Procedimiento prejudicial
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Consulta Prejudicial: Mecanismo de cooperación entre las Jurisdicciones Nacionales y la corte Centroamericana de Justicia.

(Segunda y última entrega: Procedimiento Prejudicial)

 *René Alberto Langlois:

En esta segunda y última parte nos referiremos someramente al Procedimiento que debe seguirse cuando un Juez Nacional desea plantear ante la Corte Centroamericana de Justicia  una Consulta Prejudicial: los detalles procesales se encuentran en los Artículos 57, 58 y 59 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte.

Tanto el Convenio de Estatuto de La Corte como su Ordenanza de Procedimientos, contemplan un tipo de Consulta Prejudicial sumamente amplio,  ya que el requisito que se exige es que el Juez o Tribunal judicial esté conociendo de un caso pendiente de fallo, en el que deba aplicar alguna norma del acervo comunitario centroamericano.

Perfectamente pueden los Jueces  consultar sobre la forma en la que deban aplicar cualquier disposición de algún instrumento regional o bien la forma en que deban ejecutar algún acto emanado de alguna Institución Comunitaria que les sea reclamado por algún peticionario. Este razonamiento refuerza nuestro  argumento de la enorme gama de Consultas que los Jueces  podrían formular pues lo pueden hacer sobre cuestiones laborales; civiles; sociales o bien sobre el Código Aduanero Uniforme Centroamericano; el Convenio Regional para el Manejo y Conservación de Ecosistemas Naturales Forestales;  el Tratado sobre Recuperación y Devolución de Autos Robados; o sobre el Convenio sobre el Ejercicio Profesional y Reconocimiento de Estudios Universitarios por citar unos cuantos casos.

Si al Juez Nacional le surgiere alguna duda sobre la aplicación  o la interpretación que deba dársele a alguna de estas normas dentro del proceso que conoce, debe suspenderlo y plantear la Cuestión a La Corte.

La forma de la solicitud de la Consulta es la admitida en el derecho procesal del Juez Nacional consultante, ya que como hemos manifestado, el Derecho Comunitario se desenvuelve como lo hace el derecho interno en cada uno de los Estados que forman parte del SICA y no existe jerarquización alguna entre La Corte y los Jueces o Tribunales Nacionales.

El escrito de la Solicitud puede presentarse, de acuerdo a lo que establece el Artículo 13 de la Ordenanza de Procedimientos ante la Secretaría del Tribunal, lo que aplica para los Jueces Nacionales nicaragüenses, por ser la Sede del Tribunal la República de Nicaragua. Para el resto de Jueces y Tribunales de la Región la solicitud puede presentarse ante la Secretaría General de su propia Corte Suprema de Justicia quien la remitirá al Secretario General de La Corte dentro de las 24 horas siguientes a su recibo. La remisión puede hacerse por cualquier medio técnico de comunicación que garantice su autenticidad y reserva.

En cuanto a la legitimación para  plantear Cuestiones Prejudiciales en primer lugar podemos decir que le corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales del Sistema de la Integración Centroamericana  y la pueden plantear en cualquier momento del proceso que esté por fallarse aunque consideramos  que cualquiera de las parte puede solicitar al Juez Nacional que formule la Consulta a La Corte  si es que no la ha hecho.

Si tal derecho les es vedado a los particulares envueltos en un juicio en el que se vea involucrada la aplicación de una norma comunitaria, sería el Derecho Comunitario, como bien lo dijera la Ilustre Profesora Doña Araceli Mangas Martín[1], “un quebradizo espejismo si el Tribunal no hubiera afirmado la posibilidad de que cualquier particular pudiera invocar y exigir el cumplimiento de las normas comunitarias ante otros particulares y ante los órganos administrativos y jurisdiccionales  internos”.

De acuerdo a la Ordenanza de Procedimientos, en el escrito o libelo que contenga la Consulta formulada debe de consignarse la designación del Juez o del Tribunal Nacional que formula la Consulta.

Este requerimiento me parece que reviste particular importancia ya que el domicilio es un punto de conexión  que nos sirve tanto para determinar el estado como la capacidad de las personas, así como la jurisdicción y la determinación de las leyes que deben regular la situación que haya surgido y, como asiento legal de una persona, es el lugar en donde ella ejercerá sus derechos y cumplirá sus obligaciones.

La petición debe contener  una relación de las normas del ordenamiento jurídico cuya interpretación se solicita al Tribunal.

Si bien es cierto que la exigencia de la forma en el planteamiento de la Cuestión Prejudicial no es en extremo rigurosa, ésta debe ser clara, y el escrito bien estructurado para que La Corte pueda identificar fácilmente sus diferentes apartados.

La  redacción debe ser clara, sencilla y precisa; de preferencia con párrafos enumerados para mayor exactitud de las ideas que se desean expresar. Se deben evitar las abreviaturas pues estas podrían variar de un país a otro.  La cita de las normas de las que se desea la interpretación debe de ser exacta, no sobrecargada de autos. La relación de los hechos debe de ser comprensible, mencionando fechas  y la naturaleza de los mismos ya que ellos fueron los que originaron el caso. Podrían anexarse documentos que sirvan para mejor apreciar los motivos alegados por las partes. Creemos  que los anexos son un recomendable complemento de la Solicitud de Consulta.

Debe incluirse en el escrito la dirección del Juez o Tribunal Nacional a los efectos de que La Corte pueda enviar la respuesta requerida.

Una vez que el Juez o Tribunal Nacional tenga en su poder la contestación de La Corte debe aplicarla al caso que está conociendo pues la norma comunitaria interpretada se vuelve “auténtica”  y por tanto el Juez o Tribunal Nacional está obligado a dictar su sentencia en el sentido interpretado o apreciado por  La Corte.

Ahora bien, ¿qué sucedería si el Juez o el Tribunal nacional no aplican la resolución prejudicial que le fue remitida por La Corte? Sencillo, entendemos que estaría violentando el Derecho Comunitario y sería viable la interposición de un recurso interno de Apelación o de Casación en su caso, pues se irrespetó una decisión del Órgano Judicial Principal y Permanente del Sistema de la Integración Centroamericana cuya jurisdicción y competencia  son de carácter obligatorio para los Estados del Sistema tal y como lo establece el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) y el Convenio de Estatuto de La Corte.

Además de la Apelación o de la Casación, consideramos  que cualquiera de las partes podría interponer una acción ante la misma Corte Centroamericana de Justicia por irrespeto de fallo judicial en contra del Estado miembro cuyo Juez o Tribunal Nacional no acató lo resuelto por el Tribunal Comunitario.

Las Consultas Prejudiciales evacuadas por La Corte  no solo obligan al Juez o Tribunal Nacional consultante, si no que tienen efecto erga omnes respecto de todos los Jueces o Tribunales Nacionales de los Estados miembros del SICA.

Para finalizar cabe hacernos una última pregunta: ¿Puede una resolución de Interpretación Prejudicial servir para fallar otros litigios nacionales que estén pendientes de resolución? Considero que sí, siempre y cuando la cuestión sea idéntica materialmente a la que fue objeto de Consulta, aunque lo recomendable y de acuerdo a como está redactado el literal k) del Artículo 22 del Convenio de Estatuto de La Corte, la interpretación obtenida sólo rige para el caso que fue objeto de la Consulta, por lo que los Jueces o Tribunales Nacionales deberán consultar al Tribunal Regional casos similares hasta el momento en que La Corte disponga que su jurisprudencia, en material prejudicial, puede ser aplicada en casos análogos.

La uniformidad normativa en la Comunidad Centroamericana solamente puede ser lograda por medio de las Consultas Prejudiciales que los Jueces Nacionales  dirijan a la Corte Centroamericana de Justicia.

Los Jueces deben de tener siempre presente que, los Jueces Nacionales Centroamericanos, son Jueces Comunitarios de derecho común.

 Referencia:

[1] Catedrática de Derecho Internacional Público,  Facultad de Derecho-Universidad de Salamanca.

*El artículo ganador de “Enfoque Ciudadano” titulado “PROCEDIMIENTO PREJUDICIAL ANTE LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA.  PARTE FINAL” fue realizado por René Alberto Langlois, Abogado y Notario y Msc. en Procesos de Integración.