La Consulta Prejudicial en materia de Integración C.A.

Consulta Prejudicial: Mecanismo de cooperación entre las Jurisdicciones Nacionales y La Corte Centroamericana de Justicia. (Primera entrega de dos: doctrina)

*René Alberto Langlois:

Para iniciar este tema, es necesario formularnos tres elementales preguntas respecto de lo que es una consulta en términos generales: la primera, QUÉ ES una consulta; la segunda, POR QUÉ formulamos consultas; y la tercera, PARA QUÉ nos sirve hacer consultas.

Las consultas son pedidos de parecer acerca de algo; nos ofrecen ilustración sobre los puntos que encontramos dudosos, por ello es que nos permiten encontrar respuestas claras a nuestros dilemas; y sirven para superar más fácilmente las limitaciones y las circunstancias que nos motivaron a formularlas.

La integración es un proceso por el cual se conforma un nuevo actor plenamente capaz y reconocido internacionalmente como es el caso de la Unión Europea, la Comunidad Andina o el mismo Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que tiene su propio ordenamiento jurídico e institucional; con características, instituciones y procedimientos propios, lo cual hace del sistema jurisdiccional comunitario un régimen del que no pueden sustraerse ni los Estados miembros, ni las Instituciones Comunitarias, ni los particulares.

Tenemos pues, por un lado Estados miembros con sus Jueces Nacionales, y por otro un Tribunal Comunitario a quien le corresponde garantizar el respeto del Derecho en su interpretación y aplicación a lo largo y ancho de la Comunidad que ha sido creada pero, si tenemos en cuenta que los Jueces Nacionales son los depositarios del control de la legalidad en sus respectivas circunscripciones dentro de un gran espacio común, advertimos de la necesidad de un Tribunal Regional que asegure la correcta y uniforme aplicación de ese nuevo Derecho al que hemos dado en llamar Derecho Comunitario.

La Consulta o Interpretación Prejudicial es la pieza clave en todo proceso de integración ya que por dicho mecanismo el Tribunal Comunitario asegura que la aplicación del Derecho de Integración sea administrada en forma uniforme dentro de la Comunidad, convirtiendo así, automáticamente, al juez interno en juez comunitario de derecho común.

En el Derecho Comunitario rige un principio y una característica fundamental denominada “aplicabilidad directa”  según la cual, sus  disposiciones entran a formar parte de los ordenamientos jurídicos nacionales sin necesidad de medida nacional alguna y surten pleno efecto y de manera uniforme en todos los Estados miembros, concediendo derechos e imponiendo obligaciones tanto a los Estados miembros, a las Instituciones Comunitarias, así como a sus ciudadanos. Esta “aplicabilidad directa” produce efectos directos para los destinatarios, es decir, que los derechos y las obligaciones creadas por la norma comunitaria pueden ser invocadas por los particulares ante sus respectivos Jueces Nacionales.

En una famosa sentencia el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea señaló lo siguiente: “A diferencia de los tratados internacionales ordinarios, el Tratado de la Comunidad Económica Europea creó un ordenamiento jurídico propio, integrado en el sistema jurídico de los Estados miembros… que vincula a sus órganos jurisdiccionales”[1]. En otras palabras,  el Derecho Comunitario, el cual es un ordenamiento jurídico autónomo, con su propio sistema de producción normativa,  obliga a lo interno de los Estados miembros,  y por lo tanto los órganos jurisdiccionales nacionales deben aplicarlo eso sí, sin que varíe de un Estado a otro, pues de lo contrario se pondría en peligro todo el proceso de integración.

El Artículo 22 literal k) del Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia establece la competencia del Tribunal para conocer y evacuar las Consultas Prejudiciales que les fueren formuladas por algún Juez o Tribunal judicial de cualquiera de los Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana que estuviere conociendo de un caso pendiente de resolver, caso en el cual debe el Juez decidirse por aplicar una norma interna o una norma comunitaria.

He denominado este artículo de opinión “Consulta Prejudicial: Mecanismo de Cooperación entre las Jurisdicciones Nacionales y la Corte Centroamericana de Justicia” porque el Derecho Comunitario no solo es aplicado por la Corte Centroamericana de Justicia, si no por todos los Jueces Nacionales de los Estados miembros del SICA pudiendo ellos formular Consultas Prejudiciales de tipo civil, mercantil, laboral, administrativo o internacional que se les presenten cuando de tales disposiciones surjan dudas acerca de su interpretación y aplicación en relación al ordenamiento comunitario centroamericano.

Por lo anterior es que sostenemos  que la Consulta Prejudicial no es otra cosa que el mecanismo mediante el cual el órgano jurisdiccional nacional y el Tribunal Comunitario son llamados a contribuir directa y recíprocamente en la elaboración de una decisión, asegurando una aplicación simultánea, uniforme y descentralizada del Derecho Comunitario. Se establece pues, una cooperación horizontal, recíproca y verdaderamente participativa.

De lo expuesto  podemos afirmar que la Comunidad Centroamericana cuenta con dos elementos a quienes les corresponde impartir la Justicia Comunitaria: la Corte Centroamericana de Justicia y el Juez Nacional de los Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana.

Entre estos dos niveles de delimitación de competencias dentro de lo que es el sistema jurisdiccional regional existe una relación, como ya se ha  expresado,  de cooperación y no de jerarquía, por eso La Corte ha manifestado que “no es un tribunal de alzada para conocer de las resoluciones jurisdiccionales o administrativas pronunciadas de acuerdo a su derecho interno por  los Estados miembros del Sistema de la Integración”[2] pero, ¿en qué otros argumentos nos apoyamos para afirmar que el Juez Nacional de los Estados miembros del SICA son parte del sistema jurisprudencial comunitario?. La respuesta la encontramos principalmente en cuatro Principios asentados jurisprudencialmente por la Corte Centroamericana de Justicia: 

) El Principio de Primacía del Derecho Comunitario. Por la Primacía, se garantiza que el Derecho Comunitario no será derogado ni modificado por la legislación nacional de los Estados miembros y, en caso de conflicto entre ambos, deberá prevalecer el primero.[3] La Primacía es lo que da el carácter de vinculante a las normas comunitarias y, en lo personal, la consideramos que consiste en dejar sin aplicación toda norma nacional, si es contraria a la norma comunitaria, sea aquella anterior o posterior a ésta;

) El Principio de Aplicabilidad Inmediata el cual nos informa que la norma comunitaria se convierte automáticamente en derecho interno sin necesidad de ningún proceso de ratificación por lo que, las autoridades nacionales, deben aplicarla obligatoriamente[4].  A este respecto, la incorporación de la norma comunitaria al ordenamiento jurídico de los Estados miembros del SICA es rigurosa, automática y sin reserva alguna, y en caso de “incompatibilidad”, no son oponibles normas nacionales, sino más bien deberá procederse a una readecuación del ordenamiento jurídico interno en función de la norma comunitaria;

)  El Principio de Aplicabilidad Directa, mencionado anteriormente,  según el cual, las disposiciones del Derecho Comunitario al entrar  a formar parte de los ordenamientos jurídicos nacionales sin necesidad de medida adicional alguna, surten pleno efecto y de manera uniforme en todos los Estados miembros del Sistema de Integración Centroamericana, concediendo derechos e imponiendo obligaciones[5] tanto a los Estados, a las Instituciones Comunitarias, así como a sus ciudadanos pues dichas normas se convierten en parte de los acervos jurídicos nacionales; y

) El Principio del Efecto Directo[6]  el que postula que las normas comunitarias son  aplicables directamente a  los particulares y exigibles ante los órganos judiciales de los Estados miembros sin necesidad de actos o procedimientos de recepción.

El acervo jurídico comunitario es un ordenamiento sumamente complejo,  con características propias que lo distinguen de las normas nacionales e incluso de las contenidas en los tratados internacionales de los que los Estados miembros son parte; y requiere, por tanto, que sea interpretado y aplicado de manera uniforme para asegurar así su supranacionalidad y su unidad, otras dos características esenciales del Derecho Comunitario junto con la de su aplicación directa y con la primacía en relación con las normas nacionales como ya se ha hecho notar.

Podría suceder que un Juez Nacional que esté conociendo de un caso estime que consultar a La Corte es una actuación facultativa. Consideramos que la “teoría del acto claro”  es incompatible dentro de lo que es un proceso de integración comunitario, surgiendo, por así decirlo, de la Consulta Prejudicial, un “acto aclarado”, para que el Juez Nacional, cuente con una  “interpretación auténtica” que deberá acatar y reflejar en su fallo, ya que el Artículo 24 del Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia determina que las Consultas que Ella evacúe, relativas al Sistema de la Integración Centroamericana  son de obligatorio cumplimiento para sus Estados miembros[7].

A la Corte Centroamericana de Justicia le corresponde interpretar de manera objetiva la norma comunitaria y al Juez Nacional, aplicarla al caso concreto que se ventila en su Despacho. Con mejores palabras expuso estas ideas el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en el caso “DENIM”[8]: “la función del Tribunal Comunitario en estos casos, es la de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico, es decir, buscar el significado para precisar su alcance; función que difiere de la de aplicar la norma a los hechos, tarea que es exclusiva del Juez Nacional dentro de la esfera de su competencia”.

Con la Interpretación Prejudicial no se pretende unificar las legislaciones internas si no, que todos los países miembros  tengan la misma percepción del alcance de la norma comunitaria para que pueda tener una aplicación uniforme a lo largo y a lo ancho de toda la Región que conforma la Comunidad Centroamericana.

El Principio de Aplicabilidad Directa permite que el Derecho Comunitario pase a ser derecho interno de los Estados miembros
El Principio de Aplicabilidad Directa permite que el Derecho Comunitario pase a ser derecho interno de los Estados miembros

Si por el Principio de Aplicabilidad Directa, el Derecho Comunitario pasa a ser derecho interno de los Estados miembros de una Comunidad  en proceso de integración, ya no es posible hacer distingos entre acervo jurídico nacional y acervo jurídico comunitario y, el Juez Nacional, al tener que aplicar éste segundo debe buscar ante el Tribunal Comunitario el significado y el alcance exacto de la norma para que de manera uniforme tenga la misma fuerza en todos y cada uno de los países que adoptaron un marco jurídico institucional para llevar adelante la integración de Centroamérica.

El mecanismo de la Consulta Prejudicial es el único medio con el que se puede garantizar la aplicación uniforme del Derecho Comunitario en todos y cada uno de los países del Istmo centroamericano.

Los Jueces Nacionales de los Estados miembros del SICA deben de estar claros en dos cosas: la primera es que si La Corte recibe alguna Consulta Prejudicial Ella no entrará  en ningún momento a examinar el derecho interno del país del Juez consultante, si no que se circunscribirá a pronunciarse sobre la norma comunitaria, en cómo debe de ser entendida para que sea adecuadamente aplicada al caso que está pendiente de resolver; y la segunda, que aunque exista, como ya se ha mencionado, una relación de cooperación y no de jerarquía entre La Corte y las jurisdicciones nacionales de los Estados miembros del SICA, lo resuelto en la consulta es de obligatorio acatamiento para los Jueces Nacionales pues tiempo tuvieron para valorar la necesidad de acudir a La Corte para emitir un fallo en el cual estaba de por medio una norma comunitaria.

La idea es, que la aplicación del Derecho Comunitario Centroamericano sea unívoca para los Estados que forman parte o participen en el Sistema de la Integración Centroamericana.

Reiteramos: Los  Jueces en sus respectivos Estados deben de tener presente que acudir a La Corte no es un acto de subordinación o de intromisión en asuntos internos, ya que Ella misma se ha pronunciado, como se ha dicho, no ser un “tribunal de alzada”. Los Jueces, como Jueces comunitarios de derecho común, lo que buscan al consultar, es asegurar que el Derecho Comunitario tenga el mismo efecto en todos y en cada uno de nuestros países que están  comprometidos en este proceso de integración regional.

Con cada Consulta Prejudicial  que los Jueces formulen a La Corte estarán contribuyendo a incrementar no únicamente la experiencia jurisdiccional del Tribunal si no también desarrollando y perfeccionado nuestro Derecho Comunitario Centroamericano.

En la segunda y última parte de éste artículo, se expondrá someramente el procedimiento a seguir para plantear una Consulta Prejudicial ante la Corte Centroamericana de Justicia.

Referencias:

[1] Sentencia de 5 de febrero de 1963, Van Gend & Loos, 26/62, Rec. p. 1; y también, Sentencia de 15 de julio de 1964, Flaminio Costa, asunto 6/64.

[2] Resolución del 30 de octubre del 2002. Caso: Lillian Muñoz contra Sistema Aduanero Nicaragüense por Violación de Acuerdos y Resoluciones emanados de los Organismos de la Integración Centroamericana.

[3] Resolución del 27 de noviembre del 2001. Caso: Estado de Nicaragua contra el Estado de Honduras por incumplimiento de Normas comunitarias del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

[4] Resolución del 5 de marzo de 1998. Caso: Dr. José Vicente Coto Ugarte contra la Universidad de El Salvador por Desconocimiento del Convenio sobre el Ejercicio de Profesiones Universitarias y Reconocimiento de Estudios Universitarios.

[5] Resolución del 5 de marzo de 1998. Caso: Dr. José Vicente Coto Ugarte contra la Universidad de El Salvador por Desconocimiento del Convenio sobre el Ejercicio de Profesiones Universitarias y Reconocimiento de Estudios Universitarios.

[6] Resolución del 11 de abril de 1997. Caso: Consulta del Secretario de la SIECA sobre Anteproyecto de Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

[7] “Artículo 24. Las consultas evacuadas por La Corte con arreglo al presente Estatuto, ordenanzas y reglamentos, relativas al Sistema de la Integración Centroamericana, serán obligatorias para los Estados que la integran”. Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia.

[8] TJCE. Fallo del 3 de septiembre de 1999. Proceso 30-IP-99. caso “DENIM”.

*El artículo ganador de “Enfoque Ciudadano” titulado “CONSULTA PREJUDICIAL: MECANISMO DE COOPERACIÓN ENTRE JUECES NACIONALES Y EL TRIBUNAL COMUNITARIO. PRIMERA PARTE” fue realizado por René Alberto Langlois, Abogado y Notario y Msc. en Procesos de Integración.