A manera de opinión:

Es muy frecuente escuchar entre los adultos afirmaciones de este tipo: “¡Ah!, mi mamá me pegaba con un cable pelado, y por eso me educó” o ¿qué tal ésta? “soy como soy, por lo golpes que recibí”; “hoy en día a los bichos no se les puede tocar” con la conclusión siguiente “por eso están perdidos”. La imagen de la niñez y de la adolescencia no es necesariamente la de personas con muchas virtudes o habilidades sino la de seres débiles pero sobreprotegidos por las leyes.

La familia es quien ejerce un control social primario y prioritario sobre los niños, niñas y adolescentes y únicamente en caso de fracaso es que el Estado ejerce un control formal, producto de la política criminal que éste adopte.

La mayoría de sociedades reconoce a la familia como esa célula básica de la misma, y la dota de un “ámbito de vida privada” que permanece alejada de la intervención estatal. Y es por esta concepción que el proceso de disciplina trazado por cada familia, es socialmente “normal” y genera reproche aquellos “excesos” en el derecho de corrección de los progenitores.

El “modelo autoritario familiar” que consistía básicamente en la familia nuclear con una normalización del poder de los padres sobre los hijos, ahora entra en crisis; según la autora Marisa Herrera, se fundamenta la crisis por “las legítimas pretensiones de igualdad que reivindican las mujeres y con la consideración de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos”. Pues la idea tradicional era la del hombre jefe de familia con la obligación de garantizar subsistencia y protección.

A la afirmación anterior se agrega que existen dos instrumentos jurídicos internacionales que continúan rompiendo con las resistencias económicas, culturales, políticas, jurídicas que impiden la igualdad de los géneros y el reconocimiento pleno de la niñez como ciudadanos; éstos son la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en ingles) y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), si bien existen importantes avances, estas convenciones juntas no han logrado disminuir prácticas de la familia tradicional, que la destruyen internamente, por ejemplo la legitimación de la violencia doméstica y la del maltrato infantil como formas de corrección a los miembros de la familia.

La CDN promueve el cambio de una familia autoritaria hacia una democrática, cuyos progenitores están consientes que el niño, niña y adolescentes son sujetos de derecho, abandonando las ideas de: “Este es mi hijo y hace lo que yo diga y quiera”, y por ende “Lo educo como yo quiero”. Se establecen límites para esa facultad de orientar a los hijos e hijas.

Históricamente el poder de corrección parental está ligado a concepciones propias del Derecho de la Familia; en un primer momento la “patria potestad” entendida doctrinalmente como “conjunto de los derechos que las leyes conceden a los padres en las personas y bienes de los hijos mientras fueran menores de edad o no estuvieran emancipados”; legalmente el artículo 252 del Código Civil (derogado) regulaba: “La patria potestad es el conjunto de derechos que la ley da a los padres legítimos, de consuno, o a uno solo de ellos en su defecto del otro, o en su caso, a la madre ilegítima, sobre sus hijos no emancipados”.

Como observamos la normativa civil generó una objetivación del hijo, en su aspecto personal y patrimonial; el padre, como jefe de familia, era dueño de su mujer y de sus hijos, y esta concepción acompaña a los hogares salvadoreños.

Para la autora Marisa Herrera, la concepción de patria potestad se acompaña del “poder de corrección parental” y es paralelo al “ius punendi”, es decir, se domina por la idea de sanción, represión y encierro. Si bien la ley otorgaba a los padres la facultad (puede ser entendido como sinónimo de derecho) de “corregir o hacer corregir”. La mencionada autora, utiliza el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para definir corregir como “enmendar lo errado”; “advertir, amonestar, reprender”.

El artículo 244 del Código Civil (derogado) regulaba textualmente: “Los padres tienen, conjunta o separadamente, la facultad de corregir y castigar moderada y racionalmente a sus hijos menores de edad y cuando esto no fuere suficiente y la edad del menor no excediere de dieciséis años, podrán dar cuenta del caso al Juez de Menores para que éste, previa investigación correspondiente, adopte las medidas que indica la ley de la materia”; estableciendo la facultad de corregir “moderada y racionalmente” si bien se encuentra derogado, así como la institución de la patria potestad, por su parte el Código de Familia alude a la denominada “Autoridad Parental” como conjunto de facultades y deberes, que la ley otorga e impone al padre y a la madre sobre sus hijos menores de edad o declarados incapaces”, cuando el artículo 206 del Código de Familia se refiere a facultades y deberes impuestos, son para: proteger, educar, asistir y para preparar para la vida a los hijos; además de la representación legal y de la administración de bienes.

Bajo la institución de la Autoridad Parental, específicamente en el cuidado personal, el artículo 215 del Código de Familia faculta al padre y a la madre a corregir “adecuada y moderadamente” a sus hijos; la interpretación legal es que es un deber de los progenitores el corregir a sus hijos, pudiendo auxiliarse de profesionales especializados o de entidades de protección. En casos de emergencia en que la conducta del hijo no pueda ser corregida, es el Juez de Familia (según el Código de Familia) quien proveerá de “medidas tutelares”, competencia discutible por la existencia de los Jueces Especializados de Niñez y Adolescencia.

Es de hacer notar que la ley determina que el deber de corrección es “moderado”, es decir, que el uso del poder de corrección es limitado y nunca excesivo. Surge la interrogante de cómo será medido el uso de la corrección; pero además la ley asemeja la corrección como castigo, caso contrario no fijaría un límite. El límite se vuelve subjetivo por cada familia y progenitores, pero en la ley se esconde “poder de corrección” como un castigo corporal desmedido, lo cual es muy común.

La doctrina internacional de derechos humanos que impera en la CDN prohíbe el castigo corporal, en el artículo 19 párrafo 1 obliga a los Estados para adoptar todas las medidas para “proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual…”. Por lo que el Comité de los Derechos del Niño promulga por el “acabar con la violencia legalizada contra los niños y niñas” pues la línea para distinguir la corrección de la violencia excesiva es artificial; solicitando a los Estados que eviten por medio de la legislación toda forma de violencia incluyendo a la violencia como forma de disciplina.

En la observación general número 8 “El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes”, en el párrafo 31 “exige la eliminación de toda disposición que permita cierto grado de violencia contra los niños (por ejemplo el castigo o la corrección razonable o moderada) en sus hogares o familias o en cualquier entorno”. Todo lo anterior, porque el concepto actual de niño no es únicamente terminológico sino que busca consolidar nuevas concepciones en las relaciones paterno-materno filiales, basadas en el dialogo y el respeto.

Los niños, niñas y adolescentes deben desarrollarse en un entorno familiar que ejerciten la responsabilidad parental, es decir de una forma abierta, participativa y plural, ya que todos los miembros son sujetos que requieren igual consideración, atención y respeto de acuerdo a sus particularidades, necesidades, capacidades y habilidades.

Con la entrada en vigencia de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), el legislador tuvo la oportunidad de enmendar el daño de los tratos violentos, a los que han sido sometidos los niños y niñas, bajo la premisa del deber moderado de corrección; el artículo 38 de LEPINA obliga al Estado a una protección frente al maltrato (abandono físico y emocional de niños, niñas y adolescentes), el Estado debe establecer las políticas públicas y programas para además generar las condiciones para que los progenitores no incumplan sus obligaciones de cuidado, alimentos, educación y atención médica, que tiene frente a sus hijos, caso contrario existe un maltrato. En su inciso final el artículo eleva nuevamente a la niñez con el respeto a su persona e individualidad, prohibiendo sean sometidos a “castigos corporales, psicológicos o cualquier otro trato ofensivo”, sin embargo no considerando las observaciones del Comité de los Derechos del Niño, la LEPINA legaliza el “derecho de la madre y padre de dirigirlos, orientarlos y corregirlos moderada y adecuadamente”, conceptos jurídicos indeterminados que quedan al arbitrio y al humor del padre y la madre responsable del cuido de los hijos.

La integridad física, sexual, psíquica y moral de los niños, niñas y adolescentes no debe ser sometida a los tratos violentos ni humillantes, ni mucho menos al abuso; los derechos humanos, al fin aplicados para la niñez, exigen a la sociedad el cambio del poder de corrección a un derecho de orientación o guía de los padres y las madres; pero siempre bajo lo regulado en el artículo 5 CDN en el sentido que el derecho de orientación y guía está en “consonancia con la evolución de las facultades, dirección y orientación apropiadas” para la construcción de sujetos autónomos.

 Para terminar la primera entrega, podemos concluir que es un derecho y deber de la familia la orientación de los hijos, parte del régimen de responsabilidad parental, el guiar a los hijos para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los derechos humanos. Como expresa el Comité de los Derechos del Niño “Si no es permisible golpear a un adulto, ¿por qué debería serlo golpear a un niño?”.

Referencias

Herrera, Marisa. “Vigilar y Castigar: El Poder de Castigar de los Padres”. Revista Jurídica de la Universidad de Palermo. Págs. 63-85

Si quieres citar este artículo, hazlo así:

ZELEDÓN, MARCELA. “¿DERECHO O DEBER DE CORRECCIÓN DE LOS PROGENITORES?” Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 28 de mayo de 2015. http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/3561