Sala de lo Constitucional
Sala de lo Constitucional

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el pasado martes veinticuatro de agosto de dos mil quince, resuelve cuatro demandas de inconstitucionalidad  (22-20007/42-2007/89-2007/96-2007) que versan sobre una serie de disposiciones jurídicas contenidas en la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo (LECAT). 

Uno de los puntos importantes traídos a discusión por los demandantes es la imprecisión y vaguedad que existe sobre la definición de “terrorismo” al que aluden los artículos 1, 4 letra m) y 13 de la LECAT.

Ante el argumento de imprecisión y vaguedad que alegan los demandantes, la Sala de lo Constitucional reconoce que en la actualidad no existe consenso acerca de qué debe entenderse por terrorismo, debido a su compleja naturaleza. A pesar de esto, la Sala explica que es el legislador quien debe dictaminar, mediante normas, el alcance básico y último del término terrorismo, considerando el respeto a la Constitución y otros cuerpos normativos internacionales. En este sentido, no se abstiene de interpretar que el terrorismo constituye: 

“el ejercicio organizado y sistemático de la violencia, que mediante afectaciones concretas de bienes jurídicos individuales o colectivos, busca intimidar de forma general a la población, controlar territorios poblacionales, compeler a las autoridades gubernativas a negociar concesiones penitenciarias o de otra índole, afectar el sistema económico de una nación, afectar el marco de la institucionalidad democrática y el sistema de derechos fundamentales contemplados en la Constitución”.

Otro punto de los que está en relieve versa sobre el principio de la seguridad jurídica. ¿Qué pasará con la aplicación de los jueces de las leyes penales? ¿Cómo interpretarán? La actual Sala cita el proceso de Inc. 52-2003 en donde explica que el legislador debe ser preciso y claro al momento de determinar las conductas punibles. Esto evitará que los aplicadores de la ley utilicen conceptos oscuros e inciertos, que puedan inducir a la arbitrariedad. De esta forma lo aborda la sala:

“Por ende, la imprescindible seguridad jurídica que debe existir en el ámbito penal, requiere de la vinculación del juez a las disposiciones cuyo contenido sea objetivamente reconocible de acuerdo con las reglas y métodos de interpretación aceptados”.

Otro de los puntos relevantes desarrollados en la sentencia de inconstitucionalidad (Inc. 22-2007) es que la sala inadmite cualquier tipo de negociación que el Estado efectúe con el crimen organizado, bajo la condición de disminuir los índices delincuenciales a cambio de recompensas. De esta manera lo expresan los magistrados:

“En otras palabras, no resulta admisible desde las bases del Estado Constitucional de Derecho, el uso de mecanismos para-jurídicos que impliquen negociaciones con el crimen en general, y menos con el crimen organizado, bajo las condiciones de reducir los índices delincuenciales a cambio de beneficios que no encajan en el marco normativo penitenciario que informa la finalidad de la pena –art. 27 Cn.–; o a cambio de dejar sin efecto la vigencia y aplicación de la legislación penal”.

En este aspecto consideramos que la Sala de lo Constitucional parte de un argumento filosófico – jurídico positivista, debido a que arguye que tanto el Derecho Penal como el Derecho Procesal Penal, buscan asegurar los valores fundamentales que se encuentran en la Constitución de la República. Por tal motivo, la Sala señala que la no persecución criminal o cualquier tipo de prerrogativa para dispensar la aplicación jurídica de quien las viole, “pone en entredicho el mismo ordenamiento jurídico y el ejercicio de fidelidad al Derecho que todo funcionario y ciudadano debe tener en relación con este último.”

Como sabemos, nuestro país ha estado sumergido en un contexto social difícil en cuanto al alto índice delictivo experimentado a lo largo de los últimos años. Según el informe regional de Desarrollo Humano 2013-2014, publicado por el PNUD en enero del 2014, El Salvador presentó un 41.2% de homicidio doloso por cada 100,000 habitantes para el año 2012. Según fuentes del Instituto de Medicina Legal, desde el primero hasta el decimonoveno día de agosto del presente año, se han cometido 501 homicidios en todo el país. Eso puede equivaler a 17 personas muertas al día dentro de este mes de agosto, marcando una tendencia ascendente por los incrementos que se han venido dando en los últimos días. Parte de la sociedad salvadoreña considera que los miembros de las pandillas son los responsables mayoritarios de estos tipos de delitos y otros.

Ahora que hemos mencionado a las pandillas, ¿desarrolla la Sala de lo Constitucional algún punto sobre las pandillas en su sentencia? La respuesta es sí.

Sobre las Pandillas, la Sala de lo Constitucional declara lo siguiente:

… son grupos terroristas las pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-13 y la Pandilla 18 o Mara 18, y cualquier otra pandilla u organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado –v. gr., control territorial, así como el monopolio del ejercicio legítimo de la fuerza por parte de las diferentes instituciones que componen la justicia penal–, atemorizando, poniendo en grave riesgo o afectando sistemática e indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población o de parte de ella; en consecuencia, sus jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas, quedan comprendidos dentro del concepto de “terroristas”, en sus diferentes grados y formas de participación, e independientemente de que tales grupos armados u organizaciones delictivas tengan fines políticos, criminales, económicos (extorsiones, lavado de dinero, narcotráfico, etc.), o de otra índole.

En cuanto a este aspecto habrá opiniones jurídicas contrapuestas. Por un lado, pueden existir personas que se inclinen por la corriente iusnaturalista y se formulen algunas interrogantes como: ¿será entonces terrorista un miembro de cualquier pandilla sin estar ejecutando actos relativos a ello?, ¿Podrán ser declaradas ilegales las personas?… Por otro lado, existe la corriente positivista en donde las personas pueden realizar una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico y concluyan de la siguiente manera: ¡esto llevará a salvaguardar bienes jurídicos superiores que el Estado debe proteger!, “El principio del bien común se debe priorizar sobre cualquier otro”.

Lo importante de la controversia, generada por esta resolución de la Sala de lo Constitucional, es que podamos resaltar lo valioso de ejercer la libertad de expresión y que seamos capaces de respetar las diversas opiniones suscitadas, para así transcender y abordar la realidad social con cambios significativos que ayuden a una sociedad salvadoreña ansiosa de paz y justicia. 

¿Será la resolución de la Sala un mecanismo de solución efectiva que ayude a mitigar la crisis social que El Salvador enfrenta? Sin lugar a dudas, una de las finalidades que buscan las ciencias jurídicas es regular la actividad humana mediante criterios axiológicos que ayuden a encontrar tanto el bien de la persona, como el bien común en su vivencia con la sociedad. El Derecho no es la única materia que pueda llegar a encontrar una solución efectiva a los problemas sociales que enfrenta nuestro país. Ante un problema complejo, la solución de igual manera será compleja. Se necesitarán las demás disciplinas existentes para formar un mecanismo de solución integral que atienda no sólo a la “erosión” del problema sino, a su respectiva prevención para poder lograr a lo largo de los años garantizar un “terreno fértil” a las generaciones del futuro.