Fiscalización
Fiscalización

Hemos llegado a la tercera y última entrega del breve repaso del Decreto Ejecutivo no. 49, sobre la Política de Ahorro y Austeridad en el Sector Público 2014; en la primera parte habíamos tratado sobre los alcances y objetivos de la política, señalando que el referido Decreto, no obstante se trata de un acto normativo que en principio rige únicamente al Órgano Ejecutivo, es vinculante para toda las dependencias que conforman el Gobierno, entendiendo acá a los tres Órganos del Estado, el Ministerio Público e incluso a aquellos entes privados que financian sus actividades con fondos provenientes de subsidios públicos; en la segunda entrega de este tema, abordamos de manera general algunas medidas que establece la Política de Austeridad para la racionalización del gasto público; de manera que en esta ocasión abordaremos sobre los controles y los mecanismos previstos para la fiscalización y verificación de la implementación de las medidas de Austeridad.

De tal forma que antes de iniciar a desarrollar el fondo del tema, hay que señalar que la importancia de una adecuada fiscalización radica en que permite garantizar la adecuada implementación y aplicación de la normativa en cuestión; de tal forma que, como podremos estar de acuerdo, de nada sirve contar con una reglamentación bien desarrollada si ésta carece de aplicabilidad o si puede ser infringida con impunidad.

En ese sentido, es preciso señalar que los artículos 15 y 16  del Decreto de Austeridad,  dilucidan quiénes serán los entes encargados de asegurar el cumplimiento, seguimiento y fiscalización de la política de Austeridad; y para ello ha previsto que esas responsabilidades se manifiestan en tres dimensiones, una referente al cumplimiento, el seguimiento y la otra que gira en torno a la fiscalización; las que a su vez se dividen en varios niveles.

De manera que en cuanto al cumplimiento, el Decreto señala que los encargados  son los Titulares de las Instituciones, léase Ministros, Viceministros, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, Juntas Directivas de Instituciones Autónomas, Fiscal General de la República, Procuradores para la Defensa de los Derechos Humanos y General de la República, y demás funcionarios similares; quienes serán monitoreados por la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia (SPCTA).

En cuanto al seguimiento, según la normativa, deberán ser las Unidades Financieras Institucionales (UFI) las que deberán presentar un informe gerencial a los Titulares detallando el impacto que han tenido las medidas adoptadas en cuanto al ahorro de recursos públicos; información que será simultáneamente remitida a la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y a la SPCTA,

Finalmente en cuanto a la fiscalización, es preciso mencionar que el Decreto establece que serán las Unidades de Auditoría Interna de las Instituciones quienes establecerán las acciones orientadas a vigilar el cumplimiento de las medidas de austeridad, y presentar recomendaciones en caso no se esté dando cumplimiento a la Política de Ahorro y Austeridad, debiendo remitir informe ejecutivo al Ministerio de Hacienda y a la SPCTA.

Ahora bien, cuando revisamos con mayor detenimiento la normativa, encontramos que se detallan responsabilidades y controles que, o bien sobrepasan las capacidades instaladas en muchas instituciones, como para que de forma realista puedan actuar conforme al mandato normativo, o bien, que generan vacíos en los mecanismos de control que abren ventanas que podrían permitir la infracción impune a la normativa.

En ese sentido, encontramos que el Decreto no establece el momento en que las UFI deberán presentar el informe gerencial, no se determina si se hará de forma mensual, al inicio o al final de la vigencia del Decreto, por lo tanto, perfectamente puede presentarse al final de la vigencia, quedando las recomendaciones e información como meros datos ilustrativos, pero que no generen ninguna consecuencia práctica.

Por otra parte, resulta un tanto cuestionable el papel que desempeñarían las Unidades de Auditoría Interna, en el sentido que si bien se consigna que éstas vigilarán el cumplimiento de las medidas de austeridad y presentarán recomendaciones en caso no se de cumplimiento al Decreto, es de recordar que, al final el Auditor Interno es un subalterno del Titular de la Institución en cuestión, por lo tanto es plausible pensar que, tratándose de una normativa con efectos temporales, el Auditor, muchas veces no entrará en contradicciones con su superior jerárquico, sería como si un Juez de Primera Instancia quisiera controlar los actos que realiza la Corte Plena, sencillamente no es funcional.

De tal manera, vemos que en realidad, los Titulares gozan de una enorme capacidad discrecional a la hora de implementar las medidas de austeridad, debido a que por una parte son ellos quienes determinan su ejecución, carecen de mecanismos reales de contraloría, e incluso, el mismo Decreto estipula excepciones que pueden ser invocadas para ejecutar ciertos gastos, de manera que estas pueden ser interpretadas de forma extensiva; abriendo la posibilidad de evadir muchas de las medidas de austeridad.

En cuanto a la fiscalización, nos encontramos con que, por una parte, al ser esta una medida adoptada en el último trimestre del año, nos encontramos con que la SPCTA difícilmente puede contar con la capacidad instalada como para dedicarse a monitorear la forma en que las 90 Instituciones de los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las del Ministerio Público y las demás instancias vinculadas, ejecutan sus presupuestos, sobre todo considerando la enorme diferencia que existen entre los montos de los mismos, ya que no es lo mismo hablar del Ministerio de Educación que maneja un presupuesto anual de cerca de $1,000,000,000.00, al de la Procuraduría General de la República que tiene $24,000,000.00, o el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD), que cuenta con una asignación anual de $300,000.00. Solo eso requeriría volcar todos los esfuerzos de la Secretaría para monitorear la forma en que se utilizan los fondos.  Y por otra parte, la normativa no le reconoce facultades sancionadoras, con las que proceder en caso de incumplimiento.

En cuanto al Ministerio de Hacienda, la única disposición que le reconoce capacidad disciplinaria, es en el inciso segundo del artículo 15, sin embargo esta se restringe a la no presentación del informe que es responsabilidad de la UFI; mientras que en cuanto a la infracción de las demás medidas del gasto, la redacción actual del Decreto no estipula ni el procedimiento, ni la entidad responsable de conocer del proceso sancionatorio correspondiente.

En este punto consideramos que, en virtud del artículo 3 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, esta Institución es en realidad el ente fiscalizador; sin embargo, según el artículo 4 de la misma Ley, se establece que el control que realiza este ente es siempre posterior; estableciendo como único caso el realizar alguna acción preventiva, cuando alguna Institución lo solicite, por lo tanto no es mandato imperativo para las entidades públicas solicitarlas. Sin embargo surge la pregunta sobre ¿quién controlará el cumplimiento del Decreto de Austeridad en la Corte de Cuentas?, debido a la falta de claridad existente en la Política en ese aspecto.

De manera que gracias a la armonización de los diferentes cuerpos normativos se ha permitido, por una parte, dilucidar el mecanismo real de control, en la Corte de Cuentas de la República; y por otra, atisbar la multiplicación de gestiones administrativas que deben ser realizadas para dar satisfacción a las exigencias normativas. Es decir, ahora las diferentes dependencias de la Adminstración Públicas deben elaborar informes que serán entregados a sus Titulares, a la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, a la Secretaría de Participación Ciudadana, a la Corte de Cuentas cuando realice sus procedimientos de control,  y a los Organismos de Cooperación Internacional, en aquellos casos donde se trate de fondos provenientes de la cooperación, 1.

El problema con lo antes expuesto radica en que no obstante existe una gran cantidad, mecanismos y trámites de control, los vacíos de los que adolece la normativa en estudio hacen que, por una parte sea muy difícil garantizar el adecuado cumplimiento de la política de austeridad, y por el otro forzar a la Administración a dedicar una gran cantidad de esfuerzos en preparar y presentar una gran diversidad de informes, a una multitud de contralores, descuidando actividades que son propias de las funciones que se derivan de los mandatos de Ley.

Finalmente, al cerrar la última de las entregas referidas al Decreto de Austeridad me permito exponer las siguientes conclusiones.

1- El presente Decreto encierra un pliego de medidas que si son aplicadas adecuadamente pueden permirle al Estado una mejor ejecución de los fondos públicos, permitiendo enfocar recursos en medidas y políticas de impacto social, o cualquier otro aspecto que se considere como estratégico.

2- Se vuelve necesario establecer la Racionalidad en el gasto público como principio rector en la ejecución de los fondos del Estado, debido a que tanto el ahorro como la austeridad por si mismas, y mal entendidas pueden resultar contraproducentes, y socialmente explosivas, como han demostrado casos similares en otras latitudes.

3- El principal desafío que tiene el Gobierno es establecer la Racionalidad en el gasto como Política de Estado que se mantenga en el tiempo, debido a que tanto el presente como los dos anteriores Decretos de Austeridad, se han planteado como medidas temporales, que expiran al finalizar el año fiscal en curso, por lo tanto se vuelven paliativos y no soluciones al problema estructural que es la ineficiencia en el gasto y la inversión pública.

4- Es preciso definir entes fiscalizadores que se encuentren fuera de las estructuras jerárquicas de las Instituciones Públicas, para evitar conflictos de intereses entre los funcionarios encargados de fiscalizar y las acciones ejecutadas por sus superiores jerárquicos.

5- Es necesario simplificar los mecanismos de control, a efecto que en la menor cantidad de instrumentos posibles se puedan controlar los aspectos relacionados a la gestión pública, sin que esto vaya en detrimento de las labores cotidianas de las Instituciones.

Al finalizar este artículo, no me resta sino señalar que las presentes tres entregas no pretenden agotar el estudio sobre el Decreto de Austeridad, sino mas bien ofrecer al lector una visión somera sobre aquellos aspectos que a criterio del suscrito son relevantes para comprender en toda su dimensión el referido cuerpo normativo. Por lo tanto, me permito exhortarles a que continúen su estudio y discusión a efecto de ir construyendo un mejor país. ¡Enfócate!


1.  Por regla general cada Agencia de Cooperación Internacional, como parte de sus políticas, establece sus propios mecanismos y procedimientos de monitoreo, evaluación y auditoría de los recursos que aportan a las diferentes instancias públicas.