Indulto facultad de Asamblea Legislativa
Indulto facultad de Asamblea Legislativa

1.- Introducción.

La Asamblea Legislativa indultó[1] al adulto mayor, señor Jesús Jiménez Pérez, tres años después de haberlo solicitado y cuando éste ya se encontraba fallecido[2]. Según el considerando III y IV del decreto que concede el referido ocurso de gracia, las razones se encuentran en el dictamen favorable emitido por la Corte Suprema de Justicia[3], tomando en cuenta que es “una persona que se encuentra en la novena década de su vida, y además adolece de un detrimento físico propio de su edad, lo que le provoca dificultades para movilizarse”. En otras palabras, la misericordia judicial y parlamentaria llegó tarde a una persona que prácticamente fue condenada a terminar sus días en prisión[4].

Ese hecho no es aislado, ya que de los 65 casos de indultos ingresados en el parlamento,  en el período de enero de 2010 a noviembre del 2014, que incluye los famosos 17 casos de las condenadas por conductas abortivas, sólo se han resuelto favorablemente dos[5], incluyendo el anterior caso. De igual manera, en el mismo período de tiempo, no se recibieron solicitudes de amnistía, ni de conmutaciones de pena.

Lo anterior, nos deja el campo abierto para hacer un análisis Político-Criminal ante el fenómeno de los ocursos de gracia, concretamente el indulto, ya que con respecto a los restantes ocursos de gracia, no existe respuesta estatal, sencillamente por no haberse solicitado.

2.- Los Ocursos de Gracia en general.

La palabra “ocurso” es sinónima de concurso y petición, por lo que los procedimientos englobados en dicha frase, no son más que peticiones de clemencia o de gracia a la autoridad.

Nuestra Ley Especial de Ocursos de Gracia, regula lo que en doctrina se denomina “derechos de gracia”, entendidos como la facultad que se reconoce a la autoridad no judicial para extinguir una responsabilidad penal o para eliminar en todo o en parte la pena impuesta por un de­lito. El Art. 1 y  2 de dicho cuerpo normativo, regula la amnistía, la conmutación de penas y el indulto.

(a) La amnistía es considerada por la Sala de lo Constitucional[6] como “un acto político que permite la apertura de un proceso democrático, favorece el consenso nacional, con el objetivo primordial de neutralizar una situación de crisis interna – conflicto armado no internacional – o consolidar la terminación de un conflicto armado internacional”. Es justificada, por constituir un instrumento para salvaguardar la paz social.

Sobre la naturaleza jurídica de esta institución, es de pacífico consenso reconocer que presenta dos dimensiones: manifestación o prerrogativa de gracia, y competencia legislativa o forma de legislación derogatoria con efectos retroactivos y temporales. Sobre el primer aspecto, es una gracia del parlamento, y por representar al pueblo, una manifestación de la clemencia soberana. La segunda dimensión, indica que es un instrumento de corrección del Derecho, por lo que se asevera que la amnistía, al constituir una derogación temporal con eficacia retroactiva de unas normas, puede asemejarse a la aplicación retroactiva de las leyes penales en cuanto favorecen al reo de un delito.

(b) La Conmutación de la Pena, es la gracia legislativa cuyo efecto es sustituir la pena pronunciada por la jurisdicción por otra menos grave. Es más bien un indulto parcial que altera la naturaleza del castigo en favor del reo. La diferencia con el indulto reside en esa parcialidad, ya que aquella puede estar referida a la disminución en la duración de la pena o a su calidad.

3.- El Indulto en particular.

Es el perdón total o parcial de la obligación de cumplir una pena que tiene una persona condenada[7]. Según el Art. 131 Ord. 26 de la Constitución de la República, es competencia de la Asamblea Legislativa decretarla, previo informe favorable de la Corte Suprema de Justicia. Su efecto principal, es ser una causal de extinción de la responsabilidad penal[8], a tenor de los Arts. 96 numeral 5 y 105 del Código Penal, por lo que no obstante la sentencia condenatoria, se favorece al condenado quitándole la carga del cumplimiento de la pena sin más.

Ahora bien, los efectos de la pena no resultan extintos, ya que subsiste la responsabilidad civil y, en su caso, también los antecedentes penales; y pueden mantener la pena de otros sujetos (intervinientes en el delito) a los que no se refiere el indulto, con base a lo establecido en los Arts. 22 y 23 de la Ley Especial de Ocursos de Gracia.

Por este motivo se distingue de la amnistía: ésta hace desaparecer el delito y todos sus efectos (el delito es suprimido, de modo que afectará a todos los intervinientes), mientras que el indulto suprime sólo la pena, pero no otros efectos del delito. La amnistía viene a suprimir la causa de la pena (el delito, que es «borrado»), y el indulto sólo la pena como consecuencia del delito.

Nuestra legislación no regula los indultos generales; por lo que ha de tramitarse de manera particular e individualizada.

Ahora bien, su otorgamiento se realiza a través de un decreto legislativo, que se vuelve ley de la República para una persona en particular. A su vez, es un acto político de gobierno[9], ya que la Asamblea Legislativa, ante dictamen favorable de la Corte Suprema de Justicia, puede o no otorgar el indulto, sin tener que consultar a ninguna autoridad o persona, siendo irrelevante la opinión del condenado que lo solicita, sin que procedan recursos jurisdiccionales en contra de su concesión o denegación.

4.- Intereses afectados.

El indulto supone la intervención del poder legislador en la esfera del “ius puniendi”, que significa el derecho o facultad del Estado para castigar, o lo que es lo mismo, conocer y decidir sobre la existencia de un delito y la aplicación de la pena[10]. De igual manera, el Art. 14 de la Constitución establece que dicha facultad es exclusiva del Órgano Judicial, en consonancia con el 172 de dicha Carta Magna, que establece que a ese órgano le corresponde su ejecución; por lo que dicha intervención, es inter-orgánica.

En otras palabras, el órgano judicial, apegado al principio de legalidad, del cual se derivan los principios de obligatoriedad, inevitabilidad e irretractabilidad de la acción penal, impone la pena; existiendo la posibilidad que, por medio de la Asamblea Legislativa, conceda la gracia de su perdón, utilizando el indulto como mecanismo de renuncia al ejercicio de la potestad punitiva.

Otro actor fundamental, constituye la intervención de la víctima en el procedimiento, puesto que si se trata de delitos cuya persecución depende de instancia particular o acción privada, se debe garantizar el perdón de la víctima, a tenor del Art. 15 inciso segundo de la Ley Especial.

 5.- Valoración político criminal.

Es importante establecer la necesidad del constituyente de establecer la posibilidad de que el legislador intervenga en la esfera del “ius puniendi”, tomando en cuenta que, como ya dijimos, es un derecho estatal a castigar penalmente a sus ciudadanos.

Si partimos de la idea de que el poder punitivo, no sólo se justifica, sino que se vuelve una amarga necesidad con la que se debe contar para el mantenimiento de una convivencia social mínimamente pacífica y organizada, que es una de las finalidades de las que se predican del control formal del sistema penal; la finalidad político criminal de permitir al poder político (asamblea legislativa), intervenir en las decisiones judiciales, extinguiendo la responsabilidad penal de los sujetos declarados culpables y merecedores de una pena, cuando el mismo poder punitivo lo exige, parece a primera vista, un contrasentido. De igual manera, las finalidades de la pena, no se aplican en el caso de una persona condenada, cuya ejecución de pena se ve indultada[11], lo que convertiría el proceso indultado, en un proceso sin objeto alguno.

De igual manera, constituye per se una excepción al principio de igualdad[12], puesto que intrínsecamente conlleva un trato diferenciado para personas que se encuentran en la misma calidad de condenados que otros, incluso por el mismo delito o al menos por uno de naturaleza similar que afecte el mismo bien jurídico.

En otras palabras, se vuelve un verdadero privilegio, al carecer de la objetividad y generalidad indiciarias del respeto al principio de igualdad ante la ley, ya que, como advertimos, el decreto que lo otorga, se vuelve Ley oponible ante terceros, pero cuyos efectos solo benefician a una persona en particular.

Por último, basta decir que ni la Constitución de la República, ni la Ley Especial de Ocursos de Gracia, establecen las causales por las cuales procede el indulto, faltando de esta manera al principio de legalidad, lo que vuelve a la decisión en estudio, en un acto político discrecional o de gobierno, afectando de esta manera a la seguridad jurídica.

 6.- Justificación.

La justificación que se hace del indulto, es partir de que el derecho de ejecutar la pena impuesta (“ius puniendi”), una vez declarada la existencia del delito, radica en la colectividad ofendida, que en determinadas circunstancias puede abdicar de ese derecho.

La anterior afirmación, posee dos ficciones jurídicas en su seno, en primer lugar, que el “ius puniendi” lo justifica el pueblo en general, ofendido ante el cometimiento de un delito; y dos, que los representantes del pueblo, constituyen la Asamblea Legislativa.

 7.- Corolario.

Por alguna razón los diputados de la Asamblea Legislativa sólo se han atrevido a otorgar dos indultos (uno a una persona ya fallecida) en la historia reciente, ya que no les otorga réditos políticos, puesto se dice que genera impunidad, es un instrumento populista, es una excepción al sistema de separación de poderes, Etc.; sino que al parecer, al parlamento no les interesa la paz y justicia social, las razones humanitarias y de utilidad que se dice se consiguen con esta institución.

Mi propuesta es englobar el control político, subjetivo, de esta institución, con el control jurídico, objetivo, de manera que el parámetro a utilizar para su otorgamiento, no sea disponible; por lo que se debería normar (“lege ferenda”) las causales por las cuales siempre se otorgaría indulto.

Lo expuesto brinda una mayor flexibilidad al momento de ejercer un control sobre esta figura, pues si creemos que ésta puede otorgarse por motivos ajenos al Derecho, es menester regular que tales motivos no sean arbitrarios ni que vulneren derechos fundamentales, abriendo de esta manera la posibilidad de criticarla políticamente, situación que se daría perfectamente en caso de que se haya aplicado en un momento inoportuno.

[1] Ver ASAMBLEA LEGISLATIVA, Decreto No. 625, 20 de febrero de 2014, publicado en el Diario Oficial No. 54, Tomo No. 402, del 20 de Marzo de 2014, Págs. 1 y 2.

[2] Ver DIARIO EL MUNDO, Sección Política Nacional, “CSJ tardó tres años para resolver indulto”. Ver http://elmundo.com.sv/csj-tardo-tres-anos-para-resolver-indulto.

[3] El considerando II de dicho decreto, refiere que la Asamblea Legislativa solicitó opinión a la Corte Suprema de Justicia, el 15 de Junio de 2010, la cual fue emitida el 11 de febrero del 2014, es decir tardo 3 años y medio en responder. Ver ASAMBLEA LEGISLATIVA, Decreto No. 625, 20 de febrero de 2014, publicado en el Diario Oficial No. 54, Tomo No. 402, del 20 de Marzo de 2014, Págs. 1 y 2.

[4] Según el referido considerando II, el señor Jiménez Pérez, fue condenado a 35 años de prisión, por instigación en el delito de Homicidio Agravado, en el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana, el 2 de octubre de 2002, es decir cuando tenía la edad de 80 años. Op. Cit. Pág. 1.

[5] ASAMBLEA LEGISLATIVA, Oficial de información pública, informe rendido el 16 de noviembre del corriente año, a petición del autor.

[6] Sentencia de la SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, del 20 de mayo de 1993, proceso de inconstitucionalidad, 10-93.

[7] Ver VARGAS, Juan Enrique, La Extinción de la Responsabilidad Penal, Segunda Edición, Santiago de Chile, Editorial Jurídica Cono Sur Ltda., 1994. Pág. 229.

[8] No confundir con la mal llamada “Extinción de la Acción Penal”, que no es más que la Extinción de la Pretensión Penal, regulada en el Art. 31 del Código Procesal Penal, en los cuales se extingue la posibilidad de iniciar la acción penal.

[9] Ver MEJIA, Henry Alexander, Manual de Derecho Administrativo, Primera Edición, San Salvador, Editorial Cuscatleca, 2014. Pág. 341.

[10] Ver MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCIA ARAN, Mercedes, Derecho Penal Parte General, Segunda Edición, Valencia, Editorial Tirant Lo Blanch, 1995. Págs. 67-69.

[11] A excepción de la finalidad preventivo general positiva, ya que con la condena, aunque la pena sea indultada, se reafirmaría o se comunicaría la prevalencia y la confianza en el derecho violentado o negado por el delito.

[12] Según Robert Alexy, en su formulación más básica, el principio en comento importa tratar de la misma manera a quienes son iguales, y a la inversa, tratar distinto a quienes son diferentes al menos en alguna propiedad que se considera como relevante para efectos de un determinado tratamiento, utilizando un determinado criterio (razones) del cual dependerá la validez del trato diferenciado o equiparado según corresponda en el caso en particular.  Ver ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, España, Pág. 610.

Si deseas citar este artículo, hazlo así:

LANDAVERDE, MORIS. “Preludio al Indulto en El Salvador”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 07 de enero de 2015. http://enfoquejuridico.org/2015/01/07/preludio-al-indulto-en-el-salvador/