Procesos Sancionatorios
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Procesos Sancionatorios

Se acerca el final de año, y con él, empieza a circular el fantasma de los despidos y sanciones en las Instituciones Públicas, sobre todo en aquellos casos de empleados que laboran a partir de contrato individual de trabajo. Por esa razón he considerado conveniente, para este segundo tema, tratar sobre los procesos sancionatorios que de conformidad a la legislación vigente pueden desarrollarse contra los servidores públicos.

En ese contexto, cabe mencionar que actualmente existe un aproximado de 160,000 empleados públicos que laboran en el Gobierno (los tres Órganos de Estado, Órganos Independientes, Ministerio Público, Autónomas y Semiautónomas, y las Municipalidades). Sin embargo, únicamente aquellos que laboran para las Instituciones Oficiales Autónomas, encuentran sus relaciones laborales protegidas por el Código de Trabajo; mientras que los demás se encuentran supeditados a lo que dispone la Ley del Servicio Civil, La Ley de Garantía de Audiencia para los Empleados no Comprendidos Dentro de la Carrera Administrativa, la Ley de la Carrera Administrativa Municipal (En el caso de los empleados municipales), y los Contratos Colectivos de Trabajo, en las Instituciones donde haya. De tal forma que en esta ocasión me concentraré en aquellos empleados que no se encuentran cubiertos por el Código de Trabajo.

De manera que, en esta primera entrega me centraré en tratar sobre aspectos generales del régimen disciplinario  que rige a los servidores públicos independientemente la figura bajo la cual prestan servicios al Estado; en la siguiente, se abordarán en mayor detalle las responsabilidades y prohibiciones de los servidores públicos, y finalmente se discutirá el tema de los procesos de Destitución y Despido de los empleados estatales, a la luz de la legislación y la jurisprudencia.

En ese orden de ideas es preciso señalar, en primer lugar, que de conformidad al Principio de Legalidad, desarrollado por el artículo 86 inciso tercero de la Constitución de la República, los funcionarios y empleados públicos no tienen más atribuciones que las que la Ley expresamente les confiere; de tal forma, que a diferencia de la aplicación que este mismo principio tiene para los particulares, que está recogido en el Artículo 8 del texto constitucional, en el caso de la función pública se manifiesta de una forma restrictiva, debido a que el constituyente ha considerado que no es conveniente que el funcionario público cuente con una amplia discrecionalidad en sus facultades decisorias, en aquellos casos que no pudieron haber sido previstos por el legislador.

En consecuencia, cuando revisamos lo dispuesto por la Ley de Servicio Civil, es necesario acotar que en sus artículos 2 y 4 establecen quienes se encuentran supeditados a las garantías que contempla la Ley, ya que si bien el artículo 4 establece quiénes no se encontrarán comprendidos en la carrera administrativa, el artículo 5 de la misma Ley señala que independientemente el régimen bajo el que se encuentren laborando, se deberán someter a los deberes y prohibiciones, así como incurrirán en las responsabilidades que esa Ley señala; de tal forma que en el caso de los empleados municipales, deberán entender que se encuentran supletoriamente regidos por la Ley de Servicio Civil, en aquellos aspectos que la Ley de la Carrera Administrativa no contemple.

Una vez hecha esa aclaración, es preciso acotar que los artículos 31 y 32 de la Ley de Servicio Civil, contienen los deberes y prohibiciones que rigen a los servidores públicos, y para implementar el régimen disciplinario, existen dos vías, una a través de las Comisiones de Servicio Civil, que deben existir en cada una de las Instituciones Públicas, o bien a través del jefe del servicio, tal como consigna el artículo 42 inciso primero del mismo cuerpo normativo. Queda implícitamente reconocido que a la Comisión de Servicio Civil, le compete imponer las sanciones que el artículo 41 consigna, mientras que al Jefe del Servicio le quedan únicamente habilitadas las amonestaciones orales y escritas, y las suspensiones sin goce de sueldo, hasta 5 días al mes, y 15 al año (artículo 42 inciso 3°).

No obstante lo anterior, y que en algunas disposiciones pareciera que se reconoce al funcionario un amplio margen de maniobra a la hora de sancionar, cuando en el artículo 42 incisos 1° y 3° disponen que se impondrán con “la sola comprobación del hecho que las motiva”, o “en caso justificado”; lo que, en principio permitiría abrir la puerta a todo tipo de arbitrariedades, debido a que la “comprobación” y el “caso justificado” se vuelven términos indeterminados, por tanto de una aplicación muy subjetiva, sobre todo si consideramos que el criterio definitorio se encuentra establecido en el artículo 50 de la referida Ley, al considerar que versa en torno a la “robustez moral de prueba”.

Sin embargo, es preciso considerar que la Ley de Servicio Civil, es una norma infraconstitucional, por lo que es necesario tener en cuenta que deberá observarse celosamente el Derecho de Garantía de Audiencia, reconocido por el artículo 11 de la Constitución, de manera que independientemente la sanción que se le pretenda imponer al trabajador, deberá garantizársele la posibilidad real de ejercer su defensa y controvertir los argumentos y pruebas presentadas en su contra, quedándole a salvo el derecho de recurrir en caso la resolución le resulte gravosa a sus intereses.

De esta manera, queda evidenciado en esta primera entrega, que no obstante lo que señale la literalidad de la Ley, los funcionarios se encuentran constreñidos por las garantías constitucionales que les son reconocidas a sus subalternos.

En la próxima entrega abordaremos con más detalle sobre los deberes y prohibiciones de los servidores públicos contenidos tanto en la Ley de Servicio Civil, como en la Ley de Ética Gubernamental.