho más amplio que el de la firma digital, en cuanto confiere un marco normativo que le otorga validez jurídica.

En virtud a su naturaleza, la firma electrónica permite identificar la identidad del autor, saber si el documento ha sido leído y dependiendo el tipo de firma, garantizar que el contenido del documento no pueda sufrir modificaciones.

Lo anterior significa que permite identificar de forma inequívoca al firmante; garantiza que el documento firmado es exactamente el mismo que el original, que no ha sufrido alteración y que los datos utilizados del firmante son únicos, en tanto éste no podrá sugerir la falsedad de su firma.

En América Latina, El Salvador era junto a Cuba, Paraguay, Bolivia y Santa Lucía, de los países que aún no contaba con una regulación en materia de firma electrónica y firma digital, no obstante ya existía la práctica de su uso en algunos sitios como Aduanas.

En octubre de 2015, con 76 votos fue aprobada la Ley de Firma Electrónica, proveyendo así de una herramienta fundamental que contribuirá a la agilización de procesos y a la disminución de costos de transacciones comerciales.

Esta ley, busca mejorar el clima de negocios, dinamizar la economía y brindarle rapidez al intercambio de bienes.

La modernización siempre es importante para el desarrollo de las sociedades, y con este instrumento – que será obligatorio para oficinas públicas, no para privados – se vislumbra una estandarización de expedientes que significaría un paso importante para combatir tanta burocracia en procesos de contratación y servicios públicos.

En un mundo globalizado, esta figura fortalecerá la inversión, brindando seguridad jurídica a las transacciones, regulando las comunicaciones electrónicas y protegiendo las relaciones entre usuarios, permitiendo que quienes ejercen el comercio puedan competir a nivel internacional con sus pares.

Esta regulación implica la creación de un ente de certificación por parte del Estado, y procesos claros y en condiciones de igualdad para la concesión a privados que les permita ser proveedores del servicio de certificación y en base a la experiencia de otros países que ya desarrollan diferentes tipos del comercio electrónico; promover la información del uso de la firma electrónica y sus beneficios en las relaciones de negocios – Empresa-Empresa – o Empresa a Gobierno, Empresa a Consumidor, Gobierno a Consumidor y Consumidor a Consumidor, donde se garantice la igualdad de condiciones en todas sus relaciones comerciales, transacciones y contratos.

En tanto, la Firma Electrónica estará abierta a acreditación a públicos y privados, pero será coordinado por el Ministerio de Economía, quienes serán los encargados de otorgar las capacitaciones y la concesión de acreditaciones para todos los interesados en ser proveedores de este servicio y será regulada por ésta ley y La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET).

Pero, ¿cómo funcionará en El Salvador? 

Los usuarios tendrán que acercarse al Ministerio de Economía o a los centros autorizados a fin de registrarse, donde les brindarán una clave privada con la cual se identificarán usando un certificado digital equivalente a un documento de identidad donde estará registrada su firma digital.

¿Certificado electrónico? Esto es un documento firmado de manera digital por un prestador o proveedor del servicio de certificación que vincula los datos de verificación de la firma de un usuario y confirma su identidad. Es necesario que los usuarios de la firma electrónica, cuenten con las mismas condiciones tecnológicas para realizar este tipo de firma.

Esta ley, presenta dos grandes desafíos, como son la seguridad y su implementación. Los proveedores (certificadores de la firma electrónica), deberán contar con medios tecnológicos que garanticen la seguridad de información del usuario, usando figuras como Llave pública y Llave privada. El Estado deberá invertir en personas técnicas, capacitaciones y empresas certificadoras a fin de que trasladen toda la información correspondiente tanto a los proveedores y los usuarios, para una adecuada y exitosa implementación.

*Sobre el Autor: es Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Dr. José Matías Delgado,  Abogado y Notario, LLM. Magister en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica de Chile, con una Especialización en Contratos y Daños por la Universidad de Salamanca España, Socio de la Firma Arieta Iglesias.