Procesos Sancionatorios
Procesos Sancionatorios
Procesos Sancionatorios
Prohibiciones en la función pública

En el artículo anterior se abordó el tema de los deberes comunes de los empleados y funcionarios públicos que se encuentran contenidos en la Ley de Servicio Civil; sin embargo es necesario acotar que hoy por hoy, no se cuenta con una jurisprudencia unificada y pública, por parte del Tribunal del Servicio Civil; siendo ésta una de las deudas que tiene pendiente esa institución.

De manera que en la presente entrega se abordarán las prohibiciones que pesan sobre los funcionarios y empleados públicos de conformidad a lo previsto por la Ley de Servicio Civil y la Ley de Ética Gubernamental, no obstante es menester señalar que éstas son sólo algunas de las prohibiciones que inciden en los servidores públicos, en tanto que cada Institución cuenta, o debería contar, con sus leyes, Reglamentos y demás normativa que también contienen prohibiciones, sin embargo en los dos cuerpos normativos referidos anteriormente se encuentran aquellas que son comunes a todos.

En este sentido, de la revisión de los artículos 32 de la Ley de Servicio Civil (LSC) y 6 de la Ley de Ética Gubernamental (LEG), encontramos que las prohibiciones se pueden clasificar en tres dimensiones: en sus actividades laborales, en sus relaciones con compañeros y usuarios y respecto de la institución para la que laboran.

De tal forma que dentro de la primera categoría encontramos que se prohíben a los servidores públicos retardar sin motivo legal la prestación de servicios, trámites o procedimientos administrativos que le corresponden según sus funciones, como señala el artículo 6 literal i) de la LEG; en este punto, es preciso tener en mente que al ejercer la función pública, la persona adquiere una enorme responsabilidad de cara a la ciudadanía, de manera que indistintamente la labor que desempeñe, incidirá de forma directa o indirecta en la calidad de vida de la población en general, por lo tanto la falta de diligencia en el desempeño de sus funciones sí repercute en el adecuado abordaje y solución de los problemas nacionales.

Como un ejemplo de lo anterior podemos ver el caso de los atrasos que ha sufrido el SITRAMSS en San Salvador, que si bien es cierto, se ha debido a causas imputables de la empresa privada que resultó favorecida por la licitación, lo cierto es que su retraso ha causado graves problemas a la circulación vehicular en la capital, sin contar con los gastos y pérdidas en que han incurrido los ciudadanos por esta razón; o bien podemos citar el caso del Boulevard “Monseñor Romero”, cuya afectación es fácilmente cuantificable, debido a que, además de haber sido erigido sobre unos yacimientos arqueológicos, al final tardó varios años en terminarse y resultó ser un proyecto cuyo costo alcanzó los $100,000,000.00, más de 3 veces el monto originalmente previsto. Y en ambos casos vemos que al existir atrasos o retardos en los procedimientos administrativos, le han significado al país decenas de millones de dólares que pudieron utilizarse para cualquier proyecto de desarrollo social o de modernización y cualificación del aparato administrativo.

En una segunda dimensión, en aquellas disposiciones que se refieren a las relaciones interpersonales, es preciso distinguir las que versan respecto de los compañeros de trabajo y las que tratan sobre el trato y las relaciones con los usuarios.

En ese orden de ideas, tenemos que se prohíbe al servidor público, sobre todo cuando detenta alguna jefatura, el prevalerse del cargo para ejercer cualquier tipo de coacción sobre el ejercicio de los derechos civiles y políticos de sus subalternos; tal como consignan los literales a, b, c, d, g, h, j, l, m, n y o del artículo 32 de la Ley de Servicio Civil y literal f del artículo 6 de la Ley de Ética Gubernamental; en este sentido, es preciso acotar que estas disposiciones pretenden limitar el ejercicio de la autoridad que éste pueda tener sobre sus subalternos, y limitar el alcance del literal e) del artículo 31 de la LSC, que se refiere a la obediencia que los empleados públicos le deben a su superior jerárquico. De manera que resulta particularmente interesante el énfasis que el legislador hace en dos aspectos fundamentales, la sindicalización de los trabajadores y la participación política de éstos.

En ese sentido, se prohíbe con especial ahínco que las jefaturas ejerzan cualquier tipo de presión o coacción para que lo empleados públicos se adhieran, se retiren, apoyen o rechacen cualquier expresión o asociación sindical, en tanto que éste es un derecho especialmente protegido por la Constitución de la República, los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y por la legislación laboral vigente; así como los referidos a la participación política, donde está de más señalar que cada persona es libre de acoger cualquier expresión política legalmente constituida, y tiene derecho a ser respetado por ello.

Sobre este último punto, es menester mencionar, que no obstante la prohibición antes detallada, existe cierta percepción en la población en cuanto a que los funcionarios públicos se deben al partido político en el poder, o bajo cuya administración ingresaron al aparato público, y de ahí las denuncias que durante las campañas políticas en años pasados, respecto a unidades de transporte de las Instituciones Públicas llevando de un lado a otro a empleados que supuestamente habían recibido la orden de asistir a eventos políticos de uno u otro partido, o que eran amenazados con perder sus plazas si ganaba el partido contendiente, y así otras tantas situaciones, que de ser ciertas, son una flagrante violación a la ley; y sin entrar en una discusión profunda del tema, el legislador también lo ha considerado, de ahí el énfasis que se hace en prohibir cualquier acción por parte de las autoridades de forzar o coaccionar a la participación política de los servidores públicos.

Por otra parte, esta misma dimensión se refiere a las relaciones que tiene el servidor público respecto de los usuarios y personas particulares con quienes tiene relaciones; en ese sentido nos encontramos con las disposiciones contenidas en los literales a, b y j del artículo 6 de la LEG, donde se dispone que queda prohibido a los servidores públicos solicitar o aceptar ellos mismos, o a través de otra persona cualquier bien, en dinero o en especie, o alguna ventaja indebida por realizar, por sus propias facultades o ejercer influencia, para retrasar, agilizar, o dejar de hacer alguna tarea o trámite administrativo propio de sus funciones; nos referimos en este punto a las denominadas “mordidas” o sobornos, que actualmente, si bien públicamente todos las rechazan, en la práctica se encuentra enraizada la idea que si se desea que un trámite se realice, o se efectúe de forma ágil y favorable, es preciso “hablar con…” u obsequiar algo al funcionario o empleado del que depende la gestión, lo cual a todas luces está prohibido.

Sin embargo, me permito llamar la atención del lector en aquel caso, que sí ocurre muchas veces, donde por razón de su trabajo, el funcionario o empleado público está vinculado a un proyecto que tiene incidencia en alguna comunidad vulnerable, y que algunas personas beneficiarias, tienen el gesto de obsequiar fruta, invitar a almorzar o alguna otra cosa sencilla a los empleados que están trabajando con ellos, sean promotores de salud, trabajadores sociales, gestores de empleo, o algún otro técnico o servidor público.

En ese sentido, tuve conocimiento una vez de un caso donde un empleado público me preguntaba si había hecho bien en aceptar una bolsa con jícamas que le ofreció una persona beneficiaria de un proyecto en el que ésta persona estaba involucrada; debido a que él me decía que la literalidad de la Ley no le permite aceptar ninguna dádiva o regalo por actividades propias de su trabajo, pero por otro lado, le generaba inquietud el que la persona pudiera ofenderse por “despreciarle” el regalo que le estaba haciendo, con buena intención.

En ese sentido, sostuvimos un interesante diálogo donde concluíamos, sobre este punto, que en primer lugar se trata de un tema de carácter moral más que jurídico, ya que si bien es cierto, en la literalidad de la ley señala que está prohibido aceptar algún bien u obsequio, así sea una jícama o un automóvil último modelo, sin embargo es de considerar la expresión cultural, propia de la idiosincrasia salvadoreña, sobre todo en las zonas rurales, de mostrar gratitud con alguna deferencia o algún gesto, sin el ánimo de corromper al funcionario; y mientras las acciones del funcionario no se vean influenciadas de forma alguna por la bolsa de jícamas, entonces consideraría que no habría una transgresión a la norma; sin embargo, considero preciso señalar que este criterio aplica únicamente para el caso expuesto, de manera que, en este tipo de casos es necesario hacer un análisis detenido de cada uno de ellos, para determinar si existe una infracción o no.

Finalmente, se hace el abordaje sobre las relaciones del servidor público hacia la institución a la que está adscrito; en ese sentido se consigna los literales c, d, e, g, k y l del artículo 6 de la LEG y d, e y f del artículo 32 de la LSC; en que se señala la prohibición de empleados y funcionarios públicos, de recibir más de una remuneración proveniente del Presupuesto del Estado, salvo en los casos que la ley permite, como el de las Dietas que reciben los funcionarios que integran las Juntas y Consejos Directivos, o que imparten clases en la Universidad de El Salvador, entre otras excepciones tal como consigna el artículo 85 de las Disposiciones Generales de Presupuestos; así como se prohíbe realizar cualquier otra actividad particular en horas laborales, o que puedan generar conflicto de intereses con su función pública, y también no se permite realizar actos de proselitismo político dentro de horas laborales, en las instalaciones de las instituciones públicas.

En ese sentido, es preciso señalar que el artículo 87 de las Disposiciones Generales del Presupuesto, establece los casos donde sí se permite que un empleado o funcionario público perciba un segundo ingreso proveniente del erario público, tales como las Dietas que reciben las personas que están fungiendo como Concejales en alguna Junta Directiva, de manera que la Dieta se deberá entender como una remuneración especial que le entrega a la persona en reconocimiento de la responsabilidad que asume al integrar el referido cuerpo colegiado, ya que en el caso de las Autónomas, la Junta Directiva representa la máxima autoridad, por lo tanto en esa instancia se toman muchas de las decisiones más importantes que inciden en el funcionamiento de la Administración Pública.

Por otra parte, hay que señalar que el legislador busca prevenir el surgimiento de algún problema de lealtades entre el servidor público que labore para la Institución Estatal, pero que también desempeñe alguna labor privada que, aún fuera de horas laborales, pueda generarle algún conflicto de intereses; por ejemplo podría ser si un técnico de la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda labore también como contador o auditor de alguna empresa,  o el Inspector de Trabajo que también se desempeña como asesor laboral de algún centro de trabajo, o el policía que en sus ratos libres trabajara como vigilante privado y así otros ejemplos donde el empleado público pudiera desempeñar labores que aún realizando después de la hora de salida podrían generar conflictos de intereses con su función pública; en ese sentido, deberán entenderse como prohibidas estas actividades.

De esta manera hemos abordado brevemente algunos aspectos de las prohibiciones de los servidores públicos, como señalaba al inicio, no se han detallado todas las prohibiciones, sino que sólo se han abordado de forma somera aquellos aspectos que resultan comunes y generales para todas las personas que laboran en la Administración Pública.

En la próxima y última entrega de esta serie, trataremos sobre los procesos de despido y destitución que se deben desarrollar en la Administración Pública.

Si deseas citar este artículo, hazlo así:

LOPEZ, LUIS. “El Fantasma de las Sanciones en la función Pública. Parte III: Prohibiciones”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 22 de enero de 2015.  http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/1232

  • Hugo

    y todo esto lo saben los consejales y funcionarios publicos antes de asumir su cargo? O se someten a alguna clase de capacitacion o certificacion para poder ejercer sus labores?

  • Luis López

    Pues ahí es difícil de decirlo, debido a que si bien es cierto, nadie puede alegar ignorancia de la Ley, en mi experiencia en la Administración Pública me ha mostrado que en la mayoría de casos, los funcionarios de los diferentes niveles rara vez tienen plena conciencia de las facultades, obligaciones y restricciones que les significan sus cargos; de ahí que aunque la Ley de Ética Gubernamental estipula que deben realizarse jornadas de divulgación de esa Ley, la verdad es que estas se dan de una forma bastante deficiente, y una vez al año, con tal de llenar el requisito. Aunque tengo conocimiento que hay instituciones donde por iniciativa propia les han empezado a dar breves cursos de formación a los funcionarios que integrarán sus Consejos Directivos.

    Por lo tanto, es necesario que todas las personas que ejercen alguna función en la Administración Pública tengan claro cuales son las obligaciones y prohibiciones al momento de tomar posesión de sus cargos.