Catorce magistrados de la Corte Suprema de Justicia –en adelante CSJ- resolvieron el seis de octubre de dos mil quince, a tenor de lo establecido en el art. 240 de la Constitución de la República -en adelante Cn.-, declarar la existencia de indicios de enriquecimiento ilícito por parte del diputado Reynaldo Antonio López Cardoza, en relación a las declaraciones patrimoniales presentadas a la Sección de Probidad de la CSJ, en su calidad de diputado propietario de la Asamblea Legislativa, ordenándose la realización del respectivo juicio de enriquecimiento ilícito ante la Cámara de lo Civil competente, remitiendo certificación de lo actuado a la Fiscalía General de la República –en adelante FGR-, para que investigue y promueva las acciones penales pertinentes, así como que se giren instrucciones a la Unidad Especializada de Extinción del Dominio para que promueva la respectiva acción en persecución de los bienes de dicho funcionario; y por último, también se decretan medidas cautelares como la inmovilización de cuentas bancarias y anotaciones preventivas de inmuebles[1].

Dicha resolución es histórica en el país, ya que es producto de las indagaciones realizadas por la Sección de Probidad, ente adscrito a la CSJ, que en su organigrama depende de la Gerencia General de Asuntos Jurídicos, con limitadas funciones investigativas estructuralmente, siguiendo el trámite establecido en la Ley Sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos –en adelante LEIFEP- que data de abril de 1959.

Esta demás decir que es deber fundamental de la Asamblea Legislativa legislar a tenor del art. 121 de la Cn., por lo que cada día que pase y no promulgue una nueva Ley sobre el enriquecimiento ilícito acorde a la realidad actual, incide negativamente en la investigación del flagelo del enriquecimiento ilícito, al no otorgar un marco legal moderno del que se pueda hacer uso para evitarlo. ¿Por qué razón a la Asamblea Legislativa no le interesa legislar al respecto?.

Por otra parte, es importante recordar, que la Sección de Probidad, prácticamente no podía mover un dedo sin el aval del pleno de la CSJ, ya que el 9 de Junio de 2005, la CSJ dirigida por el entonces presidente del Órgano Judicial, Agustín García Calderón, emitió un acuerdo por medio del cual se ordenó que todas las solicitudes de información que Probidad necesite hacer en uso de sus facultades investigativas, y que afecten el secreto bancario, deben acordarse por la Corte en Pleno, y comunicarse a través del Presidente de la Corte Suprema de Justicia[2], mermando de esa manera las facultades investigativas a dicha sección.

Lo anterior, no pareciera tan descabellado, sino se entiende el contexto de dicha decisión: fue respuesta a la solicitud que hiciera José Eduardo Cáceres, jefe de la Sección Probidad, al Banco Agrícola y al Banco Salvadoreño, solicitando informes sobre las cuentas de varios exfuncionarios de la administración del expresidente Francisco Flores, cuyas declaraciones patrimoniales ameritaron ciertas indagaciones.

Dichos bancos argumentaron que revisaron las disposiciones respectivas, calificaron de ilegal la actuación de la Sección de Probidad, se negaron a responder el informe solicitado (defendiendo obviamente a los funcionarios públicos) informando de dicha actuación al presidente de la Corte Suprema de Justicia de ese entonces[3]. Llegado este punto, es necesario precisar que la actuación de ese último órgano de estado, en ese entonces (2005), buscaba ser “tapadera de corrupción”.

Lo anterior, ya que si bien es cierto, una interpretación literal de las normas nos puede llevar a concluir que el órgano facultado para realizar las indagaciones es el pleno de la CSJ, (por cuanto el Art. 240 Cn., prescribe que es la Corte, la que “tiene facultad de tomar las providencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de la declaración”, así como el artículo como el 8 No. 1 de la LEIFEP, refiere que es dicho órgano quien podrá: “tomar las medidas que estimare necesarias, cuando el caso lo amerite, para comprobar la veracidad de las declaraciones de patrimonio”, pudiéndose alegar que dichas disposiciones no facultan a una unidad administrativa, con delegación funcional, por muy adscrita que este a la CSJ; se advierte que el pleno de ese entonces no hizo nada al respecto, como hubiese sido tomar un acuerdo en el que se ordene a los bancos referidos, que enviaran la información solicitada, comunicada por el presidente del Órgano Judicial de ese entonces. Es decir, que la CSJ no hizo, ni tampoco dejo hacer.

La vulneración al secreto bancario fue una excusa, ya que esta prerrogativa debe ceder ante investigaciones realizadas por los órganos competentes, como lo sería la FGR en caso de delitos, y la CSJ en el caso concreto de enriquecimiento ilícito. Por ello, además podemos concluir, que la actuación de los Bancos Agrícola y Salvadoreño de ese entonces, al negarse a entregar información a la Sección de Probidad, procuraba encubrir a los funcionarios públicos de ese entonces.

Afortunadamente, dos tercios de la CSJ actual, resolvieron el 9 de enero de 2014, casi diez años después, modificar dicho acuerdo, en el sentido de que se faculta al jefe de la Sección de Probidad para requerir cualquier información en sus indagaciones, incluso bancaria, y que en caso de incumplimiento, se tomaran las medidas legales correspondientes.

En esos nueve años que Probidad no ha podido actuar independientemente, y que tampoco lo ha hecho el pleno de la CSJ, ¿qué ha sucedido con el análisis de las declaraciones patrimoniales presentadas por los funcionarios y empleados públicos obligados? Obviamente, al no haberse pedido la información bancaria respectiva, no se puede realizar un análisis financiero decente para investigar el enriquecimiento ilícito. ¿Qué ha hecho Probidad en esos nueve años? Muy poco, o nada, ya que los analistas de dicha Sección pueden ser muy buenos en su área, pero al no contar con la información es imposible realizar un análisis completo.

En ese sentido, las generaciones siguientes de magistrados de la CSJ, que han fungido como tales en esos nueve años, han sido “tapadera de corrupción” al no haber revocado un acuerdo ilegítimo que coartó las facultades investigativas de la Sección de Probidad.

Afortunadamente, ha sido hasta la conformación del actual pleno de la CSJ, cuya tercera parte recién ha sido juramentada, que resuelve, sobre la base de las indagaciones de Probidad, iniciar un juicio civil por enriquecimiento ilícito en contra de un funcionario de alto rango, como lo sería un diputado propietario. Dicha resolución histórica, por cuanto es primera vez que la CSJ da el trámite legal a la denuncia de la Sección de Probidad.

Empero a propósito de ello, llama la atención otro hecho que involucra a la Fiscalía General de la República. El funcionario titular de dicha institución, que dice ejercer el monopolio de la persecución penal, por medio de la red social “twitter”, expresó que iniciaría la respectiva investigación penal en contra del referido diputado[4].

Twitter del Fiscal General sobre caso Cardoza
twitter del Fiscal General sobre caso Cardoza

Este hecho deja en claro que, en el presente caso, ha sido más efectiva la Sección de Probidad de la CSJ, que tal como hemos advertido, adolece de serias dificultades estructurales para la investigación del enriquecimiento ilícito, que la Fiscalía General de la República, que está obligada a la investigación de oficio del delito, tiene todo el aparataje investigativo, entre ellos las unidades especializadas en investigación, como la Unidad de Investigación Financiera, Unidad Especializada en el Combate del Delito de Extorsión y Unidad Especializada de Extinción del Dominio.

Lo anterior nos puede llevar a dos conclusiones: la FGR es una institución inoperante o tiene una agenda discriminativa en cuanto a la selección de los sujetos a quienes va a perseguir o lo que es lo mismo, selecciona cuidadosamente a quienes persigue penalmente. En ambos casos, se convierte en tapadera de corrupción.

Lo primero es fruto de la ausencia del actuar de una institución que por ley lleva la dirección de la investigación, lo segundo, surge si analizamos que la FGR ya conocía los negocios turbios del diputado Cardoza, ya que está procesando penalmente, por delitos de lavado de dinero, a su suplente, señor Wílver Rivera Monge, así como algunos de sus parientes, incluso por tener vínculos con Jorge Ulloa Sibrián, alias “Repollo”[5].

No hace falta ser investigador (o fiscal), para advertir la necesidad de indagar los negocios fraudulentos en los que se han visto involucrados Ulloa Sibrián y Rivera Monge, con el diputado Cardoza. ¿Por qué razón si la FGR ya tenía conocimientos de esos negocios fraudulentos, no había investigado a fondo, sino que se atreve a afirmar que recién acaba de iniciar una investigación? Tapadera de corrupción.

Esta situación, demuestra que la FGR no ha querido procesar al diputado Cardoza, sino ha sido la coyuntura la que lo ha obligado a pronunciarse, lo que significa que se está violentando el principio de igualdad en la aplicación de la Ley, ya que la FGR no procesa a todas las personas de interés que aparecen involucradas en situaciones como la de enriquecimiento ilícito, sino que solo a ciertos individuos, como lo sería su diputado suplente o el ex trabajador de mercados con alias el repollo.

El problema de la corrupción no es solo que se predica de los agentes del Estado, sino que se vale de las instituciones públicas para su encubrimiento. La siguiente frase célebre de Javier Cercas, sobre la corrupción resume lo que sucede en nuestro querido El salvador: “La corrupción no nos la hemos inventado nosotros, (…); existe desde que el mundo es mundo: los seres humanos somos así. El problema, por tanto, no son los corruptos: el problema es el sistema que no impide o que alienta la corrupción; hay que cambiar a las personas, pero antes hay que cambiar el sistema. Lo difícil no es cambiar a los mangantes por personas decentes, sino impedir que las personas decentes se conviertan en mangantes”.

Referencia:

[1] http://en.calameo.com/read/0007076149357ee19431f

[2] http://mediolleno.com.sv/archivos/2014/01/Comunicado-CSJ.pdf

[3] http://www.elfaro.net/es/201401/noticias/14409/Corte-devuelve-a-Probidad-el-poder-que-le-quit%C3%B3-cuando-investigaba-a-expresidente-Flores.htm

[4] http://www.lapagina.com.sv/nacionales/110849/2015/10/08/Fiscalia-inicia-investigacion-contra-diputado-Cardoza-por-enriquecimiento-ilicito

[5] http://www.laprensagrafica.com/2015/10/08/los-extraos-negocios-del-diputado-lopez-cardoza