Garantía de Audiencia
Garantía de Audiencia

El proceso justo y la capacidad progresiva.

En esta ocasión se teorizará en el campo de la ponderación de principios, acotando algunos aspectos procesales relacionados con la garantía de audiencia de la niñez y la adolescencia, desde la dimensión del Derecho Constitucional y de la Teoría General del Proceso, y no estrictamente desde la perspectiva de la Doctrina de la Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Justamente, las ideas vertidas en los siguientes párrafos están dirigidas a los operadores jurídicos que participan activamente en el campo del quehacer judicial, principalmente a jueces, quienes valoran las opiniones de los niños y adolescentes para emitir las providencias judiciales que ponen fin a las diligencias o procesos en los que estos participan.

El proceso justo.

El concepto de proceso tiene por sinónimo las ideas de curso, modo, evolución, fase, procedimiento, trámite, progreso, entre otras. De esta forma, se piensa que el proceso es un sistema de actos concatenados que produce la progresiva mutación de la situación “a” a la situación “b”. El concepto de proceso judicial se superpone a la simple idea de proceso, porque mientras éste denota movimiento o cambio, aquel refiere un cambio fundado en un propósito estatal, este es, el de tutelar los derechos de los justiciables. Por ello, la idea de procedimiento no encuentra plena identidad con la idea de proceso. Además, según el principio de monopolio de la jurisdicción, el proceso es un conjunto de actuaciones estatales que tiene por objetivo satisfacer pretensiones o atender peticiones jurídicamente relevantes.

En el campo de las ciencias del Derecho, el proceso tiene por fundamento teleológico la satisfacción de pretensiones, por auto-atribución de derechos (diligencias judiciales) o por conflicto de intereses (proceso contencioso). El proceso judicial, a su vez, no es la simple expresión voluntaria del Estado de satisfacer pretensiones, sino que es una abstracción lógica que persigue fines precisos, según las orientaciones o reglas que se derivan del pensamiento racionalista del constitucionalismo; es decir, el proceso es un instrumento, un recurso o una herramienta de tutela judicial que, bajo el imperio de los principios del Estado Constitucional de Derecho, rige las formas éticas-políticas mediante las cuales se satisfacen las pretensiones.

El proceso judicial debe ser coherente con los principios constitucionales que nacen de las fuerzas materiales que activan el motor histórico del devenir social, fuerzas que deben surgir de las colectividades y no de las clases dirigentes o de grupos para-institucionales, con el fin de evitar la arbitrariedad e ilegitimidad de los organismos del poder estatal, y proteger el orden y equilibrio social en la comunidad de individuos que conviven en contradicción constante; comunidad a la que llamamos sociedad. En otras palabras, el proceso judicial institucionaliza las pautas sociales y culturales de “cómo” se resuelven las exigencias particulares de los sujetos individuales, e indica los mecanismos reales que materializan las mismas (establece órganos de juzgamiento, exige leyes previas, preceptúa atributos de calificación como el territorio, y más).

Son esas pautas institucionalizadas constitucionalmente las que dan el adjetivo de justo al proceso, al respetar valores de categoría fundamental como la seguridad jurídica, la igualdad y la justicia. Por eso se dice que el proceso justo, mejor conocido como debido proceso o proceso constitucionalmente configurado, es una derivación de la seguridad jurídica, en la dimensión del principio de legalidad, porque a través de él se pretende asegurar, mediante reglas codificadas, las formas en “cómo” se resuelven las pretensiones.

El proceso judicial es un proceso justo cuando se adhiere a los principios de las democracias constitucionales, que respetan la esfera patrimonial de los sujetos de derecho, individual o colectivamente considerados, y las situaciones jurídicas que éstos ostentan en sus comunidades; y que por lo tanto, les permite la participación activa en los trámites que los lleva de una situación jurídica anterior a otra posterior, esto es, cuando se les concede la oportunidad de intervenir en el juego procesal que resuelve las peticiones en las que ellos tienen un interés. Todo lo anterior se traduce, por ejemplificar, en el respeto a ser oído y vencido en juicio, a ponderar la finalidad antes que la ritualidad, a ejercer efectivamente la defensa técnica, a ser emplazado y notificado de las providencias judiciales, entre otros aspectos. Véase el artículo 11 de la Constitución de la República (CN).

Además, existe proceso justo cuando el objeto de debate procesal ocupa la situación que verdaderamente le corresponde, precisamente, cuando tratándose de una persona, ella no es cosificada, sino que su humanidad es dignificada al ser considerada como fin superior en sí misma. De esta forma, la estructura del debido proceso no gira, únicamente, entorno a aspectos formales, como los que definen las fases y las actuaciones procesales, sino que también conlleva aspectos materiales o cualitativos, como los que exigen pronta justicia o una sentencia debidamente fundamentada por parte del juzgador. Sin embargo, hay supuestos negativos que contradicen lo antes expuesto, como el hecho de cosificar a un hijo y verlo como objeto de ganancia de la pretensión (al respecto véase en http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/2433).

La capacidad progresiva.

El Derecho es argumento, requiere de significaciones reales que se sustraen de la reflexión o meditación pura; es decir, el Derecho es práctico, pertenece al mundo del ser, aunque se inspire en  calificaciones que persiguen un estado ideal del deber ser. Entonces, si el Derecho es un  argumento empírico, los sujetos que lo llevan al terreno de la realidad deben ser capaces de demostrarlo, esto es, deben ser capaces de argumentar, demostrar y vivir los derechos de los que se dicen ser titulares. No obstante ello, no todos los sujetos son capaces de demostrar el Derecho, concretamente, algunos sujetos son mental o físicamente incapaces de exigir sus derechos y de cumplir con sus obligaciones.

El Derecho Romano ha heredado categorías que intentan explicar quiénes son capaces de ejercer derechos y de cumplir con obligaciones. En la antigüedad, en Roma, los sujetos capaces de ejercer derechos eran las personas, pero el título de persona devenía no por el simple hecho de pertenecer a la raza humana y vivir un instante de vida posible (teoría de la vitalidad), sino que se requería cumplir con una serie de requisitos como ser libre, ciudadano y no estar sometido a autoridades familiares (la mujer estando sometida a la potestad marital no era estimada como persona, en consecuencia, sus derechos eran anulados). Por lo tanto, capaz de ser titular de derechos y deberes, en otras palabras, capaz de argumentar o personificar el Derecho, únicamente eran aquellos que cumplían con tales requisitos.

Significa, pues, que en Roma las personas capaces de materializar el Derecho eran algunas, en virtud que la regla general era que no todos los seres humanos se consideraban como personas. En la actualidad la regla se invierte, pues se es persona por requisitos diferentes, lo que equivale a decir que, se es capaz de argumentar o demostrar el Derecho por el simple hecho de pertenecer a la raza humana y vivir independientemente de la madre por un instante de tiempo. Además, se presume que todos son capaces de materializar o personificar el Derecho, ya que todos son legalmente capaces, salvo aquellos que la ley imputa como incapaces, según lo confirma el artículo 1317 del Código Civil (CC).  Por esto, la teoría de la capacidad legal está íntimamente relacionada con la teoría de la personalidad jurídica.

Ahora bien, sin ánimo de detallar la teoría de la incapacidad de las personas (artículos 1316 y siguientes CC), brevemente se puede decir que, la capacidad está referida a la posibilidad de ser titular de derechos y obligaciones (por ser persona), y la incapacidad a la imposibilidad de ejercer la titularidad de los mismos por alguna cualidad personal que afecta la aptitud real de ejercer tales derechos y tales obligaciones, de donde se deriva la idea de capacidad de goce y ejercicio, y casi de forma correlativa, la idea de incapacidad relativa y absoluta.

La ley imputa como incapaces absolutamente a los impúberes e incapaces relativamente a los menos adultos. Conforme al artículo 26 CC, impúber es el varón que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce, y menor adulto el que ha superado dichas edades, sin alcanzar la mayoría de edad. Estos sujetos son portadores de un patrimonio, de derechos y acciones, pero no son capaces de hacerlos valer por sí mismos por determinados motivos, como la minoría de edad, la necesidad de representación de un tercero o la inaptitud mental o física. En lo que a los niños y adolescentes concierne, se dicen que son sujetos incapaces relativamente, porque existe un parámetro biológico de madurez delimitado convencionalmente a través de la ley, que expresa que ellos no han alcanzado la mayoría de edad, y que por lo tanto, no cuentan con la madurez y discernimiento necesario para exigir tales derechos y obligaciones.

No obstante lo anterior, contemporáneamente se estima que los niños y adolescentes se desarrollan de forma progresiva, motivo por el cual deben participar imperativamente en aquellos asuntos procesales en lo que tengan interés, en la medida que su madurez y discernimiento se los permita; esta participación es forzosa, porque los niños y adolescentes son portadores de una capacidad progresiva (véase sobre la autonomía progresiva en http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/2005), que vincula al juez a tomar en cuenta la realidad interiorizada por ellos al momento de emitir la correspondiente sentencia. Para tal efecto, el juez debe escuchar la opinión que ellos tengan respecto del objeto de debate, en la medida que tengan la capacidad racional para comprender la realidad procesal a la que se enfrentan.

La anterior obligación es expresión de los principios de las democracias constitucionales que inspiran al proceso justo, ya que los hijos, por ejemplo, cuando integran el objeto de debate, también tienen derecho a participar en el asunto familiar que se discute. Por ello, el artículo 7 letra j) de la Ley Procesal de Familia, indica que es un deber del juez, “oír al menor cuando hubiere cumplido doce años de edad, en todos los procesos y diligencias que le afecten; antes de dicha edad, el Juez tendrá contacto con el menor y de ser posible dialogará con él”. El incumplimiento de la anterior obligación puede ser objeto de nulidad de las actuaciones procesales. Lo anterior constituye la garantía de audiencia de la niñez y adolescencia, más bien, una garantía de audiencia colateral o derivada, porque los niños y adolescentes no son partes directas en el juego procesal, sino que sólo integran el objeto de debate del mismo.

Existen situaciones especiales en las que esta garantía de audiencia colateral o derivada hace que el proceso tome direcciones muy particulares, que requieren de un delicado esfuerzo intelectual de parte del juzgador, como aquellos casos en los que la opinión del hijo significa una auto-vulneración de sus propios derechos. Por ejemplo, existen casos en los que el niño o adolescente manifiesta que no desea recibir asistencia económica de parte de uno de los padres, que no quiere relacionarse con uno ellos, o que están de acuerdo en que se declare la pérdida de la autoridad parental que sobre él ejerce; a pesar que de accederse a lo que solicita signifique la vulneración de sus propios derechos. En todo caso será esta situación la que se analizará en la próxima entrega de este tema.

Bibliografía de recomendación.

Sobre la personalidad en el Derecho Romano véase, SOMARRIVA INDURRAGA, Manuel y otros, Tratado de Derecho Civil: Parte Preliminar y General, Tomo II, Sexta Edición, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1998, p. 433 y ss.

Sobre la institucionalización de pautas culturales véase, TALCOTT, Parsons, El Sistema Social, p. 28 y ss., cuya versión en español puede consultarse en http://db.tt/k3wHJOa6.

Si quieres citar este artículo, hazlo así:

PALACIOS, CRISTIAN. “LA GARANTÍA DE AUDIENCIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. PARTE I”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 28 de mayo de 2015.  http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/2917