Controversia CSJ y AL
Controversia CSJ y AL

ANÁLISIS DEL CASO DE LA CONTROVERSIA ENTRE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

En esta ocasión se hará un breve análisis de la Sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) con referencia 9-20-06-2012 en la que se resolvió la controversia suscitada entre la Asamblea Legislativa de El Salvador y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de ese mismo país.

En ese sentido, para el desarrollo del presente artículo se propone en primer lugar hacer referencia a algunos conceptos fundamentales del Derecho Internacional Público y de Integración; posteriormente se realizará un abordaje sobre la naturaleza y las competencias de la Corte Centroamericana de Justicia; luego se presentarán algunas reflexiones sobre el caso propuesto, y finalmente me permitiré plantear algunas conclusiones.

En ese orden de ideas, es preciso dar inicio señalando que el Derecho Internacional es el conjunto de normas positivadas por los poderes peculiares de la Comunidad Internacional (Miranda, O. 2015); en ese sentido, es preciso considerar que dentro de los actores de la Comunidad Internacional pueden contarse tanto Estados constituidos, organismos internacionales u otros actores sui generis.

Por otra parte, se entiende al Tratado Internacional como el acuerdo escrito que suscriben dos actores de la Comunidad Internacional, ya que en este pueden intervenir Estados entre sí, éstos con organismos internacionales, o entre Estados bajo los auspicios de organismos internacionales, o con actores sui generis del derecho internacional.

Ahora bien, existen diferentes principios que aplican en el derecho internacional: “Libre consentimiento”, “Buena fe” y “Pacta sunt Servanda”.

De tal manera que el primero implica que cada Estado, de manera libre, accede a suscribir cualquier compromiso internacional, debido que la adquisición de derechos y obligaciones en realidad constituye una expresión de la soberanía que ostenta cada Estado.

Por otra parte, y como premisa del principio anterior, se encuentra la presunción que los Estados adquieren derechos y obligaciones de buena fe, que suscriben los diferentes instrumentos internacionales con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos en los diferentes Tratados, ya que están plenamente conscientes de las implicaciones que tiene su involucramiento en estos, y que de esta forma es que acceden a sumarse a los mismos.

Finalmente, el último principio citado, viene a ser una derivación de los dos anteriores, y traducido del latín, significa que las partes en el acuerdo se someten a sus pactos, es decir, los suscriptores de los tratados acceden a regirse por las disposiciones que forman parte de los Tratados Internacionales, ya que son estas las normativas que dan sostenibilidad y que señalan el camino que debe conducir al cumplimiento de los objetivos de los mismos, y que se encuentra específicamente regulado en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969.

Ahora bien, según su naturaleza y alcances, se pueden distinguir tres tipos de Tratados: El tratado ley, el contractual y el marco.

De manera que el Tratado Ley es aquel cuyas disposiciones se vuelven exigibles a las partes suscriptoras, incluso a pesar de la normativa nacional vigente, sin que signifique una vulneración a la soberanía de los Estados; debido que como ha sido señalado anteriormente, el suscriptor del Tratado, en un legítimo ejercicio de soberanía accedió a contraer obligaciones, que se materializan en virtud del tratado, siendo estas, en términos generales: “dar”, “hacer” y “no hacer”; entre estos podemos considerar a modo de ejemplo: El Pacto de San José, de 1969; la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984.

En segundo lugar, los Tratados Contratos o contractuales, son aquellos que encierran el compromiso de realizar un intercambio de prestaciones entre las partes.

Finalmente se encuentra el Tratado Marco, el cual regula una materia o un sistema institucional como es el caso del Protocolo de Tegucigalpa, para el caso del Sistema de Integración Centroamericano (SICA).

Ahora bien, considerando lo que señalan Salazar y Ulate (2013), si bien los Tratados originarios, forman parte del Derecho Internacional, en tanto que surgen a partir de la suscripción de los mismos por parte de los Jefes de Estado, o el funcionario delegado para tal efecto, y luego tienen que ser ratificados por  el poder legislativo, siguiendo el proceso constitucional de cada país; sin embargo también forman parte del Derecho Comunitario, en tanto que las organizaciones creadas en ese marco, pueden cumplir funciones de cooperación internacional; o bien para alcanzar propósitos comunitarios o de integración regional; creando para tal efecto Órganos intergubernamentales o supranacionales, cuyo accionar se enmarca dentro del derecho comunitario.

De tal forma, que, conforme a los autores precitados, el SICA ostenta una doble naturaleza, una dentro del Derecho Internacional, ya que en realidad es una organización internacional dentro de los cánones convencionales de la referida rama del derecho, pero por otra parte, para los países miembros del sistema, Constituye un Órgano de Derecho Comunitario.

Ahora bien, una vez considerados los aspectos teóricos que se ciernen sobre el presente caso, es conveniente entrar en el estudio de la Sentencia en cuestión; para ello se hará relación a los hechos acaecidos, los argumentos esgrimidos por la CCJ y algunas consideraciones propias.

En primer lugar es necesario señalar que el litigio tuvo su origen en la Sentencias con referencia 19-2012 y 24-2012, emitidas ambas el día 05 de junio de 2012, en la que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró como inconstitucional, el Decreto Legislativo mediante el cual se pretendía la remoción de 4 Magistrados de la referida instancia.

En ese sentido, se planteó la controversia suscitada entre los dos Órganos de Estado ante la CCJ, que emitió Sentencia el día 15 de agosto de 2012, en la que declaró como inaplicables las referidas resoluciones de la Sala de lo Constitucional.

Antes de proceder a realizar algunas consideraciones sobre el fondo del asunto, es necesario considerar, en lo referente a la Corte Centroamericana de Justicia, tal como lo reseña la Sentencia de la CCJ, en cuestión, en su Considerando II, fue creada a partir del Protocolo de Tegucigalpa (PT) a la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA), que ha sido suscrito y ratificado por El Salvador.

De forma que en los artículos 12 y 35 del referido Protocolo, se establece que la jurisdicción de la CCJ, le permite conocer sobre aquellos casos de interpretación y ejecución de la normativa referida al derecho comunitario, sus instrumentos complementarios o derivados del mismo.

Por otra parte, la CCJ considera que el artículo 30 del Convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana le concede la facultad de determinar su competencia a partir de la interpretación del caso concreto a la luz de las disposiciones de derecho internacional y comunitario.

Una vez considerados todos estos aspectos, resulta necesario considerar que en el caso propuesto se presenta una controversia entre la supremacía constitucional de los Estados, respecto de la aplicación preferente de las normas de derecho internacional.

Situación que de entrada se revela como compleja, y con razón, debido que resalta la necesidad de adoptar soluciones que permitan, por una parte mantener el cumplimiento de los compromisos adquiridos internacionalmente, y por el otro lado, la sujeción de todos los actores locales a la norma constitucional como ley fundamental.

En este punto, resalta la realidad que el Estado de El Salvador, si bien firmó la Convención de Viena, nunca la ratificó, tal como hacía notar Miranda (2015). De tal forma que a simple vista podría plantearse que el referido país se encuentra exento de la observancia del artículo 26 del referido instrumento.

Sin embargo suponer tal cosa constituiría un error, debido que aunque no se haya ratificado la referida Convención, es menester que toda la normativa de Derecho Comunitario se rige a partir de las reglas del Derecho Internacional, entre las que se encuentra el Pacta Sunt Servanda, de tal forma que el hecho que El Salvador no se encuentre directamente sujeto a la observancia de sus disposiciones, se encuentra igualmente obligado a respetar los principios fundamentales del Derecho Internacional.

Por lo tanto, se sostiene que el Estado salvadoreño no puede invocar razones de derecho interno para ignorar o no cumplir sus compromisos con la Comunidad Internacional; desarrollo que ha sido realizado con mayor profundidad en el ámbito de la protección a los Derechos Humanos, en los casos de crímenes de guerra y delitos de Lesa Humanidad; tal como señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  en la Sentencia proveída en el caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador, el día 23 de septiembre del año 2004.

En consecuencia, puede sostenerse que los Órganos del Estado Salvadoreño se encuentran dentro de la jurisdicción de la CCJ; sin embargo es menester proceder a hacer una revisión sobre la competencia de la Corte para conocer de aquellos casos como el que nos atañe que versa fundamentalmente en un conflicto de carácter interno, dentro del gobierno salvadoreño.

En ese orden de ideas, hay que señalar que de conformidad al Protocolo de Tegucigalpa y el Convenio Constitutivo de la Corte Centroamericana de Justicia tienen por objeto que esta sea una instancia que resuelva específicamente sobre aquellos casos referidos a la aplicación e implementación de la normativa de derecho comunitario, en consecuencia, se entiende que su jurisdicción se encuentra enmarcada en ese sentido.

De manera que pretender como, a mi criterio, ha hecho la CCJ en el presente caso, de alargar el alcance jurisdiccional para conocer y resolver sobre controversias entre dos órganos estatales, que no ha surgido ni versa sobre la aplicación  o interpretación de ninguna normativa de derecho comunitario y menos aún de derecho internacional, representa un exceso en las competencias del Tribunal Centroamericano; por lo tanto considero que es incompetente para conocer sobre estos temas.

En conclusión, considero que hoy en día no es posible considerar la soberanía nacional como un bien absoluto, ya que dentro del mismo ejercicio de independencia estatal es que se adquieren derechos y obligaciones, por lo tanto si libre y soberanamente se adquieren compromisos, es de respetarlos, bajo los principios del derecho internacional.

Sin embargo, también sería un error considerar que la jurisdicción de las instancias internacionales puede alcanzar todos los rincones del actuar estatal; ya que éstos deben encontrarse claramente constreñidos a los propósitos con que fueron concebidos, de manera que no es posible pensar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenga, en principio, competencia para resolver una controversia de carácter comercial entre dos particulares; o que la Organización Mundial de Comercio pueda resolver una violación a Derechos Humanos; o que alguna de estas dos instancias tenga facultar para ventilar un caso de conflicto entre dos órganos del estado nacional.

En  consecuencia, si bien este es un tema sobre los límites entre la supremacía constitucional, como máxima expresión de la soberanía nacional, y los alcances de la supranacionalidad de los instrumentos y organismos de derecho internacional y comunitario; es preciso buscar una interpretación armonizadora tendiente a una clara delimitación de las competencias de las instancias internacionales respecto al poder local, de tal forma que el ejercicio de la jurisdicción supranacional de éstos no se excedan en sus funciones, ya que esto podría generar lesiones en materia de soberanía nacional.

REFERENCIAS

  • Corte Centroamericana de Justicia. (2012). Sentencia 9-20-06-2012. Managua, Nicaragua.
  • Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2004). Caso Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador, Sentencia de 23 de noviembre de 2004 (excepciones preliminares).
  • Miranda, O. (2015, 04 de mayo). Marco Jurídico del Sistema de Integración Centroamericano; Sesión 01. Conferencia presentada por la Maestría en Integración Centroamericana y Desarrollo en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. El Salvador.
  • Organización de las Naciones Unidas. (1969). Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Austria.
  • Sala de lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia (2012). Sentencia de Inconstitucionalidad 19-2012. El Salvador.
  • Sala de lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia (2012). Sentencia de Inconstitucionalidad 24-2012. El Salvador
  • Sala de lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia (2014). Sentencia de Inconstitucionalidad 52-2014. El Salvador.
  • Salazar Grande, C.E. y Ulate Chacón, E.N. (2013). Manual de Derecho Centroamericano (2ª Edición). San Salvador, El Salvador.

 

Si quieres citar este artículo hazlo así:

López, Luis, “ALCANCES DEL DERECHO COMUNITARIO FRENTE A LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 22 de mayo de 2015. http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/2629