Transparencia
Transparencia

Los índices de gestión son  de las herramientas más útiles para el seguimiento ciudadano a la administración pública, también los informes de instituciones externas que prenden alarmas, señalan debilidades y recomiendan acciones con el fin de mejorar la respuesta del Estado en temas claves. La rendición de cuentas es uno de los ejercicios necesarios en el camino a una democracia.
Respecto a los índices que miden la gestión, los gobiernos deben tomar decisiones muy claras. Es fundamental respetarlos y entenderlos para enfocar dicha gestión y elaborar planes de desarrollo cercanos a las necesidades de la población y el territorio en el que se pretenden aplicar; si estos índices están pertinentemente construidos, permitirán la innovación y la creatividad en la administración pública y no limitarán a los gobernantes de turno en la formulación de proyectos para desarrollar la gestión e impactar positivamente en los resultados de dichos índices.
En El Salvador desde el 8 de mayo de 2012, entró en vigencia La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), y según esta Ley “Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir de manera oportuna y veraz, información generada, administrada o en poder de los órganos del Estado, sus dependencias, instituciones autónomas, municipalidades o cualquier otra entidad u organismo que administre recursos públicos, bienes del Estado o ejecute actos de la administración pública en general”. Sin embargo la LAIP presenta vacíos que se deben revisar, como el apartado que se refiere a la información reservada, que pone en duda si efectivamente se podrá acceder a información privilegiada, tampoco debemos perder de vista que la misma constituye un paso importante en el proceso de rendición de cuentas de las dependencias públicas.
En el ámbito municipal y administrativo, la mayoría de alcaldías e instituciones del Estado sólo cuentan con apenas la información general en sus portales de Internet: notas sobre inauguraciones, fotografías de los funcionarios, organigramas, normativa legal y otro tipo de información ya existente desde antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Acceso a la Información Pública. Informes detallados sobre contrataciones y adquisiciones, listados de asesores, listados de viajes y costos, entre otro material que la LAIP cataloga como información oficiosa no es documentación a la que se pueda acceder fácilmente desde una computadora. Por ejemplo, en el caso de la Corte de Cuentas de la República, la ley establece que deberá dar a conocer los informes finales de las auditorías practicadas a los entes obligados, pero su sitio de Internet cuenta con poco acceso a esa información, ya que se tiene que ir por trámites gubernamentales para solicitar mayor información sobre ese tipo de auditorías.
La Secretaria de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de El Salvador junto a la Corte de Cuentas, Procuraduría General de la República y los Medios de Comunicación deberían de hacer conjuntamente un ÍNDICE DE TRANSPARENCIA como una acción de control preventivo apoyado por todas las instituciones del Estado y entes de control para ofrecer una mejor rendición de cuentas a la población, en un país en el que aún atormenta la percepción de la corrupción, la falta de credibilidad de los políticos y la falta de interés en los temas del Estado y la Administración Pública, que parecen estar en constante aumento.
Quedan pendientes varias preguntas: ¿Quiénes conocen la LAIP? ¿Cuántos entes ciudadanos contribuyen a la vigilancia para que la Transparencia gubernamental se mida de manera precisa y que obliguen a nuestros gobernantes a mostrar en qué se falla dentro de las variables de éste, para que hagan planes de mejoramiento? Faltan Índices para ayudarnos a seguir la gestión de las administraciones, pero también hacen falta quienes los lean, les den significado, sentido y los conviertan en herramientas de control y de ejercicio de la política de manera seria, esto es, hace falta ciudadanos activos y participantes pues de lo contrario el impacto positivo en dichos índices dependerá de la voluntad de un gobierno de turno, que para el caso de esta nueva ley se viene demostrando que ser transparente sí se puede.

Autor: Juan Carlos Rodríguez Gómez