Procesos Sancionatorios
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En el primer artículo de esta serie abordamos algunos aspectos básicos que deben tenerse en cuenta al momento que se ejerce la facultad disciplinaria que ostenta el funcionario público sobre sus subalternos, de manera que recordábamos la necesidad de tomar en consideración, principios tan elementales como los consignados por la Constitución de la República, a cuya luz debe ser interpretada la normativa referida a la función pública, que mucha de ella, es anterior al texto constitucional.

En esta ocasión discutiremos acerca de los deberes de los empleados y funcionarios públicos contenidos en el artículo 31 de  la Ley del Servicio Civil; no obstante para efectos del presente escrito nos enfocaremos únicamente en los literales b), e) y g),de la precitada disposición legal.

En ese orden de ideas cuando el legislador, a partir del artículo 31 literal b) de la Ley del Servicio Civil, establece los deberes de todo servidor público, éste se encuentra regulando las relaciones de trabajo que dicho servidor público sostiene en su quehacer diario, entendiendo estas relaciones en tres dimensiones; hacia el usuario, quién es en última instancia la razón de ser de la administración pública, tal como lo consigna el artículo 1 de la Constitución de la República; hacia los demás servidores públicos, que son las personas con las que éste convive durante la jornada laboral, y hacia sí mismo, entendiendo esto en su dimensión ética y moral. Todo esto con el único fin de asegurar el desempeño armonioso de las actividades propias de la unidad organizativa a la que se encuentra adscrito el servidor público en cuestión.

Es por lo anterior, que cuando en el literal “b” de la Ley de Servicio Civil, conmina al empleado público a desempeñarse con celo, diligencia y probidad, queda en evidencia que las tres dimensiones, antes referidas,  se constituyen como un requisito sine qua non para el buen desempeño del trabajo institucional.

Por esa razón es necesario dejar en claro que cuando la Ley se refiere al celo que debe observar todo trabajador en el ejercicio de sus funciones, significa que el servidor público deberá desarrollar sus actividades atendiendo todos los procesos y mecanismos propios de la experticia requerida, en el desarrollo de la actividad asignada, de tal manera que, la disposición en comento pretende asegurar la eficiencia del trabajador en sus actividades; dicho de otra manera, no basta que la actividad se realice, sino que debe hacerse bien.

Por esa razón, es posible determinar la falta de celo en las labores que desempeña un empleado, cuando el trabajador realiza las actividades propias de su función sin observar los procesos y los cuidados propios de su experticia, lo que conlleva a que el trabajo sea realizado de manera ineficiente, o bien se ponga en riesgo el equipo o el material que le ha sido confiado al trabajador para que sus funciones sean llevadas a buen término.

Un ejemplo de falta de celo, puede ser cuando un ordenanza se dedica a desempeñar sus funciones de limpieza y ornato, sin utilizar el equipo que se le ha asignado, de manera que el resultado del trabajo será inferior al esperado, considerando los medios que se le han facilitado. Otro ejemplo puede ser el inspector de trabajo que puntualiza las infracciones cometidas por un empleador en su centro de trabajo, sin considerar la totalidad de la legislación aplicable para el caso que conoce, siempre y cuando, en ambos casos sea determinado que existió dolo o negligencia inexcusable por parte del servidor público.

Por otra parte, cuando el legislador se refiere a la diligencia, se deberá entender que la Administración Pública espera que el funcionario o empleado desarrolle sus asignaciones dentro de un período de tiempo razonable, tendiendo en cualquier caso, a procurar que el mismo espacio temporal sea lo más reducido posible, sin que vaya en detrimento de la calidad del trabajo; y esto se debe a que todo aparato burocrático solo puede ser considerado como un ente efectivo, cuando los trámites diligenciados en ésta instancia son desarrollados con la rapidez necesaria. De tal manera que, a criterio del legislador, resulta inconcebible el retraso en los procesos administrativos, cuando éstos son imputables a la ligereza y laxitud del servidor público.

En este punto es preciso apuntar que no puede ser considerada una infracción al deber de diligencia, cuando los atrasos se deban a la sobrecarga laboral del servidor público o a la falta del equipo técnico necesario para cumplir las asignaciones encomendadas. En resumen, no se trata solo de hacer bien el trabajo, sino que se busca que se haga lo más rápido posible.

Finalmente cuando el legislador aborda el punto de la probidad, es necesario acotar que debido a que la razón de ser de la Administración Pública es la ciudadanía, y que tal como establece el artículo 1 de la Constitución de la República, toda la actividad del Estado gira en torno a la persona humana, en consecuencia, resulta evidente que ésta actividad debe ser desarrollada con un alto grado de honestidad y transparencia, de tal forma que esto genere la confianza necesaria en los usuarios que permita legitimar la actividad misma del Estado.

En consecuencia, cuando el servidor público no realiza de manera honesta y transparente sus funciones, entonces se puede colegir que está incumpliendo con el deber que se desprende del artículo 1 de la Constitución.

En suma, el servidor público debe desempeñar bien su trabajo, de manera ágil, y transparente; y solo de ésta manera se puede dar fiel cumplimiento a la disposición que se está analizando en éste momento.

Ahora bien, es necesario considerar que éste deber lleva implícita la obligación de la Administración, de por una parte, encomendar el trabajo, dentro de los límites razonables de la capacidad y experticia del servidor público, sin que esto vaya en detrimento de los plazos legales, cuando éstos se encuentren establecidos; dotar a los empleados de los recursos técnicos y cognoscitivos necesarios para que puedan desempeñar sus funciones, y el ejercicio de una recurrente fiscalización y verificación de las labores del trabajador.

Por otra parte, es preciso manifestar que en la administración pública, tanto subalternos como jefes, en tanto servidores públicos tienen la tarea de ejecutar las funciones que la Constitución y las Leyes le confieren a la Institución; por lo tanto, se vuelven representantes de ésta, mientras están en el ejercicio de sus funciones; se colige entonces que el superior jerárquico asume la figura de autoridad legalmente constituida frente a sus subalternos, situación que le inviste de una dignidad especial a ésta persona, y le hace merecedor de consideración y respeto, en el desempeño de las labores.

En ese mismo sentido, es preciso considerar que el legislador al establecer el artículo 31 literal e) del cuerpo normativo en análisis, como uno de los deberes que debe cumplir todo servidor público; persigue el objeto de dejar delimitadas algunas premisas básicas de trato interpersonal tendientes a asegurar el armónico desarrollo de los objetivos organizacionales en cualquier estructura; considerando que el otro lado, que es el respeto de los superiores a los subalternos se encuentra regulado en el literal g) del mismo artículo; de manera que la inobservancia de las normas de convivencia tipificadas en el artículo en cuestión no hacen sino perturbar el ambiente laboral, incidiendo de manera negativa en el normal desempeño de las labores institucionales, lo que deriva en última instancia en detrimento de los intereses de los usuarios, que es a quién la Administración Pública se debe, de conformidad a lo establecido por el artículo 1 de la Constitución.

En consecuencia es necesario establecer que el respeto hacia el superior jerárquico se debe entender, para efectos de la aplicación de la presente ley en varias dimensiones; por una parte, consiste en el trato decoroso, amable y deferente en palabra y acción por parte del subalterno a su superior, el cual, como señala el mismo artículo debe ir enmarcado dentro de la dignidad del trabajador, no se trata, bajo ninguna circunstancia que el trabajador se rebaje a sí mismo o se humille con tal de agradar al jefe, sino más bien un trato, decoroso y deferente, que permita ver entre las dos personas, una situación de igualdad en términos de dignidad humana, pero de consideración en razón de la función administrativa que cada uno desempeña.

En ese sentido es preciso acotar que el legislador, al establecer, el respeto a las compañeras y compañeros de trabajo que se encuentra regulado en el literal g) del artículo precitado; de manera que, resulta previsible, que la inobservancia de las normas de convivencia tipificadas en el artículo en cuestión no hacen sino perturbar el ambiente laboral, incidiendo de manera negativa en el normal desempeño de las labores institucionales, siendo más graves aquellos casos donde se generan situaciones de violencia o perjuicios a la integridad física o moral de las personas.

En este punto es necesario señalar que existen más deberes de los funcionarios y empleados públicos; sin embargo las que han sido anteriormente señaladas son las causales generalmente invocadas para efectos sancionatorios, por lo que he estimado conveniente citar únicamente estas.

En el próximo artículo abordaremos algunas de las prohibiciones de los funcionarios y empleados públicos, a propósito de la inminente campaña electoral para Diputados a la Asamblea Legislativa y el PARLACEN.