Pandillas y violencia. El desprecio a la vida, una enfermedad social
Violencia y pandillas

El pasado 22 de agosto, la BBC Mundo, portal perteneciente a la BBC de Londres, agencia noticiosa de prestigio mundial, publicó una nota en la que se afirma que seguimos batiendo récords de asesinatos en El Salvador, pues entre el 16 y el 21 de agosto del presente año, se contabilizan 220 muertos y en lo que va del año, la violencia ha cobrado la vida de 3.828 personas de los cuales al menos 42 son policías y 16 militares, citando fuentes de Medicina Legal.

Todavía había familias de luto por esas 220 personas que dejaron de existir en la semana, cuando el sábado por la noche los medios transmitieron la noticia de 14 reos asesinados al interior del penal de Quezaltepeque. Luego las autoridades comunicaron la versión oficial: a la hora del “encierro”, cuando se hace el conteo de los reos, encontraron inicialmente 3 cuerpos en un sector y al continuar la búsqueda, descubrieron 11 cadáveres más, haciendo un total de 14 asesinados, todos estrangulados y con “apoyo de arma blanca”, según afirmó el Ministro de Seguridad, Benito Lara.

Agregó Rodil Hernández, Director General de Centros Penales, que al pertenecer todos los reos del penal a la Pandilla 18 del ala “Revolucionarios” –mismos que causaron el paro al transporte público el mes pasado–, tanto los hechores como las víctimas, pertenecen a la misma pandilla, lo que hace presumir que los asesinatos se debieron a una “purga interna”.

Trascendieron también las declaraciones del Fiscal General de la República, Luis Martínez, quien aseguró que desde antes que sucediera la masacre, es decir, desde el viernes, se tenía información de que “algo pasaría” el fin de semana y que esto lo sabía también la Policía Nacional Civil.

A pesar de estos sucesos, las autoridades afirmaron que “la situación está totalmente controlada”, así lo aseveró Hato Hasbún, Secretario de Gobernabilidad, en un enlace con Radio Nacional, aunque agregó que están en una “situación permanente de emergencia”.

Hasta aquí el aspecto noticioso, pues luego de las informaciones que circularon en los medios, queda analizar sobre la reacción de las autoridades, los mismos medios de comunicación y de la sociedad en cuanto al hecho.

En primer lugar, llama la atención que ya se tenía algún grado de conocimiento sobre posibles acontecimientos, pero las autoridades no tomaron las medidas precautorias necesarias para evitar que se dieran incidentes de sangre y si lo hicieron, además de que no se dieron a conocer a la población, fallaron.

Por otro lado, el Ministro de Seguridad afirmó que los asesinatos se cometieron “de forma muy silenciosa” y que por ello descubrieron los cadáveres cuando ya había pasado algún tiempo desde la hora en que se perpetraron los crímenes, ya que localizaron los cuerpos al final del día sin que nadie hubiere notado nada con anterioridad. Esto nos lleva a dos conclusiones lógicas: la primera, que no existe un control sobre las actividades de los reos dentro del penal –de hecho no hay video vigilancia–, sino sólo en ciertos horarios preestablecidos y por lo tanto del conocimiento de los internos, lo que da pie a que se planeen y cometan hechos delictivos como el ocurrido y otros como consumo de drogas, violaciones entre presidiarios, planificación de delitos dentro y fuera de los penales, comunicaciones telefónicas y más, mientras las autoridades ignoran lo que ocurre.

Ahora, si no se tiene conocimiento y control sobre las actividades de los internos, entonces mucho menos las autoridades están cumpliendo con el deber de resocializarlos que les impone la Constitución, pues en palabras de nuestro escritor Moris Landaverde “…el norte de la actividad penitenciaria es la corrección, educación y formación de hábitos de trabajo, ello con miras a buscar la readaptación y la prevención de delitos. Es decir, que el objeto de la resocialización que debe procurar la administración penitenciaria, es la readaptación y prevención de delitos…” (si deseas profundizar sobre ello: “¿Derecho fundamental a la resocialización?“), pero en sucesos como este, no se vislumbra que el barco que conduce la administración penitenciaria esté siguiendo ese norte.

Y la segunda conclusión, es que tampoco existe un verdadero control sobre el ingreso de objetos ilícitos, pues si bien había señales de estrangulamiento en los cuerpos, igualmente hubo “apoyo” de arma blanca; en este sentido, también hay responsabilidades qué deducir ¿dónde está el fallo de seguridad, tanto en ese penal como en los otros, para que se dé este ingreso de objetos ilícitos?, es una pregunta urgente de resolver, como ya se dijo en el artículo “10 Acciones para Frenar la Violencia”, escrito por Santos Guardado, una medida sumamente apremiante, es que las autoridades tomen el control absoluto de las cárceles del país, pues esto es responsabilidad del Estado, según lo regula el artículo 27 de la Constitución y el artículo 19 de la Ley Penitenciaria, eso implica investigar y depurar, tanto funcionarios de alto rango, como custodios y demás personal carcelario que resulte responsable según la investigación.

Además, no faltan funcionarios, no del Ejecutivo, sino del Legislativo y políticos de otros partidos, que aprovechando la coyuntura como la cifra de asesinatos y el incidente ocurrido en Quezaltepeque, alzan con más fuerza la voz en favor de propuestas populistas como “Estados de Sitio Focalizados” y la implementación de la Pena de Muerte, entre otras.

Se dice que se “aprovecha” la coyuntura y que estas propuestas son populistas, porque con sólo un pequeño ejercicio lógico podemos llegar a la conclusión que con un Régimen de Excepción focalizado como el que proponen, los criminales sólo tendrán que adaptarse a la nueva situación, tal como lo han hecho hasta ahora, y migrar a otro municipio donde no exista la aplicación de tal medida para seguir cometiendo los ilícitos, y será el resto de la población la que experimente las consecuencias, como las restricciones a la libertad de tránsito, la libertad de expresión, se pueden dar detenciones hasta de quince días sin cargos, entre otras.

Con respecto a la pena de muerte, primeramente hay que recordar que existen tratados internacionales ratificados por el Estado de El Salvador, que protegen la vida y no permiten tal medida; además, aunque hiciéramos a un lado el aspecto de la normativa internacional, implementar la pena de muerte no es algo inmediato, pues se necesita reformar la Constitución y eso implicaría que tienen que pasar dos legislaturas distintas para aprobarla, suponiendo que fuese esta legislatura la que aprobara la reforma y en el 2018 se ratificara, eso nos da un aproximado de tres años de espera que en términos de personas muertas, siguiendo una tendencia “optimista” aproximada de 20 asesinatos diarios, significaría 21,900 personas muertas antes de que entrara en vigencia la medida que se considera “urgente”. Finalmente, suponiendo en última instancia que se reformara la Constitución, nada garantizaría que aquellos que delinquen, se vieran persuadidos a no cometer actos ilícitos por temor a que se les aplique la misma, pues el sistema judicial, deja un buen margen a la impunidad.

Por otro lado, el partido más grande de la oposición, también aprovecha la coyuntura para arremeter contra el gobierno, señalarles de incapaces y demás epítetos, para luego solicitar un “diálogo”, que no incluye a los demás partidos y que en realidad no se trata de un diálogo en sí mismo, sino prácticamente de señalarle el camino a seguir al gobierno, pero todo ello contribuye a la polarización entre la sociedad, la cual debe acabar, porque todos somos salvadoreños y la seguridad no es un asunto de un partido o de otro, sino de todos.

A grandes rasgos, eso es lo que podría decirse con respecto a las autoridades, funcionarios y partidos políticos, aunque hay mucho más que plantearse y reflexionar sobre ello, también es de pensar en el papel de los medios de comunicación, pues tristemente se publican estas noticias acompañadas de imágenes sobre los fallecidos, de manera indiscriminada y sin mucha sensibilidad, pues la muerte y el morbo venden; ya en el mes de abril del corriente año, hablábamos en la revista sobre el tema, con el Artículo de Cristian Palacios “Reificación del Dolor y Comercio de la Obra Criminal en los Medios de Comunicación”, donde se explica ampliamente cómo los medios explotan el producto noticioso de los homicidios y cómo la noticia se vuelve algo que se consume a un ritmo extremadamente acelerado, de manera que un hecho se supera únicamente por otro más insólito, tal como lo dijo el autor: “lo trágico se supera por algo más siniestro, y lo humorístico por algo más burlesco. Aquí nace una forma de violencia comunitaria, una guerra trágica o humorística de todos contra todos, que discurre por toda la opinión pública desgajando la dignidad humana de aquel que es víctima”.

Los medios en este sentido, inciden en la opinión pública y si publican titulares como “Eliminan a pandilleros…”, minimizando el hecho que hay una víctima, alguien que perdió la vida a manos de otro y que esa víctima tenía una familia, es lógico que al pie de la noticia, miembros de la sociedad dejen comentarios alentando el asesinato de pandilleros, la organización de grupos de exterminio, además utilizando un lenguaje agresivo y violento, generalmente de perfiles sin nombre, reflejando la cultura de violencia en la que estamos inmersos y reproduciendo el círculo vicioso de venganza en el que atrapados, pedimos sangre por sangre, como si unas vidas valieran más que otras y olvidando lo que dijo Gandhi “ojo por ojo y el mundo se quedará ciego”.

También, sobre ello ya habíamos reaccionado y sentado posición, precisamente en la sección editorial con “Apatía Social y Estatal Frente a Homicidios. Derecho a la Vida” y en aquella oportunidad señalábamos que para la Sala de lo Constitucional, el contenido específico del derecho a la vida comprende el derecho a evitar la muerte, lo cual implica la prohibición dirigida a los órganos estatales y a los particulares de disponer, obstaculizar, vulnerar o interrumpir el proceso vital de las personas; jurídicamente esto es claro, pues nuestra Constitución en su artículo 3 establece: “Todas las personas son iguales ante la ley…” En otras palabras el Estado se ha comprometido a proteger a toda persona, sin distinción alguna, concluíamos entonces ¿Cuál es el fundamento, en caso de existir, de considerar que vale menos la vida de un pandillero que de una persona “común”?… pero decir una verdad como esta, que se apoya en criterios éticos y jurídicos, es hasta impopular, pues la tendencia social es a la polarización y a la reproducción y recrudecimiento de la cultura violenta.

Inclusive, con la polarización que nos divide, el alzar una voz en favor de la vida como un valor apreciable, independientemente de lo que haya hecho o dejado de hacer el titular de este derecho, se toma como una cuestión de política partidaria, pues en redes sociales y foros de discusión, no faltan quienes utilizando un extraño sofisma, hacen señalamientos en cuanto a que los pandilleros pertenecen a uno u otro partido y quienes defienden la vida, entonces defienden a los pandilleros y por consiguiente al partido político al que le atribuyen la militancia de esos pandilleros.

La desesperanza y el miedo provocados por la grave crisis de seguridad que vivimos, no pueden ganarle la batalla al inquebrantable carácter del salvadoreño, que hizo que superáramos una cruenta guerra; si bien, es entendible que nos sintamos impotentes frente a la situación en la que nos pone la violencia, no podemos permitir que el hecho de vernos imposibilitados de hacer una vida normal, en la que podamos transitar con tranquilidad por cualquier lugar, sin pensar en que estamos en territorio de una pandilla contraria y que nos exponemos a la muerte, donde la regla escrita en las paredes de “ver, oír y callar”, es la que rige con mayor fuerza que las mismas reglas del Derecho, nos derrote y nos deshumanice, debemos buscar soluciones de manera conjunta, como sociedad, buscar entendimientos sinceros y transparentes y sobre todo empezar por romper con la cultura de violencia que nos intoxica y valorar la vida misma. No te distraigas. ¡Enfócate¡