¿Qué sucede cuando los servidores públicos se dedican a alguna otra actividad adicional?
¿Qué sucede cuando los servidores públicos se dedican a alguna otra actividad adicional?
¿Qué sucede cuando los servidores públicos se dedican a alguna otra actividad adicional?
¿Qué sucede cuando los servidores públicos se dedican a alguna otra actividad adicional?

El día 25 de junio del presente año, el país amaneció con la noticia que la atleta Cristina López ganó la medalla de oro en la competencia de 10 km. de marcha, en el marco del XXVI Campeonato Mayor Centroamericano de Atletismo, celebrado en Nicaragua; lo más interesante es que la campeona también es Diputada en la Asamblea Legislativa. No obstante, meses después se hizo la polémica porque la referida funcionaria se ha ausentado a las sesiones de la Comisión Legislativa que integra debido que, tal como ella misma señala, la hora programada le genera conflicto con las sesiones de entreno que, como deportista de alto rendimiento, debe cumplir para mantener y mejorar su condición física. Entonces me surge la pregunta, ¿Qué sucede cuando los servidores públicos se dedican a alguna otra actividad adicional?

Para abordar este cuestionamiento, desde un enfoque administrativo, propongo la siguiente estructura: en primer lugar se realizarán algunas precisiones conceptuales sobre términos como Funcionarios, empleados y servidores públicos; posteriormente se harán unas reflexiones sobre la función pública, para finalizar realizando algunas consideraciones finales.

En ese orden de ideas, cuando se abordan estos temas, he notado que existe cierta confusión en el manejo de términos como “funcionario”  y “empleado público”; que generalmente son utilizadas por periodistas e incluso por servidores públicos como sinónimos.

Sin embargo, es preciso señalar que existen algunas diferencias entre esos términos que me permito detallar:

Funcionario público: Según el artículo 3 literal b) de la Ley de Ética Gubernamental, es la “Persona natural que presta servicios, retribuidos o ad-honorem, permanentes o temporales en la administración del Estado, de los municipios y de las entidades oficiales autónomas sin excepción, por elección o por nombramiento, con facultad para tomar decisiones dentro de las atribuciones de su cargo.” 

Empleado público: Según el literal c) de la disposición legal precitada es: “Persona natural que presta servicios, retribuidos o ad-honorem, permanentes o temporales en la administración pública y que actúan por orden o delegación del  funcionario o superior jerárquico, dentro de las facultades establecidas en su cargo.” 

En este punto resulta evidente que la diferencia entre uno y otro radica en la capacidad de tomar decisiones en nombre de la institución a la que se representa; de manera que mientras el funcionario tiene la facultad de adoptar decisiones que surten efectos en la esfera jurídica de la persona, el empleado público actúa únicamente a partir de la orden o delegación del superior jerárquico. En ese mismo sentido se ha pronunciado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su Sentencia de Amparo 576-2004, emitida el día 02 de junio del año 2005 señala literalmente: “Se distingue de los funcionarios en el aspecto que no expresan voluntad sino que colaboran y participan en las actividades que se derivan de aquella…”. 

De esta forma, aún y cuando nos encontremos con empleados públicos que aparentemente tomen decisiones administrativas, como es el caso de los registradores, defensores públicos o fiscales, en realidad estos actúan en representación de las personas que ostenten la Dirección del respectivo Registro (sea familiar, comercial, de asociaciones entre otros); o los Titulares de la Procuraduría General de la República y Fiscalía General de la República, por citar algunos ejemplos.

Una vez aclarados esos términos, es conveniente señalar que se entenderá como función pública a la actividad temporal o permanente, remunerada o ad-honorem, realizada por una persona natural en nombre del Estado, al servicio de éste, o de sus entidades en cualquiera de sus niveles jerárquicos; tal como señala el artículo 3 literal a) de la Ley de Ética Gubernamental.

Ahora bien, es necesario acotar que la trascendencia de la labor de los servidores públicos radica en el hecho que todas las acciones u omisiones que estas personas realicen tienen incidencia directa en la calidad de vida de la población en general, a partir de la generación de las condiciones que permitan alcanzar u obstaculizar el desarrollo social, es decir, el bien común; de ahí que el grado de responsabilidad que carga un servidor público es muy diferente al que puede conllevar a un agente privado, quién en última instancia las consecuencias de sus actos inciden en las finanzas de la empresa a la que representa.

De tal forma que como señala Calderón (2010); toda persona responsable debe constantemente tomar decisiones en virtud de su cargo, asumiendo, las consecuencias de los actos que se deriven de estas. En ese sentido, cuando se trata de un servidor público es titular de un órgano administrativo, entonces su responsabilidad asume una doble dimensión, hacia dentro y hacia afuera de la entidad que representa.

En ese mismo sentido se pronuncia también la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su Sentencia de Inconstitucionalidad 65-2007, emitida el día 20 de enero del año 2009 que literalmente señala: “Debe partirse de la premisa de que el ejercicio de la función pública necesariamente conlleva una responsabilidad. Ello equivale a decir que ningún funcionario puede dejar de responder por sus actos, omisiones, ineficiencia o hechos. Debe tenerse presente que la función pública es una herramienta para alcanzar el bien común; por ello, cuando ya no se atiende a ese bien común, surge la responsabilidad exigible al funcionario. Y es que, en un Estado de Derecho, ninguna persona que actúa en nombre del mismo puede dejar de responder por sus actos o hechos, por la simple razón de que en último término está actuando en nombre de los administrados.” 

En este punto es necesario recordar y considerar que el caso de la Diputada Cristina López, no es único en la Administración Pública, sino más bien, que es uno entre tantos otros que además de desempeñarse en la labor estatal a la que han sido nombrados participan de actividades deportivas, científicas, sociales, académicas, etc.

Seguramente conocemos a por lo menos un empleado o funcionario público que también se desempeña en la docencia universitaria, practican deportes de manera profesional, dirigen empresas, realizan activismo en organizaciones civiles que luchan por reivindicaciones sectoriales y sociales, participan activamente en sus iglesias o hacen voluntariado en las más diversas causas.

Y eso es algo natural, resulta ingenuo pensar que el servidor público debe ser una especie de autómata cuya existencia gira en torno a la función pública, como cualquier otro, se trata de una persona que busca de forma legítima la autorrealización a través del desarrollo de aquellas actividades con las que se siente identificado; por lo tanto trabajar con el Estado, pero también a dedicarse, a título personal, a cualquier otra actividad lícita es algo digno de respeto y de admiración, cuando a partir de esto se logra poner en alto el nombre de nuestro país.

Sin embargo, esto debe ceñirse a ciertos límites que por una parte pueden derivarse del sentido común de no asumir compromisos y responsabilidades más allá de los que podamos desarrollar de forma efectiva y eficiente; así como las limitantes y condiciones que señala la misma legislación vigente.

De esa forma, es preciso considerar que la Ley de Servicio Civil, señala en su artículo 32 literal e) que es prohibición de los empleados públicos desempeñar empleos de carácter privado que fueren incompatibles con el cargo o empleo público o municipal, ya sea por coincidir las horas de trabajo o por cualquier otra circunstancia cuando no hubiere incompatibilidad en ambos cargos, el interesado pedirá autorización a la respectiva Comisión de Servicio Civil antes de aceptar el cargo.

No obstante, si bien referida disposición afecta únicamente a empleados públicos, es de considerar que la Ley de Ética Gubernamental establece, en su artículo 5, como deberes de los funcionarios el cumplir con responsabilidad y buena fe las obligaciones y requerimientos que el cargo le demande; se colige entonces que ningún servidor público puede alegar el desempeño de una actividad adicional como excusa para faltar al cumplimiento de sus labores en el Estado.

En conclusión, desempeñar actividades diferentes a la función pública, en sí mismo no es algo malo o repudiable; sin embargo si la importancia del ejercicio de las labores en el gobierno adquieren su trascendencia debido que giran en torno a la consecución del bien común, no puede alegarse el desempeño de responsabilidades externas al gobierno para justificar la negligencia o descuido de la actividad pública para la que se ha sido nombrado.

Referencias:

  • Calderón, G.E. (2010). Responsabilidad de los Funcionarios Públicos, en Auditoría y Gestión de los Fondos Públicos. pp. 71 – 90. Auditoría Pública n° 54. Argentina.
  • elsalvador.com (2015, 27 de junio). Diputada Cristina López gana medalla de oro en atletismo. Periódico digital elsalvador.com. Recuperado de: http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/diputada-cristina-lopez-gana-medalla-oro-atletismo-80567
  • Soriano, A. (2015, 26 de octubre). Cristina López: en las madrugadas tengo entrenamiento y no alcanzo a llegar. Diario el Mundo. Recuperado de: http://elmundo.sv/cristina-lopez-en-las-madrugadas-tengo-entrenamiento-y-no-alcanzo-a-llegar/
  • http://www.auditoriapublica.com/hemeroteca/Pag%2071-90%20%20n%C2%BA%2054.pdf

Si quieres citar este artículo hazlo así:

LÓPEZ, LUIS“”TRABAJO PARA EL ESTADO, PERO TAMBIÉN ME DEDICO A…” A PROPÓSITO DEL CASO DE CRISTINA LÓPEZ”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 11 de noviembre de 2015.  http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/4183