Las intervenciones corporales en el Derecho Procesal Penal
Las intervenciones corporales en el Derecho Procesal Penal
1.- Introducción.

Doctrinariamente se define al Derecho Procesal Penal como la rama del orden jurídico interno del Estado, cuyas normas instituyen y organizan los órganos públicos que cumplen la función judicial penal de aquel y disciplinan los actos que integran el procedimiento necesario para imponer y actuar una sanción o medida de seguridad[1].

Del proceso penal se ha dicho que su finalidad es la de comprobar o desvirtuar la existencia de un delito, siempre que la acción penal no haya prescrito, así como determinar la responsabilidad del incoado, en aras de la averiguación de la verdad y la justicia, teniendo como fin mediato la defensa social y el inmediato, la aplicación de la pena al caso concreto[2]. En ese sentido, el proceso penal es el marco normativo para conseguir dicha finalidad.

Empero el Derecho Procesal Penal, no solo se ocupa de regular el proceso penal como herramienta de la que se vale el juez para dictar sentencia, sino también, regula la actividad investigativa que busca obtener fuentes de prueba para encausar una hipótesis criminal en dicho proceso. En ese sentido, la investigación criminal es entendida como el proceso lógico o actividad metodológica, encaminada al descubrimiento de la verdad real de los hechos delictivos.

En ese sentido, tanto la investigación criminal, como el proceso penal, son herramientas que al final de cuentas, hacen posible el ius puniendi del Estado, en tanto sin los mismos no es posible obtener una sanción penal.

No es antojadizo, por lo tanto, que nuestro proceso penal recurra a ciertas medidas, probatorias o precautorias, que resultan ser restrictivas de otros derechos fundamentales, por lo que se exige el respeto de ciertos límites legales.

Hay que recordar que el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona a nivel constitucional, es el resultado de la lucha misma de la humanidad, que hereda a la modernidad su legado humanista, del cual se posibilita la libertad en sociedad. En ese sentido, el Estado salvadoreño se presenta con un perfil antropocentrista, gracias a las directrices contenidas en los artículos 1 y 2 de la Constitución de la República (Cn).

Empero resulta imposible sostener la absolutización de los derechos fundamentales, los cuales, ponderados racionalmente, deben ser limitados en ocasiones, para el goce de otros derechos fundamentales o posibilitando ciertos bienes jurídicos de igual importancia.

De esa manera surge a nivel doctrinal, la polémica discusión sobre las medidas restrictivas a derechos fundamentales en procesos de diferente naturaleza general, y en materia penal en particular, en los cuales se restringen derechos fundamentales por el interés público de la correcta aplicación de la ley y la reparación de derechos violentados.

Entre tales medidas nuestra legislación regula las intervenciones corporales, que no son más que medidas heterogéneas que afectan al imputado o a terceras personas en el marco de la investigación penal[3]; por lo que en el presente nos dedicaremos a estudiar lo que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia –en adelante SC- ha dicho al respecto:

2.- Regulación y Concepto.

El Código Procesal Penal (Pr. Pn.), regula la intervención corporal de la siguiente manera: 

Intervenciones corporales

Art. 200.- Cuando resulte necesario obtener o extraer del cuerpo de una persona señalada como autor o partícipe de un hecho delictivo, muestras de fluidos corporales, practicar radiografías o tomografías que permitan identificar objetos en su interior o realizar cualquier otro procedimiento que implique intervenirlo, el fiscal solicitará la autorización del juez competente, cuando éste se negare a la realización, caso contrario, procederá a la diligencia en presencia de su defensor, quien deberá acreditar que ha informado las consecuencias de la realización de la misma.”

En el caso de las víctimas, la autorización judicial será indispensable cuando ésta se negare a prestar la colaboración de manera voluntaria.

Si la urgencia lo exige, y concurre imposibilidad de acudir al fiscal de manera inmediata, la policía podrá solicitar directamente la autorización al juez. Está regla se aplicará a las inspecciones corporales.

Al respecto, nuestra legislación regula un acto de intervención corporal que va más allá de la simple inspección o el denominado “cacheo” personal, que consiste en revisar a simple vista el cuerpo humano, en caso del primero, y la palpación y búsqueda de objetos entre sus ropas, en caso del segundo. Dicho acto de intervención incluye la obtención de muestras de fluidos corporales, así como la intromisión al interior del cuerpo, ya sea la simple revisión de su interior o la introducción de equipo especializado.

Empero el artículo 199 del Pr. Pn., regula también la simple inspección corporal, de la siguiente manera:

Inspecciones corporales

Art. 199.- El fiscal, si en el curso de una investigación estima necesario realizar la inspección de una persona cuando advierta que sobre su cuerpo existen elementos o indicios de prueba, la realizará conforme las disposiciones legales de este Código.”

Tal diligencia podrá realizarse aún en contra de la voluntad de la persona cuando se trate del investigado y en todo caso respetando su salud y la dignidad, siempre que no implique la intervención de las áreas púdicas de las personas, en cuyo caso deberá solicitarse la autorización judicial. Si fuere necesario, el acto se practicará con auxilio de peritos.

Todo lo acontecido durante la realización de la diligencia deberá constar en acta, la cual será firmada por todos los sujetos que intervinieron en la práctica de la inspección.

La SC definió las intervenciones corporales como “actos definitivos e irreproducibles sobre el cuerpo de una persona producto de una investigación penal, respetuosos de los límites constitucionales, y que cumplen determinados requisitos de carácter subjetivo, objetivo y formal, de manera coactiva, si fuese necesario, y con diferentes grados de intensidad, que tienen por finalidad inmediata la búsqueda de elementos necesarios para la averiguación y prueba de un hecho delictivo”[4].

Adviértase que se trata de una definición lata, que abarca no solo la intervención corporal regulada en el art. 200 del Pr. Pn., sino también la inspección corporal del art. 199 del mismo cuerpo de leyes[5]. Por ello, la SC, aclaró que existen dos especies de intervenciones corporales, las inspecciones y las intervenciones en estricto sentido:

-Las inspecciones o registros corporales, consistentes en la búsqueda de huellas, vestigios u objetos relacionados con el delito, mediante la observación directa o facilitada por medios técnicos, que requieren una injerencia que excede la mera requisa o cacheo (v. gr., si es sobre las aberturas naturales del cuerpo, se trata de una inspección corporal y no de una simple requisa). Esta última se distingue por ser un registro superficial, externo o mediante la palpación sobre la indumentaria de la persona, tanto con una finalidad de prevención como de indagación de un hecho delictivo.

-Las intervenciones corporales propiamente dichas, consistentes en la extracción u obtención de elementos del cuerpo intervenido o muestras corporales, para ser sometidos a un análisis pericial (v. gr. análisis de sangre, orina, pelos, uñas, etc.) o en su exposición a radiaciones (v. gr. rayos X). El fin de estas prácticas es, igualmente, averiguar determinadas circunstancias relativas a la comisión del hecho punible o a la participación del imputado.

3.- Derechos fundamentales lesionados.
La intervención corporal no puede nunca ser un trato inhumano o degradante
La intervención corporal no puede nunca ser un trato inhumano o degradante

La misma SC ha dicho que estas medidas entran en colisión con los derechos de intimidad, integridad física o psíquica e intimidad de la persona a intervenir; y que, dependiendo del grado de invasión de que se trate, pueden ser calificadas como leves o graves, siendo las primeras cuando no sean objetivamente consideradas susceptibles de poner en peligro el derecho a la salud, ni de ocasionar sufrimientos a la persona afectada (extracción de pelo, uñas y sangre), y las segundas cuando acontezcan otras circunstancias más extremas (extracción de líquido cefalorraquídeo)[6].

No obstante ello, las intervenciones corporales encuentran su fundamento constitucional en el art. 19 de la Cn., que establece que solo es válida la realización de pesquisas a la persona para la prevención o averiguación de delitos.  Tal y como lo dijimos en el preámbulo, ante el interés general del ejercicio del ius puniendi, es válida la restricción de esos derechos fundamentales, que en este caso ceden ante aquel interés.

Lo cual no opera automáticamente, ya que la misma SC exigió ciertos requisitos, que opera para toda medida que restrinja derechos fundamentales, en particular para la intervención corporal, no sea arbitraria; a saber: (i) el respeto a la estricta legalidad, es decir que dicha medida esté prevista en la ley; (ii) autorización jurisdiccional para su práctica; (iii) la motivación de la resolución que la ordene; y  (iv) la estricta observancia del principio de proporcionalidad[7]. Esta última exigencia, exige que debe ser utilizada exclusivamente para casos de delitos graves, exigiendo proporción entre la medida a utilizar y el medio a emplear.

Además, especificó que de la regulación constitucional de los derechos restringidos por la intervención corporal, es decir los incisos 1º y 2º del art. 2 (integridad física y moral e intimidad), así como del art. 10 Cn, se derivan otras exigencias, como lo serian: (i) en ningún caso podrá acordarse la práctica de una intervención corporal cuando pueda suponer objetiva o subjetivamente un riesgo o quebranto a la vida o la salud para quien tenga la obligación de soportarla; (ii) la ejecución de tales intervenciones corporales habrá de efectuarlas personal médico o paramédico, y en el caso de intervenciones graves, únicamente personal médico especializado; y (iii) la práctica de la intervención corporal se ha de llevar a cabo con respeto a la dignidad de la persona, sin que pueda consistir en un trato inhumano o degradante[8].

4.- Otros intereses en juego.

Pero la medida de la intervención corporal, parece que no solo tiene colisión con derechos fundamentales, ya que más de algún autor refiere que constituye una violación al principio de inocencia, el cual es una garantía constitucional establecida en el Art. 12 de la Cn., concretamente a la prohibición de no ser obligado a aportar prueba contra sí mismo, el cual es una derivación de dicho principio.

Sobre ello, refiere la SC que tal prohibición es para la actividad activa del procesado como fuente de prueba, como lo sería obligarle a confesar. En realidad, señala dicha Sala, que ello no veda la participación pasiva del procesado como objeto de prueba, como acontece por ejemplo en el reconocimiento de rueda de reos o toma de cabello para efectuar alguna pericia; lo anterior tiene como límite el respeto de la dignidad y la integridad física del imputado[9].

En ese sentido, los intereses en juego en el proceso penal, son causas legítimas para justificar una intervención corporal del imputado, aun ante su negativa, siempre y cuando se cumplas los presupuestos detallados[10].

Lo mismo sucede con la dignidad humana, ya que la intervención corporal no puede nunca ser un trato inhumano o degradante, por lo que está prohibido todo aquello que implique padecimientos físicos o psicológicos ilícitos u ocasionados de modo vejatorio para quien los sufre.

5.- Afectación de los intereses y derechos de la víctima o terceras personas.

Las normas estudiadas prevén la intervención corporal de la víctima o de terceras personas, aun sin su consentimiento, lo que podría devenir en una afectación a su dignidad humana y una efectiva revictimización. Dichos intereses vendrían a colisionar con la efectiva investigación del delito, la búsqueda de la verdad de los hechos, así como evitar la impunidad.

Sobre ese conflicto, la SC dijo que la autonomía de la víctima para consentir la intervención corporal en su persona constituye un derecho fundamental, que implica no ser sujeta a tratos inhumanos o degradantes en su práctica, pero el mismo debe ceder ante una investigación penal de gravedad que lo requiera y que, por supuesto, sea idónea para conseguir los fines a perseguir; siempre y cuando, exista la autorización judicial, quien debe ser en definitiva quien debe ponderar los intereses en juego[11].

De esta manera, la SC reconoce que aunque las disposiciones en estudio no son claras en regular en qué casos se debe mediar autorización judicial, el problema es del juez.

Referencias:

[1] Ver MAIER, Julio, Derecho Procesal Penal. Tomo I. Editores del Puerto. Buenos Aires 1996 Pág.75 y ss.

[2] Ver BINDER, Alberto, Introducción al Derecho Procesal Penal, Ad Hoc, Buenos Aires, 1993, Pág. 37 y ss.

[3] Ver LIZAMA, Samuel,  “Las intervenciones corporales en el proceso penal”, en A.A. V.V. Ventana Jurídica No. 3,  Consejo Nacional de la Judicatura, San Salvador, 2004, Pag. 69-71.

[4] Ver SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CSJ, Sentencia de inconstitucionalidad 5-2001, acumulada, del 23 de diciembre de 2010, Considerando VIII.

[5] Probablemente a que la esta definición se emitió en el obiter dictun de una sentencia en la que se analizaba la inconstitucionalidad de las intervenciones corporales reguladas en el derogado art. 167 Pr. Pn.

[6] Ver SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CSJ, Sentencia de inconstitucionalidad 5-2001, acumulada, del 23 de diciembre de 2010, Considerando VIII.

[7]Ibidem.

[8]Ibidem.

[9]Ibidem.

[10]Ibidem.

[11] Ver SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CSJ, Sentencia de inconstitucionalidad 62-2012, del 17 de julio de 2015.

Si quieres citar este artículo, hazlo así:

LANDAVERDE, MORIS. “LAS INTERVENCIONES CORPORALES”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico el 29 de octubre del año 2015. http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/4116