Suspensión condicional de la ejecución de la pena
Suspensión condicional de la ejecución de la pena

La suspensión condicional de la ejecución de la pena, es un beneficio penitenciario consistente en la cesación de la ejecución de la pena de prisión, condicionada al cumplimiento de un término de prueba[1] cuya duración puede ser de dos a cinco años, en el que se imponen al condenado determinadas reglas de conducta.

Prácticamente, en el caso particular, permite bajo determinadas circunstancias regladas, prescindir del cumplimiento íntegro de la pena de prisión, demandada por la estricta legalidad, por lo que importa desentrañar los principios y finalidades que le fundamentan.

Regulación

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Los presupuestos de su procedencia están regulados en el art. 77 del Código Penal, (CP), uno de los cuales establece que es aplicable a casos en los cuales las penas sean calificadas como menos graves, a tenor del art. 18 CP, es decir menores a tres años de prisión.

Su decreto compete al juez sentenciador, quien debe motivarlo, de acuerdo a las circunstancias personales del condenado, las del hecho y la duración de la pena, exigiéndose la cancelación de las obligaciones civiles provenientes del hecho determinadas en la sentencia, que garantice satisfactoriamente su cumplimiento o demuestre su absoluta imposibilidad de pagar, lo anterior de conformidad al numeral 2) de la referida norma legal.

El art. 79 CP establece, a manera ejemplificativa, las obligaciones inherentes que debe cumplir el beneficiado en el término de prueba, como el deber de terminar cierto nivel de escolaridad, el aprendizaje de una profesión u oficio o el seguimiento de cursos de capacitación, la prohibición de concurrir a determinados lugares, así como el consumo de cualquier droga o el abuso de bebidas alcohólicas; y cualquier otra recomendable atendiendo las circunstancias del caso[2].

Dichas medidas no son taxativas, debiéndose respetar el límite establecido en el art. 80 CP, en el sentido de que las mismas deben respetar la dignidad o estima de la persona, su privacidad, así como sus creencias religiosas, políticas o sus normas de conducta no relacionadas al hecho.

En caso de incumplimiento de las reglas de conducta impuestas en el período de prueba, como condición a la suspensión de la ejecución de la pena, la comisión de un nuevo delito o la sustracción del condenado a la vigilancia judicial, según el art. 81 CP, obligan al juez a modificar dichas reglas o incluso, prorrogar el periodo de prueba por otro que no podrá ser superior a cinco años, o motivadamente, hacer cumplir la pena de prisión impuesta.

La regulación del beneficio, permite una distribución de competencias más racional entre los dos órganos judiciales intervinientes en las causas penales: por un lado corresponde a los jueces o tribunales de justicia conceder o no la suspensión, e imponer, en su caso, la obligación; mientras que el Juez de Vigilancia Penitenciara y de Ejecución de la Pena, asume el seguimiento de la obligación, es decir, controlar que esta se cumpla en los términos fijados en la sentencia por el tribunal que la dictó, de conformidad al art. 37.12 de la Ley Penitenciaria (LP)[3].

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Por otra parte, el art. 78 CP regula el supuesto extraordinario de la suspensión de la ejecución de la pena, estableciendo que al no proceder el beneficio regulado en el art. 77 del mismo cuerpo de leyes, por impedirlo las circunstancias personales del procesado o por estar sometido a otro proceso, el Juez podrá decretarla extraordinariamente, cuando el hecho se hubiere cometido entre personas que les unen lazos familiares o de convivencia, resultando claramente conveniente para la víctima o para el restablecimiento de la armonía en el grupo o para la prevención de otros delitos.

Por último, el art. 84 del CP, regula los supuestos de la suspensión extraordinaria de la ejecución de la pena, que faculta al juez de vigilancia penitenciara competente (no al de la causa), suspender la ejecución, total o parcial, de las penas, por la salud del condenado, el estado de preñez de la condenada, por un plazo que no puede exceder de un año. Igual facultad tiene dicho juez, para suspender la ejecución hasta por seis meses, cuando la ejecución inmediata implique un daño de magnitud extraordinaria para el condenado, su familia o para las personas que de él dependan, siempre y cuando no resulten consecuencias negativas para la víctima o para sus familiares[4].

Finalidades Intrínsecas

Su finalidad se asienta en la innecesaridad de la pena, que como principio es regulado en el art. 5 del CP, el cual refiere que las penas sólo se impondrán cuando sean necesarias y en forma proporcional a la gravedad del hecho realizado; y el hecho de que las penas cortas de prisión en la mayoría de los casos causan más daños que beneficios, puesto que el breve tiempo de las mismas no es suficiente para un tratamiento resocializador o reeducativo, pero es suficientemente largo como para que el delincuente primigenio se ponga en contacto con otros agentes del delito, pudiendo favorecer la comisión de otros delitos[5].

En ese sentido, su finalidad coincide con el ideal resocializador de la pena, establecido en el art. 27 inc. 3º de la Constitución de la Republica, (Cn.), ya que si bien es cierto se renuncia al tratamiento reeducador y readaptador en un centro de detención, por cuanto se suspende la ejecución de la pena de prisión, procuran la permanencia del condenado en el seno mismo de la comunidad, bajo determinadas reglas de conducta.

Ello trae a cuenta la centenaria discusión sobre los fines de la pena, ya que, razones de prevención especial indican la conveniencia de que no se ejecute la pena de prisión impuesta, pero por el otro lado, razones derivadas de la exigencia  de la reafirmación del ordenamiento jurídico, indican la necesidad de que se ejecute; conflicto que se resuelve mediante la imposición de reglas de conducta, las que en el caso concreto, se estimen idóneas para alcanzar el fin de prevención especial, sin menoscabo de la reafirmación del orden jurídico[6].

Restricciones Legales

Ahora bien, algunas leyes especiales prohíben expresamente la procedencia del beneficio en estudio, para personas condenadas por delitos que las mismas regulan, es el caso de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, art. 27 inc. 2º y Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, art. 71 inc.1º.

Al respecto es necesario aclarar que racionalmente, no se entiende cuál es la necesidad del tratamiento desigual[7] que hace el legislador, puesto que regula el beneficio en una norma general para todos los delitos, como el CP, pero lo limita en dos leyes especiales, que regulan las actividades delictivas de lavado de dinero y relativas a las drogas.

En primer lugar, es necesario advertir que existen en el Código Penal, delitos sancionados con penas que oscilan entre seis meses a tres años, a los que se puede otorgar el beneficio, que protegen bienes jurídicos más importantes que los protegidos por dichas leyes especiales, a saber: la salud pública y el orden socioeconómico. Piénsese, por ejemplo, en los delitos de Lesiones, art. 142 CP, Disparo de Arma de Fuego, art. 147-E CP, etc.

En segundo lugar, es necesario aclarar que el legislador al momento de la conminación penal realizada en dichas leyes especiales, tomó una decisión de política criminal, en el sentido de prohibir el beneficio para los condenados por delitos previstos en las mismas. Es decir que, político criminalmente, introdujo finalidades preventivas generales negativas, ya que amenaza a los ciudadanos en general, que de resultar condenados por esa clase de delitos, se tendrán que someter a la ejecución íntegra de la pena de prisión, sin posibilidad de suspenderla condicionalmente.

En consecuencia, estamos en presencia de fricciones entre las finalidades preventivo generales y especiales de la pena, ya que como hemos advertido, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, está orientada al segundo tipo de finalidades, en su versión positiva; es decir, en busca de la reeducación y resocialización del condenado[8].

Por su parte, la Sala de lo Constitucional sólo ha analizado en una ocasión si las restricciones a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, realizadas en una ley, es inconstitucional: en primer lugar, partió diferenciándola con la excarcelación, advirtiendo que para esta última, el imputado se encuentra amparado por la presunción constitucional de inocencia – art. 12 Cn-, y en caso de aquella, se trata de alguien que ya ha sido oído y vencido en juicio -art. 11 Cn-[9].

Esa diferencia, en segundo lugar, le sirvió en esa ocasión, para argumentar que subsiste la libertad del legislador para decidir si dentro del tratamiento penitenciario a aplicársele a un condenado, se le otorgará o no el goce del beneficio en estudio; y que por tanto, al negárselo mediante una norma jurídica, como en el caso del art. 15 de la derogada Ley Transitoria de Emergencia contra la Delincuencia y el Crimen Organizado, no estamos en presencia de una inconstitucionalidad.

De esa manera, la SC sin mayor análisis, puntualizó las restricciones hechas por ley a dicho beneficio, no son inconstitucionales.

Corolario

Las finalidades de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, así como las de otros beneficios penitenciarios, coinciden con el principio resocializador de la pena, derivado del art. 27 inc. 3º Cn., que si bien es cierto, no es per se fundamentó constitucional de dicho beneficio, limitarlo o anularlo, sin que a la vez, el legislador no ofrezca instituciones que potencien la resocialización en el sistema penitenciario, dejaría sin desarrollo normativo dicha disposición constitucional, que le podría convertir en letra muerta.

Referencias

[1] Ver MAPELLI CAFFARENA, Cuestiones de derecho de ejecución de penas y medidas, en A.A.V.V. “Ensayos para la capacitación penal”, Consejo Nacional de la Judicatura, San Salvador, Pág. 335. Esta autor sostiene que dicho período de prueba permite observar de una manera más estrecha el comportamiento de la persona durante el mismo; y por otra, se le somete durante dicho tiempo a la presión de la amenaza penal pendiente para que sirva de estímulo para iniciar una integración en la vida social y familiar.

[2] La diversidad de obligaciones que pueden imponerse de acuerdo con el perfil del condenado hace inimaginable su catalogación cerrada dentro de un solo precepto del Código Penal. Ver MAPELLI CAFFARENA, Cuestiones de derecho de ejecución de penas y medidas, citado, Pág. 337.

[3] Ver MAPELLI CAFFARENA, Cuestiones de derecho de ejecución de penas y medidas, citado, Pág. 320.

[4] Ibídem, Pág. 321.

[5] Ver ROXIN, Derecho penal, parte general, Fundamentos. La estructura de la teoría del delito, Tomo I, Edit. Civitas, 1997, pág. 129.

[6] Cf. BOLDOVA PASAMAR/ MARTÍN/ ALASTUEY DOBÓN, A. A. V.V, Lecciones de consecuencias jurídicas del delito, Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, pág. 318.

[7] Ver RODRIGUEZ MELENDEZ, Una introducción al art. 3 de la Constitución: aspectos generales sobre el derecho de la igualdad, en A.A.V.V. “Revista Justicia de Paz No. 15”,  Consejo Nacional de la Judicatura, San Salvador, 2003, Págs. 19-43. Particularmente la faceta de igualdad por diferenciación exige que el tratamiento desigual debe ser objetivamente razonable.

[8] Ver MAPELLI CAFFARENA, Cuestiones de derecho de ejecución de penas y medidas, citado, Pág. 320.

[9] Ver SC DE LA CSJ, Sentencia dictada en el proceso de inconstitucionalidad referencia 15-1996, 14 de febrero de 1997.

Si deseas citar este artículo, hazlo así:

LANDAVERDE, MORIS. “LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 1 de Julio de 2015.  http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/3280