Pluradidad de partes
Pluradidad de partes
1) Noción previa.

El Derecho procesal es una herramienta de la organización jurisdiccional (véase el artículo “EL DERECHO SOCIAL Y LA IMPRESCINDIBLE SALA DE LO SOCIAL” en http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/953), una derivación racional que materializa la actividad judicial del Estado; o más bien, la plataforma elemental que se configura para el ejercicio de la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado, en medio de un conglomerado humano que jurídica y políticamente se ha organizado.

El Derecho procesal, formal o adjetivo es una dimensión de poder institucional paralela al Derecho sustantivo, material u objetivo; es el campo de debate que traduce el lenguaje jurídico del Estado frente a aquellos que se encuentran en una disputa jurídicamente relevante. La utilidad del Derecho procesal es de tal envergadura que recurre a abstracciones jurídicas más o menos complejas, con el fin de alcanzar sus objetivos, entre ellos, el libre debate entre los sujetos que se disputan hechos sobre la base de sus intereses.

En esta ocasión hablaremos de una de las figuras del Derecho Procesal Civil, concretamente, haremos referencia al litisconsorcio, puntualizando sucintamente en algunas de sus notas doctrinarias, señalando el articulado normativo que lo respalda e ilustrando su mecánica a través del correspondiente caso hipotético. Veamos.

2) Generalidades.

La construcción del concepto de litisconsorcio aún sigue en desarrollo por la Doctrina y la jurisprudencia, debido a la complejidad que el mismo reviste, a pesar de ello, existen aproximaciones elementales a sus notas distintivas. Esto obedece a que el Derecho en general, y el Derecho procesal en particular, se guía por valores y principios, por pautas que llegan a estandarizarse a través de la codificación, pero que en su evolución histórica pierden cierto nivel de firmeza y se dotan de un componente provisional que atiende a las necesidades del momento que se vive. Por esto no es extraño la reiterada derogación, abrogación y reforma de los diferentes cuerpos normativos, sobre todo en una cultura jurídica-positiva como la salvadoreña.

A pesar de lo anterior, básicamente se ha conceptualizado al litisconsorcio como la figura jurídica-procesal que integra o presupone la participación de dos o más sujetos con capacidad procesal para actuar como demandantes o demandados, en un mismo proceso que involucra sus intereses. Los sujetos que participan en un litisconsorcio reciben el nombre de litisconsortes. En otras palabras, el litisconsorcio existe en los procesos que participan más de una persona en calidad de demandantes o demandados; sin embargo, las implicaciones procesales que esta figura despliega no son tan sencillas como pueden parecer, sobre todo cuando se habla del litisconsorcio necesario, del cual hablaremos más adelante.

Utilidades procesales.

Las instituciones procesales son abstracciones lógicas y necesarias que se integran a un compuesto mayor, generalmente denominado, proceso, causa o juicio judicial, con funciones particulares y fines ulteriores precisos, como es el de satisfacer o solventar pretensiones, a través de un debido proceso o proceso justo, y con ello, respetar las reglas del debate dentro de un sistema jurídico democrático. Aunado a lo anterior, el litisconsorcio cumple con funciones eminentemente procesales, que valen la pena mencionar:

  • Busca dar seguridad jurídica, a través de la uniformidad de las providencias judiciales que involucran a diferentes sujetos, respecto de una misma pretensión; es decir, evita la existencia de sentencias contradictorias sobre un mismo objeto de debate.
  • Contribuye a evitar un dispendio jurisdiccional innecesario, y en consecuencia, es garantía de celeridad y economía procesal.
  • Procura la integración adecuada de las partes (demandantes y/o demandados) en los procesos judiciales, y en consecuencia, favorece el respeto del debido proceso y la fluidez de la administración de justicia. A la inversa, evita el entorpecimiento o dilación de los procesos, la existencia de nulidades procesales o la suspensión del proceso mismo.
Clasificación.

El litisconsorcio puede ser clasificado, primordialmente, en función de (1) la calidad de las partes procesales y de (2) la conexión que exista entre ellas y la pretensión que persigue. Haremos referencia únicamente a ellas por considerarlas de mayor utilidad.

  • Por la calidad de las partes procesales (como demandantes o demandados).

Según esta clasificación, el litisconsorcio puede ser activo o pasivo. Hablar de litisconsorcio significa hacer referencia a actuaciones procesales que se conforman con una pluralidad de sujetos, quienes ostentan la calidad de demandantes (litisconsorcio activo) o de demandados (litisconsorcio pasivo). Cuando existe una pluralidad de sujetos como demandantes y como demandados, en un mismo proceso, se habla de litisconsorcio mixto, aunque un sector de la Doctrina no considera correcta dicha nominación, pero para efectos académicos lo tomamos en consideración.

  • Por la vinculación de los sujetos a la pretensión (vinculación que nace de un derecho).

Según esta clasificación, el litisconsorcio puede ser necesario o facultativo. Es esta la clasificación de mayor relevancia procesal, pues es la que exige un esfuerzo racional de parte de los intervinientes en el proceso (juez, abogados, procuradores y otros técnicos en la materia), para identificar si estamos frente a un proceso que exige necesariamente la participación de dos o más sujetos como demandantes o demandados (litisconsorcio necesario o preceptivo), o si la participación concursal de estos sujetos es una manifestación voluntaria de los mismos (litisconsorcio facultativo u optativo).

Entonces, existen cuatro categorías litisconsorciales, a saber: a) litisconsorcio necesario activo, b) litisconsorcio necesario pasivo, c) litisconsorcio facultativo activo y, d) litisconsorcio facultativo pasivo. Lo anterior se enuncia con fines académicos, no obstante que en la práctica se cuestiona la existencia del litisconsorcio facultativo, ya sea, activo o pasivo. Sin embargo, no se separará en esta situación, por no ser el objeto de este artículo.

Base legal: Derecho Procesal de Familia.

El Derecho Procesal de Familia, que confiere operatividad jurisdiccional al Derecho de Familia, establece un proceso expedito y sencillo, estableciendo las reglas del debate jurídico, sobre la base del principio democrático del sistema jurídico (constitucionalismo democrático), permitiendo la participación de una pluralidad de sujetos en un mismo proceso, cuando esto sea necesario o sea  posible.

Así, en el articulado correspondiente a la pluralidad de sujetos, específicamente en el artículo 13 inciso 1 de la Ley Procesal de Familia (LPF) se establece que, podrán intervenir en el proceso los terceros que sean titulares de un derecho vinculado al objeto de la pretensión y puedan resultar afectados por la sentencia. A pesar que este artículo se refiere a los litisconsortes como terceros, dicha idea no debe confundirse con la idea de terceros coadyuvantes o excluyentes (artículo 17 LPF), y de otras figuras procesales, como las tercerías de domino y de derecho preferente (artículos 643 y 646 del Código Procesal Civil y Mercantil).     

Por su parte, los artículos 14 y 15 LPF, reconocen y definen las figuras del litisconsorcio facultativo y del litisconsorcio necesario, respectivamente. Así, el primero de ellos preceptúa que, varias personas podrán demandar o ser demandadas en un mismo proceso, cuando sus pretensiones sean conexas por su causa u objeto. Los litisconsortes facultativos serán considerados partes independientes respecto de su pretensión. Por su parte, el segundo de ellos, en el inciso 1 indica que, cuando en razón del objeto de la pretensión la sentencia afecte directamente a varias personas, éstas deben demandar o ser demandadas en el mismo proceso. Los litisconsortes necesarios serán considerados como una sola parte (…).

Divisibilidad o indivisibilidad de un derecho.

La configuración necesaria o voluntaria de un litisconsorcio se determina por la vinculación que tienen los sujetos procesales con la pretensión que se persigue; es decir, depende si el derecho que se tiene sobre el objeto de la pretensión es divisible o no. La divisibilidad de un derecho depende de la naturaleza del mismo, así, en principio, los derechos de naturaleza personal son indivisibles, en cambio, los derechos de naturaleza patrimonial, sí lo son. Sin embargo, no existen reglas generales o excepciones fijas, porque la divisibilidad del derecho deberá ser analizado en cada caso en concreto.

Recordemos que el Articulo 1395 del Código Civil (CC), al hablar de la obligación, establece que la misma es divisible o indivisible según tenga o no por objeto una cosa susceptible de división, sea física, sea intelectual o de cuota. Sin entrar en detalle al respecto, lo que debemos apreciar es que la división de un derecho no depende de los sujetos que gozan de él, sino del derecho como tal. Así, una persona puede gozar de un derecho que en sí mismo es divisible, o sea, que puede ser sometido a ponderaciones aritméticas que establecen proporciones, y a su vez, dos o más personas pueden ser titulares de un mismo derecho que no admite cálculos de proporción.

Dicho lo anterior, recordemos que para hacer valer judicialmente un derecho, el mismo se debe revestir de una pretensión, y esa pretensión debe ser incoada a través de una Demanda, por o en contra de todos lo que tengan la titularidad de ese derecho. Si el derecho es indivisible, estaremos frente a un litisconsorcio necesario, activo o pasivo, según actúen como demandantes o demandados. Por esta razón se consideran a los titulares del derecho indivisible como una sola parte en el proceso. Si el derecho es divisible, y actúan de forma integrada en el proceso, se hablara de litisconsorcio facultativo, activo o pasivo, según actúen como demandantes o demandados. Estos litisconsortes se consideran como partes diferentes, y por hacer valer derechos divisibles autónomos, pueden o no participar en el proceso.

A manera de ejemplo, se dice que la obligación de servidumbre es indivisible, y la obligación de pagar un cantidad de dinero, si es divisible. Pero si se quiere ser más claro, digamos que, si a Mauricio se le impuso judicialmente la obligación de aportar la cantidad de cien dólares en concepto de alimentos, para sus hijos Dennis y Bryan, ellos pueden dividir su derecho de acuerdo a la proporción económica que les corresponde, que en este caso se trata de la misma cantidad de dinero. Ahora bien, si las condiciones materiales que sustentaban la sentencia han cambiado (rebus sic stantibus) y Mauricio quiere modificar (articulo 85 LPF) o cesar su obligación alimenticia (articulo 270 CF), puede demandar a Dennis o a Bryan, o a ambos. Se trata de una cuestión voluntaria, que puede dar lugar al litisconsorcio facultativo pasivo. A la inversa, Dennis o Bryan pueden demandar juntamente a su padre, pidiendo el aumento de la cuota alimenticia. Si demandan ambos se configura un litisconsorcio facultativo activo.

Por su parte, cuando un hombre reconoce voluntariamente a un niño o niña como su hijo, y posteriormente ese hijo promueve el proceso de impugnación de reconocimiento voluntario de paternidad, se debe configurar un litisconsorcio necesario pasivo, en el que se demande al “falso padre” y a la madre. Se demanda al padre por haber reconocido a un hijo que realmente no le pertenecía y a la madre por consentir en que éste lo hiciera. La razón es que la madre pudo haber tenido un interés patrimonial para permitir que un hombre reconociera a su hijo como suyo, sin realmente serlo (sobre este tema véase en FALSOS PADRES O FALSOS HIJOS en http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/1233). Otro caso de litisconsorcio necesario pasivo se presenta en los procesos de declaratoria judicial de unión no matrimonial, en los que se debe emplazar a los padres e hijos del conviviente, en el mismo proceso, ya que por ser herederos declarados o por gozar de vocación sucesoria tienen un interés legítimo en el mismo (sobre este tema véase en LA LIBERALIDAD DEL AMOR. UNIONES NO MATRIMONIALES http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/1318).

Finalmente, existe litisconsorcio necesario activo cuando dos o más personas gozan de un derecho indivisible que debe ser ejercido judicialmente por los titulares en conjunto. Como cuando se constituye el derecho de habitación a favor de la esposa y los hijos, y estos quieren ejercer una acción derivada de dicho derecho.

3) Ilustración casuística.

La ilustración casuística será respecto del litisconsorcio necesario pasivo por manifestarse con mayor frecuencia en la práctica forense.

Esteban contrajo matrimonio con Lorena en el año dos mil. En el año dos mil cinco Lorena dio a luz a gemelos, hijos de Mauricio, a quienes puso por nombre Jaime y Jairo. En el año dos mil siete Esteban adquirió una casa, la cual fue utilizada como vivienda familiar. Seguidamente, por amor a sus hijos, Esteban constituyó el derecho de habitación sobre esa casa, a favor de su esposa y sus dos hijos, ante los oficios de la señora Procuradora General de la República (Articulo 46 del Código de Familia). Dicho derecho se inscribió en legal forma en el correspondiente Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas. Actualmente, por alguna motivación, Esteban pretende dejar sin efecto el derecho de habitación sobre su inmueble. Entonces, pregunta ¿qué puede hacer?

Apuntes.
  • Debe aclararse que el derecho de habitación no es un modo de adquirir el dominio ni un título traslaticio del mismo, sino que se trata de una medida de protección familiar que tiene por objeto sustraer del tráfico jurídico el inmueble gravado con dicha medida. En términos más precisos, el derecho de habitación es un derecho real, en la dimensión del uso de las cosas (artículo 813 CC), con los matices del Derecho de Familia.
  • Toda acción que Esteban pretenda, y que se derive del derecho de habitación, debe ser incoada en contra de Lorena, Jaime y Jairo, por ser los titulares de ese derecho. Es decir, en el presente caso, el derecho de habitación es indivisible, ya que no es posible identificar una proporción de dicho derecho para Lorena, Jaime y Jairo. Por lo tanto, Esteban debe demandar íntegramente a su esposa e hijos. De no ser así, el juez no debe dar el trámite a la Demanda, a efecto de tutelar derechos consolidados en el tiempo.
  • La Demanda debe presentarse ante el Juzgado de Familia, por ser una instancia especializada en materia de relaciones familiares. Si el juez advierte que el objeto de la pretensión es indivisible y su titularidad es compartida por una pluralidad de sujetos, está en la obligación de ordenar la integración del litisconsorcio.

Entonces, Esteban tiene la obligación de demandar a una pluralidad de sujetos, a través del litisconsorcio necesario pasivo, para hacer valer el derecho que se auto-atribuye.

Sobre el Litisconsorcio y su clasificación véase VIDAL PEREZ, M, Fernanda, El litisconsorcio en el proceso civil, La Ley, Madrid, 2007, pp. 77-97.

Si deseas citar este artículo, hazlo así:

PALACIOS, CRISTIAN. “EL LITISCONSORCIO NECESARIO: PLURALIDAD DE DEMANDANTES O DEMANDADOS”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 13 de febrero de 2015. http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/1530